Sentencia AL-709-17 — Registro 9547
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar incidente de declinatoria por incompetencia de Tribunal en demanda ordinaria laboral para el reintegro de demandada promovida contra recurrente; el fallo en apelación se basa en la existencia de una relación jurídica laboral y no la prestación de contratos de servicios profesionales, al ser una actividad necesaria, contínua y permanente, según contrato de trabajo de la dependencia gubernamental
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el A-quo en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del Tribunal ante quien se interpuso la demanda...."..."esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es no competente para conocer del mismo..."..."resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo”..."..."para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”..."..."al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual está referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aún cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos..."..."debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna..."..."no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo..."..."la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho..."..."si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos..."..."en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en la existencia de una relación jurídica laboral y no la prestación de contratos de servicios profesionales, las que se refieren a otra relación de trabajos técnicos, al ser una actividad necesaria, continua y permanente, según el contrato de trabajo de la dependencia gubernamental; además de que la pacta sun servanda no puede operar en la materia laboral, por la disposición establecida en el Código de Trabajo, en el sentido de que es nula la cláusula de un contrato de trabajo, en el que se haya establecido disposiciones que menoscaben, disminuyan o tergiversen los derechos establecido a favor de los trabajadores en la Constitución de la República, Código de Trabajo, sus reglamentos y las demás leyes de previsión social; en el que se consecuencia el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo está apegado a derecho..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico jurídica..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: "Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de mayo del dos mil diecisiete, con relación a un Incidente de Declinatoria por Incompetencia del Tribunal, alegado en la demanda laboral promovida por el señor JUAN MIGUEL ARDON, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (EXP. No.940-2015). Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 64, 82, 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán el señor JUAN MIGUEL ARDON, interponiendo demanda ordinaria laboral contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, solicitando el demandante, el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, solicitando a la vez que se dictara sentencia en la que se declare CON LUGAR la referida demanda. (Folios 1–14 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado celebró Audiencia Primera de Trámite en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en donde dictó Sentencia Interlocutoria, mediante la cual Falló: “I.- Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL opuesto por la Representante del Estado de Honduras….” (Folios 78 -83 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS, en su condición de Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: “1) CONFRMANDO el auto interlocutorio apelado y dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANSCICO MORAZAN….-” (Folios 51-54 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha dieciocho(18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–7 y 18-31 de la presente Recurso) 5) Que en fecha trece (13) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen, siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista.” (Folios 36-39 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de mayo del dos mil diecisiete, con relación a un incidente de declinatoria por incompetencia del Tribunal alegado en la demanda laboral promovida por el señor JUAN MIGUEL ARDON contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (EXP. No.940-2015). CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, pues se colige que la vulneración por parte de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo al emanar la Sentencia objeto de este Tutelar Amparo, lo constituye el hecho, que el actor, al acudir con sus pretensiones al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, no observó en su libelo de la demanda, el procedimiento y la forma que señala la Ley para esta clase de juicios que es el dirigir correctamente su designación ante el órgano y representante competente; asimismo es evidente la violación cuando está bien claro, que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, es incompetente para conocer esta causa; a pesar de haberse acreditado el defecto que contiene la designación del Tribunal para conocer de la demanda y contra quien se dirige la misma, es decir que dada la naturaleza de los contratos administrativos estos están sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vínculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la laboral tal y como se ha planteado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el A-quo en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del Tribunal ante quien se interpuso la demanda. CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es no competente para conocer del mismo. CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual está referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aún cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. CONSIDERANDO DOCE (12): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO DIECISIETE (17): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en la existencia de una relación jurídica laboral y no la prestación de contratos de servicios profesionales, las que se refieren a otra relación de trabajos técnicos, al ser una actividad necesaria, continua y permanente, según el contrato de trabajo de la dependencia gubernamental; además de que la pacta sun servanda no puede operar en la materia laboral, por la disposición establecida en el Código de Trabajo, en el sentido de que es nula la cláusula de un contrato de trabajo, en el que se haya establecido disposiciones que menoscaben, disminuyan o tergiversen los derechos establecido a favor de los trabajadores en la Constitución de la República, Código de Trabajo, sus reglamentos y las demás leyes de previsión social; en el que se consecuencia el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo está apegado a derecho. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha seis (06) de junio de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal con el número 0709=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL