Sentencia AL-641-17 — Registro 9544
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia que tuvo por enmendada la demanda contra demanda (recurrente) ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido indirecto e injustificado y otros derechos laborales promovida por person a natural contra recurrente; en apelación se concluyó que no hay ningún cambio a las pretensiones de fondo y es procedente la enmienda hecha por el demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 136 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FABRIZIO ANTONIO VALLE VENTURA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL AVICOLA RIO AMARILLO, S.A. DE C.V., contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió un recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda Laboral promovida por la señora MIRIAM ESPINOZA contra la sociedad mercantil denominada AVICOLA RIO AMARILLO S.A. DE C.V..- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora MIRIAM YANETH ACOSTA, interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INMDEMIZACIONES LABORALES, POR DESPIDO INDIRECTO E INJUSTIFICADO, PAGO DE INDEMNIZACION POR ESTADO DE EMBARAZO Y LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, contra la sociedad mercantil AVICOLA RIO AMARILLO, S.A. DE C.V., a través de la Licenciada CLAUDIA JESSICA SAYBE RAMOS DE BUESO, en su condición de Gerente General y Representante Legal. (Folios 01 al 04 de la primera pieza.) 2) Que en audiencia primera de trámite, celebrada en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), al conocer de una solicitud de enmienda de la demanda, el citado Juzgado, RESUELVE: “Tener por manifestado a los representantes de las partes, por enmendada la demanda específicamente el hecho segundo que va orientado al estado de embarazo de la demandante al momento del desarrollo de los hechos y agregado en el hecho segundo de la demanda después del 2014, antes del penúltimo párrafo que siendo del conocimiento del Gerente después del 16 de agosto de 2014, antes del penúltimo párrafo de la demanda deberá leerse “que siendo del conocimiento del Gerente de Ventas Javier Juárez que la demandante se encontraba en estado de gestación, informándole al Gerente de Ventas de la demandada, pero al mismo tiempo faltaba el examen del laboratorio el 31 de julio 2014, en la siguiente semana el 04 de agosto de 2014, se le informó que tenía que firmar un contrato sin tener fecha de inicio y terminación siendo con contrato en blanco, asimismo le manifestaron que pasara por la oficina recogiendo un cheque por la cantidad de L. 8,800.00.” (Folio 117 al 118 de la primera pieza del juzgado) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, dictó sentencia en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en la cual: “FALLA: 1º CONFIRMANDO la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán de fecha dieciocho de abril del año dos mil diecisiete; 2º .…” Folios 30 al 32 de la segunda pieza) 4) Que el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la empresa AVICOLA RIO AMARILLO S.A. DE C.V., por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representada, los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). (Folios 01 al 03 y 24 del recurso de amparo) 5) Que con fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió un recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, con relación a la demanda Laboral promovida por la señora MIRIAM ESPINOZA contra la sociedad mercantil denominada AVICOLA RIO AMARILLO S.A. DE C.V.. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; ya que se dejó en indefensión a la parte demandada, ya que la prueba que se presentó en la primera audiencia de trámite, es para probar los hechos de la contestación de la demanda y contraprobar o contra argumentar los hechos o puntos de la demanda, y al supuestamente acaecer una enmienda de la demanda, se crearon nuevos hechos y escenarios, dejando en indefensión a su representada, ya que la prueba que se llevaba se circunscribía al escrito de demanda y los hechos de la contestación de la demanda. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), pronunciándose en el sentido de que la enmienda de la demanda se produjo en el momento procesal que la ley confiere a las partes a enmendar o corregir la demanda de mérito; razón por la cual no puede aducirse que los hechos de la demanda fueron modificados y de ello haya resultado una nueva demanda, pues no se evidencia que haya cambiado el núcleo de la misma como refiere el amparista. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que, en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que la enmienda hecha por la parte demandante, va encaminada a aclarar hechos relacionados con las pretensiones planteadas en la demanda; y, de ninguna manera agrega pretensiones como lo señala la parte demandada, ni la pone en desventaja; ya, que la ley permite al trabajador poder corregir, enmendar o aclarar la demanda. Y si bien es cierto, ese Tribunal ha reiteradamente ha sostenido el criterio que no es posible poder cambiar las pretensiones del demandante en una aclaración, corrección o enmienda de la demanda, también es cierto que en el presente caso, como ya se dijo, no hay ningún cambio en cuanto a las pretensiones de fondo y consecuentemente es procedente la enmienda hecha por el demandante. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0641-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL