Sentencia AL-637-18 — Registro 8915
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y revocó auto dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar cuestiones incidentales de no haber agotado la vía administrativa, fallo recurrido alega que no se está ejecutando la sentencia emitida por la Sala de lo Laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta demanda laboral por reintegro se declaró sin lugar en la segunda instancia, no porque no tuvieran el derecho los trabajadores, sino porque consideró la Corte de Apelaciones, la existencia fáctica de la prescripción para accionar, la demanda fue promovida pasado el plazo que fija la norma laboral y al irse en recurso de casación el mismo se desestimó, por las prestaciones laborales como indemnización, estas se alcanzan cuando judicialmente hay una condena, sin embargo, extrajudicialmente ha quedado vigente el reconocimiento del pago de prestaciones que el patrono hizo al momento del despido de los trabajadores de la Municipalidad de Sabá; obligación que es reconocida en la sentencia dictada por la Sala Laboral de la Corte Suprema en fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete, donde doctrinariamente interpreta que esas indemnizaciones se convirtieron en derechos adquiridos para los trabajadores y que si estos los reclaman deberán pagar..."..."esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se ha respetado en todo momento el debido proceso, por lo cual y en vista al carácter contencioso de sus alegatos, los cuales son dirigidos contra el fondo del asunto en litigio y no concretamente contra la resuelto por el Ad-Quem en el acto impugnado, estima, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON, contra una resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, con relación según el recurrente a que la autoridad recurrida no está ejecutando la sentencia emitida por la Sala de lo Laboral sino que están ejecutando dentro del proceso de despido y reintegro, los derechos adquiridos de los trabajadores, lo cual no fue objeto en el recurso de casación, pretendiendo abrir un juicio fenecido conocido por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha trece de noviembre de dos mil quince; con relación a la demanda laboral promovida por los señores FLORINDA A. AVELAR, FLORINDA A. ABELAR M. LIGIA G. POSAS Y OTROS, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON. CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que violenta las garantías constitucionales establecidas en los artículos 60, 70, 81 párrafo segundo, 82, 90, 103 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el recurrente, el acto reclamado es la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, que declara ha lugar el recurso de apelación y revoca el auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón contra una resolución dictada por la referida Corte en fecha quince de mayo de dos mil dieciocho; la cual mediante sentencia interlocutoria, la Corte de Apelaciones alega que no se está ejecutando la sentencia emitida por la Sala de lo Laboral, sino que se están ejecutando dentro del despido y reintegro los derechos adquiridos y que estos son auxilio de cesantía, salarios adeudados, vacaciones, treceavo y décimo cuarto mes, pues la Municipalidad de Sabá al dar por terminada la relación de trabajo en fecha tres de febrero de dos mil catorce, les dijo a los trabajadores que pasaran por la Procuraduría del Trabajo a que les hicieran el cálculo de sus prestaciones, extremo este que no ha sido debatido en el juicio, y además, se ampara que la Sala Laboral en su sentencia irregular expresó que debía de pagarse los derechos adquiridos como ser auxilio de cesantía, lo cual no fue objeto de recurso de casación, mismo que fue declarado sin lugar, pues la Corte recurrida con su auto interlocutorio de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, pretende abrir un juicio fenecido, el cual es contrario a la Constitución de la República, si la parte demandante cree que sus representados tienen algún derecho, debió de haber presentado su demanda contra mi poderdante, pero no este juicio que ya fue concluido mediante sentencia definitiva y firme. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones, y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declara ha lugar el recurso de apelación y revoca el auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón. CONSIDERANDO (4): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, analizando dos aspectos que señala la norma laboral: en la vía jurisdiccional, los trabajadores promovieron la acción para alcanzar su reintegro a la Municipalidad de Sabá, a través del representante legal del Sindicato de esa institución, lo cual denota el interés primordial de la existencia de su organización sindical; por otra parte el patrono, al momento de despedir a los trabajadores por escrito, dispone en cada despido que se les pagaran sus prestaciones y que acudan a ña Procuraduría del Trabajo para el cálculo y liquidarles. Esta demanda laboral por reintegro se declaró sin lugar en la segunda instancia, no porque no tuvieran el derecho los trabajadores, sino porque consideró la Corte de Apelaciones, la existencia fáctica de la prescripción para accionar, la demanda fue promovida pasado el plazo que fija la norma laboral y al irse en recurso de casación el mismo se desestimó, por las prestaciones laborales como indemnización, estas se alcanzan cuando judicialmente hay una condena, sin embargo, extrajudicialmente ha quedado vigente el reconocimiento del pago de prestaciones que el patrono hizo al momento del despido de los trabajadores de la Municipalidad de Sabá; obligación que es reconocida en la sentencia dictada por la Sala Laboral de la Corte Suprema en fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete, donde doctrinariamente interpreta que esas indemnizaciones se convirtieron en derechos adquiridos para los trabajadores y que si estos los reclaman deberán pagar. La Sala Laboral en los fundamentos de derecho desarrolla argumentos sobre la prescripción de los derechos adquiridos de los trabajadores, que puede ser interrumpida cuando la otra parte hace ofrecimientos conciliatorios a efecto de resolver el conflicto. Asimismo, se pronuncia que el patrono ha reconocido el pago de las prestaciones y ello constituye derecho adquirido, con lo cual determina que el reclamo económico que hacen los trabajadores además de procedente no ha prescrito, porque es un derecho que se ha mantenido en el tiempo, validado por el documento en el cual les hizo ese reconocimiento. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se ha respetado en todo momento el debido proceso, por lo cual y en vista al carácter contencioso de sus alegatos, los cuales son dirigidos contra el fondo del asunto en litigio y no concretamente contra la resuelto por el Ad-Quem en el acto impugnado, estima, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (6): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (7): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (9): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON, contra una resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0637-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.