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Sentencia AL-534-17 — Registro 9474

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que denegó incidente de nulidad por considerar que los incidentes se interponen en audiencia primera de trámite, en relación a demanda ordinaria laboral promovida en su contra; en apelación se confirmó por las razones mencionadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de mayo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, a favor del señor FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de marzo del año dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores LUIS ALONSO VALLECILLO RODRIGUEZ, DESMAN ORLANDO MARTINEZ LEMUS, JUAN PABLO LOPEZ, LAURA MARTINEZ BREVE, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 82, 90 y 228 de la Constitución de la República.

ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de julio de dos mil catorce, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los señores LUIS ALONSO VALLECILLO RODRIGUEZ, DESMAN ORLANDO MARTINEZ LEMUS, JUAN PABLO LOPEZ, LAURA MARTINEZ BREVE, actuando en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA).2) Que continuado que fue el proceso, en fecha nueve de marzo del año dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, RESUELVE: “Tener por hecha la manifestación que antecede como se pide, téngase por PERSONADO en las presentes diligencias a la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, como apoderada legal del señor FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO, condición que acredita con la fotocopia de la Escritura Pública de Poder Especial para pleitos debidamente autenticado por la Secretaria de este Juzgado que acompaña la cual se manda agregar a los autos, así como los demás documentos los cuales se mandan agregar a los autos como se pide, SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD solicitado ya que en materia laboral los incidentes se interpondrán en la audiencia primera de tramite tal como lo establece el Artículo 715 del Código del Trabajo, asimismo tienese por delegado el poder con que actúa la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA en la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, seguirá como apoderado del señor Felipe Arturo Morales Cárcamo.- Solicitada y cedida que le fue la palabra a la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, dijo: Que en virtud de no estar de acuerdo con la resolución que antecede interpongo el Recurso de Reposición y subsidiariamente el de apelación ante la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Sección Judicial, ESTE JUZGADO RESUELVE: Sin lugar el Recurso de Reposición y admítase el Recurso de Apelación en el efecto DEVOLUTIVO, debiendo la Secretaria del Despacho remitir la COMPULSA de las principales actuaciones del presente juicio a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial a donde deberán comparecer las partes a mejorar dicho recurso.” (Folio 75 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, contra la resolución proferida el nueve de marzo del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. SEGUNDO: CONFIRMANDO la resolución mencionada, pero por las razones que aduce el Tribunal. (Folios 09 al 12 de la segunda pieza de antecedentes) 4) Que la recurrente Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de julio del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del señor FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, es violatoria de lo establecido en los Artículos 82, 90 y 228 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez de enero de dos mil dieciocho. 5) Que con fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión por que NO SE OTORGUE la acción impetrada. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de marzo del año dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores LUIS ALONSO VALLECILLO RODRIGUEZ, DESMAN ORLANDO MARTINEZ LEMUS, JUAN PABLO LOPEZ, LAURA MARTINEZ BREVE, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 228 de la Constitución de la República; por considerar que la Corte de Apelaciones recurrida ha obviado disposiciones de orden público y con rango constitucional al confirmar la resolución del Tribunal inferior, sin tomar en cuenta que el demandado pasivo en la presente acción es el Estado de Honduras, el cual no ha sido citado ni emplazado por medio de su representante legal, la Procuraduría General de la República. Por otro lado, esgrime, que en el supuesto caso de ser declarada con lugar la acción, sería imposible su cumplimiento en virtud de que ya no existe el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA). CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, a través del Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en el cual es de la opinión por que NO SE OTORGUE la acción impetrada. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia en que el incidente de nulidad absoluta a que alude la recurrente, no causa ningún perjuicio al procedimiento empleado por los demandantes para entablar su acción, al respecto el Código de Trabajo señala en el Artículo 720, las actuaciones y diligencias judiciales penadas con nulidad procesal, en caso de infringirse el procedimiento laboral, sin que así ocurra de autos; en consecuencia, las pretensiones de la recurrente legal y procesalmente no son atendibles, pues llamado al proceso el Señor Felipe Arturo Morales Cárcamo, en la condición que fue emplazado, debió entonces atender dicho llamamiento, comparecer a juicio y hacer uso de los derechos y momentos procesales que la ley puso a su disposición, sin que así lo hiciera; por consiguiente concluyó en que es procedente confirmar la resolución impugnada. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha ocho (08) de mayo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0534=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL