Sentencia AL-916-16 — Registro 8423
Resumen
Sentencia impugnada declarada con lugar condenando a impetrante reconociendo todos los derechos que otorga el contrato colectivo,así como la relación de trabajo por tiempo indefinido y pago del reajuste a favor de demandantes,argumentando recurrente que en liquidación de sentencia condenatoria no se incluyeron las deducciones legales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que esta Sala aprecia que el hecho generador del que, el impetrante pretende aplicar el Tributo, no existía en aquel momento, es decir antes de promover la demanda para que se declarase un contrato por tiempo indeterminado, (como tal ocurrió mediante sentencia firme), por lo que no podía aplicarse a los señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y la señora DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, en ese orden de ideas, siendo que existe una liquidación practicada conforme los datos proporcionados por la parte demandada al momento de realizar la inspección ocular, donde quedó establecido que los demandantes en aquel momento no formaban parte del Fondo de Prestaciones Sociales, tan como queda plasmado en la resolución de mérito de igual manera la apreciación sobre los conceptos de impuestos a pagar es conforme a derecho, en ese orden de ideas el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que es conforme a derecho.- CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, a través de su representante el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa después del análisis detallado de la acción de amparo interpuesta, deja establecido que de los antecedentes no se percibe una violación al derecho fundamental alegado por el recurrente, en consecuencia, fue de la opinión porque no se otorgue el amparo.- CONSIDERNADO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 113, párrafo 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…."CONSIDERANDO (8): Que el hecho generador es aquella condición que da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es el mecanismo del cual se vale la ley para crear la relación jurídico Tributaria con el sujeto pasivo, pues la ley por si sola no puede cumplir con este fin, esto, debido a que la norma basada en el principio de generalidad no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por tal razón es que se sostiene la denominación de hecho imponible. El Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria; así, el numeral dos (2) del artículo 26 de la Ley de Tributación "del Período Impositivo o Devengo", dispone: “El devengo del Tributo es el momento en que el hecho generador se entiende legalmente producido y debe ser determinado en la norma aplicable. 3) Cuando las leyes Tributarias o aduaneras que establezcan tributos con periodicidad anual, se deben calcular por ejercicios fiscales, los cuales deben coincidir con el año natural civil o calendario, que principio el uno () de enero y termina el treinta y uno de diciembre. Si los obligados tributarios inician sus actividades con posterioridad al primero de enero, se debe entender que el ejercicio fiscal comienza el día en que inicien las actividades y que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año; 4) Cuando las leyes tributarias o aduaneras establezcan tributos con periodicidad mensual el periodo impositivo se debe calcular desde el primer día hasta el último día del mes natural, civil o calendario, correspondiente”.- CONSIDERANDO (9): Que mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional interpretó el párrafo 1o. del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, de consiguiente los tribunales de justicia, no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir, todo en armonía con lo dispuesto en el Código Del Trabajo en consecuencia los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización a título de daños y perjuicios a favor del trabajador.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala aprecia que el hecho generador del que, el impetrante pretende aplicar el Tributo, no existía en aquel momento, es decir antes de promover la demanda para que se declarase un contrato por tiempo indeterminado, (como tal ocurrió mediante sentencia firme), por lo que no podía aplicarse a los señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y la señora DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, en ese orden de ideas, siendo que existe una liquidación practicada conforme los datos proporcionados por la parte demandada al momento de realizar la inspección ocular, donde quedó establecido que los demandantes en aquel momento no formaban parte del Fondo de Prestaciones Sociales, tan como queda plasmado en la resolución de mérito de igual manera la apreciación sobre los conceptos de impuestos a pagar es conforme a derecho, en ese orden de ideas el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que es conforme a derecho.- CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, a través de su representante el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa después del análisis detallado de la acción de amparo interpuesta, deja establecido que de los antecedentes no se percibe una violación al derecho fundamental alegado por el recurrente, en consecuencia, fue de la opinión porque no se otorgue el amparo.- CONSIDERNADO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 113, párrafo 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por los Señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los Señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), solicitando que se declare CON LUGAR la demanda y se ordene el Contrato por Tiempo Indeterminado y el pago del reajuste del mismo. (Folios 1–4 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Gerente General y Representante Legal señor EMILL MAHFUZ HAWITT MEDRANO.- SEGUNDO: CONDENAR a la EMPRESA NACIOANL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Gerente General y Representante Legal señor EMILL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido la que sostienen los trabajadores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA con la EMPRESAN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por lo que conforme a lo dispuesto en el articulo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoce una antigüedad laboral a cada uno de los demandantes… TERCERO: SIN LUGAR el Defecto Procesal o Excepción de Prescripción.- CUARTO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio de Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo.” (Folios 339–343 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), se presento al Juzgado antes citado, el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, en su condición de Apoderado Legal de los Señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, manifestando el deseo de proceder a la Liquidación de la Sentencia antes relacionada, en el expediente contentivo de la Demanda Ordinaria Laboral; mismo que fue admitido en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016). (Folios 357–366 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 4) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado, dictó Resolución mediante la cual Resolvió que la liquidación se realizara en los términos siguientes: 1) Para la Señora DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, por el periodo transcurrido en los años dos mil once (2011) al dos mil quince (2015), sumados hace un total a pagar de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L 335,353.85); 2) Para el Señor CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO, por el periodo transcurrido en los años dos mil once (2011) al dos mil quince (2015), sumados hace un total a pagar de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L 226,082.16). (Folios 388 y 389 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “1º CONFIRMADO el auto interlocutorio apelado de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, 3º SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 8 y 9 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 6) Que el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; y teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folio 1–4 y 20 de la presente Recurso).- 7) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) "Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna al precepto constitucional señalado por el amparista”. (Folios 23–28 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que declaró SIN LUGAR un recurso de Apelación y CONFIRMÓ la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, en relación a la Demanda Laboral para que se declare contrato de trabajo por tiempo indeterminado, en vista de ser una labor permanente en todas sus partes. Que se aplique el contrato colectivo como trabajadores permanentes en todas sus partes como reajuste de salario a partir del veintidós de marzo del año dos mil once y su incremento, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones goce y pago. Promovida por los señores: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO Y DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, contra la empresa NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en el numeral cinco (5), literal A, de su escrito de presentación de la acción de amparo expone: que consta en la primera pieza, que mediante comparecencia de fecha 28 de septiembre de 2016, la empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio fiel cumplimiento a la sentencia definitiva con carácter de firme recaída en la demanda ordinaria laboral que se ha relacionada en el presente recurso de Amparo, al señor CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO le fue dada la permanencia a partir del 01 de octubre del año 2013, tal como aparece en el sistema de evolución reconociéndole una antigüedad por orden judicial del 01 de mayo del año 2000, reconociéndole todos los derechos que le otorga el contrato colectivo vigente, para los trabajadores permanentes a partir de marzo del 2011, tal como lo ordena el fallo judicial dos años después de haber instaurado el reclamo administrativo, ante la secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. De igual manera la señora DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA le fue dada la permanencia en su puesto desde el 05 de noviembre del año 2002, reconociéndole todos los derechos que le otorga el contrato colectivo vigente, para los trabajadores permanentes a partir del 22 marzo del 2011, tal como lo ordena el fallo judicial dos años después de haber instaurado el reclamo administrativo, ante la secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, cuya fecha es del 22 de marzo del 2013. Dicha ejecución del fallo en cuanto a la empleada MUÑOZ BARAHONA se realiza únicamente en el sistema Evolución para efectos de cumplimiento por encontrarse en el sistema en calidad de suspendida desde la fecha 19 de junio del 2015.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente manifiesta que el señor CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y la señora DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, según consta en autos de la primera pieza aceptaron la liquidación de salarios caídos y demás derechos laborales elaborada por la ENEE pues ambas personas frente a su representante legal de su puño y letra firmaron el acta de cumplimiento de sentencia. El impetrante considera que se han quebrantado el Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional, señala que la violación de esta garantía está íntimamente relacionada con los artículos 1, 2 y 50 de las Ley del Impuesto sobre la Renta; 135 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 77 de La Ley de Municipalidades; 96 No. 5 y 113 párrafo primero del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO (6): Que el impetrante manifiesta que la resolución dictada por el Ad-Quem confirmando la decisión del A quo quebranta la garantía del Debido Proceso consignada en el artículo 90 constitucional al establecer la liquidación sin las deducciones legales, a favor del demandante CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO por la cantidad de L. 226,082.16 y la demandante DAYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA por la cantidad de L. 335,353.86, remanentes que a todas luces es infundado, pues la liquidación practicada por el Juzgado de Letras de Francisco Morazán, en concepto de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales del contrato colectivo ENEE/STENEE en ningún momento incluyen la deducciones legales del impuesto vecinal, impuesto sobre la renta, seguro social, y fondo de prestaciones sociales (ENEE), que si fueron incluidas por la liquidación practicada por la ENEE y cuyos valores en definitiva constituyen dicho remanente, denotando con su accionar un desconocimiento absoluto de las disposiciones legales de orden tributario, que ordenan en el caso de la ENEE ha operar como agente retenedor para el cobro de dichos impuestos tal como lo mandan por una parte los artículos 1,2 y 50 de la Ley de Impuesto sobre La Renta y 135 del Reglamento del mismo Impuesto sobre la Renta, además el artículo 77 de la Ley de Municipalidades.- CONSIDERANDO (7): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido en el considerando tres (3) “Que si bien es cierto el recurrente en sus alegaciones ante ese Tribunal señala que no está de acuerdo con la liquidación practicada por la Juez A-Quo, en virtud de que en la misma no hace deducciones del impuesto sobre la Renta, impuesto vecinal, deducción sindical y deducción del fondo de prestaciones Sociales de la Enee, al respecto considera el Ad-Quem que la Jueza A-Quo practicó la liquidación conforme los datos suministrados por la misma parte demandada al momento de practicarse la inspección ocular y además considera que no debe de hacerse deducción alguna, puesto que como bien lo dice la parte recurrida, no formaban parte del Fondo de Prestaciones Sociales de la Enee y con respecto a los otros conceptos serán los mimos demandantes en todo caso, quienes deben de hacer las declaraciones ante los órganos correspondientes para establecer si adeudan o no cantidad alguna por las cantidades recibidas. En consecuencia, falló confirmando el auto interlocutorio apelado de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO (8): Que el hecho generador es aquella condición que da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es el mecanismo del cual se vale la ley para crear la relación jurídico Tributaria con el sujeto pasivo, pues la ley por si sola no puede cumplir con este fin, esto, debido a que la norma basada en el principio de generalidad no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por tal razón es que se sostiene la denominación de hecho imponible. El Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria; así, el numeral dos (2) del artículo 26 de la Ley de Tributación "del Período Impositivo o Devengo", dispone: “El devengo del Tributo es el momento en que el hecho generador se entiende legalmente producido y debe ser determinado en la norma aplicable. 3) Cuando las leyes Tributarias o aduaneras que establezcan tributos con periodicidad anual, se deben calcular por ejercicios fiscales, los cuales deben coincidir con el año natural civil o calendario, que principio el uno () de enero y termina el treinta y uno de diciembre. Si los obligados tributarios inician sus actividades con posterioridad al primero de enero, se debe entender que el ejercicio fiscal comienza el día en que inicien las actividades y que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año; 4) Cuando las leyes tributarias o aduaneras establezcan tributos con periodicidad mensual el periodo impositivo se debe calcular desde el primer día hasta el último día del mes natural, civil o calendario, correspondiente”.- CONSIDERANDO (9): Que mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional interpretó el párrafo 1o. del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN HACER DEDUCCION ALGUNA DEL TIEMPO QUE DURE EL JUICIO, NI LIMITAR EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, todo en armonía con lo dispuesto en el Código Del Trabajo en consecuencia los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización a título de daños y perjuicios a favor del trabajador.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala aprecia que el hecho generador del que, el impetrante pretende aplicar el Tributo, no existía en aquel momento, es decir antes de promover la demanda para que se declarase un contrato por tiempo indeterminado, (como tal ocurrió mediante sentencia firme), por lo que no podía aplicarse a los señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y la señora DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, en ese orden de ideas, siendo que existe una liquidación practicada conforme los datos proporcionados por la parte demandada al momento de realizar la inspección ocular, donde quedó establecido que los demandantes en aquel momento no formaban parte del Fondo de Prestaciones Sociales, tan como queda plasmado en la resolución de mérito de igual manera la apreciación sobre los conceptos de impuestos a pagar es conforme a derecho, en ese orden de ideas el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que es conforme a derecho.- CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, a través de su representante el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa después del análisis detallado de la acción de amparo interpuesta, deja establecido que de los antecedentes no se percibe una violación al derecho fundamental alegado por el recurrente, en consecuencia, fue de la opinión porque no se otorgue el amparo.- CONSIDERNADO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0916-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por los Señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los Señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), solicitando que se declare CON LUGAR la demanda y se ordene el Contrato por Tiempo Indeterminado y el pago del reajuste del mismo. (Folios 1–4 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Gerente General y Representante Legal señor EMILL MAHFUZ HAWITT MEDRANO.- SEGUNDO: CONDENAR a la EMPRESA NACIOANL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Gerente General y Representante Legal señor EMILL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido la que sostienen los trabajadores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA con la EMPRESAN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por lo que conforme a lo dispuesto en el articulo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoce una antigüedad laboral a cada uno de los demandantes… TERCERO: SIN LUGAR el Defecto Procesal o Excepción de Prescripción.- CUARTO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio de Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo.” (Folios 339–343 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), se presento al Juzgado antes citado, el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, en su condición de Apoderado Legal de los Señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, manifestando el deseo de proceder a la Liquidación de la Sentencia antes relacionada, en el expediente contentivo de la Demanda Ordinaria Laboral; mismo que fue admitido en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016). (Folios 357–366 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 4) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado, dictó Resolución mediante la cual Resolvió que la liquidación se realizara en los términos siguientes: 1) Para la Señora DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, por el periodo transcurrido en los años dos mil once (2011) al dos mil quince (2015), sumados hace un total a pagar de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L 335,353.85); 2) Para el Señor CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO, por el periodo transcurrido en los años dos mil once (2011) al dos mil quince (2015), sumados hace un total a pagar de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L 226,082.16). (Folios 388 y 389 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “1º CONFIRMADO el auto interlocutorio apelado de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, 3º SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 8 y 9 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 6) Que el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; y teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folio 1–4 y 20 de la presente Recurso).- 7) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) "Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna al precepto constitucional señalado por el amparista”. (Folios 23–28 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que declaró SIN LUGAR un recurso de Apelación y CONFIRMÓ la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, en relación a la Demanda Laboral para que se declare contrato de trabajo por tiempo indeterminado, en vista de ser una labor permanente en todas sus partes. Que se aplique el contrato colectivo como trabajadores permanentes en todas sus partes como reajuste de salario a partir del veintidós de marzo del año dos mil once y su incremento, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones goce y pago. Promovida por los señores: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO Y DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, contra la empresa NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en el numeral cinco (5), literal A, de su escrito de presentación de la acción de amparo expone: que consta en la primera pieza, que mediante comparecencia de fecha 28 de septiembre de 2016, la empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio fiel cumplimiento a la sentencia definitiva con carácter de firme recaída en la demanda ordinaria laboral que se ha relacionada en el presente recurso de Amparo, al señor CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO le fue dada la permanencia a partir del 01 de octubre del año 2013, tal como aparece en el sistema de evolución reconociéndole una antigüedad por orden judicial del 01 de mayo del año 2000, reconociéndole todos los derechos que le otorga el contrato colectivo vigente, para los trabajadores permanentes a partir de marzo del 2011, tal como lo ordena el fallo judicial dos años después de haber instaurado el reclamo administrativo, ante la secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. De igual manera la señora DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA le fue dada la permanencia en su puesto desde el 05 de noviembre del año 2002, reconociéndole todos los derechos que le otorga el contrato colectivo vigente, para los trabajadores permanentes a partir del 22 marzo del 2011, tal como lo ordena el fallo judicial dos años después de haber instaurado el reclamo administrativo, ante la secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, cuya fecha es del 22 de marzo del 2013. Dicha ejecución del fallo en cuanto a la empleada MUÑOZ BARAHONA se realiza únicamente en el sistema Evolución para efectos de cumplimiento por encontrarse en el sistema en calidad de suspendida desde la fecha 19 de junio del 2015.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente manifiesta que el señor CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y la señora DEYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, según consta en autos de la primera pieza aceptaron la liquidación de salarios caídos y demás derechos laborales elaborada por la ENEE pues ambas personas frente a su representante legal de su puño y letra firmaron el acta de cumplimiento de sentencia. El impetrante considera que se han quebrantado el Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional, señala que la violación de esta garantía está íntimamente relacionada con los artículos 1, 2 y 50 de las Ley del Impuesto sobre la Renta; 135 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 77 de La Ley de Municipalidades; 96 No. 5 y 113 párrafo primero del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO (6): Que el impetrante manifiesta que la resolución dictada por el Ad-Quem confirmando la decisión del A quo quebranta la garantía del Debido Proceso consignada en el artículo 90 constitucional al establecer la liquidación sin las deducciones legales, a favor del demandante CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO por la cantidad de L. 226,082.16 y la demandante DAYSI JUDITH MUÑOZ BARAHONA por la cantidad de L. 335,353.86, remanentes que a todas luces es infundado, pues la liquidación practicada por el Juzgado de Letras de Francisco Morazán, en concepto de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales del contrato colectivo ENEE/STENEE en ningún momento incluyen la deducciones legales del impuesto vecinal, impuesto sobre la renta, seguro social, y fondo de prestaciones sociales (ENEE), que si fueron incluidas por la liquidación practicada por la ENEE y cuyos valores en definitiva constituyen dicho remanente, denotando con su accionar un desconocimiento absoluto de las disposiciones legales de orden tributario, que ordenan en el caso de la ENEE ha operar como agente retenedor para el cobro de dichos impuestos tal como lo mandan por una parte los artículos 1,2 y 50 de la Ley de Impuesto sobre La Renta y 135 del Reglamento del mismo Impuesto sobre la Renta, además el artículo 77 de la Ley de Municipalidades.- CONSIDERANDO (7): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido en el considerando tres (3) “Que si bien es cierto el recurrente en sus alegaciones ante ese Tribunal señala que no está de acuerdo con la liquidación practicada por la Juez A-Quo, en virtud de que en la misma no hace deducciones del impuesto sobre la Renta, impuesto vecinal, deducción sindical y deducción del fondo de prestaciones Sociales de la Enee, al respecto considera el Ad-Quem que la Jueza A-Quo practicó la liquidación conforme los datos suministrados por la misma parte demandada al momento de practicarse la inspección ocular y además considera que no debe de hacerse deducción alguna, puesto que como bien lo dice la parte recurrida, no formaban parte del Fondo de Prestaciones Sociales de la Enee y con respecto a los otros conceptos serán los mimos demandantes en todo caso, quienes deben de hacer las declaraciones ante los órganos correspondientes para establecer si adeudan o no cantidad alguna por las cantidades recibidas. En consecuencia, falló confirmando el auto interlocutorio apelado de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO (8): Que el hecho generador es aquella condición que da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es el mecanismo del cual se vale la ley para crear la relación jurídico Tributaria con el sujeto pasivo, pues la ley por si sola no puede cumplir con este fin, esto, debido a que la norma basada en el principio de generalidad no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por tal razón es que se sostiene la denominación de hecho imponible. El Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria; así, el numeral dos (2) del artículo 26 de la Ley de Tributación "del Período Impositivo o Devengo", dispone: “El devengo del Tributo es el momento en que el hecho generador se entiende legalmente producido y debe ser determinado en la norma aplicable. 3) Cuando las leyes Tributarias o aduaneras que establezcan tributos con periodicidad anual, se deben calcular por ejercicios fiscales, los cuales deben coincidir con el año natural civil o calendario, que principio el uno () de enero y termina el treinta y uno de diciembre. Si los obligados tributarios inician sus actividades con posterioridad al primero de enero, se debe entender que el ejercicio fiscal comienza el día en que inicien las actividades y que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año; 4) Cuando las leyes tributarias o aduaneras establezcan tributos con periodicidad mensual el periodo impositivo se debe calcular desde el primer día hasta el último día del mes natural, civil o calendario, correspondiente”.- CONSIDERANDO (9): Que mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional interpretó el párrafo 1o. del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN HACER DEDUCCION ALGUNA DEL TIEMPO QUE DURE EL JUICIO, NI LIMITAR EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, todo en armonía con lo dispuesto en el Código Del Trabajo en consecuencia los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización a título de daños y perjuicios a favor del trabajador.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala aprecia que el hecho generador del que, el impetrante pretende aplicar el Tributo, no existía en aquel momento, es decir antes de promover la demanda para que se declarase un contrato por tiempo indeterminado, (como tal ocurrió mediante sentencia firme), por lo que no podía aplicarse a los señores CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO y la señora DEYDI JUDITH MUÑOZ BARAHONA, en ese orden de ideas, siendo que existe una liquidación practicada conforme los datos proporcionados por la parte demandada al momento de realizar la inspección ocular, donde quedó establecido que los demandantes en aquel momento no formaban parte del Fondo de Prestaciones Sociales, tan como queda plasmado en la resolución de mérito de igual manera la apreciación sobre los conceptos de impuestos a pagar es conforme a derecho, en ese orden de ideas el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que es conforme a derecho.- CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, a través de su representante el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa después del análisis detallado de la acción de amparo interpuesta, deja establecido que de los antecedentes no se percibe una violación al derecho fundamental alegado por el recurrente, en consecuencia, fue de la opinión porque no se otorgue el amparo.- CONSIDERNADO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0916-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional