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Sentencia AL-824-18 — Registro 13307

Resumen

Recurso de apelaciòn declarado sin lugar interpuesto contra solicitud de nulidad de actuaciones declaradas sin lugar e inadmisiòn de medios de prueba,demandas acumuladas a petición de parte demandada y que hoy recurre en amparo con relación a Demandas Sumarias Laborales para Despedir a Trabajadores Protegidos por Fuero Sindical, promovida por el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), de forma individual) contra recurrentes por existir justa causa para la aplicación de dicha sanción.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."6): Que seguido el procedimiento en respeto al debido proceso, se evacuaron la audiencias de medios probatorios y se señaló la audiencia que es CONTINUACION DE LA PRIMERA DE TRAMITE para el día 02 de marzo del 2018, la que tiene por objeto leer y notificar a los representantes procesales de las partes el Auto Interlocutorio que recaiga en el presente juicio, se desarrolla con la presencia de los representantes procesales, para decidir sobre el incidente planteado en la audiencia primera de trámite de fecha 29 de noviembre del 2017 donde las partes expresaron su respectivas defensas en lo relativo a la nulidad absoluta de actuaciones planteada por el representante de la parte demandada, el Juzgado resuelve, que la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016 de la pieza principal de autos y demás actuaciones procesales que compren hasta el folio 455 de los autos, opuesto por el representante procesal de la parte demandada en la línea jurisprudencial consistente y permanente se ha establecido que los principios que rigen las nulidades son entre otros, el principio de trascendencia que consiste en “quien alega la nulidad tiene que demostrar encontrarse perjudicado con el acto procesal viciado. El perjuicio debe ser cierto e irreparable, además que el acto viciado no pueda subsanarse sino es con la declaración de sanción de nulidad. Asimismo acreditara interés propio y especifico con la relación a su pedido y no basta afirmar que el acto procesal está viciado, pues el peticionante debe precisar en qué cosiste el perjuicio o agravio que le produce el acto cuestionado, además de precisar cuál es la defensa que no se pudo realizar como consecuencia del acto procesal viciado y en el caso concreto es evidente que no se ha violentado el derecho de defensa a ninguna de las partes durante el procedimiento judicial, en cuanto al debido proceso se han realizado las actuaciones de conformidad a la analogía aplicable en cuanto al juicio sumario, aplicando la normativa de única instancia regulado en el Código del Trabajo así como el principio de libertad establecido en el artículo 718 del Código del Trabajo, asimismo el artículo 516 del mismo cuerpo legal es aplicable a la presente controversia, establece y radica la competencia del despacho judicial por tanto no aplica el articulo 691 al caso de autos, no obstante las partes iniciaron un procedimiento bipartito establecido en la clausula 9 del Contrato Colectivo, según reuniones celebradas los días 12, 19 y 21 de enero del 2016, tal como consta en los folios del proceso del 12 al 19; del 132 al 145: del 212 al 225; del 315 al 327, y un oficio emitido por el Sindicato a folio 149 de autos y FALLA: I. Declarando Sin Lugar el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones opuesto por la parte demandada y II)Sin Costas en dicha instancia"

Legislación citada

  • Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 516 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."(12):Que al analizar los antecedentes del caso, así como las argumentaciones jurídicas de las partes y de juzgadores al motivar sus decisiones, la Sala concluye, que el tema a desagraviar es si el incidente de nulidad absoluta de actuaciones planteado por la parte demandada y que pide se suspenda la continuación del juicio y se proceda a declarar la no admisión de las demandas por la falta de requisitos y otros supuestos agravios señalados durante la audiencia primera de trámite y promueve el incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016, y por otro lado, el mismo recurrente expone en el recurso violación al debido proceso y derecho de defensa en la negación de admisión del medio de prueba documental informe de la Secretaria Adjunta y Reconocimiento Judicial Numero Tres.- CONSIDERNADO (13): En este sentido, el artículo 516 del Código de Trabajo establece que “Los trabajadores miembros de la Junta Directiva de una organización Sindical desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente. Esta disposición solo es aplicable a la Junta directa Central, cuando los sindicatos están organizados en secciones y subsecciones. La violación…”. Se deduce entonces la aplicación del artículo anteriormente relacionado, por cuanto se está solicitando ante la autoridad competente, es decir, ante el Juzgado de Letras del Trabajo facultado por ley, la autorización para dar por terminada la relación laboral entre el demandante y los demandados, para lo cual se han instado las demandas a título personal y que fueron acumuladas a petición de la parte demandada y que hoy recurre en amparo. Siendo así, la Alzada como se aprecia de autos, ha dado una respuesta categórica al amparista, el por qué no procede la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, y le hace ver que no está comprendido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 212 del Código Procesal Civil, por tanto, en cuanto a este motivo no se le han vulnerado los derechos de defensa y debido proceso al suplicante.- CONSIDERANDO (14): Que el artículo 731 del Código de Trabajo expresa, que el Juez podrá en providencia motivada, rechazará las pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. Se observa en la sentencia recurrida que el Ad-Quem establece en la motivación del fallo, que el medio de prueba documental denominado informe de la Secretaria Adjunta propuesto, debe ser valorado en la sentencia definitiva, implica que no le fue rechazado, sino mas bien, que será considerado y valorado en el momento procesal oportuno es decir, al momento de emitirse la respectiva sentencia; en cuanto al medio de prueba reconocimiento judicial número tres, considerado impertinente, es una facultad amplia que ostenta la juez en la dirección del proceso, de tal forma que garantice su rápido adelantamiento sin perjuicio de la defensa de las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, y al analizar concluye, que el medio por el cual se recurre es impertinente, pues éste no tiene relación directa o indirecta con el objeto del debate; por lo tanto, el no admitir uno de los medios de prueba y pronunciarse que el otro medio probatorio será valorado al momento de dictar la sentencia definitiva, no hace, sino apreciar concretamente, que no se están vulnerado las garantías constitucionales imploradas por el recurrente, se refleja en las piezas del juicio, que toda la actividad procesal desplegada durante el procedimiento de Única Instancia se encuentra enmarcada dentro de la ley laboral y supletoriamente por el Código Procesal Civil en lo que cabe.- CONSIDERANDO (15): Esta Sala, haciendo suyo el principio de la Supremacía Constitucional cuyo afianzamiento descansa en el poder atribuido a los jueces para controlar la constitucionalidad de los actos del Estado para asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, valora en el caso sub judice traído a este Alto Tribunal, que el acto en reclamo y que el impetrante alega quebrantamiento de derechos en cuanto al debido proceso y derecho de defensa contra el fallo recurrido; estima la Sala, que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán no vulnera los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, que las motivaciones factico jurídicas de la sentencia están encuadradas en la aplicación de las normas concretas en materia laboral y supletoriamente del Código Procesal Civil, el fallo está revestido de razonamiento lógico y fundamentado en derecho, garantizando los derechos de las partes en el proceso. Estrictamente, desde la perspectiva constitucional y en atención al objeto y competencia de la Ley Sobre Justicia Constitucional, garante de los derechos fundamentales, entre otros, el derecho de defensa y al debido proceso. Se concluye entonces, que al no haber evidencia de quebramiento de normas constitucionales, esta Sala es del parecer por las razones expuestas, que se denieguen los amparos presentados"

Legislación citada

  • Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 516 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 731 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por el abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGA, a favor de los señores OSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA, registrados en esta Sala, bajo los números de expediente 0824-2018 y 0838-2018; ambos contra la Sentencias dictadas por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos contra las Sentencia Interlocutoria de fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y la Resolución de fecha doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), respectivamente, ambas dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la Demandas Sumarias Laborales para el Despedir a Trabajadores Protegidos por Fuero Sindical, promovida por el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), en contra (de forma individual) de los señores OSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQ UEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de sus representados, los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA),en fecha doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), interponiendo las Demandas Sumarias Laborales para el Despedir a Trabajadores Protegidos por Fuero Sindical, en contra de los señores OSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA, solicitando que se dicte sentencia definitiva, en la que se autorice al demandante despedir a dichos trabajadores, por existir justa causa para la aplicación de dicha sanción.(Folios del 1–386del Tomo I de los antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017), compareció el abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE, presentando Solicitud de Acumulación de Procesos, a lo que el citado Juzgado, en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), dispuso acumular los siguientes procesos N.º0801-2016-00203-LTO al0801-2016–00213–LTO, al apreciarse que se encuentran en el mismo estado procesal, siendo lo procedente para efectos de que constituyan un solo juicio y terminen en una sola sentencia, manteniendo la continuidad y unidad de la causa. (Folios del 394–404del Tomo I de los antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que continuando con la Audiencia Primera de Tramite, que comenzó en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el mencionado Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC)“I.- Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR DEL FOLIO 10 QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016 DE LA PIEZA PRINCIPAL DE AUTOS Y DEMAS ACTUACIONES PROCESALES QUE COMPRENDE HASTA EL FOLIO 455 DE LOS AUTOS opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada; contra la DEMANDA SUMARIA LABORAL PARA QUE SE AUTORICE DESPEDIR JUSTIFICADAMENTE A UN TRABAJADOR QUE GOZA DE LA PROTECCION ESPECIAL DE ESTADO POR SER MIEMBRO DIRECTIVO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS) QUE POR ANOLOGIA SE ADOPTE EL PROCESO DE UNICA INSTANCIA; instaurada por el ABOGADO FERNANDO PUERTO CASTRO en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) contra los Señores: OSCAR ARMANDO GARCIA MORAN; MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES; JOSE OVIDIO SUAZO SIAZ, CESAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE; ISRAEL MURILLO; PORFIRIO SIERRA CARDONA; ALEJANDRO ENRIQUE BENAVIDEZ DOMINGUEZ, ERICK ENRIQUE TREJO; LORENA YAMILETH GOMEZ VELASQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA y JOSE DE JESUS ROMERO MUNGUIA. II.- SIN COSTAS: En esta instancia.”(Folios 963–981del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes)

  1. Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por elabogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado legal delos demandantes,la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, actuando en su condición de apoderado-apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 02 de marzo del año 2018, que corre a folios del 62 al 80 de la pieza compulsada.-” (Folios 105–108 de la Pieza contentiva del Recurso de Apelación no. 12078)- 5) Que seguido el trámite legal correspondiente, el referido Juzgado continuó la celebración de la Audiencia Primera de Trámite, en fecha doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), en dónde Resolvió: (SIC)“Admítase el medio de prueba DOCUMENTAL consistente en los documentos que corren agregados a folios … de los autos y los documentos que se presentan en este acto los cuales se tienen por agregados y practicados; En cuanto al medio de prueba INFORME DE LA SECRETARIA ADJUNTA el mismo se declara SIN LUGAR en virtud que será la suscrita al momento de dictar la sentencia definitiva que en derecho corresponda que determinara si existe o no la prescripción alegada, asimismo corresponde a los representantes procesales de las partes probar los hechos alegados. Admítase el medio de prueba DOCUMENTAL VIA OFICIO NUMERO UNO Y NUMERO DOS para lo cual que la secretaria del despacho libre atento oficio a la institución demandada. Admítase el medio de prueba TESTIFICAL el cual practicara en el momento procesal oportuno haciendo la advertencia al apoderado demandado de hacer llegar a sus testigos a la audiencia que a efecto se señala puntualmente en el día y hora señalados so-pena de preclusión. Admítase el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO UNO únicamente se admiten la constatación no así el de agregar documentos y NUMERO DOS mismo que se aprueba en todos sus literales y se evacuara oportunamente. En cuanto al medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO TRES el mismo se RECHAZA en virtud de la consideración de la suscrita es un medio de prueba impertinente.”(Folios 982–990del Tomo III de la Primera Pieza de los antecedentes)- 6) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por elabogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado legal delos demandantes, la citada Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha doce de abril del año dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, y recaído en la negación de admisión del medio de prueba DOCUMENTAL INFORME DE LA SECRETARIA ADJUNTA Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO TRES propuestos por el representante procesal demandante, en la DEMANDA SUMARIA LABORAL PARA QUE SE AUTORICE DESEDIR JUSTIFICADAMENTE A UN TRABAJADOR QUE GOZA DE LA PROTECCION ESPECIAL DEL ESTADO POR SER MIEMBRO DIRECTIVO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), QUE POR ANOLOGIA SE ADOPTE EL PROCESO DE UNICA INSTANCIA, COSTAS DEL JUICIO, promovida por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO contra el señor OSCAR ARMANDO GARCIA MORAN.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.-” (Folios 110–114 de la Pieza contentiva del Recurso de Apelación no. 12079)- 7) Que compareció ante la Secretaria de la Sala Constitucional el abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, interponiendo Recurso de Amparo, a favor de los señoresOSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA, en fechas treinta y uno (31) de octubre, y siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), respectivamente,quedando dichos recursos, registrados en la Sala bajo los números de expedientes0824-2018 y 0838-2018;ambos, contra las Sentencias de fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que se dejan relacionadas en los numerales4 y 6,por considerar que las mismas son violatorias, en perjuicio de sus representados, de losderechos dispuestos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.(Folios del 1–9 y 16-23 del Presente Recurso)- 8) Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC)“… al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, es procedente su acumulación para producir una sola sentencia y así mantener la unidad y continencia de la causa. Asimismo, remitidos que han sido los antecedentes en el presente Recurso de Amparo, sígase con la substanciación del mismo, concédase vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalice su petición por escrito.”(Folio 38 del Presente Recurso).- 9) Que en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y se ordena a dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que en cuarenta y ocho (48) horas, emita su dictamen, de conformidad a lo establecido por el artículo 34 y 36 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 65 del Presente Recurso)- 10) Que en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que se Denieguen las acciones de amparo solicitadas, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios77–84 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional mediante proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, una vez visto los antecedentes contentivos de de dos Recursos de Amparo promovidos por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas a favor de los señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres, José Ovidio Suazo Díaz, Cesar Augusto Castellanos Duarte y Otros ambos recursos contra las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán ambas de fecha doce (12)de septiembre del dos mil dieciocho (2018), en las que se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha dos(2) de marzo y doce (12)de abril del dos mil dieciocho (2018), relativos a las demandas sumarias acumuladas para que se autorice despedir justificadamente a trabajadores que gozan de protección especial del Estado por ser miembros directivos de un sindicato, promovidas por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, disponiendo la Sala una vez analizados, su acumulación, porque las acciones intentadas se dirigen contra el mismo acto y que se produzca una sola sentencia para mantener la unidad y continencia de la causa, registrados bajo expedientes Nos.SCO-824 y 838-2018.- CONSIDERANDO(4):Que el amparista expone en la interposición de ambos recursos la vulneración de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90, 183, 313 numeral 5 de la Carta Magna y expone como motivos lo siguiente: 1)Que en fecha 12 de febrero del 2016 compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán el abogado Fernando Puerto Castro, en su condición de apoderado de la empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) presentando por separado once demandas sumarias laborales para que se autorice despedir justificadamente a un trabajador que goza de la protección especial del Estado por ser miembro directivo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del SANAA Y Similares, promovida individualmente contra los señores Oscar Armando García Moran y Otros, según expedientes Nos. “203-2016, 204-2016…” invocando como causal “que los trabajadores demandados en su condición de directivos sindicales convocaron y celebraron los días 14, 16 y 17 de diciembre del 2015, una asamblea informativa”, es decir, graves actos de promoción de reiteradas intempestivas suspensiones de labores, excitativas para que otros trabajadores participaran en acciones de suspensión intempestiva. 2) Que las demandas fueron admitidas a trámite con falta de legitimación activa de la patronal demandante (SANAA) para presentar dichas demandas sumarias para obtener la autorización para despedir a trabajadores directivos sindicales, lo cual es un error procesal, porque el patrón no presento el requisito Sine Qua Non de acreditar la resolución administrativa de declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (Articulo 570), a partir de declarada la ilegalidad de una suspensión del trabajo, el patrono queda en libertad para despedir por tal motivo al trabajador que intervino o participó en ella (Articulo 571). En el caso concreto el patrono actuó con notoria falta de legitimación activa para ejercitar la presentación de las demandas sumarias de merito. Asimismo, no se agotó el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente, se violó contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente en el SANAA que marca el procedimiento a seguir, los demandados gozan de permiso o licencia para dedicarse a tiempo completo a la actividad sindical, desligados totalmente de su trabajo en el SANAA. 3) Que en la audiencia denominada Primera de Tramite del 29 de noviembre del 2017, que corresponde más bien al proceso ordinario laboral, interpone Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del auto de fecha 17 de febrero del 2016 y demás actuaciones hasta el folio 455 de los autos de la pieza principal de primera instancia, por las violaciones procesales al debido proceso y derecho a la defensa, violaciones a los convenios 87, 95 y 98 ratificados por Honduras con la Organización Internacional del Trabajo referidos a los principios del derecho de sindicación, libertad sindical y negociación colectiva, específicamente en el expediente SCO-0824-2018. 4) Que en la Acción de Amparo promovida por el mismo impetrante, registrado bajo el No.SCO-0838-2018, recurre bajo los mismos antecedentes del proceso de la demanda incoada por el Sistema Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados –SANAA- contra los mismos trabajadores ya señalados en los considerandos que anteceden, motivando como violentada las garantías constitucionales del derecho de defensa y al debido proceso, motivando que en la misma fecha de 12 de abril del 2018, en la Audiencia de continuación de Primera de Trámite, se le negó la admisión de dos medios de prueba, como ser un informe que debe haber rendido la Secretaria del Despacho a efecto de computar términos de manera operativa, mediante operaciones aritméticas, y el otro medio de prueba denominado reconocimiento judicial a fin de constatar en el sistema de computo del Bufete Romero y Asociados los correos electrónicos de documentos existentes de una propuesta de arreglo para retirar estas demandas, que enviara el abogado Fernando Puerto Castro y referidos al Bufete Romero y Asociados, documento que debería constatarse en físico, donde se refleja que el apoderado legal demandante reconoce los ahora demandados no han cometido ningún tipo de faltas.- CONSIDERANDO (5): Que efectivamente el Jugado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán una vez admitidas las demandas y acumuladas a petición de parte y contestadas que fueron las mismas, para conocer en Única Instancia, se continuó con el procedimiento laboral enmarcado en ley, señalando audiencia Primera de Tramite, posteriormente señala la de Continuación de la Primera de Tramite para el dia 29 de noviembre del 2017, que tenía por objeto aclaración y enmienda a lo que había opuesto el representante procesal de la parte demandada, asimismo, que los representante procesales de las partes harían uso de los derechos que la ley les confiere. Que habiendo comparecido ambas partes, el Juzgado tuvo por contestada y aclarada la enmienda por parte del represente procesal de la parte demandante y opuesto por la parte demandada y que con los medios de prueba que se aporten al proceso por las partes procesales se valorará lo expresado. Que es en ese momento procesal de la audiencia el representante procesal de la parte demandada interpone Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016 de la pieza principal y demás actuaciones procesales de la pieza principal que comprende hasta el folio 455 de autos, denunciando además violaciones procesales del debido proceso y derecho a la defensa por autos insubsanables y solicita que se declare la inadmisión de las demandas por falta de los requisitos que ordena el articulo 426 numeral 1 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por lo siguiente: a) Por falta de competencia objetiva; b)… c)… d)… f)… g)… h)… i)… y j)…” que para probar propone los medios de prueba siguientes para su admisibilidad, I)… II)…III)… el Juzgado resolvió “tener por opuesto el incidente de nulidad planteado por la parte demandada y por admitidos los medios de prueba propuestos”. Cedida la palabra al representante procesal demandante para que se pronuncie sobre el incidente planteado, expuso que lo rechaza categóricamente y expresa los motivos, propone una serie de medios de prueba de los que se hará valer y seguidamente cedida la palabra al representante procesal demandado por haberlo solicito, se manifiesta que de todos los medios de prueba propuestos por el demandante, de la a) a la z) solo se aceptan la a)… y de la b) a z) en la sentencia incidental deberá declararse que los medios de prueba son inválidos por superfluos ……” Y el Juzgado resuelve: que se tenga como opuesta la oposición al medio de prueba documental por parte del representante procesal de la parte demandada y que es potestad del juez admitir o rechazar los medios de prueba que a su criterio considere pertinentes, pero el juez le dará el valor probatorio que proceda al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda, y teniendo por admitido el incidente de nulidad absoluta de actuaciones presentado por la parte demandada el que se decidirá en auto interlocutorio, indicando en dicha audiencia la práctica de medios de prueba propuestos por las partes señalando las audiencias respectivas para la evacuación de los medios señalados.- CONSIDERANDO (6): Que seguido el procedimiento en respeto al debido proceso, se evacuaron la audiencias de medios probatorios y se señaló la audiencia que es CONTINUACION DE LA PRIMERA DE TRAMITE para el día 02 de marzo del 2018, la que tiene por objeto leer y notificar a los representantes procesales de las partes el Auto Interlocutorio que recaiga en el presente juicio, se desarrolla con la presencia de los representantes procesales, para decidir sobre el incidente planteado en la audiencia primera de trámite de fecha 29 de noviembre del 2017 donde las partes expresaron su respectivas defensas en lo relativo a la nulidad absoluta de actuaciones planteada por el representante de la parte demandada, el Juzgado resuelve, que la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016 de la pieza principal de autos y demás actuaciones procesales que compren hasta el folio 455 de los autos, opuesto por el representante procesal de la parte demandada en la línea jurisprudencial consistente y permanente se ha establecido que los principios que rigen las nulidades son entre otros, el principio de trascendencia que consiste en “quien alega la nulidad tiene que demostrar encontrarse perjudicado con el acto procesal viciado. El perjuicio debe ser cierto e irreparable, además que el acto viciado no pueda subsanarse sino es con la declaración de sanción de nulidad. Asimismo acreditara interés propio y especifico con la relación a su pedido y no basta afirmar que el acto procesal está viciado, pues el peticionante debe precisar en qué cosiste el perjuicio o agravio que le produce el acto cuestionado, además de precisar cuál es la defensa que no se pudo realizar como consecuencia del acto procesal viciado y en el caso concreto es evidente que no se ha violentado el derecho de defensa a ninguna de las partes durante el procedimiento judicial, en cuanto al debido proceso se han realizado las actuaciones de conformidad a la analogía aplicable en cuanto al juicio sumario, aplicando la normativa de única instancia regulado en el Código del Trabajo así como el principio de libertad establecido en el artículo 718 del Código del Trabajo, asimismo el artículo 516 del mismo cuerpo legal es aplicable a la presente controversia, establece y radica la competencia del despacho judicial por tanto no aplica el articulo 691 al caso de autos, no obstante las partes iniciaron un procedimiento bipartito establecido en la clausula 9 del Contrato Colectivo, según reuniones celebradas los días 12, 19 y 21 de enero del 2016, tal como consta en los folios del proceso del 12 al 19; del 132 al 145: del 212 al 225; del 315 al 327, y un oficio emitido por el Sindicato a folio 149 de autos y FALLA: I. Declarando Sin Lugar el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones opuesto por la parte demandada y II)Sin Costas en dicha instancia.- CONSIDERANDO (7): Que no estando conforme la parte demandada y que representa a los trabajadores del Sindicato del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAAYS) con lo resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento, expresa que lo resuelto no se encuentra conforme a derecho por infringir normas y garantías procesales del debido proceso y el derecho a la defensa, e interpone el recurso de reposición y subsidiariamente apelación, denegada la reposición se le admite el de apelación en efecto devolutivo, a fin que comparezca ante la Corte de Apelaciones del Trabajo.- CONSIDERADO (8): Que a folio 98 de la Pieza de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, del expediente No.12078, en fecha 7 de agosto del 2018 a las 2:30 p.m. día y hora para la audiencia de alegaciones compareció el representante procesal apelante quien expreso alegaciones contra el auto de fecha 2 de marzo del 2018 emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, manifestando evidente violación al principio de legalidad procesal, falta de motivación y exhaustividad, quebrantado la garantía del debido proceso y derecho a la defensa, cuyo procedimiento y acumulación de las demandas se efectuó sin seguir un procedimiento uniforme y antes de ser acumuladas se iniciaron bajo procedimiento sumario ya derogado del Código de Procedimientos Civiles de 1906 y otras con el procedimiento ordinario una contracción a lo que ordena el Código de Trabajo de esta instancia lo cual fueron admitidas en otros plazos y otros errores procesales que el juez conocedor se ha negado a anular en estos procesos, constando de autos las demandas sumarias acumuladas indebidamente promovidas por el SANAA contra los señores Oscar Armando García Moran y otros bajo los números 203-16 a la cuales se acumularon las demás, promovida sor le SANAA en contra de los señores Oscar Armando García Morazán y otros, de lo que se formuló en tiempo y forma la nulidad a partir del folio 10 y de manera individual hasta el folio 455 de la pieza principal y se manifiesta de cada uno de los expedientes de las demandas presentadas y el procedimiento incoado en el Juzgado, expresando que unas fueron admitidas en proceso ordinario y a otras se les concedió tres días para contestar, por lo que no procedía su acumulación y haber sido admitidas sin los requisitos legales y apartándose del proceso de única instancia y que al momento de ser sancionados no se encontraban laborando para el SANAA por ejercer cargos de elección sindical y no constar que la declaratoria de ilegalidad de supuesta suspensión alegada por el SANAA haya sido declara por la única entidad competente Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, artículos 570 y 571 del Código de Trabajo, así como la clausula 27 del Contrato Colectivo lo establece que las demandantes gozan de permiso sindical para dedicarse a tiempo completo a sus actividades sindicales y por ende relevada la relación laboral con el patrono razón suficiente para revocar el auto interlocutorio. Que posteriormente el representante procesal de la parte demandada formulo sus alegaciones, señalando que el auto interlocutorio según la parte apelante no está ajustado a derecho, porque el tribunal realizo una acumulación errónea, de un total de 11 expedientes, alegato que no tiene razón porque fue la misma parte de los demandados que se persono en juicio y solicito la acumulación, por lo que no puede ahora censurar dichos actos procesales, se censura porque fueron admitidos como juicios ordinarios algunos y otros sumariamente, pero ninguna de las partes interpuso algún defecto procesal denunciando la falta de adecuación del proceso acción que ahora es de carácter firme, la parte apelante se persono solicito acumulación y que se le citara y emplazara, y en la contestación de la demanda no promovió excepción alguna tampoco en la audiencia sobre adecuación de proceso. Sobre el agotamiento del tramite gubernativo que establece el artículo 690 de Trabajo, manifiesta que el Juzgado emitió auto obligando a mi representada acreditar acta de cierre de diligencias, lo que no es cierto, el auto obligaba a acreditar el agotamiento gubernativo o reglamentario, de lo que arguyo que mi representada no siguió el procedimiento interno, sin embargo debo decir que eso es motivo de estudio de fondo del juicio y no de previo y especial pronunciamiento, otra argumentación es que mi representada tenía que agotar tramite gubernativo, olvidando que los demandados son personas naturales y que no tenia facultades para despedir personal contraviniendo disposiciones de orden publico establecido en el articulo 112 y 516 del Código de Trabajo. Asimismo, entre otros agravios expresa que los actos procesales son anulables cuando han causado indefensión lo que no se ha dado en dicho proceso.- CONSIDERANDO (9): Que a folio 104 de la Pieza de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, del expediente No.12079, en fecha 8 de agosto del 2018 a las 8:30 p.m. día y hora para la audiencia de alegaciones compareció el representante procesal apelante quien expreso alegaciones contra el auto de fecha 12 de abril del 2018 emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, expresando sus agravios en el sentido que el Juez A-Quo rechazo el medio de prueba documental consistente en un informe que debía emitir la secretaria adjunta de la juzgadora inferior y el medio de prueba reconocimiento judicial numero 3 practicarse en las oficinas del Bufete Romero y Asociados propuestos como parte demandada, lo que atenta contra el derecho de defensa de mis representados, con el medio de prueba reconocimiento judicial se pretende acredita las platicas mantenidas entre ambas partes procesales, donde las la parte demandante hace saber a ms representados de desistir de las demandas en el juzgado inferior a cambio de una sanción, por lo cual se pidió el reconocimiento judicial para constatar ese extremo, sin embargo la juez lo rechaza diciendo que es impertinente sin sustentar el motivo, lo que violenta el principio de legalidad, lo que provoca una situación de indefensión a mis representados, solicitando que se declare con lugar el recurso. Por su parte el representante procesal apelado, expresando que es atribución de la juez admitir o rechazar medios de prueba que considere conducentes o no en determinada causa, facultad que le da el artículo 731 del Código de Trabajo, si le causa agravios al apelante la no admisión de dos medios de prueba, el primero que tenía como propósito que a secretaria del Juzgado emitiera una valoración del fondo del asunto específicamente para que se pronunciara si la acción para interponer la demanda le había prescrito o no a mi representada, facultad que es únicamente atribuible a los jueces del trabajo y que no pueden delegar en un secretario, el segundo medio de prueba reconocimiento judicial para que la Juez se persona a un despacho de abogados que representa a los demandados y que se cotejara en la computadora la existencia de documentos que se imprimieran y que la secretaria del juzgado los autenticara, la constatar la existencia de un documento elaborado por el suscrito, y solicita se declare sin lugar el recurso de apelación.- CONSIDERANDO (10): Que el Tribunal de Alzada una vez estudiados los argumentos del apelante en ambos recursos promovidos contra los autos interlocutorios de fecha 2 de marzo y 12 de abril del año 2018, resuelve sus fallos de la forma siguiente, A) En el Recurso de Apelación del expediente No. 12078 FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, actuando en su condición de apoderado-apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha 2 de marzo del 2018 que corre del folio 62 al 80 de la pieza compulsada. El Ad-Quem motiva en los considerandos de su fallo, “que el caso de estudio los coloca ante un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, se refiere a vicios e irregularidades de procedimientos observados en la tramitación del juicio y que conllevan a infracciones al debido proceso y al mismo derecho sustantivo, además son cuestiones que tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquellos que no guardan relación deben ser rechazados de plano. Que el asunto que se ventila en el presente caso se trata de solicitar la autorización para dar por terminada la relación laboral del señor Oscar Armando García Moran, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del SANAA y Similares (SITRASANAAYS) por considerar que ha incurrido en graves faltas en el cumplimiento de sus funciones. Que en este caso concreto es aplicable el artículo 516 del Código del Trabajo …” En cuanto a las irregularidades señaladas por el representante de la parte demandada, ninguna de ellas se encuentra comprendida en lo que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, por cuanto no existen evidencias que la Juez Sentenciadora haya incurrido en actos que tergiversen o violen los principios del derecho a la defensa y al principio del debido proceso contra la parte demandada, por tanto no procede la Nulidad absoluta de Actuaciones opuesta por el representante procesal demandado”. B) En el Recurso de Apelación del expediente No. 12079 FALLA: 1)DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas; 2) CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha 12 de abril del año 2018, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán recaído en la negación de admisión del medio de prueba documental informe de la Secretaria Adjunta y Reconocimiento Judicial Numero Tres, propuestos por el representante procesal demandado, en la Demanda Sumaria laboral para que se autorice despedir justificadamente a un Trabajador que goza de la protección especial del Estado por ser miembro directivo del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato de trabajadores del servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Similares (SITRASANAAYS)que por analogía se adopte el proceso de Única Instancia, Costa del Juicio, promovida por el abogado Fernando Puerto Castro contra el señor Oscar Armando García Moran. 3) Sin Costas en esta instancia. Que la Alzada motiva en su fallo “que el juez debe acelerar el proceso eliminando tramites que no sean indispensables, y con esto lo que se obtiene al mismo tiempo es una visión más concreta de la litis. Ello supone la concesión al juez de facultades amplias en la dirección del proceso que le permita negar aquellas diligencias que considera innecesarias y disponer en cambio de ciertas medidas destinadas a suplir omisiones de las partes o que estime convenientes para regularizar el procedimiento. Que la Juez A-Quo se pronuncia sobre la no admisión de los medios de prueba, lo hace basándose en las reglas de la sana crítica de su conocimiento y criterio, y que es la juez quien procederá a valorar la prueba que se le presente y formará su criterio al momento de dictar la sentencia definitiva. Que en el presente caso estamos ante la presencia de un medio de prueba impertinente, ya que la admisión y evacuación de dichos medios de prueba no es necesario en cuanto que recaerá sobre hechos que no tienen conexión directa o indirecta con lo que es objeto del debate, y otro que será valorado hasta en sentencia definitiva”.- CONSIDERANDO (11):Que la Alzada declaró Sin Lugar los recursos de apelación contra los autos interlocutorios y confirma los mismos; recursos interpuestos contra los autos interlocutorios de fecha 2 de marzo y 12 de abril del 2018 emitidos por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, mediante dos sentencias de la misma fecha 12 de septiembre del 2018, amparos que presentó el mismo recurrente en su condición de representante procesal de la parte demandada (trabajadores), cuyas motivaciones factico jurídicas se encuentran enmarcadas y apegadas a derecho como ha quedado demostrado en los considerandos que anteceden, tanto en lo relativo al planteamiento del incidente Nulidad Absoluta de Actuaciones en el Expediente No.12078, así como en lo relativo a la no admisión de los medios de prueba según expediente No.12079.- CONSIDERANDO (12):Que al analizar los antecedentes del caso, así como las argumentaciones jurídicas de las partes y de juzgadores al motivar sus decisiones, la Sala concluye, que el tema a desagraviar es si el incidente de nulidad absoluta de actuaciones planteado por la parte demandada y que pide se suspenda la continuación del juicio y se proceda a declarar la no admisión de las demandas por la falta de requisitos y otros supuestos agravios señalados durante la audiencia primera de trámite y promueve el incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016, y por otro lado, el mismo recurrente expone en el recurso violación al debido proceso y derecho de defensa en la negación de admisión del medio de prueba documental informe de la Secretaria Adjunta y Reconocimiento Judicial Numero Tres.- CONSIDERNADO (13): En este sentido, el artículo 516 del Código de Trabajo establece que “Los trabajadores miembros de la Junta Directiva de una organización Sindical desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente. Esta disposición solo es aplicable a la Junta directa Central, cuando los sindicatos están organizados en secciones y subsecciones. La violación…”. Se deduce entonces la aplicación del artículo anteriormente relacionado, por cuanto se está solicitando ante la autoridad competente, es decir, ante el Juzgado de Letras del Trabajo facultado por ley, la autorización para dar por terminada la relación laboral entre el demandante y los demandados, para lo cual se han instado las demandas a título personal y que fueron acumuladas a petición de la parte demandada y que hoy recurre en amparo. Siendo así, la Alzada como se aprecia de autos, ha dado una respuesta categórica al amparista, el por qué no procede la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, y le hace ver que no está comprendido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 212 del Código Procesal Civil, por tanto, en cuanto a este motivo no se le han vulnerado los derechos de defensa y debido proceso al suplicante.- CONSIDERANDO (14): Que el artículo 731 del Código de Trabajo expresa, que el Juez podrá en providencia motivada, rechazará las pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. Se observa en la sentencia recurrida que el Ad-Quem establece en la motivación del fallo, que el medio de prueba documental denominado informe de la Secretaria Adjunta propuesto, debe ser valorado en la sentencia definitiva, implica que no le fue rechazado, sino mas bien, que será considerado y valorado en el momento procesal oportuno es decir, al momento de emitirse la respectiva sentencia; en cuanto al medio de prueba reconocimiento judicial número tres, considerado impertinente, es una facultad amplia que ostenta la juez en la dirección del proceso, de tal forma que garantice su rápido adelantamiento sin perjuicio de la defensa de las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, y al analizar concluye, que el medio por el cual se recurre es impertinente, pues éste no tiene relación directa o indirecta con el objeto del debate; por lo tanto, el no admitir uno de los medios de prueba y pronunciarse que el otro medio probatorio será valorado al momento de dictar la sentencia definitiva, no hace, sino apreciar concretamente, que no se están vulnerado las garantías constitucionales imploradas por el recurrente, se refleja en las piezas del juicio, que toda la actividad procesal desplegada durante el procedimiento de Única Instancia se encuentra enmarcada dentro de la ley laboral y supletoriamente por el Código Procesal Civil en lo que cabe.- CONSIDERANDO (15): Esta Sala, haciendo suyo el principio de la Supremacía Constitucional cuyo afianzamiento descansa en el poder atribuido a los jueces para controlar la constitucionalidad de los actos del Estado para asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, valora en el caso sub judice traído a este Alto Tribunal, que el acto en reclamo y que el impetrante alega quebrantamiento de derechos en cuanto al debido proceso y derecho de defensa contra el fallo recurrido; estima la Sala, que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán no vulnera los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, que las motivaciones factico jurídicas de la sentencia están encuadradas en la aplicación de las normas concretas en materia laboral y supletoriamente del Código Procesal Civil, el fallo está revestido de razonamiento lógico y fundamentado en derecho, garantizando los derechos de las partes en el proceso. Estrictamente, desde la perspectiva constitucional y en atención al objeto y competencia de la Ley Sobre Justicia Constitucional, garante de los derechos fundamentales, entre otros, el derecho de defensa y al debido proceso. Se concluye entonces, que al no haber evidencia de quebramiento de normas constitucionales, esta Sala es del parecer por las razones expuestas, que se denieguen los amparos presentados.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos Números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 183, 303, 304 y 313 numeral 5 de la Constitución de la República; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 No.2, 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 122 del Código Procesal Civil; 516, 718, 726 y 731 del Código del Trabajo FALLA: 1)DENEGANDO LOS RECURSOS DE AMPARO ACUMULADOS SCO 824 y 838-2018 interpuestos por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas a favor de los señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres, José Ovidio Suazo Díaz, Cesar Augusto Castellanos Duarte, Israel Bustillo y otros, ambos recursos contra las sentencias interlocutorias dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, ambas en fecha 12 de septiembre del 2018 y que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra los autos interlocutorios de fecha 2 de marzo y 12 de abril del año 2018, emitidos por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en relación a las demandas sumarias laborales acumuladas y conocidas en Única Instancia para que se autorice despedir a un trabajador que goza de la protección especial del Estado por ser miembro directivo de un sindicato, promovidas por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) contra (individualmente) varios trabajadores directivos del (SITRASANAAYS), en los expedientes de apelación registrados bajo los Nos. 12078 y 12079, respectivamente. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que surta los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de febrero de dos mil veintiuno.- VISTO: el Recurso de Reposición interpuesto por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, de generales conocidas y expresadas, actuando en su condición de Apoderado Legal de miembros Directivos del SITRASANAAYS señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres, José Ovidio García Díaz, Cesar Augusto Castellanos Duarte, Israel Murillo, Porfirio Sierra Cardona, Alejandro Enrique Benavides Domínguez, Eric Enrique Trejo, Lorena Yamileth Gomez Velásquez, Federico Ernesto Pineda Carranza, José de Jesús Romero Munguía, contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), que resolvió los recursos de amparo acumulados contra las sentencias dictadas por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), y que tienen su antecedente en las Demandas Sumarias Acumuladas para que se autorice despedir justificadamente trabajadores protegidos por fuero sindical promovidas por el servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).- CONSIDERANDO (1): Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintiuno (2021), la Sala de lo Constitucional sustentada en el Acuerdo No. SCO-001-2021, emitido por el Pleno de la Sala, notificó la sentencia de fecha siete (07) de diciembre del dos mil veinte (2020), vía llamada celular al abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, como obra de autos, y recurrida la misma vía Reposición en fecha veintiuno (21) del mismo mes y año, sentencia que DENEGÓ LOS RECURSOS DE AMPARO ACUMULADOS EN LOS EXPEDIENTES BAJO LOS NUMEROS SCO 824-2018 Y 838-2018, presentados por el Recurrente a favor de los señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres y Otros, en su condición de miembros directivos del SITRASANAAYS, contra los fallos emitidos por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) que declara Sin Lugar los Recursos de Apelación y Confirma las resoluciones recurridas de fecha dos (2) de marzo y doce (12) de abril ambas del año dos mil dieciocho (2018), dictadas por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.- CONSIDERANDO (2):Que el recurrente expone como agravios al fallo resuelto por la Sala de lo Constitucional, de fecha siete (07) de diciembre del dos mil veinte (2020), que contiene infracciones legales, pidiendo que la Sala proceda a su reconsideración y reposición en el fondo de la sentencia recurrida; invocando que se ha vulnerado el debido proceso, en cuanto al procedimiento de las demandas sumarias que se deben observar para desafueros de miembros directivos de las organizaciones sindicales y trae como referente una sentencia emitida por la Sala (SCO-0603-2016) donde deja establecido el procedimiento sumario; manifestando que las distintas demandas promovidas, unas se hicieron por procedimiento ordinario y otras por el sumario; errado procedimiento que llevo a la acumulación lo que es improcedente, lo que viola el debido proceso y por derivación el derecho de defensa, que llevo a la juez de instancia a denegarnos pruebas fundamentales para acreditar la cuestión de fondo y extensiva para probar el incidente de nulidad del que hicimos uso, con la finalidad de sanear el proceso. Que la sentencia recurrida ha infringido los siguientes preceptos legales, articulo 516 del Código del Trabajo que ordena a la Juez que en este tipo de juicios de desafuero sindical para despedir a miembros directivos de los sindicatos debe actuar en juicio sumario hasta emitir sentencia. Supletoriamente se vulnera la norma del artículo 3 del Código Procesal civil, relativo al derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y asimismo a que se respeten todos sus derechos establecidos, no solo en la ley, sino en la Constitución de la República, debiendo para ello darles un trato igualitario, lo cual se observa manifiestamente en los juicios en relación, y que esta Sala tal vez por un lapsus calami los paso desapercibido.- CONSIDERANDO(3):Que las pretensiones expuestas por el recurrente en el recurso de reposición, oponiéndose al fallo emitido por la Sala de lo Constitucional no son de recibo, ya que la sentencia emitida por este Alto Tribunal y que corre agregada a las presentes diligencias, establece, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán recurrida en Amparo, al pronunciarse y desarrollar ambos fallos, con fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), resuelve los recursos de apelación interpuestos, tanto en lo relativo a la nulidad absoluta de actuaciones como en la no admisión de medios de prueba por parte del Juez A-Quo, sentencias que cumplen con los requisitos de motivación fáctica y jurídica, de lo que se deduce que la autorización para dar por terminada la relación laboral entre el demandante y lo demandados (trabajadores), son demandas que se instaron a título personal ante el Juzgado de Letras del Trabajo, facultado por ley para conocerlas y ordena su acumulación para resolverlas en -única instancia- a petición de parte (demandada), procedimiento utilizado únicamente por analogía, en donde solamente se están tomando las características de sumariedad del mismo, sin dejar de observar que la sentencia que se emita a posteriori, puede ser recurrida a través de los recursos establecidos en el proceso ordinario, considerando para ello, el respeto a las garantías de defensa, legalidad y debido proceso consagrados en la Constitución de la República artículos 82, 90 y 94, asimismo, en lo concerniente a la aplicación del principio de libertad, facultad atribuida al Juez en Materia Laboral según artículo 718 del Código de Trabajo, asimismo, que el juez dirija el proceso de forma que garantice su rápido adelantamiento, sin perjuicio de la defensa de las partes.- CONSIDERANDO (4): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, por tanto el debido proceso implica una serie de garantías, que aseguren a los interesados, tanto en el orden jurisdiccional como en la Administración Pública una correcta decisión, que garantice sus derechos, no se trata entonces, de acompañar razonamientos fuera del marco legal como lo pretende el recurrente.- CONSIDERANDO (5): Que revisado el fallo contra el cual se recurre en reposición y emitido por esta Sala, se concluye, que no existe vulneración a las garantías y derechos invocados por el recurrente, no hay evidencia o razones de hecho ni derecho que motiven corregir o modificar la sentencia proferida por la Sala de lo Constitucional en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020),la sentencia emitida está ajustada a derecho, no se ha infringido el debido proceso, derecho de defensa y los demás preceptos invocados, que la pretensión de censurar actos procesales propios de instancia, se remedian jurídicamente en los momentos procesales señalados en la ley.- CONSIDERANDO (6): Que a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 constitucional, “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”,de lo que se colige, que la sentencia pronunciada por esta Sala de lo Constitucional de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y que DENIEGA las Acciones de Amparo interpuestas por el recurrente, están dictadas de acuerdo a los antecedentes vinculantes, es decir, coherente en la aplicación de los procedimientos propios de instancia laboral, en atención a los principios generales del derecho del trabajo, por tanto, el fallo emitido por esta Sala, ha cumplido con la obligación de interpretar y aplicar las normas del derecho positivo vigentes, que aseguren una eficaz protección de los derechos y garantías así como el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que los agravios expuestos en el recurso de reposición por el recurrente contra la sentencia emitida por esta Sala, que manda a revisar y analizar el fallo proferido, ultima que no existe violación alguna a las garantías constitucionales invocadas, por lo que este Alto Tribunal de Justicia procede a declarar sin lugar el recurso de reposición.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y 46 Nº 8, 73, 119 y 120 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 516, 718, 726 y 858 Código de Trabajo; 3 del Código Procesal Civil; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, actuando en su condición de Representante Procesal de Oscar Armando García Morazán y Otros miembros Directivos del SITRASANAAYS, contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), recaída contra las Sentencias dictadas por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, ambas de fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), que declara Sin Lugar los Recursos de Apelación y confirma los fallos interlocutorios de fecha dos (2) de marzo y doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), dictados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en las Demandas Sumarias Acumuladas para que se autorice despedir justificadamente trabajadores protegidos por fuero sindical promovidas por el servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Y MANDA: Que de conformidad a lo que establece la ley para efectos de comunicar al recurrente la decisión adoptada, que el Secretario de la Sala Constitucional notifique la presente resolución y en lo demás proceder conforme a derecho. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha nueve (9) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 824 y 838-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por el abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, a favor de los señores OSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA, registrados en esta Sala, bajo los números de expediente 0824-2018 y 0838-2018; ambos contra la Sentencias dictadas por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos contra las Sentencia Interlocutoria de fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y la Resolución de fecha doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), respectivamente, ambas dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la Demandas Sumarias Laborales para el Despedir a Trabajadores Protegidos por Fuero Sindical, promovida por el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), en contra (de forma individual) de los señores OSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQ UEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de sus representados, los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA),en fechadoce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), interponiendo las Demandas Sumarias Laborales para el Despedir a Trabajadores Protegidos por Fuero Sindical, en contra de los señores OSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA, solicitando que se dicte sentencia definitiva, en la que se autorice al demandante despedir a dichos trabajadores, por existir justa causa para la aplicación de dicha sanción.(Folios del 1–386del Tomo I de los antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017), compareció el abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE, presentando Solicitud de Acumulación de Procesos, a lo que el citado Juzgado, en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), dispuso acumular los siguientes procesos N.º0801-2016-00203-LTO al0801-2016–00213–LTO, al apreciarse que se encuentran en el mismo estado procesal, siendo lo procedente para efectos de que constituyan un solo juicio y terminen en una sola sentencia, manteniendo la continuidad y unidad de la causa. (Folios del 394–404del Tomo I de los antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que continuando con la Audiencia Primera de Tramite, que comenzó en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el mencionado Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC)“I.- Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR DEL FOLIO 10 QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016 DE LA PIEZA PRINCIPAL DE AUTOS Y DEMAS ACTUACIONES PROCESALES QUE COMPRENDE HASTA EL FOLIO 455 DE LOS AUTOS opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada; contra la DEMANDA SUMARIA LABORAL PARA QUE SE AUTORICE DESPEDIR JUSTIFICADAMENTE A UN TRABAJADOR QUE GOZA DE LA PROTECCION ESPECIAL DE ESTADO POR SER MIEMBRO DIRECTIVO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS) QUE POR ANOLOGIA SE ADOPTE EL PROCESO DE UNICA INSTANCIA; instaurada por el ABOGADO FERNANDO PUERTO CASTRO en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) contra los Señores: OSCAR ARMANDO GARCIA MORAN; MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES; JOSE OVIDIO SUAZO SIAZ, CESAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE; ISRAEL MURILLO; PORFIRIO SIERRA CARDONA; ALEJANDRO ENRIQUE BENAVIDEZ DOMINGUEZ, ERICK ENRIQUE TREJO; LORENA YAMILETH GOMEZ VELASQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA y JOSE DE JESUS ROMERO MUNGUIA. II.- SIN COSTAS: En esta instancia.”(Folios 963–981del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes)

  1. Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado legal delos demandantes, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, actuando en su condición de apoderado-apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 02 de marzo del año 2018, que corre a folios del 62 al 80 de la pieza compulsada.-” (Folios 105–108 de la Pieza contentiva del Recurso de Apelación no. 12078)- 5) Que seguido el trámite legal correspondiente, el referido Juzgado continuó la celebración de la Audiencia Primera de Trámite, en fecha doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), en dónde Resolvió: (SIC)“Admítase el medio de prueba DOCUMENTAL consistente en los documentos que corren agregados a folios … de los autos y los documentos que se presentan en este acto los cuales se tienen por agregados y practicados; En cuanto al medio de prueba INFORME DE LA SECRETARIA ADJUNTA el mismo se declara SIN LUGAR en virtud que será la suscrita al momento de dictar la sentencia definitiva que en derecho corresponda que determinara si existe o no la prescripción alegada, asimismo corresponde a los representantes procesales de las partes probar los hechos alegados. Admítase el medio de prueba DOCUMENTAL VIA OFICIO NUMERO UNO Y NUMERO DOS para lo cual que la secretaria del despacho libre atento oficio a la institución demandada. Admítase el medio de prueba TESTIFICAL el cual practicara en el momento procesal oportuno haciendo la advertencia al apoderado demandado de hacer llegar a sus testigos a la audiencia que a efecto se señala puntualmente en el día y hora señalados so-pena de preclusión. Admítase el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO UNO únicamente se admiten la constatación no así el de agregar documentos y NUMERO DOS mismo que se aprueba en todos sus literales y se evacuara oportunamente. En cuanto al medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO TRES el mismo se RECHAZA en virtud de la consideración de la suscrita es un medio de prueba impertinente.”(Folios 982–990del Tomo III de la Primera Pieza de los antecedentes)- 6) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por elabogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado legal delos demandantes, la citada Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha doce de abril del año dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, y recaído en la negación de admisión del medio de prueba DOCUMENTAL INFORME DE LA SECRETARIA ADJUNTA Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO TRES propuestos por el representante procesal demandante, en la DEMANDA SUMARIA LABORAL PARA QUE SE AUTORICE DESEDIR JUSTIFICADAMENTE A UN TRABAJADOR QUE GOZA DE LA PROTECCION ESPECIAL DEL ESTADO POR SER MIEMBRO DIRECTIVO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), QUE POR ANOLOGIA SE ADOPTE EL PROCESO DE UNICA INSTANCIA, COSTAS DEL JUICIO, promovida por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO contra el señor OSCAR ARMANDO GARCIA MORAN.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.-” (Folios 110–114 de la Pieza contentiva del Recurso de Apelación no. 12079)- 7) Que compareció ante la Secretaria de la Sala Constitucional el abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, interponiendo Recurso de Amparo, a favor de los señores OSCAR ARMANDO GARCÍA MORÁN, MARIO ANTONIO RAUDALES TORRES, JOSÉ OVIDIO SUAZO DÍAZ, CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS DUARTE, ISRAEL MURILLO, PORFIRIO SIERRA CARDONA, ALEJANDRO ENRIQUE BENAVÉDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC ENRIQUE TREJO, LORENA YAMILETH GÓMEZ VELÁSQUEZ, FEDERICO ERNESTO PINEDA CARRANZA Y JOSÉ DE JESÚS ROMERO MUNGUÍA, en fechas treinta y uno (31) de octubre, y siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), respectivamente, quedando dichos recursos, registrados en la Sala bajo los números de expedientes0824-2018 y 0838-2018;ambos, contra las Sentencias de fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que se dejan relacionadas en los numerales4 y 6,por considerar que las mismas son violatorias, en perjuicio de sus representados, de los derechos dispuestos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.(Folios del 1–9 y 16-23 del Presente Recurso)- 8) Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC)“… al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, es procedente su acumulación para producir una sola sentencia y así mantener la unidad y continencia de la causa. Asimismo, remitidos que han sido los antecedentes en el presente Recurso de Amparo, sígase con la substanciación del mismo, concédase vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalice su petición por escrito.”(Folio 38 del Presente Recurso).- 9) Que en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y se ordena a dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que en cuarenta y ocho (48) horas, emita su dictamen, de conformidad a lo establecido por el artículo 34 y 36 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 65 del Presente Recurso)- 10) Que en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que se Denieguen las acciones de amparo solicitadas, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios77–84 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional mediante proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, una vez visto los antecedentes contentivos de de dos Recursos de Amparo promovidos por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas a favor de los señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres, José Ovidio Suazo Díaz, Cesar Augusto Castellanos Duarte y Otros ambos recursos contra las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán ambas de fecha doce (12)de septiembre del dos mil dieciocho (2018), en las que se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha dos(2) de marzo y doce (12)de abril del dos mil dieciocho (2018), relativos a las demandas sumarias acumuladas para que se autorice despedir justificadamente a trabajadores que gozan de protección especial del Estado por ser miembros directivos de un sindicato, promovidas por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, disponiendo la Sala una vez analizados, su acumulación, porque las acciones intentadas se dirigen contra el mismo acto y que se produzca una sola sentencia para mantener la unidad y continencia de la causa, registrados bajo expedientes Nos.SCO-824 y 838-2018.- CONSIDERANDO(4):Que el amparista expone en la interposición de ambos recursos la vulneración de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90, 183, 313 numeral 5 de la Carta Magna y expone como motivos lo siguiente: 1)Que en fecha 12 de febrero del 2016 compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán el abogado Fernando Puerto Castro, en su condición de apoderado de la empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) presentando por separado once demandas sumarias laborales para que se autorice despedir justificadamente a un trabajador que goza de la protección especial del Estado por ser miembro directivo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del SANAA Y Similares, promovida individualmente contra los señores Oscar Armando García Moran y Otros, según expedientes Nos. “203-2016, 204-2016…” invocando como causal “que los trabajadores demandados en su condición de directivos sindicales convocaron y celebraron los días 14, 16 y 17 de diciembre del 2015, una asamblea informativa”, es decir, graves actos de promoción de reiteradas intempestivas suspensiones de labores, excitativas para que otros trabajadores participaran en acciones de suspensión intempestiva. 2) Que las demandas fueron admitidas a trámite con falta de legitimación activa de la patronal demandante (SANAA) para presentar dichas demandas sumarias para obtener la autorización para despedir a trabajadores directivos sindicales, lo cual es un error procesal, porque el patrón no presento el requisito Sine Qua Non de acreditar la resolución administrativa de declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (Articulo 570), a partir de declarada la ilegalidad de una suspensión del trabajo, el patrono queda en libertad para despedir por tal motivo al trabajador que intervino o participó en ella (Articulo 571). En el caso concreto el patrono actuó con notoria falta de legitimación activa para ejercitar la presentación de las demandas sumarias de merito. Asimismo, no se agotó el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente, se violó contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente en el SANAA que marca el procedimiento a seguir, los demandados gozan de permiso o licencia para dedicarse a tiempo completo a la actividad sindical, desligados totalmente de su trabajo en el SANAA. 3) Que en la audiencia denominada Primera de Tramite del 29 de noviembre del 2017, que corresponde más bien al proceso ordinario laboral, interpone Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del auto de fecha 17 de febrero del 2016 y demás actuaciones hasta el folio 455 de los autos de la pieza principal de primera instancia, por las violaciones procesales al debido proceso y derecho a la defensa, violaciones a los convenios 87, 95 y 98 ratificados por Honduras con la Organización Internacional del Trabajo referidos a los principios del derecho de sindicación, libertad sindical y negociación colectiva, específicamente en el expediente SCO-0824-2018. 4) Que en la Acción de Amparo promovida por el mismo impetrante, registrado bajo el No.SCO-0838-2018, recurre bajo los mismos antecedentes del proceso de la demanda incoada por el Sistema Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados –SANAA- contra los mismos trabajadores ya señalados en los considerandos que anteceden, motivando como violentada las garantías constitucionales del derecho de defensa y al debido proceso, motivando que en la misma fecha de 12 de abril del 2018, en la Audiencia de continuación de Primera de Trámite, se le negó la admisión de dos medios de prueba, como ser un informe que debe haber rendido la Secretaria del Despacho a efecto de computar términos de manera operativa, mediante operaciones aritméticas, y el otro medio de prueba denominado reconocimiento judicial a fin de constatar en el sistema de computo del Bufete Romero y Asociados los correos electrónicos de documentos existentes de una propuesta de arreglo para retirar estas demandas, que enviara el abogado Fernando Puerto Castro y referidos al Bufete Romero y Asociados, documento que debería constatarse en físico, donde se refleja que el apoderado legal demandante reconoce los ahora demandados no han cometido ningún tipo de faltas.- CONSIDERANDO (5): Que efectivamente el Jugado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán una vez admitidas las demandas y acumuladas a petición de parte y contestadas que fueron las mismas, para conocer en Única Instancia, se continuó con el procedimiento laboral enmarcado en ley, señalando audiencia Primera de Tramite, posteriormente señala la de Continuación de la Primera de Tramite para el dia 29 de noviembre del 2017, que tenía por objeto aclaración y enmienda a lo que había opuesto el representante procesal de la parte demandada, asimismo, que los representante procesales de las partes harían uso de los derechos que la ley les confiere. Que habiendo comparecido ambas partes, el Juzgado tuvo por contestada y aclarada la enmienda por parte del represente procesal de la parte demandante y opuesto por la parte demandada y que con los medios de prueba que se aporten al proceso por las partes procesales se valorará lo expresado. Que es en ese momento procesal de la audiencia el representante procesal de la parte demandada interpone Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016 de la pieza principal y demás actuaciones procesales de la pieza principal que comprende hasta el folio 455 de autos, denunciando además violaciones procesales del debido proceso y derecho a la defensa por autos insubsanables y solicita que se declare la inadmisión de las demandas por falta de los requisitos que ordena el articulo 426 numeral 1 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por lo siguiente: a) Por falta de competencia objetiva; b)… c)… d)… f)… g)… h)… i)… y j)…” que para probar propone los medios de prueba siguientes para su admisibilidad, I)… II)…III)… el Juzgado resolvió “tener por opuesto el incidente de nulidad planteado por la parte demandada y por admitidos los medios de prueba propuestos”. Cedida la palabra al representante procesal demandante para que se pronuncie sobre el incidente planteado, expuso que lo rechaza categóricamente y expresa los motivos, propone una serie de medios de prueba de los que se hará valer y seguidamente cedida la palabra al representante procesal demandado por haberlo solicito, se manifiesta que de todos los medios de prueba propuestos por el demandante, de la a) a la z) solo se aceptan la a)… y de la b) a z) en la sentencia incidental deberá declararse que los medios de prueba son inválidos por superfluos ……” Y el Juzgado resuelve: que se tenga como opuesta la oposición al medio de prueba documental por parte del representante procesal de la parte demandada y que es potestad del juez admitir o rechazar los medios de prueba que a su criterio considere pertinentes, pero el juez le dará el valor probatorio que proceda al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda, y teniendo por admitido el incidente de nulidad absoluta de actuaciones presentado por la parte demandada el que se decidirá en auto interlocutorio, indicando en dicha audiencia la práctica de medios de prueba propuestos por las partes señalando las audiencias respectivas para la evacuación de los medios señalados.- CONSIDERANDO (6): Que seguido el procedimiento en respeto al debido proceso, se evacuaron la audiencias de medios probatorios y se señaló la audiencia que es CONTINUACION DE LA PRIMERA DE TRAMITE para el día 02 de marzo del 2018, la que tiene por objeto leer y notificar a los representantes procesales de las partes el Auto Interlocutorio que recaiga en el presente juicio, se desarrolla con la presencia de los representantes procesales, para decidir sobre el incidente planteado en la audiencia primera de trámite de fecha 29 de noviembre del 2017 donde las partes expresaron su respectivas defensas en lo relativo a la nulidad absoluta de actuaciones planteada por el representante de la parte demandada, el Juzgado resuelve, que la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016 de la pieza principal de autos y demás actuaciones procesales que compren hasta el folio 455 de los autos, opuesto por el representante procesal de la parte demandada en la línea jurisprudencial consistente y permanente se ha establecido que los principios que rigen las nulidades son entre otros, el principio de trascendencia que consiste en “quien alega la nulidad tiene que demostrar encontrarse perjudicado con el acto procesal viciado. El perjuicio debe ser cierto e irreparable, además que el acto viciado no pueda subsanarse sino es con la declaración de sanción de nulidad. Asimismo acreditara interés propio y especifico con la relación a su pedido y no basta afirmar que el acto procesal está viciado, pues el peticionante debe precisar en qué cosiste el perjuicio o agravio que le produce el acto cuestionado, además de precisar cuál es la defensa que no se pudo realizar como consecuencia del acto procesal viciado y en el caso concreto es evidente que no se ha violentado el derecho de defensa a ninguna de las partes durante el procedimiento judicial, en cuanto al debido proceso se han realizado las actuaciones de conformidad a la analogía aplicable en cuanto al juicio sumario, aplicando la normativa de única instancia regulado en el Código del Trabajo así como el principio de libertad establecido en el artículo 718 del Código del Trabajo, asimismo el artículo 516 del mismo cuerpo legal es aplicable a la presente controversia, establece y radica la competencia del despacho judicial por tanto no aplica el articulo 691 al caso de autos, no obstante las partes iniciaron un procedimiento bipartito establecido en la clausula 9 del Contrato Colectivo, según reuniones celebradas los días 12, 19 y 21 de enero del 2016, tal como consta en los folios del proceso del 12 al 19; del 132 al 145: del 212 al 225; del 315 al 327, y un oficio emitido por el Sindicato a folio 149 de autos y FALLA: I. Declarando Sin Lugar el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones opuesto por la parte demandada y II)Sin Costas en dicha instancia.- CONSIDERANDO (7): Que no estando conforme la parte demandada y que representa a los trabajadores del Sindicato del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAAYS) con lo resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento, expresa que lo resuelto no se encuentra conforme a derecho por infringir normas y garantías procesales del debido proceso y el derecho a la defensa, e interpone el recurso de reposición y subsidiariamente apelación, denegada la reposición se le admite el de apelación en efecto devolutivo, a fin que comparezca ante la Corte de Apelaciones del Trabajo.- CONSIDERADO (8): Que a folio 98 de la Pieza de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, del expediente No.12078, en fecha 7 de agosto del 2018 a las 2:30 p.m. día y hora para la audiencia de alegaciones compareció el representante procesal apelante quien expreso alegaciones contra el auto de fecha 2 de marzo del 2018 emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, manifestando evidente violación al principio de legalidad procesal, falta de motivación y exhaustividad, quebrantado la garantía del debido proceso y derecho a la defensa, cuyo procedimiento y acumulación de las demandas se efectuó sin seguir un procedimiento uniforme y antes de ser acumuladas se iniciaron bajo procedimiento sumario ya derogado del Código de Procedimientos Civiles de 1906 y otras con el procedimiento ordinario una contracción a lo que ordena el Código de Trabajo de esta instancia lo cual fueron admitidas en otros plazos y otros errores procesales que el juez conocedor se ha negado a anular en estos procesos, constando de autos las demandas sumarias acumuladas indebidamente promovidas por el SANAA contra los señores Oscar Armando García Moran y otros bajo los números 203-16 a la cuales se acumularon las demás, promovida sor le SANAA en contra de los señores Oscar Armando García Morazán y otros, de lo que se formuló en tiempo y forma la nulidad a partir del folio 10 y de manera individual hasta el folio 455 de la pieza principal y se manifiesta de cada uno de los expedientes de las demandas presentadas y el procedimiento incoado en el Juzgado, expresando que unas fueron admitidas en proceso ordinario y a otras se les concedió tres días para contestar, por lo que no procedía su acumulación y haber sido admitidas sin los requisitos legales y apartándose del proceso de única instancia y que al momento de ser sancionados no se encontraban laborando para el SANAA por ejercer cargos de elección sindical y no constar que la declaratoria de ilegalidad de supuesta suspensión alegada por el SANAA haya sido declara por la única entidad competente Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, artículos 570 y 571 del Código de Trabajo, así como la clausula 27 del Contrato Colectivo lo establece que las demandantes gozan de permiso sindical para dedicarse a tiempo completo a sus actividades sindicales y por ende relevada la relación laboral con el patrono razón suficiente para revocar el auto interlocutorio. Que posteriormente el representante procesal de la parte demandada formulo sus alegaciones, señalando que el auto interlocutorio según la parte apelante no está ajustado a derecho, porque el tribunal realizo una acumulación errónea, de un total de 11 expedientes, alegato que no tiene razón porque fue la misma parte de los demandados que se persono en juicio y solicito la acumulación, por lo que no puede ahora censurar dichos actos procesales, se censura porque fueron admitidos como juicios ordinarios algunos y otros sumariamente, pero ninguna de las partes interpuso algún defecto procesal denunciando la falta de adecuación del proceso acción que ahora es de carácter firme, la parte apelante se persono solicito acumulación y que se le citara y emplazara, y en la contestación de la demanda no promovió excepción alguna tampoco en la audiencia sobre adecuación de proceso. Sobre el agotamiento del tramite gubernativo que establece el artículo 690 de Trabajo, manifiesta que el Juzgado emitió auto obligando a mi representada acreditar acta de cierre de diligencias, lo que no es cierto, el auto obligaba a acreditar el agotamiento gubernativo o reglamentario, de lo que arguyo que mi representada no siguió el procedimiento interno, sin embargo debo decir que eso es motivo de estudio de fondo del juicio y no de previo y especial pronunciamiento, otra argumentación es que mi representada tenía que agotar tramite gubernativo, olvidando que los demandados son personas naturales y que no tenia facultades para despedir personal contraviniendo disposiciones de orden publico establecido en el articulo 112 y 516 del Código de Trabajo. Asimismo, entre otros agravios expresa que los actos procesales son anulables cuando han causado indefensión lo que no se ha dado en dicho proceso.- CONSIDERANDO (9): Que a folio 104 de la Pieza de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, del expediente No.12079, en fecha 8 de agosto del 2018 a las 8:30 p.m. día y hora para la audiencia de alegaciones compareció el representante procesal apelante quien expreso alegaciones contra el auto de fecha 12 de abril del 2018 emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, expresando sus agravios en el sentido que el Juez A-Quo rechazo el medio de prueba documental consistente en un informe que debía emitir la secretaria adjunta de la juzgadora inferior y el medio de prueba reconocimiento judicial numero 3 practicarse en las oficinas del Bufete Romero y Asociados propuestos como parte demandada, lo que atenta contra el derecho de defensa de mis representados, con el medio de prueba reconocimiento judicial se pretende acredita las platicas mantenidas entre ambas partes procesales, donde las la parte demandante hace saber a ms representados de desistir de las demandas en el juzgado inferior a cambio de una sanción, por lo cual se pidió el reconocimiento judicial para constatar ese extremo, sin embargo la juez lo rechaza diciendo que es impertinente sin sustentar el motivo, lo que violenta el principio de legalidad, lo que provoca una situación de indefensión a mis representados, solicitando que se declare con lugar el recurso. Por su parte el representante procesal apelado, expresando que es atribución de la juez admitir o rechazar medios de prueba que considere conducentes o no en determinada causa, facultad que le da el artículo 731 del Código de Trabajo, si le causa agravios al apelante la no admisión de dos medios de prueba, el primero que tenía como propósito que a secretaria del Juzgado emitiera una valoración del fondo del asunto específicamente para que se pronunciara si la acción para interponer la demanda le había prescrito o no a mi representada, facultad que es únicamente atribuible a los jueces del trabajo y que no pueden delegar en un secretario, el segundo medio de prueba reconocimiento judicial para que la Juez se persona a un despacho de abogados que representa a los demandados y que se cotejara en la computadora la existencia de documentos que se imprimieran y que la secretaria del juzgado los autenticara, la constatar la existencia de un documento elaborado por el suscrito, y solicita se declare sin lugar el recurso de apelación.- CONSIDERANDO (10): Que el Tribunal de Alzada una vez estudiados los argumentos del apelante en ambos recursos promovidos contra los autos interlocutorios de fecha 2 de marzo y 12 de abril del año 2018, resuelve sus fallos de la forma siguiente, A) En el Recurso de Apelación del expediente No. 12078 FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, actuando en su condición de apoderado-apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha 2 de marzo del 2018 que corre del folio 62 al 80 de la pieza compulsada. El Ad-Quem motiva en los considerandos de su fallo, “que el caso de estudio los coloca ante un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, se refiere a vicios e irregularidades de procedimientos observados en la tramitación del juicio y que conllevan a infracciones al debido proceso y al mismo derecho sustantivo, además son cuestiones que tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquellos que no guardan relación deben ser rechazados de plano. Que el asunto que se ventila en el presente caso se trata de solicitar la autorización para dar por terminada la relación laboral del señor Oscar Armando García Moran, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del SANAA y Similares (SITRASANAAYS) por considerar que ha incurrido en graves faltas en el cumplimiento de sus funciones. Que en este caso concreto es aplicable el artículo 516 del Código del Trabajo …” En cuanto a las irregularidades señaladas por el representante de la parte demandada, ninguna de ellas se encuentra comprendida en lo que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, por cuanto no existen evidencias que la Juez Sentenciadora haya incurrido en actos que tergiversen o violen los principios del derecho a la defensa y al principio del debido proceso contra la parte demandada, por tanto no procede la Nulidad absoluta de Actuaciones opuesta por el representante procesal demandado”. B) En el Recurso de Apelación del expediente No. 12079 FALLA: 1)DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas; 2) CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha 12 de abril del año 2018, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán recaído en la negación de admisión del medio de prueba documental informe de la Secretaria Adjunta y Reconocimiento Judicial Numero Tres, propuestos por el representante procesal demandado, en la Demanda Sumaria laboral para que se autorice despedir justificadamente a un Trabajador que goza de la protección especial del Estado por ser miembro directivo del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato de trabajadores del servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Similares (SITRASANAAYS)que por analogía se adopte el proceso de Única Instancia, Costa del Juicio, promovida por el abogado Fernando Puerto Castro contra el señor Oscar Armando García Moran. 3) Sin Costas en esta instancia. Que la Alzada motiva en su fallo “que el juez debe acelerar el proceso eliminando tramites que no sean indispensables, y con esto lo que se obtiene al mismo tiempo es una visión más concreta de la litis. Ello supone la concesión al juez de facultades amplias en la dirección del proceso que le permita negar aquellas diligencias que considera innecesarias y disponer en cambio de ciertas medidas destinadas a suplir omisiones de las partes o que estime convenientes para regularizar el procedimiento. Que la Juez A-Quo se pronuncia sobre la no admisión de los medios de prueba, lo hace basándose en las reglas de la sana crítica de su conocimiento y criterio, y que es la juez quien procederá a valorar la prueba que se le presente y formará su criterio al momento de dictar la sentencia definitiva. Que en el presente caso estamos ante la presencia de un medio de prueba impertinente, ya que la admisión y evacuación de dichos medios de prueba no es necesario en cuanto que recaerá sobre hechos que no tienen conexión directa o indirecta con lo que es objeto del debate, y otro que será valorado hasta en sentencia definitiva”.- CONSIDERANDO (11):Que la Alzada declaró Sin Lugar los recursos de apelación contra los autos interlocutorios y confirma los mismos; recursos interpuestos contra los autos interlocutorios de fecha 2 de marzo y 12 de abril del 2018 emitidos por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, mediante dos sentencias de la misma fecha 12 de septiembre del 2018, amparos que presentó el mismo recurrente en su condición de representante procesal de la parte demandada (trabajadores), cuyas motivaciones factico jurídicas se encuentran enmarcadas y apegadas a derecho como ha quedado demostrado en los considerandos que anteceden, tanto en lo relativo al planteamiento del incidente Nulidad Absoluta de Actuaciones en el Expediente No.12078, así como en lo relativo a la no admisión de los medios de prueba según expediente No.12079.- CONSIDERANDO (12):Que al analizar los antecedentes del caso, así como las argumentaciones jurídicas de las partes y de juzgadores al motivar sus decisiones, la Sala concluye, que el tema a desagraviar es si el incidente de nulidad absoluta de actuaciones planteado por la parte demandada y que pide se suspenda la continuación del juicio y se proceda a declarar la no admisión de las demandas por la falta de requisitos y otros supuestos agravios señalados durante la audiencia primera de trámite y promueve el incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 10 que contiene el auto de fecha 17 de febrero del 2016, y por otro lado, el mismo recurrente expone en el recurso violación al debido proceso y derecho de defensa en la negación de admisión del medio de prueba documental informe de la Secretaria Adjunta y Reconocimiento Judicial Numero Tres.- CONSIDERNADO (13): En este sentido, el artículo 516 del Código de Trabajo establece que “Los trabajadores miembros de la Junta Directiva de una organización Sindical desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente. Esta disposición solo es aplicable a la Junta directa Central, cuando los sindicatos están organizados en secciones y subsecciones. La violación…”. Se deduce entonces la aplicación del artículo anteriormente relacionado, por cuanto se está solicitando ante la autoridad competente, es decir, ante el Juzgado de Letras del Trabajo facultado por ley, la autorización para dar por terminada la relación laboral entre el demandante y los demandados, para lo cual se han instado las demandas a título personal y que fueron acumuladas a petición de la parte demandada y que hoy recurre en amparo. Siendo así, la Alzada como se aprecia de autos, ha dado una respuesta categórica al amparista, el por qué no procede la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, y le hace ver que no está comprendido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 212 del Código Procesal Civil, por tanto, en cuanto a este motivo no se le han vulnerado los derechos de defensa y debido proceso al suplicante.- CONSIDERANDO (14): Que el artículo 731 del Código de Trabajo expresa, que el Juez podrá en providencia motivada, rechazará las pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. Se observa en la sentencia recurrida que el Ad-Quem establece en la motivación del fallo, que el medio de prueba documental denominado informe de la Secretaria Adjunta propuesto, debe ser valorado en la sentencia definitiva, implica que no le fue rechazado, sino mas bien, que será considerado y valorado en el momento procesal oportuno es decir, al momento de emitirse la respectiva sentencia; en cuanto al medio de prueba reconocimiento judicial número tres, considerado impertinente, es una facultad amplia que ostenta la juez en la dirección del proceso, de tal forma que garantice su rápido adelantamiento sin perjuicio de la defensa de las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, y al analizar concluye, que el medio por el cual se recurre es impertinente, pues éste no tiene relación directa o indirecta con el objeto del debate; por lo tanto, el no admitir uno de los medios de prueba y pronunciarse que el otro medio probatorio será valorado al momento de dictar la sentencia definitiva, no hace, sino apreciar concretamente, que no se están vulnerado las garantías constitucionales imploradas por el recurrente, se refleja en las piezas del juicio, que toda la actividad procesal desplegada durante el procedimiento de Única Instancia se encuentra enmarcada dentro de la ley laboral y supletoriamente por el Código Procesal Civil en lo que cabe.- CONSIDERANDO (15): Esta Sala, haciendo suyo el principio de la Supremacía Constitucional cuyo afianzamiento descansa en el poder atribuido a los jueces para controlar la constitucionalidad de los actos del Estado para asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, valora en el caso sub judice traído a este Alto Tribunal, que el acto en reclamo y que el impetrante alega quebrantamiento de derechos en cuanto al debido proceso y derecho de defensa contra el fallo recurrido; estima la Sala, que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán no vulnera los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, que las motivaciones factico jurídicas de la sentencia están encuadradas en la aplicación de las normas concretas en materia laboral y supletoriamente del Código Procesal Civil, el fallo está revestido de razonamiento lógico y fundamentado en derecho, garantizando los derechos de las partes en el proceso. Estrictamente, desde la perspectiva constitucional y en atención al objeto y competencia de la Ley Sobre Justicia Constitucional, garante de los derechos fundamentales, entre otros, el derecho de defensa y al debido proceso. Se concluye entonces, que al no haber evidencia de quebramiento de normas constitucionales, esta Sala es del parecer por las razones expuestas, que se denieguen los amparos presentados.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos Números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 183, 303, 304 y 313 numeral 5 de la Constitución de la República; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 No.2, 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 122 del Código Procesal Civil; 516, 718, 726 y 731 del Código del Trabajo FALLA: 1)DENEGANDO LOS RECURSOS DE AMPARO ACUMULADOS SCO 824 y 838-2018 interpuestos por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas a favor de los señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres, José Ovidio Suazo Díaz, Cesar Augusto Castellanos Duarte, Israel Bustillo y otros, ambos recursos contra las sentencias interlocutorias dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, ambas en fecha 12 de septiembre del 2018 y que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra los autos interlocutorios de fecha 2 de marzo y 12 de abril del año 2018, emitidos por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en relación a las demandas sumarias laborales acumuladas y conocidas en Única Instancia para que se autorice despedir a un trabajador que goza de la protección especial del Estado por ser miembro directivo de un sindicato, promovidas por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) contra (individualmente) varios trabajadores directivos del (SITRASANAAYS), en los expedientes de apelación registrados bajo los Nos. 12078 y 12079, respectivamente. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que surta los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de febrero de dos mil veintiuno.- VISTO: el Recurso de Reposición interpuesto por el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, de generales conocidas y expresadas, actuando en su condición de Apoderado Legal de miembros Directivos del SITRASANAAYS señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres, José Ovidio García Díaz, Cesar Augusto Castellanos Duarte, Israel Murillo, Porfirio Sierra Cardona, Alejandro Enrique Benavides Domínguez, Eric Enrique Trejo, Lorena Yamileth Gomez Velásquez, Federico Ernesto Pineda Carranza, José de Jesús Romero Munguía, contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), que resolvió los recursos de amparo acumulados contra las sentencias dictadas por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), y que tienen su antecedente en las Demandas Sumarias Acumuladas para que se autorice despedir justificadamente trabajadores protegidos por fuero sindical promovidas por el servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).- CONSIDERANDO (1): Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintiuno (2021), la Sala de lo Constitucional sustentada en el Acuerdo No. SCO-001-2021, emitido por el Pleno de la Sala, notificó la sentencia de fecha siete (07) de diciembre del dos mil veinte (2020), vía llamada celular al abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, como obra de autos, y recurrida la misma vía Reposición en fecha veintiuno (21) del mismo mes y año, sentencia que DENEGÓ LOS RECURSOS DE AMPARO ACUMULADOS EN LOS EXPEDIENTES BAJO LOS NUMEROS SCO 824-2018 Y 838-2018, presentados por el Recurrente a favor de los señores Oscar Armando García Moran, Mario Antonio Raudales Torres y Otros, en su condición de miembros directivos del SITRASANAAYS, contra los fallos emitidos por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) que declara Sin Lugar los Recursos de Apelación y Confirma las resoluciones recurridas de fecha dos (2) de marzo y doce (12) de abril ambas del año dos mil dieciocho (2018), dictadas por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.- CONSIDERANDO (2):Que el recurrente expone como agravios al fallo resuelto por la Sala de lo Constitucional, de fecha siete (07) de diciembre del dos mil veinte (2020), que contiene infracciones legales, pidiendo que la Sala proceda a su reconsideración y reposición en el fondo de la sentencia recurrida; invocando que se ha vulnerado el debido proceso, en cuanto al procedimiento de las demandas sumarias que se deben observar para desafueros de miembros directivos de las organizaciones sindicales y trae como referente una sentencia emitida por la Sala (SCO-0603-2016) donde deja establecido el procedimiento sumario; manifestando que las distintas demandas promovidas, unas se hicieron por procedimiento ordinario y otras por el sumario; errado procedimiento que llevo a la acumulación lo que es improcedente, lo que viola el debido proceso y por derivación el derecho de defensa, que llevo a la juez de instancia a denegarnos pruebas fundamentales para acreditar la cuestión de fondo y extensiva para probar el incidente de nulidad del que hicimos uso, con la finalidad de sanear el proceso. Que la sentencia recurrida ha infringido los siguientes preceptos legales, articulo 516 del Código del Trabajo que ordena a la Juez que en este tipo de juicios de desafuero sindical para despedir a miembros directivos de los sindicatos debe actuar en juicio sumario hasta emitir sentencia. Supletoriamente se vulnera la norma del artículo 3 del Código Procesal civil, relativo al derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y asimismo a que se respeten todos sus derechos establecidos, no solo en la ley, sino en la Constitución de la República, debiendo para ello darles un trato igualitario, lo cual se observa manifiestamente en los juicios en relación, y que esta Sala tal vez por un lapsus calami los paso desapercibido.- CONSIDERANDO(3):Que las pretensiones expuestas por el recurrente en el recurso de reposición, oponiéndose al fallo emitido por la Sala de lo Constitucional no son de recibo, ya que la sentencia emitida por este Alto Tribunal y que corre agregada a las presentes diligencias, establece, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán recurrida en Amparo, al pronunciarse y desarrollar ambos fallos, con fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), resuelve los recursos de apelación interpuestos, tanto en lo relativo a la nulidad absoluta de actuaciones como en la no admisión de medios de prueba por parte del Juez A-Quo, sentencias que cumplen con los requisitos de motivación fáctica y jurídica, de lo que se deduce que la autorización para dar por terminada la relación laboral entre el demandante y lo demandados (trabajadores), son demandas que se instaron a título personal ante el Juzgado de Letras del Trabajo, facultado por ley para conocerlas y ordena su acumulación para resolverlas en -única instancia- a petición de parte (demandada), procedimiento utilizado únicamente por analogía, en donde solamente se están tomando las características de sumariedad del mismo, sin dejar de observar que la sentencia que se emita a posteriori, puede ser recurrida a través de los recursos establecidos en el proceso ordinario, considerando para ello, el respeto a las garantías de defensa, legalidad y debido proceso consagrados en la Constitución de la República artículos 82, 90 y 94, asimismo, en lo concerniente a la aplicación del principio de libertad, facultad atribuida al Juez en Materia Laboral según artículo 718 del Código de Trabajo, asimismo, que el juez dirija el proceso de forma que garantice su rápido adelantamiento, sin perjuicio de la defensa de las partes.- CONSIDERANDO (4): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, por tanto el debido proceso implica una serie de garantías, que aseguren a los interesados, tanto en el orden jurisdiccional como en la Administración Pública una correcta decisión, que garantice sus derechos, no se trata entonces, de acompañar razonamientos fuera del marco legal como lo pretende el recurrente.- CONSIDERANDO (5): Que revisado el fallo contra el cual se recurre en reposición y emitido por esta Sala, se concluye, que no existe vulneración a las garantías y derechos invocados por el recurrente, no hay evidencia o razones de hecho ni derecho que motiven corregir o modificar la sentencia proferida por la Sala de lo Constitucional en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020),la sentencia emitida está ajustada a derecho, no se ha infringido el debido proceso, derecho de defensa y los demás preceptos invocados, que la pretensión de censurar actos procesales propios de instancia, se remedian jurídicamente en los momentos procesales señalados en la ley.- CONSIDERANDO (6): Que a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 constitucional, “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”,de lo que se colige, que la sentencia pronunciada por esta Sala de lo Constitucional de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y que DENIEGA las Acciones de Amparo interpuestas por el recurrente, están dictadas de acuerdo a los antecedentes vinculantes, es decir, coherente en la aplicación de los procedimientos propios de instancia laboral, en atención a los principios generales del derecho del trabajo, por tanto, el fallo emitido por esta Sala, ha cumplido con la obligación de interpretar y aplicar las normas del derecho positivo vigentes, que aseguren una eficaz protección de los derechos y garantías así como el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que los agravios expuestos en el recurso de reposición por el recurrente contra la sentencia emitida por esta Sala, que manda a revisar y analizar el fallo proferido, ultima que no existe violación alguna a las garantías constitucionales invocadas, por lo que este Alto Tribunal de Justicia procede a declarar sin lugar el recurso de reposición.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y 46 Nº 8, 73, 119 y 120 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 516, 718, 726 y 858 Código de Trabajo; 3 del Código Procesal Civil; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, actuando en su condición de Representante Procesal de Oscar Armando García Morazán y Otros miembros Directivos del SITRASANAAYS, contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), recaída contra las Sentencias dictadas por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, ambas de fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), que declara Sin Lugar los Recursos de Apelación y confirma los fallos interlocutorios de fecha dos (2) de marzo y doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), dictados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en las Demandas Sumarias Acumuladas para que se autorice despedir justificadamente trabajadores protegidos por fuero sindical promovidas por el servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Y MANDA: Que de conformidad a lo que establece la ley para efectos de comunicar al recurrente la decisión adoptada, que el Secretario de la Sala Constitucional notifique la presente resolución y en lo demás proceder conforme a derecho. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha nueve (9) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 824 y 838-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional