Sentencia AL-620-18 — Registro 8914
Resumen
Sentencia confirmó resolución que declaró con lugar cuestiones incidentales por considerar que la acción se halla presrita de pleno derecho en relación a demanda laboral promovida por recurrente contra la Alcaldía Municipal de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se aprecia que la Alzada fue del criterio que la decisión del A-quo es apegada a derecho, sucediendo que efectivamente la acción se halla prescrita de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 864 del Código del Trabajo, tomando en cuenta que la demanda ya había sido promovida con anterioridad, sucediendo que en la audiencia de conciliación celebrada con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la Alcaldía Municipal de Ceguaca en su condición de parte demandada, opuso la excepción de nulidad por no haberse agotado previamente el reclamo administrativo ante la demandada de conformidad al artículo 691 del Código del Trabajo, mientras tanto el representante de la Procuraduría General de la República opuso incidente de nulidad del auto de admisión de la demanda por no haberse agotado previamente el procedimiento gubernativo, de acuerdo con el artículo antes referido, habiendo el A-quo, declarado con lugar ambos incidentes, ordenando la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de aquella demanda con archivo de actuaciones, dicha resolución fue consentida por las partes, por no haberse interpuesto ningún recurso de impugnación..."..."observa la alzada que la parte demandante tenía el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de dicha notificación, cuyo plazo precluyó en fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (artículo 864 del Código de Trabajo); sin embargo, por estar el personal del Poder Judicial en estas fechas gozando de vacaciones, se debió promover la demanda al siguiente día hábil, y no hasta el dos de junio de dos mil diecisiete, como se llevó a cabo..."..."esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo..."..."este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil dieciocho. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DANIELA MARINA GOMEZ LOPEZ a favor de la señora ESTELA PEREZ MEJIA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, que confirmó resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho; con relación a la demanda laboral promovida por la señora ESTELA PEREZ MEJIA contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (Exp. 161-2017-00138). CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulnera en perjuicio de su representada el derecho de debido proceso y defensa contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, respectivamente, relacionados con el principio de legalidad, en el sentido que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara confirmó lo resuelto en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se declara con lugar las cuestiones incidentales de no haber agotado la vía administrativa, prescripción de la acción para demandar y la excepción dilatoria de falta personalidad del demandado, el Estado de Honduras. La recurrente considera que no está de acuerdo en cuanto al incidente de prescripción de la acción para demandar y se basa en el criterio de que la demanda se promovió fuera de los dos meses, igual sobre la condena en costas, por ser del parecer que la prescripción no debió ser interpuesta como un incidente, sino que debe oponerse como excepción perentoria y decidirse en la sentencia definitiva, tal como lo establecen los artículo 862 y 710 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada fue del criterio que la decisión del A-quo es apegada a derecho, sucediendo que efectivamente la acción se halla prescrita de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 864 del Código del Trabajo, tomando en cuenta que la demanda ya había sido promovida con anterioridad, sucediendo que en la audiencia de conciliación celebrada con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la Alcaldía Municipal de Ceguaca en su condición de parte demandada, opuso la excepción de nulidad por no haberse agotado previamente el reclamo administrativo ante la demandada de conformidad al artículo 691 del Código del Trabajo, mientras tanto el representante de la Procuraduría General de la República opuso incidente de nulidad del auto de admisión de la demanda por no haberse agotado previamente el procedimiento gubernativo, de acuerdo con el artículo antes referido, habiendo el A-quo, declarado con lugar ambos incidentes, ordenando la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de aquella demanda con archivo de actuaciones, dicha resolución fue consentida por las partes, por no haberse interpuesto ningún recurso de impugnación. CONSIDERANDO (03): Respecto a la prescripción de la presente demanda, como la nulidad se produjo con fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, desde el auto de admisión, cuya notificación fue realizada en estrados en la misma fecha, observa la alzada que la parte demandante tenía el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de dicha notificación, cuyo plazo precluyó en fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (artículo 864 del Código de Trabajo); sin embargo, por estar el personal del Poder Judicial en estas fechas gozando de vacaciones, se debió promover la demanda al siguiente día hábil, y no hasta el dos de junio de dos mil diecisiete, como se llevó a cabo. CONSIDERANDO (04): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO (05): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO (06): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (07): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO (08): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DANIELA MARINA GOMEZ LOPEZ a favor de la señora ESTELA PEREZ MEJIA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-620-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL