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Sentencia AL-859-16 — Registro 7746

Resumen

Sentencia Interlocutoria declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar el desembargo y nulidad absoluta de actuaciones ya que la transferencia bancaria es posterior a la fecha del embargo estando apegado a derecho pues la demandada (ENEE) no había honrado la deuda con demandante en relación a demanda laboral promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de las diligencias traídas a esta Sala, se observa y por el cual se está solicitando la garantía Constitucional de Amparo, tiene su origen según acción de amparo interpuesta en fecha 07 de septiembre del año 2016 por el abogado HENRY LANZA FONSECA, quien actúa en su condición de apoderado legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), que Confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por la señora MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)..."..."del análisis y la revisión realizada por esta Sala al caso sub judice se ha constatado que según los agravios expresados por el amparista en el cual se manifiesta que el fallo proferido por el Ad-quem violenta el precepto constitucional del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Carta Magna, por considerar el amparista que su representada solicitó el desembargo en virtud de haber realizado el depósito a la parte demandada por la cantidad de Lps. 956,209.50, más un cheque consignado por la cantidad de Lps.367,608.21, consignado por la empresa UNICOMER, por lo cual solo estaría pendiente de consignar la cantidad de Lps. 55,311.90, por la cual debería de ser la modificación del embargo, por lo cual el embargo debería de ser únicamente referente al total de lo adeudado en aplicación al artículo 823 del código procesal civil. Es así, que al hacer una revisión al caso sub judice, se constata que los agravios formulados por el amparista no son congruentes en virtud de que corre a folio 288 y 289 de la pieza principal que el valor de Lps. 956,209.50, fue devuelto mediante cheque de caja y tal como lo ordenaba la resolución de fecha 21 de junio del año 2016 la cual fue recurrida por el amparista y en la cual considera se le violento el debido proceso, situación esta que queda desvirtuada al observar esta sala la resolución en la cual se ordena a la demandante la devolución de la cantidad de dinero depositada en la cuenta personal de la demandante mediante cheque, de igual manera queda acreditado que a folio 290 el A-quo ordena al receptor del despacho requerir al demandado para que retire el cheque consignado acción esta que se ve materializad en fecha 22 de septiembre del 2016 y que corre agregada a folio 311 de la pieza principal, con lo cual se desvirtúa el argumento sostenido por el amparista en el sentido de que no se le dio respuesta por parte del A-quo y mucho menos por el Ad-quem sobre la devolución de dicha cantidad..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la República y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio del motivo de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados...".."esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en Amparo y en virtud de no observar violación alguna al debido proceso. En consecuencia, considera que no debe de otorgarse la garantía constitucional de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), que Confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por la señora MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- Estima la recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en el Artículo 90 de la Constitución de la Republica.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil doce (2012), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, la abogada MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, interponiendo demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la supuesta justa causa de despido, en caso que no pruebe que la causa o motivo invocado es legal y justa que se condene al reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones que al momento del despido, ajuste salarial adeudado, bonificaciones, salarios dejados de percibir.- (Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado)- 2) Que el referido Juzgado en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), Resuelve: Declarar SIN LUGAR SIN LUGAR EL DESEMBARGO SOLICITADO, por el representante procesal demandado, en vista que consta que la parte demandante no acepta el pago depositado en su cuenta bancaria por la empresa demandada, por considerarlo incompleto. En relación a la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, DECLARESE SIN LUGAR LA MISMA, en vista que consta en el documento presentado como TRANSFERENCIA BANCARIA que la misma fue realizada hasta el 09 de mayo del 2016, es decir, posterior a la fecha del embargo, por lo cual el mismo está apegado a derecho puesto que la empresa demandada no había horrado la deuda con la demandante. Asimismo, en relación a la nulidad planteada el compareciente ejerció su derecho de interponer recurso mismo que fueron admitidos en efecto devolutivo, en lo cual no suspende la ejecución de las presentes diligencias...” (Folio 259 al 260 de la pieza del Juzgado)- 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado HENRY LANZA FONSECA, en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, accionando como representante procesal de la parte demandada.- 2.- CONFIRMANDO: la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, que corre agregada a folio 22 de la pieza compulsada , en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA , por intermedio de su representante y Gerente General, el señor EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO…” (Folios 35 al 37 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) EL Recurrente abogado HENRY LANZA FONSECA, compareció ante este Tribunal, en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), violenta en perjuicio de su representado, el Artículo 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 26 de la pieza de amparo)- 5) Que con fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias traídas a esta Sala, se observa y por el cual se está solicitando la garantía Constitucional de Amparo, tiene su origen según acción de amparo interpuesta en fecha 07 de septiembre del año 2016 por el abogado HENRY LANZA FONSECA, quien actúa en su condición de apoderado legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), que Confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por la señora MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- Estima la recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que de los antecedentes que se desprenden de la presente acción establece el impetrante, que los hechos nacen o tienen su origen en fecha 25 de mayo del 2016, momento en el cual se presentó por parte del impetrante comparecencia en la cual se acompañó copia de la transferencia bancaria realizada en una cuenta a favor de la demandante MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, por un monto de Lps 956,209.50, con la cual se acredita según el impetrante que ya se había cumplido con los valores en concepto de salarios dejados de percibir, en consecuencia, se solicitó se procediera a DECRETAR EL DESEMBARGO, por consumo de energía eléctrica el cual fuere practicado a la Empresa UNICOMER, lo anterior basado en los artículos 809,816,823,847 del Código Procesal Civil, así mismo se pronuncia el recurrente estableciendo que el demandante ya ha utilizado el dinero ya que han transcurrido más de cuatro meses sin que el apoderado legal demandante no se haya pronunciado al respecto ante el juzgado, razón por la cual se solicitó que se librara oficio al banco FICOHSA S.A a fin de que le sea proporcionado a este tribunal el movimiento financiero así como todo el historia bancario de la cuenta 000000200002995769 del BANCO FICOHSA a nombre de la demandante MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, el cual la señora juez no se pronuncio sobre lo solicitado, ni mucho menos la Corte de Apelaciones, razón por la cual considera la recurrente se le ha violentado la garantía del debido proceso. En tal sentido considera el amparista que el hecho de no acceder el A-quo y el Ad-quem a la reducción o modificación del embargo y al no haber pronunciamiento sobre los solicitado en el recurso de apelación ni en la resolución de primera instancia lo mismo se vuelve violatorio del debido proceso.- CONSIDERANDO (4): en fecha 28 de junio del 2017 se le dio traslado al ministerio publico a efectos de que emitiera su dictamen el cual en fecha 29 de junio del 2017, fue devuelto y en su opinión la agente fiscal es del parecer que NO SE OTORGUE el amparo solicitado por no vislumbrarse violación alguna al precepto constitucional invocado como violentado.- CONSIDERANDO (5): Que del análisis y la revisión realizada por esta Sala al caso sub judice se ha constatado que según los agravios expresados por el amparista en el cual se manifiesta que el fallo proferido por el Ad-quem violenta el precepto constitucional del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Carta Magna, por considerar el amparista que su representada solicitó el desembargo en virtud de haber realizado el depósito a la parte demandada por la cantidad de Lps. 956,209.50, más un cheque consignado por la cantidad de Lps.367,608.21, consignado por la empresa UNICOMER, por lo cual solo estaría pendiente de consignar la cantidad de Lps. 55,311.90, por la cual debería de ser la modificación del embargo, por lo cual el embargo debería de ser únicamente referente al total de lo adeudado en aplicación al artículo 823 del código procesal civil. Es así, que al hacer una revisión al caso sub judice, se constata que los agravios formulados por el amparista no son congruentes en virtud de que corre a folio 288 y 289 de la pieza principal que el valor de Lps. 956,209.50, fue devuelto mediante cheque de caja y tal como lo ordenaba la resolución de fecha 21 de junio del año 2016 la cual fue recurrida por el amparista y en la cual considera se le violento el debido proceso, situación esta que queda desvirtuada al observar esta sala la resolución en la cual se ordena a la demandante la devolución de la cantidad de dinero depositada en la cuenta personal de la demandante mediante cheque, de igual manera queda acreditado que a folio 290 el A-quo ordena al receptor del despacho requerir al demandado para que retire el cheque consignado acción esta que se ve materializad en fecha 22 de septiembre del 2016 y que corre agregada a folio 311 de la pieza principal, con lo cual se desvirtúa el argumento sostenido por el amparista en el sentido de que no se le dio respuesta por parte del A-quo y mucho menos por el Ad-quem sobre la devolución de dicha cantidad.- CONSIDERANDO (6): Ya nos establece la norma procesal aplicable a las demandas de ejecución en materia laboral los articulo 779 al 783 del Código del Trabajo vigente y supletoriamente por analogía los artículos 809-824 del Código Procesal Civil y el manual Procesal Laboral, ver página 65 y 66, en los cuales nos establecen que una vez entablada la demanda ejecutiva laboral el demandado será requerido para que pague o consigne en el acto la cantidad adeudada haciéndole la prevención de que si no paga se le aseguraran bienes para asegurar el pago de lo debido y las costas de la ejecución, es así que aunque nuestra normativa laboral no nos hable expresamente sobre el acto de requerimiento al ejecutado no es menos cierto que el artículo 94 de la Constitución de la República establece que a nadie se le podrá imponer pena o sanción alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que se le haya impuesto por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente, por lo cual en aplicación de la norma constitucional es de vital importancia el requerimiento al ejecutado, en ese orden de ideas una vez realizado el requerimiento y el deudor no pagara o consignara en el acto, se procederá al embargo inmediato al embargo o secuestro de los bienes que garantizaran la obligación, situación esta que ha quedado evidenciada en la presente causa en la cual se ha constatado que el impetrante ha sido condenado al pago de la cantidad de Lps. 1,379,129.61 y que hasta la fecha solamente ha cancelado la cantidad de 761,350.19, pagos que se encuentran a folios 278, 285 al 287, quedando un remanente de Lps. 695.534.94, en base a lo cual ya el artículo 783 del Código del Trabajo vigente establece taxativamente que si el deudor pagara de inmediato o diere caución real que garantice el pago de forma satisfactoria para el juez, se decretara sin más trámite el desembargo, situación que no ha acontecido en el caso sub judice en virtud de que el amparista tiene pendiente la existencia de la obligación.- CONSIDERANDO (7): Que el derecho del trabajo se rige por una serie de principios en los que a diferencia de otras materias que busca como finalidad la protección al trabajador quien es el mas débil económicamente por lo que busca la protección del mismo, esta protección se materializa con la correcta aplicación de las leyes a los casos concretos, en tal sentido nos encontramos frente al principio protectorio en la cual tiene como finalidad equilibrar las desigualdades existentes entre el patrono y el trabajador, la cual consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador para equilibrar las desigualdades de carácter social, económico y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador, de este principio de desprenden tres reglas fundamentales como lo son: el in dubio pro operario, la norma mas favorable y la condición mas beneficiosa, es en tal sentido que esta sala no ha vislumbrado ninguna violación al debido proceso, razón por la cual esta sala considera que la resolución recurrida no ha violentado ningún derecho pues la misma es clara y concisa, puesto que en materia laboral es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador, garantizando de igual manera los derechos del patrono que le otorga La Constitución y las demás leyes.- CONSIDERANDO (8): El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso, cuna sentencia de fondo, es decir razonable, congruente, justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la República y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio del motivo de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados.- CONSIDERANDO (9): Que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en Amparo y en virtud de no observar violación alguna al debido proceso. En consecuencia, considera que no debe de otorgarse la garantía constitucional de amparo.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 56, 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional;789 al 783 Código del Trabajo Vigente 809 al 824 del Código Procesal Civil: FALLA: DENIEGA la garantía de amparo presentada por el Abogado el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), que Confirmo la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por la señora MARIA DESIDERA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0859-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), que Confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por la señora MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- Estima la recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en el Artículo 90 de la Constitución de la Republica.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil doce (2012), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, la abogada MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, interponiendo demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la supuesta justa causa de despido, en caso que no pruebe que la causa o motivo invocado es legal y justa que se condene al reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones que al momento del despido, ajuste salarial adeudado, bonificaciones, salarios dejados de percibir.- (Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado)- 2) Que el referido Juzgado en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), Resuelve: Declarar SIN LUGAR SIN LUGAR EL DESEMBARGO SOLICITADO, por el representante procesal demandado, en vista que consta que la parte demandante no acepta el pago depositado en su cuenta bancaria por la empresa demandada, por considerarlo incompleto. En relación a la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, DECLARESE SIN LUGAR LA MISMA, en vista que consta en el documento presentado como TRANSFERENCIA BANCARIA que la misma fue realizada hasta el 09 de mayo del 2016, es decir, posterior a la fecha del embargo, por lo cual el mismo está apegado a derecho puesto que la empresa demandada no había horrado la deuda con la demandante. Asimismo, en relación a la nulidad planteada el compareciente ejerció su derecho de interponer recurso mismo que fueron admitidos en efecto devolutivo, en lo cual no suspende la ejecución de las presentes diligencias...” (Folio 259 al 260 de la pieza del Juzgado)- 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado HENRY LANZA FONSECA, en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, accionando como representante procesal de la parte demandada.- 2.- CONFIRMANDO: la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, que corre agregada a folio 22 de la pieza compulsada , en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA , por intermedio de su representante y Gerente General, el señor EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO…” (Folios 35 al 37 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) EL Recurrente abogado HENRY LANZA FONSECA, compareció ante este Tribunal, en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), violenta en perjuicio de su representado, el Artículo 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 26 de la pieza de amparo)- 5) Que con fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias traídas a esta Sala, se observa y por el cual se está solicitando la garantía Constitucional de Amparo, tiene su origen según acción de amparo interpuesta en fecha 07 de septiembre del año 2016 por el abogado HENRY LANZA FONSECA, quien actúa en su condición de apoderado legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), que Confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por la señora MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- Estima la recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que de los antecedentes que se desprenden de la presente acción establece el impetrante, que los hechos nacen o tienen su origen en fecha 25 de mayo del 2016, momento en el cual se presentó por parte del impetrante comparecencia en la cual se acompañó copia de la transferencia bancaria realizada en una cuenta a favor de la demandante MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, por un monto de Lps 956,209.50, con la cual se acredita según el impetrante que ya se había cumplido con los valores en concepto de salarios dejados de percibir, en consecuencia, se solicitó se procediera a DECRETAR EL DESEMBARGO, por consumo de energía eléctrica el cual fuere practicado a la Empresa UNICOMER, lo anterior basado en los artículos 809,816,823,847 del Código Procesal Civil, así mismo se pronuncia el recurrente estableciendo que el demandante ya ha utilizado el dinero ya que han transcurrido más de cuatro meses sin que el apoderado legal demandante no se haya pronunciado al respecto ante el juzgado, razón por la cual se solicitó que se librara oficio al banco FICOHSA S.A a fin de que le sea proporcionado a este tribunal el movimiento financiero así como todo el historia bancario de la cuenta 000000200002995769 del BANCO FICOHSA a nombre de la demandante MARIA DESIDERIA ROBLES MALDONADO, el cual la señora juez no se pronuncio sobre lo solicitado, ni mucho menos la Corte de Apelaciones, razón por la cual considera la recurrente se le ha violentado la garantía del debido proceso. En tal sentido considera el amparista que el hecho de no acceder el A-quo y el Ad-quem a la reducción o modificación del embargo y al no haber pronunciamiento sobre los solicitado en el recurso de apelación ni en la resolución de primera instancia lo mismo se vuelve violatorio del debido proceso.- CONSIDERANDO (4): en fecha 28 de junio del 2017 se le dio traslado al ministerio publico a efectos de que emitiera su dictamen el cual en fecha 29 de junio del 2017, fue devuelto y en su opinión la agente fiscal es del parecer que NO SE OTORGUE el amparo solicitado por no vislumbrarse violación alguna al precepto constitucional invocado como violentado.- CONSIDERANDO (5): Que del análisis y la revisión realizada por esta Sala al caso sub judice se ha constatado que según los agravios expresados por el amparista en el cual se manifiesta que el fallo proferido por el Ad-quem violenta el precepto constitucional del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Carta Magna, por considerar el amparista que su representada solicitó el desembargo en virtud de haber realizado el depósito a la parte demandada por la cantidad de Lps. 956,209.50, más un cheque consignado por la cantidad de Lps.367,608.21, consignado por la empresa UNICOMER, por lo cual solo estaría pendiente de consignar la cantidad de Lps. 55,311.90, por la cual debería de ser la modificación del embargo, por lo cual el embargo debería de ser únicamente referente al total de lo adeudado en aplicación al artículo 823 del código procesal civil. Es así, que al hacer una revisión al caso sub judice, se constata que los agravios formulados por el amparista no son congruentes en virtud de que corre a folio 288 y 289 de la pieza principal que el valor de Lps. 956,209.50, fue devuelto mediante cheque de caja y tal como lo ordenaba la resolución de fecha 21 de junio del año 2016 la cual fue recurrida por el amparista y en la cual considera se le violento el debido proceso, situación esta que queda desvirtuada al observar esta sala la resolución en la cual se ordena a la demandante la devolución de la cantidad de dinero depositada en la cuenta personal de la demandante mediante cheque, de igual manera queda acreditado que a folio 290 el A-quo ordena al receptor del despacho requerir al demandado para que retire el cheque consignado acción esta que se ve materializad en fecha 22 de septiembre del 2016 y que corre agregada a folio 311 de la pieza principal, con lo cual se desvirtúa el argumento sostenido por el amparista en el sentido de que no se le dio respuesta por parte del A-quo y mucho menos por el Ad-quem sobre la devolución de dicha cantidad.- CONSIDERANDO (6): Ya nos establece la norma procesal aplicable a las demandas de ejecución en materia laboral los articulo 779 al 783 del Código del Trabajo vigente y supletoriamente por analogía los artículos 809-824 del Código Procesal Civil y el manual Procesal Laboral, ver página 65 y 66, en los cuales nos establecen que una vez entablada la demanda ejecutiva laboral el demandado será requerido para que pague o consigne en el acto la cantidad adeudada haciéndole la prevención de que si no paga se le aseguraran bienes para asegurar el pago de lo debido y las costas de la ejecución, es así que aunque nuestra normativa laboral no nos hable expresamente sobre el acto de requerimiento al ejecutado no es menos cierto que el artículo 94 de la Constitución de la República establece que a nadie se le podrá imponer pena o sanción alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que se le haya impuesto por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente, por lo cual en aplicación de la norma constitucional es de vital importancia el requerimiento al ejecutado, en ese orden de ideas una vez realizado el requerimiento y el deudor no pagara o consignara en el acto, se procederá al embargo inmediato al embargo o secuestro de los bienes que garantizaran la obligación, situación esta que ha quedado evidenciada en la presente causa en la cual se ha constatado que el impetrante ha sido condenado al pago de la cantidad de Lps. 1,379,129.61 y que hasta la fecha solamente ha cancelado la cantidad de 761,350.19, pagos que se encuentran a folios 278, 285 al 287, quedando un remanente de Lps. 695.534.94, en base a lo cual ya el artículo 783 del Código del Trabajo vigente establece taxativamente que si el deudor pagara de inmediato o diere caución real que garantice el pago de forma satisfactoria para el juez, se decretara sin más trámite el desembargo, situación que no ha acontecido en el caso sub judice en virtud de que el amparista tiene pendiente la existencia de la obligación.- CONSIDERANDO (7): Que el derecho del trabajo se rige por una serie de principios en los que a diferencia de otras materias que busca como finalidad la protección al trabajador quien es el mas débil económicamente por lo que busca la protección del mismo, esta protección se materializa con la correcta aplicación de las leyes a los casos concretos, en tal sentido nos encontramos frente al principio protectorio en la cual tiene como finalidad equilibrar las desigualdades existentes entre el patrono y el trabajador, la cual consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador para equilibrar las desigualdades de carácter social, económico y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador, de este principio de desprenden tres reglas fundamentales como lo son: el in dubio pro operario, la norma mas favorable y la condición mas beneficiosa, es en tal sentido que esta sala no ha vislumbrado ninguna violación al debido proceso, razón por la cual esta sala considera que la resolución recurrida no ha violentado ningún derecho pues la misma es clara y concisa, puesto que en materia laboral es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador, garantizando de igual manera los derechos del patrono que le otorga La Constitución y las demás leyes.- CONSIDERANDO (8): El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso, cuna sentencia de fondo, es decir razonable, congruente, justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la República y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio del motivo de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados.- CONSIDERANDO (9): Que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en Amparo y en virtud de no observar violación alguna al debido proceso. En consecuencia, considera que no debe de otorgarse la garantía constitucional de amparo.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 56, 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional;789 al 783 Código del Trabajo Vigente 809 al 824 del Código Procesal Civil: FALLA: DENIEGA la garantía de amparo presentada por el Abogado el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), que Confirmo la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por la señora MARIA DESIDERA ROBLES MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0859-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”