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Sentencia AL-865-16 — Registro 9346

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto que desestimó desembargo sobre bien inmueble a favor de recurrente que argumentó tener derecho real de garantía otorgado por la parte demandada, en relación a demanda ejecutiva laboral promovida por trabajadores en su contra

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo constitucional advierte que el impetrante expresa su discrepancia en relación a que se decretó embargo sobre un bien inmueble que no es propiedad de Farmacia Rhema, sino que es propiedad de la señora Karla Patricia Calderón y que la demanda va dirigida en contra de Farmacia Rhema; en ese orden de ideas es importante señalar que en Derecho el embargo se refiere a la suspensión o interdicción judicial del ius disponendi (o derecho absoluto de disposición de la cosa) que se posea sobre cualquier bien económicamente realizable..."..."esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque el embargo se decretó sobre un bien inmueble propiedad de la señora Karla Patricia Calderón Canales, quien es la Gerente propietaria de la Farmacia Rhema, respetando lo dispuesto en el artículo 780 del Código de Trabajo, pues la Farmacia es propiedad de la señora Calderón Canales y es ésta en tal condición, quien debe responder por la deuda contraída con los demandantes en relación al pago de prestaciones laborales, por el cierre de operaciones de la referida farmacia; asimismo en relación a lo invocado por la resolución que se impugna, la empresa RHEMA es un bien del comerciante, quien a través de ella opera como tal, según lo dispuesto en el artículo 647 del Código de Comercio..."..."la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que declaró No Haber Lugar al recurso de apelación interpuesto contra el Auto dictado en fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda Ejecutiva Laboral, promovida por el Abogado NAIN JOSÉ PAZ SERRANO, en su condición de Apoderado Legal de los Señores LIDIA FRANCISCA LINARES GARCIA, DIGNA GRISELL GUTIÉRREZ CHINCHILLA, DALIA JACKELINE RODRÍGUEZ CANALES, JOSÉ ANTONIO ARAQUE MARTÍNEZ, OSMIN DANILO ACEITUNO RIVERA y MOISÉS FRANCISCO SUAZO RODRIGUEZ, en contra de la Señora KARLA PATRICIA CALDERON CANALES en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA RHEMA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (6) de marzo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, actuando en su condición de Apoderado Legal de los Señores LIDIA FRANCISCA LINARES GARCIA, DIGNA GRISELL GUTIÉRREZ CHINCHILLA, DALIA JACKELINE RODRÍGUEZ CANALES, JOSÉ ANTONIO ARAQUE MARTÍNEZ, OSMIN DANILO ACEITUNO RIVERA y MOISÉS FRANCISCO SUAZO RODRIGUEZ, interponiendo Demanda Ejecutiva Laboral, en contra de la Señora KARLA PATRICIA CALDERON CANALES, en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA RHEMA, solicitando que se dicte Auto de Ejecución y Embargo, requerir a la demandada para que de inmediato pague la cantidad adeudada, mas los intereses legales que se generen durante la sustanciación del juicio y las costas; y en el caso de no verificar el pago, proceder a la ejecución del bien señalado. (Folios 3 y 4 de la Pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), se personó ante el referido Juzgado, el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., en la Demanda Ejecutiva Laboral interpuesta por el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, actuando en su condición de Apoderado Legal de los Señores LIDIA FRANCISCA LINARES GARCIA, DIGNA GRISELL GUTIÉRREZ CHINCHILLA, DALIA JACKELINE RODRÍGUEZ CANALES, JOSÉ ANTONIO ARAQUE MARTÍNEZ, OSMIN DANILO ACEITUNO RIVERA y MOISÉS FRANCISCO SUAZO RODRIGUEZ, contra la Señora KARLA PATRICIA CALDERON CANALES en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA RHEMA; solicitando el desembargo del inmueble propiedad de la señora KARLA PATRICIA CALDERON CANALES, quien lo adquirió por medio de préstamo que BANCO ATLANTIDA S.A. le otorgo, préstamo que se encuentra vencido y en mora en proceso de recuperación por la vía judicial, otorgando la señora CALDERON CANALES, primera Hipoteca a favor de BANCO ATLANTIDA S.A., para responder por el crédito, e inscrito bajo el sistema de Folio Real con Matricula No. 784781, Asiento 7, 8 y 9 del Registro de la Propiedad Inmueble mercantil de la Sección Registral de San Pedro Sula. (Folios 83 y 84 de la Pieza de los antecedentes de primera instancia)3) Que seguido el trámite legal correspondiente y dando respuesta a la petición del Apoderado Legal de BANCO ATLANTIDA S.A., el A-quo, dictó Auto en fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), mediante el cual resolvió: (Sic) “1.-Admítase el presente escrito que antecede junto con los documentos que acompaña los cuales se mandan agregar a los autos, que aun y cuando no fue presentado en comparecencia la solicitud hecha por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS; Si no a través de escrito, por el derecho de petición se resuelve la misma y en consecuencia téngase por PERSONADO en el presente juicio al Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, actuando en su condición de apoderado de la sociedad mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., 2.- En cuanto a lo solicitado a que se decrete el desembargo del Bien Inmueble embargado declárese sin lugar tal petición, en virtud de que la presente demanda ejecutiva laboral fue entablada contra la señora KARLA PATRICIA CALDERON CANALES, en su condición de Gerente Propietaria del negocio FARMACIA RHEMA., y con la documentación que el mismo peticionario acompaña esta acreditando que la señora KARLA PATRICIA CALDERON CANALES, esta declarada como Comerciante Individual tal y como consta en la constancia que emite la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes documento que obra a folio 98 de los autos….” (Folio 101fv de la Pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló: (Sic) “Declarando no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Julio Cesar Rubio Santos en la condición en que actúa, en contra del auto proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis, en el procedimiento ejecutivo de la referencia; en consecuencia se procede a confirmar la citada resolución.-Sin costas en esta instancia dada la naturaleza eminentemente social de las disposiciones del trabajo….” (Folios del 6 al 8 de la Pieza de antecedentes de Alzada) 5) Que el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, compareció ante este Alto Tribunal en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo Demanda de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDAD S.A., contra la Sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017). (Folios del 1 al 3fv y 25 de la pieza de autos) 6) Que en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por el amparista.”. (Folios del 28 al 34 de la pieza de autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Ejecutiva Laboral, promovida por el Abogado NAIN JOSÉ PAZ SERRANO, en su condición de Apoderado Legal de los Señores LIDIA FRANCISCA LINARES GARCIA, DIGNA GRISELL GUTIÉRREZ CHINCHILLA, DALIA JACKELINE RODRÍGUEZ CANALES, JOSÉ ANTONIO ARAQUE MARTÍNEZ, OSMIN DANILO ACEITUNO RIVERA y MOISÉS FRANCISCO SUAZO RODRIGUEZ, en contra de la Señora KARLA PATRICIA CALDERON CANALES en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA RHEMA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió No Haber Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado Legal de BANCO ATLANTIDA S.A. y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; arguye el impetrante que BANCO ATLANTIDA S.A. se personó al juzgado de letras del Trabajo, para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, debido a que tiene un derecho real de garantía que esta siendo perturbado mediante el embargo del inmueble que a título personal posee la señora Karla Patricia Calderón Canales y que adquirió mediante préstamo hipotecario otorgado por la misma institución bancaria; sostiene el recurrente que en aplicación al artículo 703 del Código del Trabajo, los supuestos trabajadores identifican claramente quien es la empresa demandada y que esa misma identificación aparece en los documentos, que aunque carentes de legalidad y que acompañaron a la demanda, quien es esa persona demandada la empresa FARMACIA RHEMA y es allí en donde comienza la violación al debido proceso, partiendo que el inmueble embargado no es propiedad de la Farmacia RHEMA, violentado el artículo 350.2 del Código Procesal Civil[3], que es supletorio en el procedimiento laboral. CONSIDERANDO(4): Que en sustento de su tesis, el impetrante sostiene que en relación a los dispuesto en el artículo 350.2 del CPC, la parte en el proceso es la Farmacia RHEMA y en ese sentido también la legislación laboral en sus artículos 779 y 780 definen en cuanto a que la acción ejecutiva sólo es posible de un documento que provenga del deudor, y que la medida cautelar de embargo sólo afecta bienes del deudor y si los trabajadores identifican como deudor a la Farmacia RHEMA, es ilegal que se embargue un inmueble que es a título personal de Karla Patricia Calderón Canales, con el único objetivo de pretender evadir una obligación crediticia que tiene con BANCO ATLANTIDA S.A., violaciones que son ratificadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, dice el pedidor de Amparo. Asimismo sostiene el impetrante que la Corte de Apelaciones desconoció que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y siendo Farmacia RHEMA una empresa, los contratos de trabajo son parte de sus elementos. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., debiendo ordenar la revocación de la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el desembargo del bien inmueble embargado, propiedad de la señora Karla Patricia Calderón Canales, inscrito bajo el No. 785781, Asiento 7 del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ver Folios 43 y 101fv de la pieza de antecedentes de primera instancia. CONSIDERANDO(6): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta entre otras cuestiones la resolución que se impugna, en lo siguiente: “que pese a lo expresado por el recurrente y a constar de la documentación aportada por éste –F.98- la inscripción en el Libro de Comerciantes Individuales del Comercio, denominado Farmacia Rhema de la que es titular la señora Karla Patricia Calderón Canales; del proceso también consta, que la demanda se dirigió en contra de la señora Karla Patricia Calderón Canales en su condición de gerente propietaria de la Farmacia Rhema, persona natural ésta que compareció ante la autoridad administrativa reconociendo la obligación que consta en el título objeto de ejecución –F.8 y 9- y que posteriormente hiciera declaración jurada de los bienes y derechos de los que ejerce titularidad, siendo ésta quien a título personal responde económicamente por las obligaciones mercantiles o patronales contraídas como titular del negocio denominado Farmacia Rhema; de manera que no ha recaído la medida sobre bienes pertenecientes a persona distinta a la demandada como lo asegura el recurrente; tal y como lo resolviera el A-quo, el embargo recayó sobre un bien inmueble de la que es titular la demandada Karla Patricia Calderón Canales”. CONSIDERANDO(7): Que los artículos señalados por el recurrente como vulnerados en detrimento del debido proceso que señala la Constitución de la República, son los artículos 779 y 780 del Código de Trabajo, los que disponen en el orden: “Seré exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en un acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme….”; “Solicitado el cumplimiento por el interesado, y previa denuncia de bienes hecha bajo juramento, el Juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de la ejecución.”; relacionándolo con lo dispuesto en el artículo 350.2 del CPC como norma supletoria en materia laboral, ello en relación a que sólo se decretarán medidas cautelares que afecten bienes o derechos de las partes en del proceso. CONSIDERANDO (8): Que luego del estudio de la acción constitucional impetrada, esta Sala de lo constitucional advierte que el impetrante expresa su discrepancia en relación a que se decretó embargo sobre un bien inmueble que no es propiedad de Farmacia Rhema, sino que es propiedad de la señora Karla Patricia Calderón y que la demanda va dirigida en contra de Farmacia Rhema; en ese orden de ideas es importante señalar que en Derecho el embargo se refiere a la suspensión o interdicción judicial del ius disponendi (o derecho absoluto de disposición de la cosa) que se posea sobre cualquier bien económicamente realizable. En un sentido más amplio, es la declaración judicial por la que determinados bienes o derechos de contenido o valor económico quedan afectados o reservados para extinguir con ellos una obligación pecuniaria ya declarada (embargo ejecutivo) o que, previsiblemente, se va a declarar en una sentencia futura (embargo preventivo). Su función es señalar aquellos bienes, que se cree son propiedad del ejecutado, sobre los cuales va a recaer la actividad ejecutiva, para evitar que salgan de su patrimonio y acaben en manos de terceros; asimismo tenemos que el embargo es: EMBARGO. Con significados generales y arcaicos: impedimento, embarazo u obstáculo; y también incomodidad, molestia o daño. En lenguaje jurídico, esta palabra posee diversas aplicaciones, según se refiera al Derecho Político y Marítimo, por un lado, o al Derecho Procesal Civil, Penal o Administrativo, por otra parte. EJECUTIVO. Retención o apoderamiento que de los bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos o con el producto de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que posea título con ejecución aparejada (v.). PREVENTIVO. Medida procesal precautoria de carácter patrimonial que, a instancia de acreedor o actor puede decretar un juez o tribunal sobre los bienes del deudor o demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligación exigida y las resultas generales del juicio.[4] CONSIDERANDO(9): Que de la pieza de antecedentes de primera instancia se desprende, que la Demanda va dirigida contra la señora Karla Patricia Calderón Canales, en su condición de Gerente Propietaria de Farmacia Rhema, quien ante las oficinas de la Inspección Regional de Trabajo, según certificación de acta, se comprometió a pagar el cien por ciento de las prestaciones laborales a los demandantes –F. 26 y 27-; asimismo en declaración jurada de fecha 28 de septiembre del año (Sic) “Dos Mil Trece”, la señora Karla Patricia Calderón Canales, dice ser titular de un inmueble ubicado en la ciudad de La Lima, colonia Zona Americana, en la cual se encuentra construida una casa de habitación de dos plantas, inscrito bajo Matricula No. 784781, Asiento 7, 8 y 9 del Registro de la Propiedad, inmueble sobre el cual el A-quo decreto embargo mediante auto de fecha dos de octubre del año dos mil quince. (Folios 39 y 43fv de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO(10): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque el embargo se decretó sobre un bien inmueble propiedad de la señora Karla Patricia Calderón Canales, quien es la Gerente propietaria de la Farmacia Rhema, respetando lo dispuesto en el artículo 780 del Código de Trabajo, pues la Farmacia es propiedad de la señora Calderón Canales y es ésta en tal condición, quien debe responder por la deuda contraída con los demandantes en relación al pago de prestaciones laborales, por el cierre de operaciones de la referida farmacia; asimismo en relación a lo invocado por la resolución que se impugna, la empresa RHEMA es un bien del comerciante, quien a través de ella opera como tal, según lo dispuesto en el artículo 647 del Código de Comercio. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[5]. CONSIDERANDO(12): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 779, y 780 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra la resolución dictada en fecha veintiséis (26) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiuno (21) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0865=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] En adelante CPC; “PROCEDENCIA Y REQUISITOS. 1. En cualquier proceso el demandante o el demandado reconviniente podrán solicitar las medidas cautelares necesarias y apropiadas para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayera. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Código respecto de los procesos no dispositivos, las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte; se adoptarán, además, bajo la responsabilidad de quien las solicite y sólo podrán afectar a bienes o derechos de las partes del proceso.”

[4]Guillermo Cabanellas de Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL NUEVA EDICIÓN ACTUALIZADA, CORREGIDA Y AUMENTADA POR GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS. EDITORIAL HELIASTA S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993. I.S.B.N.: 950-9065-98-6.

[5] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.