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Sentencia AL-609-16 — Registro 7220

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra resolución que deniega la nulidad absoluta de actuaciones o el desembargo y devolución de bienes propiedad de impetrante,embargados por error,en relación a demanda laboral promovida por pago de varios conceptos sociales y laborales contra diferentes sociedades subsidiariamente,por despido injustificado por un grupo de trabajadores

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países."...

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo y la resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO a favor de la sociedad mercantil denominada WOOD PRODUCTS INTERNACIONAL INC., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fechas veinticinco de febrero, catorce de marzo y catorce de abril de dos mil dieciséis, respectivamente, en relación a la demanda laboral promovida por los señores JAIRO ALEXANDER LOPEZ RECARTE, FRANCISCO ANTONIO PINEDA MEZA Y OTROS, contra la sociedad mercantil MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. (MAPRODI S. DE R.L. DE C.V.) y subsidiariamente las Sociedades INGENIERIA IA, S. DE R.L. e INDUSTRIALIZADORA DEL NORTE, S. DE R.L..- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90, 103, 104 105 y 106 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de agosto de dos mil catorce, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los señores FRANCISCO ANTONIO PINEDA MEZA, JAIRO ALEXANDER LOPEZ RECARTE, actuando en nombre y representación de los señores LILIANA MARIA DIAZ CASTELLANOS, ERMINIA RODEZNO MEJIA, ROSA OTILIA REYES CHACON, MARCO ANTONIO RECINOS CARCAMO, RICARDO MENJIVAR SUAREZ, OSCAR LEONARDO ORTEGA VASQUEZ, RUDI EFRAIN MARTINES CASTAÑEDA, DARWIN DANIEL RUEDA, JOSE ENRIQUE DIAZ LOPEZ, ISABEL RODRIGUEZ ROMERO, JOSE OMAR PINEDA, JUAN GABRIEL BARNICA, JUAN RAMON PORTALES GONZALES Y VICENTE BAQUEDANO MORALES, interponiendo demanda ordinaria laboral, contra la empresa denominada MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. (MAPRODI S. DE R.L. DE C.V.), y subsidiariamente contra INGENIERIA IA, S. DE R.L. e INDUSTRIALIZADORA DEL NORTE, S. DE R.L., en la se reclama se les pague los siguientes conceptos económicos consistentes en preaviso, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, décimo tercer mes causado y proporcional en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes causado y proporcional en concepto de compensación social, pago retroactivo de salarios, bono escolar y otros conceptos económicos que se deban, por despido injusto que les hiciera el patrono. (Folios 02 al 09 de la pieza principal de los antecedentes) 2) Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, decretó la medida cautelar de embargo contra la empresa denominada MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. (MAPRODI S. DE R.L. DE C.V.), nombrando como Juez Ejecutor a la señora SOBEIDA PORTILLO. (Folio 04 de la pieza separada de los antecedentes) 3) Que en fecha catorce de enero de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad mercantil denominada WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL INC, presentando escrito en la cual solicitaba se procediera a la devolución de unos bienes embargados por error, o se decretara la nulidad parcial del embargo decretado y mandara se excluyeran del embargo impugnado, en virtud de que dichos bienes son propiedad de su representada y no de MAPRODI S. DE R.L. DE C.V., que es la empresa demandada. (Folios 11 y 12 de la pieza separada de los antecedentes) 4) Que en fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, compareció ante el citado Juzgado el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, actuando en su condición antes indicada, solicitando la nulidad de unos documentos presentados por la apoderada legal de la sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. (MAPRODI S. DE R.L. DE C.V.), en virtud de que el certificado de autenticidad carece de todo valor, por no reunir los requisitos establecidos en el Código del Notariado. En consecuencia el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: “… considera que es el momento procesal oportuno para la decisión del desembargo solicitado es cuando debe pronunciarse válidamente la suscrita Juez sobre la pretensión que en este acto hace el compareciente, pues ello pende precisamente el punto controvertido que se está, evacuando en relación al desembargo solicitado, por lo que decidir al respecto en este caso no corresponde al acatamiento al que está sujeto el Juez de Primera Instancia ante lo ordenado por su superior jerárquico y que se encuentra regulado en el Artículo 667 del Código del Trabajo vigente, debiéndose tomar en cuenta lo aquí peticionado en el momento procesal oportuno.-…”. Al no estar de acuerdo con dicha resolución el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, interpuso contra la misma, recurso de apelación. (Folios 274 de la pieza separada de antecedentes) 5) Que en fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando Reconocimiento Judicial, en las instalaciones de la Empresa mercantil MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. (MAPRODI S. DE R.L. DE C.V.). En consecuencia el referido Juzgado resolvió: “… en relación a la madera embargada en fecha 24 de junio del 2014, por la Receptora de este Juzgado, a fin de verificar el estado de la madera relacionada con 39452 pies tablar de madera de primera calidad de exportación que quedara en custodia de los depositarios ALEX EDUARDO PINEDA ESCOBAR, EDWIN EDGARDO TROCHEZ Y OSCAR ARNALDO MURILLO MARADIAGA, líbrense atentos oficios a fin de que en el término legal de CINCO DIAS HABILES a partir de la entrega de los mismos por la receptora del Despacho, procedan a informar el estado actual de dichos bienes.- En cuanto al Reconocimiento Judicial solicitado, declárese SIN LUGAR en virtud de que lo peticionado por el compareciente revisadas las actuaciones de embargo especialmente no consta que se hayan embargado productos.…”. No conforme con lo resuelto el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, interpuso contra la misma, recurso de apelación. (Folios 281 al 282 de la pieza separada de los antecedentes) 6) Que en fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando que no se siguiera conociendo del proceso de nombramiento de perito alguno, hasta que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se pronunciara sobre el recurso de apelación interpuesto relativo a la nulidad de un Certificado de Autenticidad, interponiendo a la vez Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del acto de oposición al nombramiento del perito, incluyendo en esta el acto de requerimiento realizado por la receptora del Juzgado; en consecuencia el citado Juzgado resolvió: “…en cuanto a lo solicitado se declara SIN LUGAR la admisión del Incidente de Nulidad por considerar que no existen los vicios señalados en cuanto al procedimiento del nombramiento del perito así como el acta de requerimiento realizado por la Receptora del Tribunal, quien se remitió a cumplir con la orden dada por la Jueza que conoce del juicio.- En cuanto a lo demás como bien lo dice el compareciente, hasta que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo resuelva los Recursos Interpuestos donde decida el nombramiento del perito, será hasta ese momento que la Jueza que conoce del juicio será quien resuelva sobre que documentos tomó en cuenta para decretar el desembargo de la madera solicitada por el compareciente.- …”. (Folios 312 y 313 de la pieza separada de los antecedentes) 7) Que conociendo de los Recursos de Apelación presentados por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición indicada, contra las resoluciones dictadas por el a-quo en fechas veinticinco de febrero, catorce de marzo y catorce de abril de dos mil dieciséis, relacionadas en los numerales que anteceden, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LOS RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal del tercero interviniente en el proceso, en consecuencia se CONFIRMAN las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fechas catorce (14) de marzo y catorce (14) de abril, ambas del presente año (2016), en las diligencias iniciadas con la demanda laboral promovida por el Abogado EDGARDO FLORES FIGUEROA en representación de los señores EDWIN EDGARDO TROCHEZ ORELLANA Y OTROS contra la empresa MADERERA Y PRODUCTOS INTERNACIONALES (MAPRODI) a través de su representante legal, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; quedando sujeta la decisión sobre el desembargo planteado, a la valoración que en su momento realice la juzgadora.- …”. (Folios 34 al 36 de la segunda pieza de los antecedentes) 8) Que el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil Norteamericana WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL INC, afirmando que la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 103, 104 105 y 106 de la Constitución de la República. En fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por formalizada la presente acción de amparo. (Folio 100 del recurso de amparo) 9) Que, habiéndose ordenado la vista al Fiscal del Despacho, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por evacuada la misma y por emitido el dictamen por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien fue de la opinión: “Que se Deniegue el presente amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista.”. (Folios 279 al 290 y 292 del recurso de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fechas veinticinco de febrero, catorce de marzo y catorce de abril de dos mil dieciséis, respectivamente, en relación a la demanda laboral promovida por los señores JAIRO ALEXANDER LOPEZ RECARTE, FRANCISCO ANTONIO PINEDA MEZA Y OTROS, contra la sociedad mercantil MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. (MAPRODI S. DE R.L. DE C.V.) y subsidiariamente las Sociedades INGENIERIA IA, S. DE R.L. e INDUSTRIALIZADORA DEL NORTE, S. DE R.L. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 103, 104 105 y 106 de la Constitución de la República, puesto que se han presentado las pruebas relacionadas en cada uno de los hechos del presente recurso, en donde consta claramente que su representada es dueña de cada uno de los bienes que han sido embargados, como si los mismos fueran propiedad de la demandada, al no haberse fallado declarando con lugar el recurso de apelación y ordenando la devolución de los bienes, su cliente ha quedado en un estado de indefensión y más cuando no se está anulando el nombramiento de un perito para el avalúo de los bienes; le está ocasionando daños a su representada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que habiéndose ordenado la vista al Fiscal del Despacho, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por evacuada la misma y por emitido el dictamen por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien fue de la opinión: “Que se Deniegue el presente amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista.”; ya que del análisis efectuado por el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, concretamente en que el nombramiento del perito se hizo en observancia del procedimiento que establece el Artículo 330 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral por disposición del Artículo 858 del Código de Trabajo; de ahí que los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de decretar la nulidad solicitada en cuanto a las actuaciones procesales cuestionadas, no están comprendidas en lo supuesto para ello; por lo que es procedente confirmar el auto recurrido, quedando sujeta la decisión sobre el desembargo planteado, a la valoración que en su momento realice la juzgadora. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO a favor de la sociedad mercantil denominada WOOD PRODUCTS INTERNACIONAL INC.; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, que falla denegando el Recurso de Amparo por él interpuesto a favor de su representada, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fechas veinticinco de febrero, catorce de marzo y catorce de abril de dos mil dieciséis, respectivamente, en relación a la demanda laboral promovida por los señores JAIRO ALEXANDER LOPEZ RECARTE, FRANCISCO ANTONIO PINEDA MEZA Y OTROS, contra la sociedad mercantil MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S. DE R. L. DE C.V. (MAPRODI S. DE R. L. DE C. V.) y subsidiariamente las Sociedades INGENIERIA IA, S. DE R. L. e INDUSTRIALIZADORA DEL NORTE, S. DE R. L.. CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, actuando en su condición antes referida, en fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada WOOD PRODUCTS INTERNACIONAL INC.. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente, Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que en la sentencia no se toma en cuenta que se han presentado las pruebas relacionadas en cada uno de los hechos del presente recurso, en donde consta claramente que su representada es dueña de los bienes que han sido embargados, como si los mismos fueran propiedad de la demandada, al no haberse fallado declarando con lugar el recurso de apelación y ordenando la devolución de los bienes, su cliente ha quedado en un estado de indefensión y más cuando no se está anulando el nombramiento de un perito para el avalúo de los bienes; le está ocasionando daños a su representada. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El nombramiento del perito se hizo en observancia del procedimiento que establece el Artículo 330 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral por disposición del Artículo 858 del Código de Trabajo; de ahí que los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de decretar la nulidad solicitada en cuanto a las actuaciones procesales cuestionadas, no están comprendidas en lo supuesto para ello. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la cuantía de las demandas sería un pronunciamiento de instancia; y, por ende, ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, por las razones que se dejan ya señaladas- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018), y de la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0609=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL