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Sentencia AL-787-17 — Registro 9837

Resumen

Corte de apelaciones declaró no ha lugar el recurso de apelación promovido contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la declaratoria sin lugar de las excepciones de Declinatoria por falta de jurisdicción y falta de competencia genérica, con relación a la demanda ordinaria laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el objeto de la Ley de Conciliación y Arbitraje, es el establecer métodos idóneos, expeditos y confiables para resolver conflictos y fortalecer de esa forma la seguridad jurídica y la paz. El artículo 3 de la referida ley, indica, que serán conciliables todos aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. En ese orden de ideas, podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan la libre disposición; señala el artículo 30 de la Ley de Conciliación y Arbitraje que las controversias de índole laboral colectivo en materia de arbitraje, se resolverán por lo dispuesto en el Código del Trabajo.-"...

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 690 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que se define el proceso laboral como la institución destinada a la actuación de pretensiones conforme con las normas de Derecho laboral, por órganos creados especialmente para ello. El proceso laboral se diferencia de los demás procesos, de una parte, por la especialización del órgano llamado a decidir y, de otra, porque la pretensión que se actúa en el mismo ha de pertenecer a la materia contencioso-laboral, es decir, que el Derecho sustantivo aplicable debe ser Derecho del Trabajo o de la seguridad Social . Para saber si la situación jurídica llevada al conocimiento de los juzgados del trabajo, es de conocimiento de la jurisdicción laboral, es preciso determinar si el contrato celebrado por la demandante constituye o no un contrato de trabajo, para ello es imperativo establecer con claridad, que se entiende por contrato de trabajo, así tenesmos el siguiente concepto:“Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquél, por virtud del cual, una o varias personas participan en la producción, mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales o manuales, obligándose a ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o varios patronos o empresarios o a una persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de estos, mediante una remuneración, sea la que fuere la clase o forma de ella.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO(11): Que es importante determinar que en el caso de autos el contrato celebrado entre la demandante y la Sociedad MEDICARD, S.A. de C.V., si bien es cierto que se le ha denominado como “Contrato de Suministros Médicos”, también lo es que independientemente de la denominación que se le dió, en el fondo se trata de un contrato individuale de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por la demandante con la Sociedad MEDICARD, S.A. de C.V., concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto a la forma en que realizará las actividades; y c) Un salario como retribución del servicio.-CONSIDERANDO (12): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo el referido contrato, pese a que se ha establecido ser un “Contrato de Suministros Médicos”, materialmente entendemos que es un contrato individual de trabajo y por tanto es de conocimiento de la Jurisdicción laboral, conforme a la disposición constitucional contenida en el Articulo 134 y el 665 del Código del Trabajo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN JOSÉ GONZÁLEZ ELVIR, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL MEDICARD S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar el recurso de apelación promovido contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en la declaratoria sin lugar de las excepciones de Declinatoria por falta de jurisdicción y falta de competencia genérica, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora TANIA HENRIQUEZ ZUNIGA, contra la SOCIEDAD MERCANTIL MIDICARD S.A., a través de su Director Medico JEROMIN MOLINA y su representante legal señor RONY SALATIEL MARINI.- Considerando el Recurrente que la resolución recurrida en Amparo, violenta normativas constitucionales como ser los artículos 64, 90, 94, 110 y 312 contenidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora TANIA HENRIQUEZ ZUNIGA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia por el despido injustificado para obtener mediante sentencia se condene a la demandada: A) Pago de prestaciones B)Pago de los salarios caídos desde la separación del cargo, pago de reajuste salarial conforme al Estatuto Medico, Pagó de Aguinaldos y decimo cuarto mes y todos los demás derechos que le correspondan., contra MEDICARD S.A. (POR SALUD), a través de su Director Médico JEROMIN MOLINA y su Representante Legal RONY SALATIEL MARINI. (Folios del 01 al 05 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado Marvin José González Elvir, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad MEDICARD S.A., contestando la demanda relacionada en el acápite que antecede y promoviendo Declinatoria por falta de Jurisdicción por haberse pactado el sometimiento de las controversias al proceso arbitral, Declinatoria por falta de competencia genérica, para que el Juzgado del Trabajo conozca de la controversia planteada y excepción Perentoria de prescripción. (Folios del 20 al 29 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés dictó auto interlocutorio mediante el cual falló: (Sic) “1)Declarando SIN LUGAR LAS excepciones DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION POR HABERSE PACTADO EL SOMETIMIENTO DE LAS CONTROVERSIAS AL PROCEDIMIENTO ARBITRAL y la DECLINATORIA EN LA CUAL SE DENUNCIA LA FALTA DE COMPETENCIA GENERICA PARA QUE EL PRESENTE JUZGADO CONOZCA DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR LA PARTE DEMANDANTE.- 2) SIN COSTAS…” (Folios 117 al 119) de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 4) Que en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto supra relacionada, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado, Abogado Marvin José González Elvir, contra el auto interlocutorio proferido el veintitrés de junio del dos mil diecisiete (23/06/17) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionado con la demanda supraindicada; en consecuencia, se CONFIRMA la parte resolutiva del auto interlocutorio de la referencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en ésta instancia, por la naturaleza eminentemente social de las normas de trabajo…” (Folios del 10 al 13 de la pieza de antecedentes de Alzada).-5) Que el recurrente Abogado MARVIN JOSÉ GONZÁLEZ ELVIR, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil MEDICARD S.A., por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo amparado en los artículos 64, 90, 94, 110 y 312 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).-6) Que con fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, adscrito a la Fiscalía especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de Amparo, por no concurrir vulneración a la Prohibición de restricción de derechos constitucionales, ni la garantía del Debido Proceso, ni la prohibición de imponer penas antes de ser vencido, el derecho a la libre administración o un exceso en las facultades de los funcionarios, como lo ha invocado el Amparista.-CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora TANIA HENRIQUEZ ZUNIGA, en contra de MEDICARD S.A. (POR SALUD) a través de su Director Médico JEROMIN MOLINA y su representante legal RONY SALATIEL MARINI; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.-CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado MARVIN JOSÉ GONZÁLEZ ELVIR, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 64, 90, 94, 110 y 312 de la Constitución de la República; arguye el impetrante que su representada la Sociedad MEDICARD S.A., firmó con la demandante Doctora Tania Henríquez Zuniga, en fecha 01 de marzo del 2015, Contrato de Suministros Médico, mediante el cual las partes contratantes convinieron en la Cláusula Décimo Tercera que en caso de cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionadas directamente o indirectamente con dicho contrato, ya sea de naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución, terminación o resolución del mismo, se resolverá mediante los procedimientos de Conciliación y Arbitraje, señalando las partes que dicho procedimiento se tramite ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias deTegucigalpa.- CONSIDERANDO(4): Sostiene el recurrente que en el escrito de contestación de la demanda, opuso Declinatoria por Falta de Jurisdicción, por haberse pactado el sometimiento de las controversias al proceso arbitral, por ello el juzgado carece de jurisdicción para conocer del presente juicio, ya que se pactó entre ambas partes que el Tribunal competente para conocer de los derechos y acciones que se desprendieran del Contrato suscrito, sería un Tribunal Arbitral, conforme a la ley nacional, por lo que es procedente declarar con lugar la declinatoria por falta de jurisdicción del Juzgado del Trabajo, para ser sometido el presente juicio a su conocimiento, tal y como se acreditó con el contrato que se acompañó y que obra en el expediente. Igualmente aduce el impetrante se opuso la Declinatoria por Falta de Competencia Genérica, para que el juzgado del Trabajo conozca de la controversia planteada por la parte demandante, por cuanto no ha existido ninguna contratación ni relación laboral como la parte demandante trata de hacer ver, pues lo que se suscribió fue un contrato de suministros de servicios médicos, por ello el Juzgado carece de competencia genérica para conocer de cualquier controversia derivada del contrato suscrito entre las partes.-CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 64, 90, 94, 110 y 312 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente de denuncia de declinatoria por Falta de Jurisdicción por haberse pactado el sometimiento de las controversias al procedimiento arbitral y Falta de Competencia Genérica para que el Juzgado del Trabajo conozca de la controversia planteada, ambos incidentes interpuestos por la parte demandada.-CONSIDERANDO(6): Que después del estudio del presente caso y de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala deviene en señalar que la demandante en la vía laboral la señora TANIA HENRIQUEZ ZUNIGA suscribió en fecha 1 de marzo del año 2015 el contrato intitulado “CONTRATO DE SUMINISTROS MEDICOS”, con el Ingeniero Industrial Rony Salatiel Marini Bernhard, en su condición de Representante de la Sociedad MEDICARD, S.A. de C.V.; es conforme a ello que es de cumplimiento imperativo para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Trabajo que expresa: ”Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.-CONSIDERANDO (7): Que el objeto de la Ley de Conciliación y Arbitraje, es el establecer métodos idóneos, expeditos y confiables para resolver conflictos y fortalecer de esa forma la seguridad jurídica y la paz. El artículo 3 de la referida ley, indica, que serán conciliables todos aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. En ese orden de ideas, podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan la libre disposición; señala el artículo 30 de la Ley de Conciliación y Arbitraje que las controversias de índole laboral colectivo en materia de arbitraje, se resolverán por lo dispuesto en el Código del Trabajo.-CONSIDERANDO (8): Que el Artículo 128 de la Constitución de la República establece que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, en consecuencia, son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías reconocidas constitucionalmente a los trabajadores. La Ley de Conciliación y Arbitraje remite al Código del Trabajo aquellas controversias laborales colectivas que han de decidirse por el Arbitraje, desarrollando el Artículo 820 del Código de Trabajo lo relativo al Arbitramento obligatorio disponiendo: “Los conflictos colectivos del Trabajo que se presenten en los servicios públicos, y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo o por conciliación, serán sometidos al arbitramento obligatorio. Los conflictos colectivos en otras empresas o establecimientos pueden ser sometidos al arbitramento, por acuerdo de las partes.”. De la lectura de la normativa antes citada, ya la ley establece en que casos un asunto laboral puede someterse al arbitraje, no siendo el caso en estudio uno de ellos, pues como bien lo indica el recurrente, el arbitraje puede ser el medio idóneo de solución de conflictos en temas laborales, pero solamente en los casos que la misma ley señala.-CONSIDERANDO(9): Que como bien lo indica la Corte de Apelaciones en la motivación de la resolución que se impugna a través de la garantía constitucional de Amparo, son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan o tergiversen los derechos de los trabajadores, pues el conocimiento de las controversias jurídicas que deriven de una relación entre patrono y trabajador, cualesquiera que sea la denominación que se le quiera o pretenda dar, será del conocimiento de la jurisdicción del trabajo; pues compete a dicha jurisdicción decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo[3]. Que en la motivación externada por la Corte de Apelaciones y según lo dispuesto en el Artículo 29.6 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, no son susceptibles de transacción los derechos y prerrogativas que al trabajador conceden la Constitución de la República y las leyes del trabajo, lo que no se debe confundir con el arbitraje de las controversias de índole laboral en los casos ya determinados por la misma ley. -CONSIDERANDO (10): Que se define el proceso laboral como la institución destinada a la actuación de pretensiones conforme con las normas de Derecho laboral, por órganos creados especialmente para ello. El proceso laboral se diferencia de los demás procesos, de una parte, por la especialización del órgano llamado a decidir y, de otra, porque la pretensión que se actúa en el mismo ha de pertenecer a la materia contencioso-laboral, es decir, que el Derecho sustantivo aplicable debe ser Derecho del Trabajo o de la seguridad Social[4]. Para saber si la situación jurídica llevada al conocimiento de los juzgados del trabajo, es de conocimiento de la jurisdicción laboral, es preciso determinar si el contrato celebrado por la demandante constituye o no un contrato de trabajo, para ello es imperativo establecer con claridad, que se entiende por contrato de trabajo, así tenesmos el siguiente concepto:“Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquél, por virtud del cual, una o varias personas participan en la producción, mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales o manuales, obligándose a ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o varios patronos o empresarios o a una persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de estos, mediante una remuneración, sea la que fuere la clase o forma de ella.”[5] –Énfasis suplido-CONSIDERANDO(11): Que es importante determinar que en el caso de autos el contrato celebrado entre la demandante y la Sociedad MEDICARD, S.A. de C.V., si bien es cierto que se le ha denominado como “Contrato de Suministros Médicos”, también lo es que independientemente de la denominación que se le dió, en el fondo se trata de un contrato individuale de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por la demandante con la Sociedad MEDICARD, S.A. de C.V., concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto a la forma en que realizará las actividades; y c) Un salario como retribución del servicio.-CONSIDERANDO (12): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo el referido contrato, pese a que se ha establecido ser un “Contrato de Suministros Médicos”, materialmente entendemos que es un contrato individual de trabajo y por tanto es de conocimiento de la Jurisdicción laboral, conforme a la disposición constitucional contenida en el Articulo 134[6] y el 665 del Código del Trabajo.-CONSIDERANDO (13): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo.-CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.-POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4, 20, 665, 820 del Código del Trabajo; 1, 3, 28, 29.6 y 30 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado MARVIN JOSÉ GONZÁLEZ ELVIR, a favor de la Sociedad Mercantil MEDICARD, S.A., contra la resolución dictada en fecha VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISETE (2017), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0787-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Ver artículo 665 del Código de Trabajo.

[4] Citando a GUASP, Alejandro Suárez Fernández, DERECHO DEL TRABAJO Conflictos Colectivos Seguridad Social Derecho Procesal del Trabajo. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tercera edición, agosto de 1996. Madrid, España. Pág. 275.

[5] Leodegario Fernández Marcos, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Primera edición, diciembre de 1993. Madrid, España. Pág. 14.

[6] “Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos, que hayan de ponerlas en práctica”.