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Sentencia AL-575-17 — Registro 9830

Resumen

Incidente de nulidad de actuaciones alegado en la demanda ordinaria laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países."...

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, a favor de la JUNTA LIQUIDADORA DEL BANCO CONTINENTAL S. A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, con relación a un incidente alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MIGUEL ANGEL RIVERA PORTILLO contra BANCO CONTINENTAL A TRAVES DE LA JUNTA DE LIQUIDADORES.- Considera el recurrente que la decisión del Ad-Quem, violenta en perjuicio de su representado, el Artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el señor MIGUEL ANGEL RIVERA PORTILLO, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales por despido injustificado, pago de daños y perjuicios y salarios dejados de percibir, contra BANCO CONTINENTAL A TRAVES DE LA JUNTA DE LIQUIDADORES. (Folios 01 al 10 de la pieza del Juzgado) 2) Que, conociendo de un incidente de nulidad de actuaciones presentado por el apoderado legal de la parte demandada, el Juzgado de Letras citado, habiendo seguido el trámite correspondiente, dictó auto resolutivo en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), en el cual: “FALLA: I. DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES opuesto por la representante de la parte demandada.-….” (Folio 69-74 piezas del Juzgado). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, en su condición de representante procesal de la parte demandada, dictó auto resolutivo en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017) mediante la cual se pronuncia de la siguiente manera: “FALLA: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN… 2)CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete;…” (Folios 60 al 62 pieza de antecedentes Corte) 4) El recurrente Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL A TRAVES DE LA JUNTA DE LIQUIDADORES, por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, el Artículo 90 de la Constitución de la República. Y habiendo formalizado el mismo en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 70 al 77 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, con relación a un incidente alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MIGUEL ANGEL RIVERA PORTILLO contra BANCO CONTINENTAL A TRAVES DE LA JUNTA DE LIQUIDADORES. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República, cuando el segundo párrafo del Artículo 121 de la Ley del Sistema Financiero establece una prohibición desde el momento en que dispone que no se admitan demandas en contra de Instituciones del Sistema Financiero en proceso de Liquidación Forzosa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciándose en el sentido de que la parte demandante acreditó ante el órgano jurisdiccional del Trabajo, las acciones tendientes ante el liquidador para hacer valer sus derechos; así como las diligencias administrativas conciliadoras, hasta quedar expedita la vía judicial ordinaria. Por otro lado, el Artículo 126 del Código de Trabajo, claramente expresa que las indemnizaciones procederán también cuando el patrono liquide o cese en su negocio, voluntariamente o no; y, que, en caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, los trabajadores gozarán de un privilegio especialísimo de los créditos que por estos conceptos correspondan, sobre todos los demás acreedores. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que, en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa Sección Judicial está apegado Derecho, al no enmarcarse en ninguna causal de nulidad señaladas por la Ley, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0575-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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