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Sentencia AL-556-17 — Registro 9475

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado por el a-quo en relación a la demanda laboral ordinaria promovida en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." ... Que se han considerado para efectos de la liquidación todas las pretensiones condenadas en la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo a favor de la demandante así como de los salarios dejados de percibir hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia de fecha 28 de febrero del 2017, tomando el salario promedio consignado en el fallo proferido por la Alzada así como los demás conceptos condenados en estricto cumplimiento a la ley; esta Sala aprecia que en las piezas del presente juicio se sustanciaron todas las audiencias con aplicación del debido proceso, normas sustantivas y adjetivas de la rama laboral, constatando que el amparista ha dispuesto de todas la armas procesales para acreditar sus posiciones dentro del proceso, de lo que resulta, que la sentencia definitiva de fecha 15 de diciembre del 2015, ha quedado como cosa juzgada la fue dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo y que reformó la sentencia definitiva de primera instancia, por lo que es del parecer que se deniegue el recurso de amparo interpuesto, teniendo como efecto jurídico que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial confirme EL AUTO INTERLOCUTORIO en donde consta la tasación de salarios dejados de percibir, efectuada en primera instancia por estar ajustado a derecho y por no constar en autos que se hayan vulnerado las garantías invocadas al debido proceso y legítima defensa en la acción de amparo interpuesta ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, en relación a la demanda laboral ordinaria promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO actuando en su condición personal interponiendo demanda ordinaria laboral, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto que violenta la Ley, y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir durante la sustanciación del proceso contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, representada por el Rector el señor ELIO DAVID ALVARENGA. (Folios 01 y 08 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que el referido Juzgado, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su Rector y Representante Legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago completo de prestaciones laborales por despido indirecto y pago de salarios dejados de percibir.- SEGUNDO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su Rector y Representante Legal el señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago completo de prestaciones e indemnizaciones laborales, y pago de salarios dejados de percibir; sin perjuicio de los derechos laborales ya reconocidos por el empleador al trabajador y que se encuentran en este Tribunal reservados, específicamente del segundo contrato de trabajo.- TERCERO: Declarar CON LUGAR únicamente el pago de los derechos adquiridos en cuanto al primer contrato de trabajo como docente, en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA.- CUARTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA a pagar a favor de la demandante únicamente los conceptos de: vacaciones proporcionales Lps. 5,356.49; aguinaldo proporcional Lps. 8995.12; décimo cuarto mes proporcional Lps. 21,168.97 haciendo un total de Lps. 35,520.58. - Sentencia que fue apelada en su momento, resolviendo la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha quince de diciembre de dos mil quince…” (Folios 100 al 103 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que contra la sentencia relacionada en el numeral precedente, se presentó recurso de apelación, en consecuencia la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en fecha quince de diciembre de dos mil quince, en la cual falló: Declarando Con Lugar el Recurso de Apelación, Revocando la sentencia dictada por el A-quo, y condenó a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a pagar a la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L. 691,597.73) (Folios 113 al 115 de la primera pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, en virtud de estar firme la sentencia definitiva de mérito. (Folio 116 de la primera pieza de antecedentes).-5) Que en fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto en el cual resuelve: “VISTO: la comparecencia presentada por el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de Representante Procesal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, en cuanto a lo manifestado y solicitado y siendo que consta en autos que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, realizó liquidación a favor de la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, con un sueldo mensual de Lps. 43,372.00, dándonos un salario promedio mensual de Lps. 50,600.67, y un salario promedio diario de Lps. 1,686.69, condenando a pagar a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, la cantidad de Lps. 691,597.73, más lo salarios dejados de percibir y siendo que los jueces del trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley, por tal razón se realizó con un sueldo promedio mensual de Lps. 50,600.67, la liquidación correspondiente de los salarios dejados de percibir de la demandante en consecuencia SE RECHAZA lo solicitado por el compareciente. - …” (Folio 127 de la primera pieza de los antecedentes).-6) Que conociendo del Recurso de Apelación presentado por la Abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO, en su condición de apoderada legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la resolución relacionada en el acápite anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante la cual: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO, actuando en su condición de apoderada apelante.- 2) Confirmado el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 12 de mayo del año 2017, que corre a folio (sic) 133 de la primera pieza de autos …” (Folios 08 al 10 de la segunda pieza de los antecedentes).-7) Que la Abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal en fecha treinta y uno de JULIO de dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, afirmando que la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.-8) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por evacuado la vista y por emitido el dictamen por el Fiscal del Despacho Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, quien fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE EL AMPARO por no existir vulneración de la garantía del Debido Proceso invocada por la amparista.”.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (2): Que esta Sala conoce la acción de Amparo interpuesta por la abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete que resuelve un recurso de apelación y lo declara sin lugar y confirma el auto interlocutorio emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, que corre a folio 133 de la primera pieza de autos.-CONSIDERANDO (3): Que una vez que la sentencia condenatoria goza de firmeza como se aprecia en las piezas de este estudio al agotarse la vía recursiva como resultado de la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales completas por despido directo e injusto, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir durante la sustanciación del juico promovida por la abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”, cuya representación la ostenta el Rector ELIO DAVID ALVARENGA, y encontrándose la misma en la etapa de ejecución, la Secretaria del Juzgado procedió a liquidar de conformidad al fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha 15 de diciembre del año 2015 que su considerando 10, fue del criterio en que se reforme la sentencia que se conocía en vía de apelación por no estar ajustada conforme a los lineamientos que franquea la ley de la materia, o sea la sentencia definitiva de fecha 28 de noviembre del año 2013 y que obra a (F.113-115 v.1 Pieza), que en su parte resolutiva por mayoría de votos FALLA: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, quien actúa en nombre propio como apelante; 2) REVOCA la parte resolutiva de la sentencia en los numerales Primero, Segundo, tercero y Cuarto; en consecuencia deberá leerse así: a) Declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO contra la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” a través de su Rector y Representante Legal ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto y el pago de salarios dejados de percibir; b) CONDENA a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” a través de su rector y Representante Legal doctor ELIO DAVID ALVARENGA a pagar a la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.691,597.73) por los siguientes conceptos; preaviso Lps.101,201.32; Auxilio de Cesantía Lps.455,405.94; Auxilio de cesantía proporcional Lps.49,200.75;Vacaciones proporcionales Lps.32,789.25; Décimo Tercer Mes proporcional Lps.15,657.26; Decimocuarto mes proporcional Lps.Lps.37,343.21; mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. 3. CONFIRMA el numeral quinto de la sentencia apelada que declara Sin Costas la primera instancia; 4.SIN COSTAS en esta segunda instancia. Y MANDA …”. Se aprecia de autos, que para efectos de la práctica de la liquidación la secretaria del Juzgado tomó en cuenta el fallo de la SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de fecha 28 de febrero del 2017 el cual FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho merito en sus tres motivos de casación. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria, 3) SIN COSTAS. En así que se tuvo por firme la sentencia del Tribunal de Alzada supra mencionada y se procedió a realizar la liquidación correspondiente a los salarios dejados de percibir de la siguiente manera: la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, devengaba un salario mensual de Lps.43,372.00, del cual resulta un salario promedio mensual de Lps.50,600.67 y un salario promedio diario de Lps.1,686.69 siendo un tiempo transcurrido de 45 meses y 9 días multiplicando estos por el salario promedio mensual nos arroja un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps.2,291,210.20), la sumatoria de los salarios dejados de percibir del anterior periodo más SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.691,597.73) conceptos que fueron condenados en la sentencia firme y nos da un total de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.2,983,807.46) en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales.-CONSIDERANDO (4): Que el apoderado judicial de la Parte Demandada Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de La Paz, no conforme con la liquidación tasada por el Juzgado de Letras del Trabajo compareció solicitando que se procediera a la liquidación con respecto a los salarios dejados de percibir tomando como base el segundo contrato suscrito con la demandante de fecha 24 de mayo del 2010, quien devengo un salario base ordinario de Lps.22,272.00 mensuales que sumado el décimo tercer mes y décimo cuarto mes resulta un promedio de Lps.25,984.00 mensuales, y no así el contrato entre partes de fecha 19 de mayo del 2003, en el que se desempeñó de catedrático con Base I, devengando un salario base ordinario de Lps,20,869,38 mensual, contrato este que según sentencia definitiva de primer y segunda instancia fue declara sin lugar la demanda con relación al mismo, condenando únicamente los derechos adquiridos en cuanto a dicho contrato de trabajo como docente, por lo que para los efectos del cálculo de los salarios dejados de percibir no se debe tomar en cuenta el salario que devengaba en el primer contrato como docente de la UNICAH ya que el mismo como se dijo antes fue declarada SIN LUGAR LA DEMANDA. El Juzgado en fecha 12 de mayo del 2017, resolvió rechazando lo solicitado fundamentado en que la Corte de Apelaciones del trabajo había realizado la liquidación a favor de la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO con un sueldo mensual de Lps.43,372.00 dando como resultado un salario promedio mensual de Lps.50,600.67 y un salario promedio diario de Lps.1,686.69 y condenando a la Universidad Católica a la cantidad de Lps.691,597.73 más los salarios dejados de percibir, por lo que se practicó la liquidación con un salario promedio de Lps.50,600.67, como fue ordenado y con fundamento en los artículos 667, 379, 858 del Código de Trabajo y 22 del código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (5): Que en el presente caso, queda evidenciado que la parte ejecutada, la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, en fecha 17 de mayo del 2017 inconforme con lo resuelto por el juzgado de Letras del Trabajo en auto de fecha 12 de mayo del 2017, interpuso recurso de reposición y subsidiariamente apelación, denegada la reposición y concedida la apelación, se continuo el proceso y en fecha (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017) la Corte de Apelaciones del Trabajo resolvió el recurso contra el cual el amparista recurre, motivando su acción en que la liquidación practica por el juez ejecutor no se encuentra apegada a derecho, porque se desconocen los parámetros sobre los que se basó para determinar el salario promedio diario devengando por la demandante, arguyendo que la liquidación impugnada no señala la fecha en que la sentencia condenatoria adquirió firmeza para el cálculo objetivo de los salarios dejados de percibir, siendo necesario que se señale fecha de firmeza para la sentencia definitiva, lo que evidencia violación de garantías constitucionales, como lo es la violación al debido proceso y de defensa, negándole a su representada la Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de La Paz el goce de una tutela judicial efectiva, ocasionándole grave perjuicio económico, al declarar SIN LUGAR el recurso interpuesto y confirmando el auto interlocutorio de fecha 12 de mayo del 2017.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala al analizar los antecedentes del caso sub examine, al pulsar las composturas de las partes, así como las argumentaciones jurídicas de los ejecutores de justicia en cuanto a los elementos facticos y jurídicos en las expresadas resoluciones, aprecia que han quedado claramente establecidas las pretensiones de las partes ejecutante y ejecutada; sin embargo, la controversia traída a Sala versa en elucidar si la liquidación practicada por el juez ejecutor se ajusta a los conceptos condenados, conforme lo ordenado por el Tribunal de Alzada en sentencia de fecha 15 de diciembre de 2015, en la que se condenaron las obligaciones a que devenía obligada a cumplir la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” en concepto de pago de PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTO ASÍ COMO EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR a favor de la abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, resolución que fue impugnada oportunamente por la parte demandada, y agotada que fue vía recursiva ésta alcanzó el carácter de firme en fecha 28 de febrero del 2017 con el fallo emitido por el Tribunal Superior que declaro NO HA LUGAR el Recurso de Casación. Por lo anteriormente expresado y para efectos de precisar lo estimado en el fallo, la ley establece por concepto de salario, que lo constituye no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extra, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones, señalando la norma sustantiva en el artículo 113 del Código de Trabajo que : “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior (112), surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) el ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este articulo; y, b) si el juez declara en su fallo el pago de las prestaciones e indemnizaciones,” tal y como quedó ordenado en la sentencia condenatoria aludida, éste tiene derecho a las indemnizaciones que según la ley le pudieren corresponder, por el despido directo e injusto de que fue objeto, y a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, debe concebirse entonces, que al no haberse probado la justa causa del despido, la legislación dispone que el trabajador escoja entre : a) El reclamo a que se le liquiden sus prestaciones e indemnizaciones o, b) El reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones. Cualquier decisión por la que opte el trabajador, la ley impone una sanción a aquél que lo despidió injustamente, obligándolo a pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria en caso de pago de prestaciones, o hasta la fecha de reinstalación al puesto en igual o mejor condición que aquel que tenía, en caso de reintegro.-CONSIDERANDO (7): Que el Artículo 123 del Código del Trabajo, a la letra expresa que “El preaviso, auxilio de cesantía o indemnización de que tratan los artículos anteriores se regirán por las siguientes reglas: a)…; b) la indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos (6) meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término…. La norma laboral va encaminada a proteger estos derechos privilegiados entendiéndose que las indemnizaciones incluyen los salarios que hubiere dejado de percibir el trabajador cuando se condena al pago de prestaciones o al reintegro, se trata de una norma impositiva cuando manda la forma de calcular estas indemnizaciones, manifestando que se hará en base al promedio del salario devengado por el trabajador por los últimos seis meses, debido a que el espíritu de la legislación en esta materia, es imponer una sanción al patrono, por haberse vulnerado los derechos al trabajador cuando se consuma un despido en plena transgresión a las causas que enumera taxativamente la ley, lo que implica desobediencia a la ley, como ha quedado evidenciado en las piezas del presente caso, y en aplicación al principio real o protectorio procede interpretar la norma de la manera más favorable para el trabajador restituyéndole en el goce de los derechos y garantías vulneradas ejecutando la sentencia condenatoria de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (8): Que ha quedado expuesto en el presente caso, que la Corte de Apelaciones recurrida, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación contra el auto interlocutorio de fecha doce de mayo del dos mil diecisiete y que fuera confirmado por la Alzada, en una resolución suficientemente motivada de conformidad a los elementos facticos y jurídicos externados, y valiéndose de los agravios por los cuales se recurrió en apelación, determinó que el fallo interlocutorio de primera instancia se remite a dar estricto cumplimiento a una sentencia definitiva condenatoria en materia laboral que está en proceso de ejecución, por lo que la liquidación practicada por el Juez Ejecutor ha respetado los parámetros y conceptos para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto y para el pago de salarios dejados de percibir como derechos de la parte demandante que fueron condenados en la sentencia definitiva, interponiendo la parte ejecutada (UNICAH) en su momento procesal oportuno el respectivo recurso de casación contra la sentencia de fecha 15 de diciembre del 2015, recurso que fue declarado NO HA LUGAR por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, es así que se han considerado para efectos de la liquidación todas las pretensiones condenadas en la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo a favor de la demandante así como de los salarios dejados de percibir hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia de fecha 28 de febrero del 2017, tomando el salario promedio consignado en el fallo proferido por la Alzada así como los demás conceptos condenados en estricto cumplimiento a la ley; esta Sala aprecia que en las piezas del presente juicio se sustanciaron todas las audiencias con aplicación del debido proceso, normas sustantivas y adjetivas de la rama laboral, constatando que el amparista ha dispuesto de todas la armas procesales para acreditar sus posiciones dentro del proceso, de lo que resulta, que la sentencia definitiva de fecha 15 de diciembre del 2015, ha quedado como cosa juzgada la fue dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo y que reformó la sentencia definitiva de primera instancia, por lo que es del parecer que se deniegue el recurso de amparo interpuesto, teniendo como efecto jurídico que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial confirme EL AUTO INTERLOCUTORIO en donde consta la tasación de salarios dejados de percibir, efectuada en primera instancia por estar ajustado a derecho y por no constar en autos que se hayan vulnerado las garantías invocadas al debido proceso y legítima defensa en la acción de amparo interpuesta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos Números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 303, 304 y 313 numeral 5 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 No.2, 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113 y 123 del Código del Trabajo. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, que declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación y CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete EN CONSECUENCIA QUE EL AUTO INTERLOCUTORIO DICTADO EN PRIMERA INSTANCIA DEBERA SER CONFIRMADO, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0556-2017 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL