Sentencia AL-604-17 — Registro 8254
Resumen
Sentencia anuló auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia por considerar que éste no es competente para conocer reclamo por pago de honorarios profesionales en base al pronunciamiento de la Sala Laboral y Contencioso Administraitvo que considera que dichos reclamos debe ser conocido por la jurisdicción civil por ser de naturaleza privada y no laboral en relación a demanda laboral para el cumplimiento de obligación de hacer promovida por recurrente contra Registro Nacional de las Personas (R.N.P)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."si la ley Suprema no permite la retroactividad de la LEY que es lo más, menos podrá aplicarse en un Oficio o circular, tal como acontece en el caso subjúdice que la Corte de Apelaciones dicta su Fallo, señalando el cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo, que resulta ser de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), cuando ya había transcurrido más de catorce (14 Meses) que el recurrente había presentado su solicitud en consecuencia el A quo es competente para conocer de la petición del impetrante, puesto que inicia el conocimiento cuando no existía el oficio antes relacionado. Por otra parte, cuando se señala que la demanda debe ser conocida por la jurisdicción de lo civil, se aplica la retroactividad, prohibida tanto por la Constitución de la República como los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno del Estado, cuya inobservancia acarrea responsabilidad para el Estado..."..."al aplicar la Circular No. 16, fijando la jurisdicción de lo Civil como la que debe conocer el litigio, a este momento ya prescribió por transcurso del tiempo, lo que ciertamente acarrea graves perjuicio al recurrente, cuando quien comenzó el conocimiento del asunto litigiosos debe terminar su conocimiento..."..."esta Sala observa que el que debido proceso se ha vulnerado con la resolución recurrida, al no cumplir con los requisitos, exigencias, formalidades que deben garantizarse en el proceso, así como los derechos de las partes de tal manera que reciban una tutela judicial efectiva..."..."esta Sala encuentra que la resolución recurrida vulnera el derecho a la Defensa del recurrente, el que no se garantiza cuando se pretende la aplicación retroactiva de una circular que no es aplicable al recurrente por haberse emitido mucho tiempo después de que haberse presentado y admitido la demanda por la A quo, por todo ello esta Sala aprecia que no se ha garantizado el Derecho a la Defensa del impetrante..."..."de acuerdo a la justicia constitucional que emana de esta Sala Debe otorgarse el amparo a fin de restituir los derechos conculcados a la parte demandada, por las actuaciones realizados en perjuicio del Debido Proceso, Derecho a la Defensa y Tutela Judicial Efectiva..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor del SINDICATO DE TRBAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, con relación a la tasación de honorarios profesionales en la demanda laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE) contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, (R.N.P). Estima el recurrente que se ha violentado en contra de su representado los artículos 82,90 Y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de junio de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), interponiendo demanda ordinaria laboral para el cumplimiento de una obligación de hacer, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, (R.N.P). (Folio 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en la continuación de la Audiencia Primera de Trámite celebrada en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, el referido Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria, en la cual FALLA: I) DECLARANDO SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES promovida por el abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA en su condición apoderado legal del SITRARENAPE (parte ejecutada). 2) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION promovida por el abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA en su condición apoderado legal del SITRARENAPE promovida por el abogado del SITRARENA (parte ejecutada). 3) DECLARANDO SIN LUGAR TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES promovida por el abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO en su condición de reclamante/ ejecutante contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE (parte ejecutada); 4) SIN COSTAS en esta instancia. (Folio 796 al 799 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete. la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, dictó sentencia en la cual FALLA: ANULANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinte de abril del años dos mil diecisiete, visible a folios del 796 al 799 de la primera pieza de autos, por no ser competente el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán para conocer del reclamo por pago de honorarios profesionales; 2° SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 08 al 10 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de agosto del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, violenta en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 Y 96 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. 5) Que con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual ANULÓ el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO de la misma sección judicial En fecha veinte de abril del año dos mil diecisiete, en relación a la TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES por la Demanda Laboral Promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PÉRSONAS (RNP). CONSIDERANDO: (4) Que en la formalización del Recurso el impetrante, en el numeral TERCERO señala que la Juez A quo admitió su Tasación de Honorarios y requirió de pago al apoderado legal de la Organización (refiriéndose al Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas), Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, quien interpuso oposición, la A quo declaró sin lugar la petición del recurrente otorgando solamente L. 2000.00 por la presentación de la Demanda, sin observar el nuevo arancel del Profesional del Derecho en su artículo 56, por tal razón interpuso recurso de reposición y subsidiaria apelación. En el numeral Cuarto señala que la Corte de Apelaciones en su considerando (3) expone: (SIC) “Que si bien es cierto aparece acreditado que el Abogado EDWIN OMAR (lo correcto es ORLANDO), RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, (SITRARENAPE) interpuso demanda laboral… SIN EMBARGO también es cierto que la Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo emitió un pronunciamiento en el sentido que el reclamo de pago de honorarios profesionales debe ser conocido por la jurisdicción Civil por ser de naturaleza privada y no laboral, (no menciona la corte recurrida en que documento consta ese pronunciamiento) deduciendo el recurrente que se refiere al OFICIO NUMERO 2074-SCSJ-2016, EMITIDO CON INSTRUCCIONES DE LA HONORABLE SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, solicitando sea amparado en su Defensa y debido proceso, debido a que la Corte recurrida aplicó RETROACTIVAMENTE este oficio, manifestando que su petición fue presentada ante la A quo en fecha 02 de octubre del año 2015, casi 14 meses antes de emitir el referido oficio que fue el 05 de diciembre del año 2016, por lo que debe conocer de su petición caso contrario además de otros lo dejaría en completa indefensión. CONSIDERANDO: (5) Que la Ad quem en su resolución deja establecido en su “Considerando (4) Que la Juez A quo dando cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo, debió de haberse abstenido de conocer del pago de honorarios profesionales solicitado por el Abogado Edwin Orlando Rivas Araujo, sin embargo dictó sentencia interlocutoria el 20 de abril del año 2017, en la cual declara sin lugar la tasación de Honorarios Profesionales, por considerar que el Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas ya cumplió con la obligación de pagarle los honorarios al Abogado Rivas Araujo es decir por haber sido satisfecha la obligación. En consecuencia, el Ad quem en su considerando (8) FALLA anulando el auto interlocutorio apelado dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinte de abril del año dos mil diecisiete, por no ser competente el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán para conocer el reclamo por pago de honorarios profesionales.” CONSIDERANDO: (6) Que la Constitución de la República deja claramente establecido que la ley no tienen efecto retroactivo, (salvo en materia penal cuando favorezca al imputado, no siendo este el caso), cabe analizar entonces si la ley Suprema no permite la retroactividad de la LEY que es lo más, menos podrá aplicarse en un Oficio o circular, tal como acontece en el caso subjúdice que la Corte de Apelaciones dicta su Fallo, señalando el cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo, que resulta ser de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), cuando ya había transcurrido más de catorce (14 Meses) que el recurrente había presentado su solicitud en consecuencia el A quo es competente para conocer de la petición del impetrante, puesto que inicia el conocimiento cuando no existía el oficio antes relacionado. Por otra parte, cuando se señala que la demanda debe ser conocida por la jurisdicción de lo civil, se aplica la retroactividad, prohibida tanto por la Constitución de la República como los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno del Estado, cuya inobservancia acarrea responsabilidad para el Estado. Así mismo al aplicar la Circular No. 16, fijando la jurisdicción de lo Civil como la que debe conocer el litigio, a este momento ya prescribió por transcurso del tiempo, lo que ciertamente acarrea graves perjuicio al recurrente, cuando quien comenzó el conocimiento del asunto litigiosos debe terminar su conocimiento. CONSIDERANDO:(7) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el que debido proceso se ha vulnerado con la resolución recurrida, al no cumplir con los requisitos, exigencias, formalidades que deben garantizarse en el proceso, así como los derechos de las partes de tal manera que reciban una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: (8) Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Carta Magna, como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, por lo que, para que el derecho de defensa se materialice es necesaria una adecuada defensa que se extiende a la necesidad de efectividad o eficacia de la misma so pena de considerarla como un derecho vacío o meramente formal, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno del Estado, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. De acuerdo a lo antes expuesto esta Sala encuentra que la resolución recurrida vulnera el derecho a la Defensa del recurrente, el que no se garantiza cuando se pretende la aplicación retroactiva de una circular que no es aplicable al recurrente por haberse emitido mucho tiempo después de que haberse presentado y admitido la demanda por la A quo, por todo ello esta Sala aprecia que no se ha garantizado el Derecho a la Defensa del impetrante. CONSIDERANDO:(9) Que la representante del Ministerio Público abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, luego del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, estima que en el caso subjúdice la circular No. 16 contenida en el Oficio No. 2071-SCSJ – 2016, emitido por la Honorable Corte Suprema Sala Laboral Contenciosos Administrativo de Justicia de fecha 05 de diciembre del año 2016, no es aplicable al caso de autos ya que la misma surte efectos a partir de su emisión (05 de diciembre del 2016), mientras que la solicitud de pago de honorarios profesionales fue presentada en fechas dos de octubre del año dos mil quince (2015), es decir, con anterioridad a la existencia de dicha circular. La señora Fiscal, estimó que el Juzgado del Trabajo es competente de conocer las solicitud, en virtud de que la misma se deriva de las actuaciones procesales realizadas por el amparista (recurrente) en la demanda ordinaria laboral de emplazamiento que fue interpuesta ante esa jurisdicción, de tal forma que al estimar el Ad quem que dicha solicitud de Honorarios Profesionales debe ser conocida por los juzgados civiles entraña en una vulneración al Debido Proceso y Derecho de Defensa….Concluyendo que SE OTORGUE EL AMPARO. CONSIDERANDO: (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, de acuerdo a la justicia constitucional que emana de esta Sala Debe otorgarse el amparo a fin de restituir los derechos conculcados a la parte demandada, por las actuaciones realizados en perjuicio del Debido Proceso, Derecho a la Defensa y Tutela Judicial Efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 7 inciso 2, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGAR la acción AMPARO interpuesta por la Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor de SI MISMO, contra la sentencia interlocutoria, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el día veintiocho de junio del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Laboral, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0604=17.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.