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Sentencia AL-752-17 — Registro 9549

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por Juzgado de primera instancia que tuvo por contestado el litisconsorcio, que las excepciones y defectos presentados se decidirán en sentencia definitiva en relación a demanda laboral para el cumplimiento de derechos económicos del contrato colectivo, pago de reajuste salarial, daños y perjuicios promovida por Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (SITYRAIHAH) contra recurrente; en apelación se concluyó que demandante corrigió la demanda y juez la tuvo por corregida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NADIA YAMILETH MEDINA GOMEZ, a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN RAMON MEDINA RAMOS, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de enero del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (SITYRAIHAH) contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH).- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 82, 90, 321 y 322 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, los abogados ERASTO JESUS REYES MENDEZ y FREDIN DE JESUS FUNEZ, interponiendo demanda ordinaria laboral para que se obligue al patrono a dar estricto cumplimiento al contrato colectivo de condiciones de trabajo legalmente negociado y suscrito por las partes contratantes y debidamente registrado en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, pago de reajuste salarial, más una suma igual en concepto de daños y perjuicios.- Que se condene a la Institución demandada al cumplimiento de los derechos económicos consignados en dicho contrato colectivo.- Costas de juicio.(Folio 01 al 10 de la pieza del Juzgado) 2) Que el referido Juzgado, en audiencia Primera de Tramite de fecha cuatro (4) de enero del año dos mil diecisiete (2017), RESUELVE: Se tiene por contestado el litisconsorcio se admite la contestación al incidente y la prueba presentada en este acto y se admite el medio de prueba por exhibición de documentos para lo cual se señala. Tener por hecha la manifestación por parte del compareciente en cuanto a las excepciones y defectos los mismos por su naturaleza será decididos en sentencia definitiva.- (Folio 43 al 48 de la pieza del Juzgado) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado JUAN RAMON MEDINA RAMOS, en fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JUAN RAMON MEDINA RAMOS, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandada apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 04 de enero del año 2017.- (Folio 48 al 50 de la pieza de antecedentes) 4) La recurrente Abogada NIDIA YAMILETH MEDINA GOMEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria a lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 321 y 322 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). 5) Que con fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN RAMON MEDINA RAMOS, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (SITYRAIHAH) contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 321 y 322 de la Constitución de la República; por considerar que la Corte de Apelaciones recurrida ha obviado disposiciones de orden público y con rango constitucional al confirmar la resolución del Tribunal inferior, sin explicar porque no se debió admitir el defecto procesal de oscuridad en el modo de proponer la demanda alegado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, al existir un procedimiento para proponer y decidir sobre la interposición de las excepciones, por lo que no se necesita un procedimiento supletorio. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia en que el Artículo 703 del Código de Trabajo ya establece el procedimiento en los juicios del Trabajo; y, que la parte demandada alega que en el acápite de lo que demanda no expresa con claridad y expresión los hechos y omisiones, ni las razones y fundamentos de derecho en que se apoya la demanda y que estos no concuerdan con la petición de la demanda, sin embargo en la misma audiencia primera de tramite el demandante corrigió la demanda y se tuvo por corregida. Por lo que se consideró que el auto interlocutorio que se conoce en apelación está dictado conforme a Derecho.; por consiguiente, es procedente confirmar la resolución impugnada. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NADIA YAMILETH MEDINA GOMEZ, a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH); contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018), que falla denegando el Recurso de Amparo por él interpuesto a favor de su representada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN RAMON MEDINA RAMOS, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (SITYRAIHAH) contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH). CONSIDERANDO UNO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que la Abogada NADIA YAMILETH MEDINA GOMEZ, actuando en su condición antes referida, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH). Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO DOS: Que la recurrente, Abogada NADIA YAMILETH MEDINA GOMEZ, en fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que se debió admitir este defecto procesal denunciado, bajo el cual la demanda oscura y defectuosa establezca su pretensión. CONSIDERANDO TRES: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO CUATRO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia en que el Artículo 703 del Código de Trabajo ya establece el procedimiento en los juicios del Trabajo; y, que la parte demandada alega que en el acápite de lo que demanda no expresa con claridad y expresión los hechos y omisiones, ni las razones y fundamentos de derecho en que se apoya la demanda y que estos no concuerdan con la petición de la demanda, sin embargo en la misma audiencia primera de tramite el demandante corrigió la demanda y se tuvo por corregida. Por lo que se consideró que el auto interlocutorio que se conoce en apelación está dictado conforme a Derecho. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CINCO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento de la recurrente, en cuanto a la admisión de un defecto procesal sería un pronunciamiento de instancia; y, por ende, ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO SEIS: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por por la Abogada NADIA YAMILETH MEDINA GOMEZ, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia y resolución de fechas diecinueve de junio de dos mil dieciocho y nueve de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, recaídas en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 0752-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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