Sentencia AL-833-17 — Registro 9840
Resumen
Acción de amparo se desprende que el recurrente indica que la Alzada declaró desierto el recurso de apelación sin valorar la respectiva incapacidad médica que afirma presentó en tiempo y forma, motivo por el cual señala el reclamante que su representada ha sido dejada en indefensión al no permitírsele realizar sus alegatos y confirmar la resolución del A-quo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal"...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero del año dos mil dieciocho.-VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado ALVARO JOSÉ DURÓN ORELLANA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete, que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALVARO JOSÉ DURÓN ORELLANA, por su incomparecencia a la audiencia de alegaciones; con relación a la demanda laboral promovida por el señor RICARDO ANTONIO PINEDA GÓMEZ, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la acción de amparo se desprende que el recurrente indica que la Alzada declaró desierto el recurso de apelación sin valorar la respectiva incapacidad médica que afirma presentó en tiempo y forma, motivo por el cual señala el reclamante que su representada ha sido dejada en indefensión al no permitírsele realizar sus alegatos y confirmar la resolución del A-quo.-CONSIDERANDO: Que el recurrente señala en su escrito de interposición que con el acto denunciado se ha vulnerado el artículo 183 numeral dos de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y en especifico del acto reclamado se observa que la audiencia de alegaciones se llevó a cabo en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete, la cual se celebró con la única comparecencia de la parte demandante apelada quien solicitó en su momento, se declarara desierto el recurso de apelación en virtud de no haber comparecido el apelante Abogado ALVARO JOSÉ DURÓN ORELLANA, declarando por tal motivo el A-quem, desierto el recurso de apelación.-CONSIDERANDO: Que con el examen de la pieza del Ad-quem, éste alto Tribunal advierte que corre a folio once (11), el recibido de un escrito de incapacidad presentado por el reclamante en fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete, escrito que fue resuelto mediante auto de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil diecisiete, declarando sin lugar la solicitud ya relacionada.-CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal advierte que el reclamante ha omitido exponer en su escrito de interposición de qué manera el pronunciamiento del Ad-quem denunciado ha vulnerado los derechos que hoy pide sean restablecidos por éste alto Tribunal, toda vez que la incapacidad que indica el quejoso sobre la que debió pronunciarse la Alzada en el acto reclamado la presentó dos (02) días después de dictarse la resolución que denuncia, y sobre la cual la Corte de Apelaciones denunciada emitió su pronunciamiento en auto de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil diecisiete, como ha sido relacionado en los considerandos anteriores, no siendo posible por tal razón que el Ad-quem se pronunciara en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete, sobre la incapacidad en referencia, no lográndose determinar por lo ya expuesto el perjuicio que señala le fue ocasionado con el acto reclamado.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.-CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta.-CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso no planteó en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental.-CONSIDERANDO: Que es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que la recurrente no ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el RECURSO de amparo interpuesto por el Abogado ALVARO JOSÉ DURÓN ORELLANA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete, al advertirse que en el caso de autos ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, por lo que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda a certificar la misma y se proceda el archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0833-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL