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Sentencia AL-612-16 — Registro 9833

Resumen

Recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, declarando en contumacia a la parte demandada en las diligencias de mérito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, basa su sentencia básicamente en que no puede declararse la contumacia en la causa de mérito pues no se dan los presupuestos para decretarse, pues la ley no establece que se decretara contumacia cuando no se contestare la demanda en tiempo; aunado a lo anterior en materia laboral existen principios como el de primicia de la realidad en el cual prevalecen los aspectos factio sustanciales por sobre los jurídicos formales, el principio de imparcialidad el cual consiste en que la declaración o resolución se orienta en el deseo de decir con exactitud y resolver justa y legalmente el caso concreto, para ello es preciso que las partes presenten las pruebas conducentes a fin de resolver bajo los principios antes expuestos con el fin de aplicar justicia social conforme al cual se debe dar a cada uno lo suyo en función de procurar el bien común y bienestar general."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó y ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales"...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor RENE EDGARDO CHAVEZ CENTENO, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que Revocó el auto dictado por el Juzgado del Trabajo de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once (11) de febrero del dos mil dieciséis (2016). Con relación a la demanda ordinaria Laboral promovida por el señor RENE EDGARDO CHAVEZ CENTENO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en el Artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional el Abogado RENE EDGARDO CHAVEZ CENTENO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016). 2) Que el referido Juzgado, en fecha once (11) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) RESUELVE: Declarar en contumacia a la parte demandada en las diligencias de mérito.- (Folio 60 de la pieza del Juzgado) 3) Que la Corte Primera de Apelaciones del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados VILMA OCAMPO SANTOS y JORGE LUIS PEREZ BURGOS, en fecha veinte (20) de Abril del año dos mil dieciséis (2016) FALLA: “Primero: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados VILMA OCAMPO SANTOS y JORGE LUIS PEREZ BURGOS, contra el auto de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida en la demanda Ordinaria de primera instancia para que el patrono pruebe la justa causa en que fundó el despido presentada por el señor RENE EDGARDO CHAVEZ CENTENO, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras representada por la Licenciada JULIETA CASTELLANOS.- Segundo: Se revoca el auto de fecha once de febrero del año Dos Mil Dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Ciudad de La Ceiba en la Demanda de mérito.- Tercero: SIN COSTAS.-(Folio11 al 14 de la pieza de Corte de Apelaciones) 4) El recurrente señor RENE EDGARDO CHAVEZ CENTENO, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en el Artículo 90, de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que Revocó el auto dictado por el Juzgado del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once (11) de febrero del dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ordinaria Laboral promovida por el señor RENE EDGARDO CHAVEZ CENTENO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente, muestra su disconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que se ha violentado en su perjuicio el Artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, puesto que la ley ya establece claramente los términos procesales en las diferentes etapas del juicio, son plazos que por seguridad jurídica no pueden dejarse al arbitrio o antojo de las partes en su cumplimiento. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, por no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO SIETE (7): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, basa su sentencia básicamente en que no puede declararse la contumacia en la causa de mérito pues no se dan los presupuestos para decretarse, pues la ley no establece que se decretara contumacia cuando no se contestare la demanda en tiempo; aunado a lo anterior en materia laboral existen principios como el de primicia de la realidad en el cual prevalecen los aspectos factio sustanciales por sobre los jurídicos formales, el principio de imparcialidad el cual consiste en que la declaración o resolución se orienta en el deseo de decir con exactitud y resolver justa y legalmente el caso concreto, para ello es preciso que las partes presenten las pruebas conducentes a fin de resolver bajo los principios antes expuestos con el fin de aplicar justicia social conforme al cual se debe dar a cada uno lo suyo en función de procurar el bien común y bienestar general. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó y ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0612=2016

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL