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Sentencia AL-832-16 — Registro 9839

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la Republica.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que tales basas constitucionales han sido respetados en la sentencia que se examina, pues se funda la referida sentencia en el artículo 7 párrafo primero del Código de Trabajo, el cual facultaría al Juez de primera instancia la tutela del mandato solidario del patrono, tanto en lo que respecta al intermediario como al contratista, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores producto de la relación laboral, tal el presente caso. CONSIDERANDO (9): Que es parecer de esta Sala de lo Constitucional que tal interpretación judicial, no colisiona con los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, pues se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente; si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario, en el sentido se declarare con lugar el defecto procesal de falta de representación legal del demandado y el incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda, opuesto por el representante procesal de la parte demandada, ahora peticionaria de amparo. CONSIDERANDO (10): Que bajo los argumentos ilustrados por la Sala, se considera en forma concluyente que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), objeto de la presente acción de amparo, no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el derecho de defensa, el debido proceso y demás derechos y declaraciones constitucionales invocadas por el recurrente, en virtud de hacerse éstos efectivos al momento de recurrir el pretensor ante el órgano jurisdiccional competente, quien le dio trámite a su solicitud con las formalidades y derechos exigidos por la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, (A.M.D.C.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto del año dos mil dieciséis, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por los señores JOSE JOAQUIN VALLE FUNES, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERICKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ, JAVIER SOSA RIVERA, MARIA DE LA PAZ CERNA, EUFEMIA ESPINOZA GARCIA, JOSE ANTONIO IZAGUIRRE RODRIGUEZ, BESSY LORENA VALLADARES VALERIANO, ALTAGRACIA MARTINEZ GARCIA, KAREN YAMILETH PINEDA VALERIANO, AURELIA VALERIANO FLORES, GREGORIO AGUILERA AGUILERA, LUDYN MARIEL AGUILERA GARCIA, BLANCA ROSA SIERRA GOMEZ Y OTROS, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de apoderado legal de los señores JOSE JOAQUIN VALLE FUNES, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ, JAVIER SOSA RIVERA, MARIA DE LA PAZ CERNA, EUFEMIA ESPINOZA GARCIA, JOSE ANTONIO IZAGUIRRE RODRIGUEZ, BESSY LORENA VALLADARES VALERIANO, ALTAGRACIA MARTINEZ GARCIA, KAREN YAMILETH PINEDA VALERIANO, AURELIA VALERIANO FLORES, GREGORIO AGUILERA AGUILERA, LUDYN MARIEL AGUILERA GARCIA, BLANCA ROSA SIERRA GOMEZ Y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.). (Folio 01 al 13 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016), en el cual falló: 1) Declarar SIN LUGAR DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE REPRESENTACION LEGAL DEL DEMANDADO Y EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR DEL AUTO DE ADMISION DE LA DEMANDA opuesto por el representante procesal de la parte demandada y que corresponde a la Alcaldía Municipal de Distrito Central. (Folios 202 al 206 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), por medio de la cual, FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ANSELMO DOÑAS CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandada apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 20 de junio del año 2016. (Folios 47 al 50 de la segunda pieza de antecedentes).4) El recurrente Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, (A.M.D.C.), por considerar que la decisión del Ad-Quem, violenta en perjuicio de su representada, los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la Republica. Teniéndolo por formalizado en tiempo y forma en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), por intermedio del nuevo apoderado legal de la parte peticionaria, Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO. 5) Que con fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, quien fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la accion de amparo interpuesta, en virtud de no vislumbrarse violación a las garantías constitucionales señaladas por el garantista en su petición de amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de Alzada proferida en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR, por mayoría de votos, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su calidad de apoderado de la parte demandada apelante, como es la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de junio de dos mil dieciséis (2016); resolución que se fundamenta esencialmente en que, tras revisar el auto interlocutorio venido en apelación, se verifica que ya el artículo 7 del Código del Trabajo establece llana y expresamente el mandato solidario del patrono, tanto con el intermediario como con el contratista, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, siendo tan así que la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL en los mismos contratos establece en las cláusulas compromisorias la sanción impositiva de multa, referente a la deducción de salario el día que no asista el trabajador en funciones; por lo cual estima espuria la pretensión del demandando solidario de evadir, a través de un simulado microempresario, los derechos de los trabajadores en la Demanda Laboral instaurada por los señores JOSE JOAQUIN VALLE FUNES, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE y OTROS contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, según queda referido en el preámbulo de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que en sustanciación de la presente acción constitucional de amparo ha manifestado la parte garantista, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, que apoyan la tesis de que tal resolución vulneraría los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, al violentar las declaraciones y derechos allí contenidos en perjuicio de su representada. Lo anterior, en virtud de haber transgredido el marco jurídico del defecto procesal de falta de representación legal de la demandada, y por ende, la violación del artículo 450 del Código Procesal Civil, por lo cual se deja indefensa a su representada en actos jurídicos cuya responsabilidad compete únicamente a los Microempresarios que fueron demandados, según se desprende los contratos firmados entre éstos y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, específicamente a lo convenido en la cláusula séptima que establece los Microempresarios serán los únicos responsables del pago de las obligaciones laborales y sociales que se originen con las personas que contraten en aplicación del Código del Trabajo, asimismo por los daños que sufra el personal por él contratado, o cuando este personal, por acción u omisión, cause daños a terceros en sus bienes o personas y releva expresamente al contratante de toda responsabilidad; lo cual concatena el amparista con la transcripción del Decreto No. 135-2008, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” del 14 de enero de 2009 que establece el significado legal en su artículo 3 de lo que es la Microempresa, con relación a lo que establece el Reglamento de la Ley en su artículo 58, cuando establece que los servicios públicos municipales pueden ser prestados y administrados a través de concesiones otorgadas a particulares por contrato de conformidad a ley; marco jurídico en el cual ocurre la contratación que nos ocupa en el caso concreto. CONSIDERANDO (5): Que, en síntesis de su reclamación jurídica, continúa manifestando el amparista, que la Alcaldía Municipal del Distrito Central no deviene en la obligación de pagarle prestaciones laborales a los trabajadores de los Microempresarios, únicamente deviene obligada a devolver los valores netos retenidos por este concepto, para que el contratista proceda a hacer efectivo el pago de las prestaciones laborales que se adeuden a los trabajadores contratados para la limpieza de la ciudad y sus alrededores. Por todo lo cual solicita se otorgue amparo, en vista a que por el tenor de la resolución recurrida se estaría transgrediendo manifiestamente el derecho de su representada a la inviolabilidad del derecho de la defensa, al debido proceso, así como a los demás derechos constitucionales invocados por el amparista. CONSIDERANDO (6): Que para la Sala de lo Constitucional, vista que fue para sentencia la presente garantía constitucional, resulta acordada en compatibilidad de los derechos y garantías sociales estatuidos, inter alia, en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, dado que en ninguna parte de la resolución censurada se encuentra interpretación restrictiva o aplicación indebida de los preceptos constitucionales en mención, resultando más bien de una interpretación armónica de la legislación vigente, en compatibilidad a la jurisprudencia nacional establecida en desarrollo del principio pro persona[1] (también denominado pro operario en el derecho social y del trabajo).CONSIDERANDO (7): Que, en tal sentido, se tiene en cuenta para tal menester, que desde la fundación constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, este adopta posiciones dogmáticas que lo enmarcan en los valores y principios de cómo la sociedad se ve y se pretende perpetuar.[2] Por otra parte, que resulta pacífico en doctrina que tales valores y principios deberán interpretarse y aplicarse de manera que den cabida a la máxima realización de los principios en la sociedad y a la máxima irradiación de los valores; sin perjuicio del referente obligado en un Estado de Derecho, como es la sujeción al principio de legalidad, el cual vincula, por igual, tanto a gobernantes como gobernados.CONSIDERANDO (8): Que tales basas constitucionales han sido respetados en la sentencia que se examina, pues se funda la referida sentencia en el artículo 7 párrafo primero del Código de Trabajo, el cual facultaría al Juez de primera instancia la tutela del mandato solidario del patrono, tanto en lo que respecta al intermediario como al contratista, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores producto de la relación laboral, tal el presente caso. CONSIDERANDO (9): Que es parecer de esta Sala de lo Constitucional que tal interpretación judicial, no colisiona con los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, pues se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente; si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario, en el sentido se declarare con lugar el defecto procesal de falta de representación legal del demandado y el incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda, opuesto por el representante procesal de la parte demandada, ahora peticionaria de amparo. CONSIDERANDO (10): Que bajo los argumentos ilustrados por la Sala, se considera en forma concluyente que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), objeto de la presente acción de amparo, no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el derecho de defensa, el debido proceso y demás derechos y declaraciones constitucionales invocadas por el recurrente, en virtud de hacerse éstos efectivos al momento de recurrir el pretensor ante el órgano jurisdiccional competente, quien le dio trámite a su solicitud con las formalidades y derechos exigidos por la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018), certificación de la sentencia de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal con el número 0832=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Vid. Castañeda, Mireya. El Principio Pro Persona: Experiencias y perspectivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, 2014. Asequible en internet, en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_Principio_Pro_Persona_experiencias_y_perspectivas_libro_descargable.shtml

[2] Vid. Méndez Garita, W. Alberto. Elementos de teoría del Derecho, teoría del Estado y Derecho Constitucional: apuntes para la discusión académica. Editorial Juricentro, San José, C.R., 2013, p. 28.