Sentencia AL-935-17 — Registro 8256
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declara en contumancia a parte demandada por considerar que al ser persona jurídica debió contestar mediante profesional del derecho acreditado en relación a demanda ordinaria laboral de pago de reajustes y demás derechos salariales contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso; que consta en autos que el demandado señor Francklin Israel Carrasco Vásquez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete[10], en su condición de Gerente Operativo de la Sociedad denominada Compañía de Servicios e Inversiones SVM Honduras S. de R.L., a contestar la demanda promovida por el señor Mario Alberto Macías Amador; en ese orden de ideas la norma laboral no establece en el fundamento legal invocado por la Alzada, que el no contestar la demanda una persona jurídica, por medio de un Profesional del Derecho debidamente acreditado, se le declarará en contumacia –Art. 712 del Código de Trabajo-, pues como antes se estableció son dos los supuestos por los cuales a la parte demandada se le declarará en contumacia, contenido en el primer párrafo del Artículo 708 del Código de Trabajo, situación que no ocurre en el caso subjúdice, pues el demandado compareció a contestar la demanda promovida, el que no lo haya realizado con las formalidades que establece la ley, es una cuestión que pudo ser subsanado al tenor de lo dispuesto en el artículo 706 del Código de Trabajo..."..."esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por el Tribunal ad-quem a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo no tiene fundamento legal, pues se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los órganos jurisdiccionales, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente, le niega a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, en un proceso en igualdad de condiciones..."..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución carente de sustento legal, pues se invoca un precepto legal que no trae como consecuencia de su inobservancia, el que a la parte demandada se le declare en contumacia, formalismo que pudo ser mandado a subsanar por el A-quo y que debió observar el Ad-quem, haciendo prevalecer el acceso a la justicia y el derecho de igualdad a las partes en el proceso, derechos garantizados en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo..."..."el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que declara en Contumacia a la parte demandada; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 706 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 708 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 712 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Doce de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, a favor del señor FRANCKLIN ISRAEL CARRASCO VÁSQUEZ, en su condición de Gerente Operativo de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de reajustes, se salarios de cesantía, catorceavo y treceavo mes, vacaciones adeudadas, pago de horas extras adeudadas, promovida por el señor MARIO ALBERTO MACIAS AMADOR, contra la COMPAÑÍA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L., conocida comercialmente como TERMINIX, por medio de su Representante Legal señor FRANCKLIN ISRAEL CARRASCO VÁSQUEZ. Estima el recurrente que el acto reclamado violenta el debido proceso, principio de legalidad, derecho a la defensa y libre acceso a los tribunales de la República, afecta los derechos individuales y garantías constitucionales que otorga la Constitución de la República, contenidos en los Artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor MARIO ALBERTO MACIAS AMADOR, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de reajustes: de salarios, de cesantía, catorceavo y treceavo mes, vacaciones adeudadas, pago de horas extras adeudadas, contra la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L., conocida comercialmente como (TERMINIX) a través de su Representante Legal señor FRANCKLIN ISRAEL CARRASCO VÁSQUEZ. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete, el señor FRANCKLIN ISRAEL CARRASCO VÁSQUEZ, actuando en su condición de Gerente Operativo de la sociedad denominada Compañía De Servicios E Inversiones Svm Honduras S. De R.L., compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, contestando la demanda que se deja relacionada en el acápite anterior. (Folios del 9 al 14 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual resolvió: (Sic) “Téngase por Contestada en TIEMPO, pero no en FORMA, la Demanda Ordinaria Laboral de mérito, en vista que el Artículo 712 del Código del Trabajo establece lo siguiente “Las personas jurídicas comparecerán en juicio por medio de sus representantes constitucionales, legales o convencionales, según el caso”. Y siendo que el presente caso, la parte Demandada manifiesta ser una persona jurídica, y por lo que debió de contestar mediante un Profesional del Derecho debidamente acreditado, en consecuencia, declárese a la parte Demandada en CONTUMACIA….” (Folio 18 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, actuando en su condición de Representante Procesal del señor FRANCKLIN ISRAEL CARRASCO VÁSQUEZ, contra la resolución que se relaciona en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual FALLÓ: (Sic) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE DAVID MEZA, actuando en su condición de apoderado Legal de la parte demandada apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 29 de mayo del año 2017, que corre a folio 15 frente y vuelto de la pieza compulsada….” (Folios del 33 al 35 de la pieza de antecedentes de alzada) 5) El Recurrente Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del Señor FRANCKLIN ISRAEL CARRRASCO VÁSQUEZ, en su condición de Gerente Operativo de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L., por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, el debido proceso, principio de legalidad, derecho a la defensa y libre acceso a los Tribunales de la República, contenidos en los Artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 01 al 05 y 32 de la pieza de amparo) 6) Que con fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión: “…De ahí pues se advierte, la falta de control por parte del Juzgador antes de ordenar el traslado de la demanda, ya que no reunía los requisitos exigidos por la misma ley, en especial lo estatuido en el artículo 703 relacionado con el artículo 712 del mismo cuerpo legal, su obligación era devolver al actor la misma para subsanar las deficiencias que encontrare…. Aunado a lo anterior, el artículo 710 del Código del Trabajo señala que el demandado podrá proponer en la contestación de la demanda o en la audiencia primera de trámite todas las excepciones que crea tener a su favor; y en el presente caso, se aprecia vulneración a los derechos constitucionales invocados desde el momento que el Juzgador declara en contumacia sin haber transcurrido dicha audiencia primera de trámite, último momento procesal que el artículo en referencia otorga a la parte demandada para presentar excepciones. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista….”. (Folios del 35 al 38 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de reajustes de salarios, de cesantía, catorceavo y treceavo mes, vacaciones adeudadas, pago de horas extras adeudadas, promovida por el señor MARIO ALBERTO MACIAS AMADOR, contra la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L.; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la resolución dictada en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representado el debido proceso, el principio de legalidad, derecho de defensa y libre acceso a los tribunales de la República, que afecta derechos individuales y garantías constitucionales que le otorga la Constitución de la República y contenidos en los artículos 82 y 90 párrafos primero; como argumento toral de su acción constitucional de Amparo, el impetrante arguye que no se admitió al representante procesal demandada sus alegatos en relación a la contumacia, valorando los argumentos esgrimidos sin ningún fundamento legal por parte del representante procesal demandante y el Juez de primera instancia, lo anterior debido a que se ha interpretado de forma errónea y en perjuicio de su representado, la norma sustantiva contenida en el Artículo 712 del Código del Trabajo, declarando por el juez de primera instancia en contumacia a su representado sin valorar que para que proceda la contumacia establecida en el Artículo 708 del Código del Trabajo, deberá concurrir una de las circunstancias siguientes: a) que no se conteste la demanda; y b) que una de las partes no comparezca a audiencia primera de trámite. Circunstancias éstas que no han ocurrido en el caso que nos ocupa –dice el recurrente-, pues la demanda se contestó en tiempo, mas no en forma, según el criterio del Juzgado, pero se contestó –afirma el impetrante-. CONSIDERANDO(4): Que sigue expresando el recurrente que la Contumacia no regula sus efectos en el Código del Trabajo y se refiere mas bien a la falta de intención de una de las partes en formar parte del proceso judicial iniciado, en ese sentido habiendo contestado la demanda en tiempo, únicamente procedía el mandar a subsanar los defectos procesales de los que adoleciera el escrito de contestación de demanda. Aduce el impetrante que debió admitirse la contestación presentada, pues la ley laboral no exige ningún requisito al respecto, mas que los ya establecidos en el artículo ya mencionado y en todo caso, no podría aplicarse el Código Procesal Civil en forma supletoria, pues no existe un vacio en la norma laboral, por lo que parece mas bien que en relación a casos similares, se aplica mas un uso o costumbre del juzgado que la norma expresa contenida en la ley. Seguidamente el pedidor de amparo hace una exposición de lo que considera es el debido proceso y el derecho de defensa, arguyendo que las normas contenidas en los artículos 82 y 90 constitucionales, de una forma general, se traducen en el deber que tienen los tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, el cual se ve caracterizada como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y evacuar prueba y obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había resuelto declarar en Contumacia a la parte demandada, por no contestar la demanda por medio de un profesional del Derecho, debidamente acreditado, al ser la demandada de una persona jurídica. CONSIDERANDO (6): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente los derechos constitucionales contenidos en los artículos que a continuación se exponen contenidos en la Constitución de la República: Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; y lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los ordenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO(8): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[3]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[4]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[5] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[6] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (9): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[7]; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).[8] CONSIDERANDO (10): Que el Código de Trabajo establece en el artículo 708, el procedimiento a seguir en caso de contumacia y señala: “Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada o ninguno de estos compareciere a la audiencia de trámite en el día y hora señalados, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el juicio sin necesidad de nueva citación. Si el actor o su representante no concurriere a la audiencia de trámite, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el juicio sin su asistencia. Si no compareciere ninguna de las partes, se seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, y el Juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de la audiencia de tramite.” –lo subrayado es nuestro-. De la lectura del primer párrafo de la norma antes citada, esta Sala de lo Constitucional entiende que son dos momentos en los que se puede declarar en contumacia a la parte demandada a saber: a) Que no conteste la demanda; y, b) Aunado a no contestar la demanda, no compareciere el demandado o su representante a la audiencia de trámite que se señale. CONSIDERANDO(11): Que de la lectura del Artículo 708 del Código de Trabajo, se entiende por contumacia el que alguna de las partes no muestre interés en el juicio que se ha iniciado, así tenemos que el Diccionario Hispanoamericano de Derecho[9] nos brinda el siguiente concepto: Contumacia. Dureza que busca mantener un error.//2. Resistencia pasiva que realiza un reo o una persona llamada a juicio, para no comparecer allí; hoy en día esta acepción se identifica más con el término de rebeldía. CONSIDERANDO(12): Que siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso; que consta en autos que el demandado señor Francklin Israel Carrasco Vásquez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete[10], en su condición de Gerente Operativo de la Sociedad denominada Compañía de Servicios e Inversiones SVM Honduras S. de R.L., a contestar la demanda promovida por el señor Mario Alberto Macías Amador; en ese orden de ideas la norma laboral no establece en el fundamento legal invocado por la Alzada, que el no contestar la demanda una persona jurídica, por medio de un Profesional del Derecho debidamente acreditado, se le declarará en contumacia –Art. 712 del Código de Trabajo-, pues como antes se estableció son dos los supuestos por los cuales a la parte demandada se le declarará en contumacia, contenido en el primer párrafo del Artículo 708 del Código de Trabajo, situación que no ocurre en el caso subjúdice, pues el demandado compareció a contestar la demanda promovida, el que no lo haya realizado con las formalidades que establece la ley, es una cuestión que pudo ser subsanado al tenor de lo dispuesto en el artículo 706 del Código de Trabajo. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por el Tribunal ad-quem a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo no tiene fundamento legal, pues se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los órganos jurisdiccionales, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente, le niega a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, en un proceso en igualdad de condiciones. CONSIDERANDO(13): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución carente de sustento legal, pues se invoca un precepto legal que no trae como consecuencia de su inobservancia, el que a la parte demandada se le declare en contumacia, formalismo que pudo ser mandado a subsanar por el A-quo y que debió observar el Ad-quem, haciendo prevalecer el acceso a la justicia y el derecho de igualdad a las partes en el proceso, derechos garantizados en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (15):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que declara en Contumacia a la parte demandada; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 703, 706, 708 y 712 del Código de Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, a favor del señor FRANCKLIN ISRAEL CARRASCO VÁSQUEZ, contra la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0935-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.
[4] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.
[5] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[6] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.
[7] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.
[8] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 40 y 41.
[9] Diccionario Hispanoamericano de Derecho, TOMO I, Equipo de Redacción Margarita María Duran Urrea, [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya león…[et al]. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 425.
[10] Ver Folios del 9 al 14 de la pieza del expediente de primera instancia.