Sentencia AL-586-17 — Registro 9831
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados, pago de vacaciones causadas, pago de décimo tercer mes de salario causado, reajuste al salario mínimo conforme al estatuto del docente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."que del estudio de la presenta causa se establece que el A-quem establece en su resolución que el defecto procesal de litis pendencia planteado por la demandada resulta de un segundo juicio existente el cual es idéntico a otro que ya haya sido promovido primero en tiempo. Y debiendo concurrir en ambos juicios las mismas acciones, las mimas partes, y las mismas pretensiones, cuya finalidad es que ambos procesos se acumulen y constituyan uno solo a efectos de ser resueltos en una sola sentencia, por lo que para que opere el defecto procesal planteado es requisito sine qua non, la existencia previa ante tribunal competente de un pleito pendiente de resolución que verse sobre el mismo objeto del promovido con posterioridad; ello con el objeto de prevenir la eventualidad de que se dicten sentencias que sean contradictorias o que puedan oponerse una a otra con alegación de cosa juzgada, por lo cual es necesario que concurran los requisitos taxativos del artículo 102.5 del Código Procesal Civil la cual es aplicada de manera supletoria en materia laboral tal y como lo contempla el artículo 858 del Código del Trabajo Vigente, por lo cual el Ad-quem concluyo en la existencia de la mas perfecta identidad entre las mismas partes y en relación con la misma pretensión, por lo que el tribunal estableció la existencia de un proceso con anterioridad.-CONSIDERANDO(9: De la misma manera se ha constatado la existencia de un amparo con numero de ingreso 0999-2016 ante esta sala de lo constitucional el cual ya ha sido fallado en el cual ha sido denegado por considerar este tribunal que no ha existido violación alguna a los derechos constitucionales denunciados como violentados.-CONSIDERANDO (10): se establece según la resolución del Ad Quem en sus fundamentos de derecho en el cual se ha observado que la demanda fue interpuesta por los empleados la cual se ha constatado la existencia de otra demanda identificada con número 0506-2015-01057 promovida por varios trabajadores contra el mismo ente demandado por lo cual la demanda contiene peticiones y argumentos coincidentes con los sustentados en el anterior proceso por lo tanto concurren los presupuestos exigidos para la existencia de litispendencia tal como lo considero el juez a quo ya que si bien es cierto en el proceso anterior se declaro con lugar el incidente de nulidad el mismo fue con el fin de sanear el proceso, debiendo el juez ordenar lo que corresponda a fin de continuar con el procedimiento del caso para la admisión a trámite de la presente demanda.-CONSIDERANDO (11): En fecha 15 de febrero del 2018 el ministerio publico por medio de su agente fiscal JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, estableció en su dictamen que el ente fiscal es del parecer que en el presente caso no se han violentado las garantías invocadas por el amparista, por lo tanto, es del parecer que no se otorgue el amparo correspondiente.-CONSIDERANDO (12): que de la revisión de la foliada se desprende que el amparista acude ante esta sala aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la carta magna, como lo es el derecho a la defensa y el debido proceso.-Así las cosas, el amparista deja claro su disconformidad con la sentencia interlocutoria antes relacionada, basando sus alegatos fundamentalmente en que en la presente demanda solo se está reclamando los salarios adeudados, vacaciones, aguinaldo y decimo cuarto mes, en cambio en la demanda anterior en la cual se establece la litispendencia se demando el pago de prestaciones laborales.-Es preciso mencionar que de la revisión exhaustiva al expediente esta sala puede constatar que en la resolución impugnada el Ad- quem estimo que la identidad de los actores y de lo demandado entre la causa que se conoce con el expediente numero 0506-2017-01310 y la planteada como generadora de la litispendencia con numero 0506-2015-01057, no permite más que llegar a la conclusión que se tratan de dos demandas iguales, con la misma causa de pedir y los mismos demandantes y contra la misma demandada por lo que existe la más completa identidad entre ambas causa así como los mismos hechos, de lo cual deriva la declaración del defecto procesal de litispendencia que certeramente se ha declarado con lugar por parte del Ad quem.-Debemos de entender que las prestaciones laborales incluyen todos aquellos derechos a favor del trabajador que le otorgan la constitución y las demás leyes es así que se debe de hacer la diferencia entre los derechos adquiridos los cuales son aquellos derechos que son irrenunciables por que están tutelados por la constitución de la República y son las vacaciones, decimo tercer mes en concepto de aguinaldo y decimo cuarto mes en compensación social, articulo 128 inciso 10 de la Constitución de la República.-Es preciso establecer que en caso de despido con justa causa se deben de pagarse al trabajador los derechos adquiridos los cuales ya detallamos, y si el despido es injustificado se agregaran a los derechos adquiridos el preaviso y cesantía en concepto de indemnización tal como lo manda el articulo 116 y 120 del código del Trabajo Vigente, de manera que el amparista deberá en juicio probar si el despido fue con justa causa o sin justa causa para poder dictar una resolución de fondo por parte del A-quo.-En tal sentido la existencia de un defecto procesal de litispendencia no afecta los derechos de los trabajadores en tanto el proceso primario del cual se genera la litispendencia se encuentra pendiente de resolución en el fondo, lo cual no justifican la presentación de una nueva acción judicial, lo cual no es permitido en nuestra legislación procesal."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 102, numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre del dos mil dieciocho.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado JAIME AGUILAR SMITH a favor de los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con relación a la “demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados, pago de vacaciones causadas, pago de décimo tercer mes de salario causado, reajuste al salario mínimo conforme al estatuto del docente…”[1] promovida por los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO contra el ESTADO DE HONDURAS por actos de la Base Naval de Puerto Cortés, propietaria del Instituto de la Base Naval de Puerto Cortés, departamento de Cortés. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO, promoviendo “demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados, pago de vacaciones causadas, pago de décimo tercer mes de salario causado, reajuste al salario mínimo conforme al estatuto del docente…” contra el Estado de Honduras por actos de la Base Naval de Puerto Cortés, propietaria del Instituto de la Base Naval de Puerto Cortés, departamento de Cortés. (Folios 1-15 de la pieza del A-quo).-2) Que en audiencia primera de trámite celebrada el día cinco de abril de dos mil diecisiete, la Abogada MIRTA ENEIDA BEJARANO CASTRO en su condición de Apoderada Legal del Estado de Honduras, interpuso en ese mismo acto un defecto procesal de litispendencia e incidente de nulidad de la demanda, mismos que posteriormente fueron resueltos por el Juzgado antes referido, en fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, mediante auto interlocutorio en el cual se falló: “1) DECLARAR CON LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE LITIS PENDENCIA INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE PROCESAL DE LA EMPRESA DEMANDADA…2)DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE PROCESAL DE LA EMPRESA DEMANDADA…“ (Folios 60-67/138-143 de la pieza del A-quo).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de apoderado legal de la parte demandante, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, falló (Sic): “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jaime Aguilar Smith, en su condición de representante procesal de la parte actora; contra el auto interlocutorio proferido el veintiuno de abril de dos mil diecisiete (21/04/17) por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en el proceso precedentemente relacionado; en consecuencia se CONFIRMA el mismo. SEGUNDO:…”(Folios 9-11 de de la pieza del A-quem.).-4) Que el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, compareció ante este Tribunal en fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete la Sala declaró caducado el derecho y perdido irrevocablemente término dejado de utilizar por el recurrente para formalizar el recurso de mérito, asimismo, esta Sala apreció que conforme se desprende del escrito de interposición del recurso, que el peticionario desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo que se procedió a dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-3/34 de la pieza de amparo).-6) Que esta Sala, en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos lo siguiente: “De la interposición de la acción se desprende que el amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Que el amparista muestra su disconformidad con la sentencia interlocutoria… basando sus alegatos en su apreciación de que la presente demanda solamente se reclama salarios adeudados, vacaciones, aguinaldos y décimo cuarto mes, mientras que la demanda contenida en el proceso con el que se compara para la determinación de la litispendencia se demandó el pago de prestaciones laborales. Al examinar el fallo del Ad-quem impugnado se precisa que el órgano de alzada estimó que la identidad de los actores y de lo demandado entre la causa que analizamos (tramitada en el A-quo bajo el numero 0506-2017-01310) y la planteada como generadora de la litispendencia (tramitada en el A-quo bajo el numero 0506-2015-01057) no permite más que concluir que se tratan del juzgamiento de los mismos eventos, lo cual deriva en la declaración de la concurrencia del defecto procesal de litispendencia. Debemos entender que las prestaciones a favor del trabajador incluyen todos aquellos derechos de los que el mismo pueda gozar en razón de su relación laboral, es así, que no existe diferencia entre demandar las prestaciones laborales o demandar, de manera enumerada, los salarios caídos, vacaciones, etcétera. Además, la influencia del defecto procesal no se encuentra anulado por lo que haya sucedido o llegue a suceder con la causa anterior, de suerte que si en la causa que genera la litispendencia se encuentra pendiente de restitución ante la Sala de lo Constitucional o bajo sanción de nulidad, ello no justifica la presentación de una acción judicial, acción que no se encuentra autorizada en nuestra legislación. Por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público es de la opinión de que “NO SE OTORGUE”, la presente acción de amparo, por no concurrir la vulneración del derecho de defensa, ni la garantía del debido proceso, como lo ha invocado el amparista.”.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[4].-CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha 07 de agosto del 2017, fecha en que el abogado JAIME AGUILAR SMITH, interpusiera la presente garantía de amparo a favor de los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO.-CONSIDERANDO (3): que la resolución contra la que se reclama es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con relación a la “demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados, pago de vacaciones causadas, pago de décimo tercer mes de salario causado, reajuste al salario mínimo conforme al estatuto del docente…”[5] promovida por los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO contra el ESTADO DE HONDURAS por actos de la Base Naval de Puerto Cortés, propietaria del Instituto de la Base Naval de Puerto Cortés, departamento de Cortés.-CONSIDERANDO 4): Que establece el amparista en sus hechos que motivan el amparo que en la primera audiencia de trámite de la parte demandada interpuso la excepción de litispendencia por considerar que en la demanda que nos ocupa y otra que se encuentra en esta corte con acción de amparo bajo número sco-0999-2016, en el cual se reclamaban los mismos conceptos por los mismos demandantes, lo cual establece el amparista que no es cierto, por lo cual el juez de la causa declaro con lugar la litispendencia y mando a archivar las diligencias.-CONSIDERANDO (5): Establece el recurrente que lo que establece la parte demandada en el sentido que en la acción de amparo 999-16 que se encuentra actualmente pendiente de resolver por esta sala constitucional, su reclamo principal es el pago de prestaciones laborales y en la actual demanda que se viene en amparo solo se están reclamando los salarios adeudados, vacaciones, aguinaldos y decimo cuarto mes de salario los cuales corren el riesgo de prescribir.-CONSIDERANDO (6): Manifiesta el amparista que, en la primera demanda interpuesta en los Juzgados de lo laboral de San Pedro Sula, DECLARO LA NULIDAD DE LA DEMANDA DESDE EL AUTO DE ADMISION Y EN LA PRESENTE DEMANDA EL JUEZ DECLARA TAMBIEN LA NULIDAD DE LA SEGUNDA DEMANDA Y MANDA A ARCHIVAR LAS DILIGENCIAS, de manera que los trabajadores pierden sus derechos en ambos casos, por violación de las garantías antes invocadas.-Es así que establece también el amparista en sus hechos que en el supuesto que hubieran dos demandas idénticas, lo que compete es la acumulación de ambos expedientes, pero jamás anular la primera demanda y mandar a archivar la segunda demanda como lo hizo la corte recurrida por qué entonces los trabajadores quedarían desamparados.-CONSIDERANDO (7): Establece la amparista que considera violentados los derechos constitucionales contemplados en nuestra carta magna referentes al derecho a la defensa establecido en su artículo 82 de la constitución de la república, el cual establece el derecho a la defensa de los ciudadanos de la República de manera que considera el amparista que al declarar la corte de apelaciones del trabajo de San Pedro Sula la nulidad de lo actuado a través de una litispendencia que no existe, impide el derecho de defensa de sus representados en relación con el articulo 1 numeral 1 del Código Procesal Civil que establece que toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos.-El artículo 90 de la Constitución de la República en su Primer Párrafo establece: “NADIE PUEDE SER JUZGADO SI NO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE.”-Por lo que no existe litispendencia ante tribunal competente, en el sentido que el amparo ya citado no está pendiente de sentencia para resolver sobre los derechos de fondo de los trabajadores, si no sobre la violación o no de una garantía constitucional y en el presente caso se solicita el otorgamiento de derechos reconocidos por la parte demandada de un acta levantada por un inspector del trabajo.-Es así que si en el expediente 999-16 es negada a los trabajadores los amparos pierden sus derechos laborales constitucionales y legales, tomando en consideración que en el presente caso la demanda es enviada al archivo por la corte de apelaciones del trabajo de San Pedro Sula.-CONSIDERANDO (8): que del estudio de la presenta causa se establece que el A-quem establece en su resolución que el defecto procesal de litis pendencia planteado por la demandada resulta de un segundo juicio existente el cual es idéntico a otro que ya haya sido promovido primero en tiempo. Y debiendo concurrir en ambos juicios las mismas acciones, las mimas partes, y las mismas pretensiones, cuya finalidad es que ambos procesos se acumulen y constituyan uno solo a efectos de ser resueltos en una sola sentencia, por lo que para que opere el defecto procesal planteado es requisito sine qua non, la existencia previa ante tribunal competente de un pleito pendiente de resolución que verse sobre el mismo objeto del promovido con posterioridad; ello con el objeto de prevenir la eventualidad de que se dicten sentencias que sean contradictorias o que puedan oponerse una a otra con alegación de cosa juzgada, por lo cual es necesario que concurran los requisitos taxativos del artículo 102.5 del Código Procesal Civil la cual es aplicada de manera supletoria en materia laboral tal y como lo contempla el artículo 858 del Código del Trabajo Vigente, por lo cual el Ad-quem concluyo en la existencia de la mas perfecta identidad entre las mismas partes y en relación con la misma pretensión, por lo que el tribunal estableció la existencia de un proceso con anterioridad.-CONSIDERANDO(9: De la misma manera se ha constatado la existencia de un amparo con numero de ingreso 0999-2016 ante esta sala de lo constitucional el cual ya ha sido fallado en el cual ha sido denegado por considerar este tribunal que no ha existido violación alguna a los derechos constitucionales denunciados como violentados.-CONSIDERANDO (10): se establece según la resolución del Ad Quem en sus fundamentos de derecho en el cual se ha observado que la demanda fue interpuesta por los empleados la cual se ha constatado la existencia de otra demanda identificada con número 0506-2015-01057 promovida por varios trabajadores contra el mismo ente demandado por lo cual la demanda contiene peticiones y argumentos coincidentes con los sustentados en el anterior proceso por lo tanto concurren los presupuestos exigidos para la existencia de litispendencia tal como lo considero el juez a quo ya que si bien es cierto en el proceso anterior se declaro con lugar el incidente de nulidad el mismo fue con el fin de sanear el proceso, debiendo el juez ordenar lo que corresponda a fin de continuar con el procedimiento del caso para la admisión a trámite de la presente demanda.-CONSIDERANDO (11): En fecha 15 de febrero del 2018 el ministerio publico por medio de su agente fiscal JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, estableció en su dictamen que el ente fiscal es del parecer que en el presente caso no se han violentado las garantías invocadas por el amparista, por lo tanto, es del parecer que no se otorgue el amparo correspondiente.-CONSIDERANDO (12): que de la revisión de la foliada se desprende que el amparista acude ante esta sala aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la carta magna, como lo es el derecho a la defensa y el debido proceso.-Así las cosas, el amparista deja claro su disconformidad con la sentencia interlocutoria antes relacionada, basando sus alegatos fundamentalmente en que en la presente demanda solo se está reclamando los salarios adeudados, vacaciones, aguinaldo y decimo cuarto mes, en cambio en la demanda anterior en la cual se establece la litispendencia se demando el pago de prestaciones laborales.-Es preciso mencionar que de la revisión exhaustiva al expediente esta sala puede constatar que en la resolución impugnada el Ad- quem estimo que la identidad de los actores y de lo demandado entre la causa que se conoce con el expediente numero 0506-2017-01310 y la planteada como generadora de la litispendencia con numero 0506-2015-01057, no permite más que llegar a la conclusión que se tratan de dos demandas iguales, con la misma causa de pedir y los mismos demandantes y contra la misma demandada por lo que existe la más completa identidad entre ambas causa así como los mismos hechos, de lo cual deriva la declaración del defecto procesal de litispendencia que certeramente se ha declarado con lugar por parte del Ad quem.-Debemos de entender que las prestaciones laborales incluyen todos aquellos derechos a favor del trabajador que le otorgan la constitución y las demás leyes es así que se debe de hacer la diferencia entre los derechos adquiridos los cuales son aquellos derechos que son irrenunciables por que están tutelados por la constitución de la República y son las vacaciones, decimo tercer mes en concepto de aguinaldo y decimo cuarto mes en compensación social, articulo 128 inciso 10 de la Constitución de la República.-Es preciso establecer que en caso de despido con justa causa se deben de pagarse al trabajador los derechos adquiridos los cuales ya detallamos, y si el despido es injustificado se agregaran a los derechos adquiridos el preaviso y cesantía en concepto de indemnización tal como lo manda el articulo 116 y 120 del código del Trabajo Vigente, de manera que el amparista deberá en juicio probar si el despido fue con justa causa o sin justa causa para poder dictar una resolución de fondo por parte del A-quo.-En tal sentido la existencia de un defecto procesal de litispendencia no afecta los derechos de los trabajadores en tanto el proceso primario del cual se genera la litispendencia se encuentra pendiente de resolución en el fondo, lo cual no justifican la presentación de una nueva acción judicial, lo cual no es permitido en nuestra legislación procesal.-CONSIDERANDO (13): en conclusión esta sala puede afirmar que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido apegada a derecho, respetando todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales y haciendo uso de de la sana critica y razonamientos lógicos, respetando el debido proceso y haciendo una valoración conjunta y armónica de la prueba ofertada en transcurso del proceso, con su respectiva motivación para fundamentar la resolución adoptada con la cual no se han vulnerado en perjuicio de los amparistas el derecho constitucional invocado como violentado.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1),de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por el Abogado JAIME AGUILAR SMITH a favor de los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con relación a la “demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados, pago de vacaciones causadas, pago de décimo tercer mes de salario causado, reajuste al salario mínimo conforme al estatuto del docente…”[6] promovida por los señores FREDY OMAR MONTES CANALES, CARMEN MARIA CERNA MENCÍA, ERCY FRANCIS VELÁSQUEZ HERRERA, OLGA MARINA SAUCEDA ALVARADO, AMANDA LILIANA LANZA TABORA Y CRUZ ALBERTO SANABRIA PINTO contra el ESTADO DE HONDURAS por actos de la Base Naval de Puerto Cortés, propietaria del Instituto de la Base Naval de Puerto Cortés, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTÍFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0586-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folio 1 del expediente del A-quo
[2] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Ver folio 1 del expediente del A-quo
[6] Ver folio 1 del expediente del A-quo