Sentencia AL-812-16 — Registro 9838
Resumen
Recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido injustificado promovida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de todo lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), ofrece una concisa relación argumentativa de la consideración que le merece la presunción iuris tantum de la existencia de un contrato de trabajo, aun y cuando en el mismo se indique que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten expresamente a la jurisdicción arbitral; lo cual no se sobrepone, en definitiva, al tenor social y garantista que es propio del derecho del Trabajo y su proyección constitucional para regular las relaciones laborales, cualquiera que sea su denominación, en el ordenamiento jurídico de Honduras. CONSIDERANDO (7): Que el fallo venido en amparo muestra congruencia con relevante jurisprudencia vertida por la Sala de lo Constitucional, en la cual se hace prevalecer el principio de primacía de la realidad, tal y como se ha argumentado judicialmente en el presente caso; es decir, los que tienen por sustrato común tal principio sustantivo o material del derecho del trabajo, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica que amerita la relación de trabajo; de manera que, acreditándose el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, resultaría implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. "...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 690 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el fallo venido en amparo muestra congruencia con relevante jurisprudencia vertida por la Sala de lo Constitucional, en la cual se hace prevalecer el principio de primacía de la realidad, tal y como se ha argumentado judicialmente en el presente caso; es decir, los que tienen por sustrato común tal principio sustantivo o material del derecho del trabajo, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica que amerita la relación de trabajo; de manera que, acreditándose el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, resultaría implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. ."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HECTOR HORACIO NAVARRO BARAHONA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD, antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido injustificado promovida por el señor ROGELIO ANTONIO URBINA MARTINEZ, contra la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD, antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD.- Considerando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representada, el contenido de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince (15) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el señor ROGELIO ANTONIO URBINA MARTINEZ, interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, a favor de SI MISMO, contra la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD, PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LEGALES POR DESPIDO INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO EL DESPIDO INJUSTIFICADO HASTA AQUELLA EN QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA. DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO MES, VACACIONES. (Ver folios 01 al 03 de la pieza del Juzgado) 2) Que el Juzgado de Letras citado, dictó auto resolutorio en fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciséis (2016), en el cual “FALLA 1): DECLARAR SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE JURISDICCION DE ESTA TRIBUNAL Y LA DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA INTERPUESTAS POR EL APODERADO DEMANDADO. 2)…; 3)Y MANDA:…”.( Ver folios 109 al 113 de la pieza del Juzgado). 3) Que Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE RENE ALVAREZ, en su condición de representante procesal de la parte demandada apelante, dictó Sentencia en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016) mediante la cual “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación formulado por el abogado JOSE RENE ALVAREZ en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra el auto interlocutorio proferido el siete de junio de dos mil dieciséis (7/06/16) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en consecuencia se CONFIRMA el mismo. SEGUNDO: SIN COSTAS… Y MANDA:…”; lo cual se fundamentó, entre otras, en las siguientes argumentaciones: 3.1. Que por el concepto de derechos sociales que reconoció el Legisferante, la comparecencia o reclamo de la intervención de los tribunales del trabajo en forma legal por parte de quien se dice trabajador, supone la existencia de una relación de trabajo; siendo la negativa patronal a esta presunción, objeto de prueba ante los Juzgados en la materia, lo cual es justamente el caso; y, por otra parte: 3.2. Que no es posible considerar el sometimiento de tales derechos a una decisión arbitral, al tenor de lo que disponen los artículos 128 de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo, concordante con los principios protectorios, buena fe y de primacía de la realidad, por lo cual no resultaban atendibles en apelación las pretensiones del recurrente, procediendo la confirmatoria del auto interlocutorio que se conoció en apelación.(Ver folios 09 al 11 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente abogado HECTOR HORACIO NAVARRO BARAHONA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), violenta en perjuicio de su representado, los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Y no habiendo formalizado se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar, en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), ordenase seguir con el procedimiento dando vista de los autos al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Ver folios 01-05 y 32 de la pieza de amparo).5) Que con fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones que, al decidir la Jurisdicción que no es admisible la propuesta de concurrencia de defectos procesales, no irrespeta el debido proceso ni genera indefensión en el solicitante, ya que se nutre del derecho aplicable. Por otra parte, que la situación no resulta invariable para la parte demandada, ya que sus planteamientos serán valorados al final, dependiendo de la prueba que se aporte al proceso; lo cual descarta que la decisión tenga vistos de absolutismo, como se plantea en el Recurso de Amparo. (Ver folios 35 al 39 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria proferida en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016) por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES Y DEMÁS INDEMNIZACIONES LEGALES POR DESPIDO INJUSTIFICADO promovida por el señor ROGELIO ANTONIO URBINA MARTINEZ, contra la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD, antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD., cuyo tenor resolutivo y fundamentación sintética se recoge en el Antecedente 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que en interposición del recurso de amparo, ha manifestado el amparista, Abogado HECTOR HORACIO NAVARRO BARAHONA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD, antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), al declarar SIN LUGAR la apelación formulada por la parte demandada contra la denegatoria a las Excepciones de FALTA DE JURISDICCION DE ESTA TRIBUNAL y de FALTA DE LEGITIMACION PASIVA INTERPUESTAS POR EL APODERADO DEMANDADO, efectuada por el Juzgado A Quo, ha vulnerado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en perjuicio de su representada. CONSIDERANDO (5): Que en promoción de su recurso, ha argumentado el amparista, no encontrarse conforme al principio garante del debido proceso la resolución del Tribunal Ad Quem, que revisa y confirma el auto interlocutorio venido en apelación, obviando que la parte demandante ha suscrito un Contrato de Consultoría que estipula en su cláusula Vigésimo Tercera, que cualquier controversia que suscite el contrato suscrito con la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD, antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD será sometida, de no ser posible el acuerdo directo, a la Jurisdicción Arbitral. Que el Tribunal recurrido tiene razón cuando señala que no puede negarse a una persona el acceso a un Tribunal del Trabajo, sobre todo si dice ser trabajador, como en efecto aconteció, pues la demanda le fue admitida. Sin embargo, el Tribunal recurrido, con su proceder dejó sin lugar ni efecto la cláusula arbitral antes referida, dando por sentado antes de tiempo que se trata efectivamente de una relación laboral, lo cual supone una suerte de contradicción con la primera parte de su fundamento y contraviene lo dispuesto en los artículos 1348, 1539 y 1587 del Código Civil, referente a las obligaciones, la declaratoria de nulidad de los contratos o la rescisión de los mismos; no habiendo tenido oportunidad su representada de de producir contradicción al respecto, defendiendo en juicio la validez o no de la cláusula arbitral, en lo cual percibe que el Tribunal recurrido actuó con exceso, pues venció a su mandante sin habérsele oído en juicio. Por todo lo cual solicita se dicte sentencia definitiva otorgando el presente recurso amparo contra la sentencia de apelaciones de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016) por no haberse dictado de conformidad a derecho, restituyéndose a la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD, antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD, el goce del debido proceso legal, así como demás derechos y garantías constitucionales y convencionales que le han sido conculcados. CONSIDERANDO (6): Que de todo lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), ofrece una concisa relación argumentativa de la consideración que le merece la presunción iuris tantum de la existencia de un contrato de trabajo, aun y cuando en el mismo se indique que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten expresamente a la jurisdicción arbitral; lo cual no se sobrepone, en definitiva, al tenor social y garantista que es propio del derecho del Trabajo y su proyección constitucional para regular las relaciones laborales, cualquiera que sea su denominación, en el ordenamiento jurídico de Honduras. CONSIDERANDO (7): Que el fallo venido en amparo muestra congruencia con relevante jurisprudencia vertida por la Sala de lo Constitucional, en la cual se hace prevalecer el principio de primacía de la realidad, tal y como se ha argumentado judicialmente en el presente caso; es decir, los que tienen por sustrato común tal principio sustantivo o material del derecho del trabajo, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica que amerita la relación de trabajo; de manera que, acreditándose el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, resultaría implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley.[1] CONSIDERANDO (8): Que por lo anteriormente expresado, se desprende la esencial razonabilidad de lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), respecto a que es la jurisdicción ordinaria del trabajo, y no la jurisdicción arbitral, la competente para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aun y cuando el contrato suscrito inter partes dispusiere en su Cláusula Vigésimo Tercera, que cualquier controversia que suscite el contrato suscrito con la SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA HONDURAS COMPANY LTD, antes denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD será sometida, de no ser posible el acuerdo directo, a la Jurisdicción Arbitral. En tal sentido, es aplicable para esta Sala de lo Constitucional, según continuada jurisprudencia, subordinar la aplicación irrestricta del concepto civilista de autonomía de la voluntad hacia una la conceptualización normativa de las garantías sociales que norma el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo; por todo lo cual, se considera que la sentencia conocida en amparo, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; por lo cual resulta procedente su denegatoria. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SZO-812-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] De conformidad a la legislación del trabajo generalmente aplicable, como por ejemplo; los artículos 19, 20, 24 y 47 del Código del Trabajo, en su relación conjunta y armónica.