Sentencia AL-625-16 — Registro 8266
Resumen
Sentencia declaró sin lugar solicitud de tasación de honorarios profesionales de segunda instancia por actuaciones, acciones, acciones judiciales y beneficios patrimoniales recibidos por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) en demanda laboral promovida por Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (SITRAINJUPEMP) por considerar que no hay sentencia que condene al demandado y ambas partes desistieron de la demanda y de la reconvención
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."este alto tribunal estima que la razón asiste a la censora en que en el presente caso hubo una actividad profesional que debería generarle emolumentos, como trabajo que ésta es, para solventar las necesidades de su propio sustento y de su familia. En ese sentido constan todas las actuaciones realizadas en el ejercicio de la abogacía a favor de su poderdante, lo que obviamente es un esfuerzo laboral que debe generar como ya se expresó antes, los honorarios fijados contractualmente o en su defecto los dispuestos en el arancel profesional correspondiente. Para la Sala el hecho de que hubo desistimiento de acciones entre las partes del juicio, no es óbice para que los abogados que les representaron tengan el derecho de cobro por sus honorarios de conformidad con la ley en razón de forma y tiempo. De manera que se manifiesta en desacuerdo con el criterio de la honorable corte de apelaciones, referido a reconocer la procedencia de pago de honorarios únicamente cuando existe sentencia definitiva. Sobre la violación del párrafo primero del artículo 90 constitucional, que contiene el derecho de debido proceso legal, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por la censora en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir, era imprescindible que la impetrante señalara con claridad el porqué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, como la garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo violación del debido proceso no cabe estimarlo de recibo. Por todo lo anteriormente corresponde otorgar el amparo de mérito por violación del párrafo tercero del artículo 70 constitucional en relación con el 127 también constitucional y el 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En virtud de lo cual procede para la restitución del derecho humano al trabajo remunerado, ordenar a la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán conocer y decidir sobre la pretensión de tasar los honorarios profesionales de que ha hecho mérito. Ahora bien, lo anterior no debe entenderse como una resolución de fondo que declare el derecho peticionado por el abogado Olvin Edme Rodríguez, sino la oportunidad procesal de que el tribunal de alzada examine y determine si de conformidad con la ley y el Arancel del profesional del derecho le asiste el derecho que pretende..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 70 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 6 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, a favor del señor OLVIN EDME RODRÍGUEZ, contra la resolución dictada en fecha once de abril del año dos mil dieciséis por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar la tasación de honorarios profesionales de segunda instancia promovida por el abogado OLVIN EDME RODRÍGUEZ, por actuaciones, acciones judiciales y beneficios patrimoniales recibidos por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en la demanda ordinaria laboral que le promoviera el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP). Estima la amparista que se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 64, 70 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, comparecieron ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los abogados FREDIN DE JESÚS FÚNEZ y KEVIN RAMÓN MURILLO NELSON, en su condición de apoderados legales, interponiendo demanda ordinaria laboral para que se obligue al patrono a dar estricto cumplimiento a un contrato colectivo, contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP). (Folios 1 al 6 de la primera pieza de antecedentes). 2. El referido juzgado, en audiencia para evacuar medio de prueba celebrada en fecha dos de octubre de dos mil seis FALLA: 1. Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QU SE OBLIGUE A UN PATRONO A DAR ESTRECTO CUMPLIMIENTO A UN CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO LEGALMENTE NEGOCIADOS Y SUSCRITOS POR LAS PARTES CONTRATANTES Y DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. QUE SE CONDENE A LA INSTITUCIÓN DEMANDADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS CONSIGNADOS EN DICHO CONTRATO COLECTIVO. PAGO DE REAJUSTE SALARIAL; promovida por los abogados FREDIN DE JESÚS FÚNEZ Y KEVIN RAMÓN MURILLO NELSON. 2. Declarar SIN LUGAR la demanda respecto al pago de daños y perjuicios y en consecuencia se EXONERA al INJUPEMP a pagar daños y perjuicios. 3. Declarar SIN LUGAR la demanda por vía de reconvención interpuesta por el abogado OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su condición de apoderado legal de Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, por medio de su representada legal el director ejecutivo abogado LUCIO IZAGUIRRE ROMERO, a pagar a favor de los trabajadores que representan el SITRAINJUPEMP la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 2,000.000.00). (Folios del 148 al 296 de la primera pieza de antecedentes). 3. La Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial del departamento de Atlántida conociendo el recurso de apelación interpuesto por la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada legal del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, dictó sentencia en fecha once de abril del dos mil dieciséis, resolviendo: Declarando SIN LUGAR la tasación de honorarios profesionales de segunda instancia presentada por el abogado OLVIN EDME RODRÍGUEZ. (Folio 135 de la segunda pieza de antecedentes). 4. La recurrente abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, compareció ante este tribunal, en fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del señor OLVIN EDME RODRÍGUEZ, por considerar que la decisión del ad quem, de fecha once de abril del dos mil dieciséis, violenta en perjuicio de su representada, los artículos 64, 70 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco de junio de dos mil diecisiete. 5. En fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al fiscal del despacho y por emitido el dictamen de la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, quien fue de la opinión de que “SE DENIEGUE” en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por la amparista. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la garantía constitucional de amparo, estima que la resolución impugnada, vulnera los artículos contenidos en los artículos 64, 70 párrafo tercero y 90 párrafo primero, argumentando lo que a continuación se expone y resume. Destaca que el tribunal de alzada ha equivocado su razonamiento al sostener que: “…sólo procede el pago de honorarios cuando hay sentencia definitiva, desconociendo todo el trabajo realizado y los beneficios obtenidos por el representado.” Bajo ese razonamiento desestimó la solicitud de tasación de honorarios profesionales de segunda instancia. La garantista señala que los artículos 1, 3, 55 literal b, numeral 1 y 56 del Arancel del profesional del derecho legitiman el pago de horarios profesionales por trámites realizados y no por las sentencias logradas. Refiere que en este caso el ad quem desconoció el derecho a percibir honorarios aun cuando el trabajo realizado dio como resultado la absolución del INJUPEMP, lo cual fue de su beneficio. La censora hace una lista de actuaciones realizadas para lograr la absolución total de la deuda que se le reclamaba a INJUPEMP. Dicha actividad profesional, señala la amparista, es un servicio que no puede prestarse de manera gratuita. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dispuso en su resolución de fecha once de abril de dos mil dieciséis, declarar sin lugar la tasación de honorarios profesionales de segunda instancia. En su resolución, el ad quem explica que al abogado Olvin Edme Rodríguez no le corresponde el derecho para demandar tasación de honorarios profesionales en segunda instancia porque no hay sentencia que condene al demandado; asimismo ambas partes desistieron de la demanda y de la reconvención. Señala que la corte con anterioridad había denegado una petición similar, correspondiente a la primera instancia. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ al emitir su dictamen fue de la opinión porque SE DENIEGUE la garantía de amparo de mérito. La fiscal hace la observación que en el presente caso las partes desistieron tanto de la demanda como de la reconvención, hecho que motivó a la corte a tener por extinguidas las acciones. La fiscal señala que como consecuencia de lo anterior, no existen acciones judiciales en la instancia reclamada, de manera que no se puede cuantificar honorarios profesionales, siendo que el desistimiento implica la renuncia al ejercicio de la acción, aunado a que no existe una sentencia que condene al INJUPEMP a pagar honorarios profesionales. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación de los derechos contenidos en los artículos 64, 70 párrafo tercero y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias lo hace de la siguiente manera. El artículo 64 constitucional contiene el principio denominado supremacía de la constitución, el cual no es en sí un derecho, sino el fundamento o piedra angular que da lugar a las garantías constitucionales, entre ellas el amparo[4] que se constituye como el medio idóneo para la defensa de los derechos contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno. En relación con la violación del párrafo tercero del artículo 70 constitucional, habrá que agregar que éste se encuentra íntimamente ligado con el artículo 127 también constitucional, el cual contiene el derecho al trabajo; y con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual dispone el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Con lo anteriormente señalado y con lo acaecido en el proceso, este alto tribunal estima que la razón asiste a la censora en que en el presente caso hubo una actividad profesional que debería generarle emolumentos, como trabajo que ésta es, para solventar las necesidades de su propio sustento y de su familia. En ese sentido constan todas las actuaciones realizadas en el ejercicio de la abogacía a favor de su poderdante, lo que obviamente es un esfuerzo laboral que debe generar como ya se expresó antes, los honorarios fijados contractualmente o en su defecto los dispuestos en el arancel profesional correspondiente. Para la Sala el hecho de que hubo desistimiento de acciones entre las partes del juicio, no es óbice para que los abogados que les representaron tengan el derecho de cobro por sus honorarios de conformidad con la ley en razón de forma y tiempo. De manera que se manifiesta en desacuerdo con el criterio de la honorable corte de apelaciones, referido a reconocer la procedencia de pago de honorarios únicamente cuando existe sentencia definitiva. Sobre la violación del párrafo primero del artículo 90 constitucional, que contiene el derecho de debido proceso legal, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por la censora en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir, era imprescindible que la impetrante señalara con claridad el porqué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, como la garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo violación del debido proceso no cabe estimarlo de recibo. Por todo lo anteriormente corresponde otorgar el amparo de mérito por violación del párrafo tercero del artículo 70 constitucional en relación con el 127 también constitucional y el 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En virtud de lo cual procede para la restitución del derecho humano al trabajo remunerado, ordenar a la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán conocer y decidir sobre la pretensión de tasar los honorarios profesionales de que ha hecho mérito. Ahora bien, lo anterior no debe entenderse como una resolución de fondo que declare el derecho peticionado por el abogado Olvin Edme Rodríguez, sino la oportunidad procesal de que el tribunal de alzada examine y determine si de conformidad con la ley y el Arancel del profesional del derecho le asiste el derecho que pretende. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 59, 64, 80, 127, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, a favor del abogado OLVIN EDME RODRÍGUEZ, en contra de la resolución dictada en fecha once de abril del año dos mil dieciséis por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar la tasación de honorarios profesionales de segunda instancia promovida por el abogado OLVIN EDME RODRÍGUEZ, por actuaciones, acciones judiciales y beneficios patrimoniales recibidos por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). En consecuencia: 1. ORDENA a la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, que restituya al ciudadano OLVIN EDME RODRÍGUEZ su derecho humano al trabajo remunerado, para lo cual deberá pronunciarse sobre la pretensión de tasar los honorarios profesionales de que ha hecho mérito. Se advierte que lo anterior no deberá tomarse como una decisión de fondo. 2. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0625=2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Otras garantías constitucionales son: la exhibición personal, la inconstitucionalidad, la revisión y el habeas data.