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Sentencia AL-531-17 — Registro 8265

Resumen

Resolución impugnada que ordena la corrección de cálculo de liquidación, en relación a demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnización condenatoria interpuesta contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(7): Que en ese orden de ideas analizada la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por la recurrente, esta Sala de lo Constitucional, examinados los antecedentes de la causa determina que efectivamente el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, dictó una sentencia definitiva en fecha 04 de junio del 2013, decretando la existencia de una relación laboral permanente entre el demandado y el demandante, ordenando en ella el pago de salarios caídos y las indemnizaciones de rigor, misma que al ser sometida a los cálculos de liquidación de la etapa de ejecución del procedimiento, por un error en la determinación de las fecha de despido, generó un monto de liquidación erróneo, siendo necesario que, a través de una rectificación de la liquidación, se corrigieran los cálculos e indefectiblemente variara el monto a liquidar.CONSIDERANDO (8): Que el artículo 858 del Código de Trabajo (legislación aplicable al caso en estudio) establece que de manera análoga se aplicará las normas del Código Procesal Civil en aquellas tramitaciones del proceso laboral que no tengan señalado un procedimiento, asimismo el artículo 203 del Código Procesal Civil, señala, que por regla general, las resoluciones son invariables, y solamente se tolera su variación en caso de aclaraciones y rectificación de errores materiales., en consonancia con ello el artículo 204 del mismo cuerpo legal, establece el procedimiento de variación, indicando que no puede pasar de tres días para realizarlo, pero también indica que los errores materiales y aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento.CONSIDERANDO (9): Que en el presente asunto se estableció, con la sentencia definitiva, el reconocimiento del derecho del demandante y se indicó los parámetros mediante los cuales debería de realizarse la liquidación, indicando entre ellos que los cálculos se efectuarían desde el momento del despido, es por ello que al momento de la liquidación debía de utilizarse esa variante para realizar el cálculo, situación que en la primera de las liquidaciones no se consideró, lo que generó la necesidad en la judicatura de realizar una corrección de ese cálculo de liquidación, mismo que así hizo y que ahora se cuestiona, pero como se aprecia de las normas legales que se han aludido, dicha actividad se encuentra dentro de las facultades que cuentan los Juzgadores, indicando esta Sala de lo Constitucional, que el error material se manifiesta cuando el cálculo se realiza por el uso de un dato incorrecto, lo cual deriva en un error aritmético.CONSIDERANDO (10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; por lo que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca de respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes.CONSIDERANDO (11): Que la Sala aprecia que la decisión y alcance del fallo pronunciado por el Tribunal de Alzada está suficientemente motivado, que durante la tramitación se observa el respeto a los derechos procesales establecidos en la Constitución y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin ninguna restricción al acceso de justicia a las partes involucradas, comprobando con las piezas del proceso, que no se han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante, y como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, cuya finalidad es velar porque se protejan los derechos laborales y humanos la Sala concluye, que se deniegue el amparo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda promovida por el señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.- Considera el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (07) de septiembre del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado, vacaciones causadas y proporcionales, decimo cuarto, salarios adeudados y reajuste salarial, salarios caídos, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. - (Folios 01 al 03 de la pieza del Juzgado) 2) Que el Juzgado de Letras citado habiendo seguido el trámite correspondiente, dictó auto resolutivo en fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), en el cual resolvió: “DE OFICIO: se procede a la práctica de la liquidación de los Salarios dejados de percibir del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA…” (Folio 126 piezas del Juzgado). 3) Que la Corte de Apelaciones de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ, en su condición de representante procesal de la parte demandada, dictó auto resolutivo en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se pronuncia de la siguiente manera: “FALLA: CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete;…” (Folios 60 al 62 pieza de antecedentes Corte)4) La recurrente abogada GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, en el artículo 90 de la Constitución de la República. Y habiendo formalizado el mismo en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 70 al 77 de la pieza de amparo)CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado, vacaciones causadas y proporcionales, décimo cuarto, salarios adeudados y reajuste salarial, salarios caídos, promovida por el señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, representada por el señor ADAN FUNEZ MARTINEZ, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente Abogada GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ , muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada el debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero, de la Constitución de la República; sostiene la impetrante que la resolución recurrida le causa grave perjuicios a su representada la Empresa Nacional de Energía Eléctrica al realizar una nueva liquidación, cuando incluso ya se le pago al demandante y el mismo está finalizado. CONSIDERANDO (4): Que en relación a la vulneración al primer párrafo del artículo 90 constitucional, arguye el recurrente que siendo que la decisión judicial, contenida en la primera liquidación, había adquirido el carácter de firme, que por ende no era procesalmente viable, ninguna revisión o corrección de error alguno, ya que el mismo debió de haberse realizado dentro de los tres días de la emisión de la liquidación, y ello no se hizo así, por lo que fuera de esos parámetros era imposible cualquier variación; pero en la presente causa, habiéndose realizado una rectificación fuera de los aludidos cánones, se manifiesta una vulneración a la garantía del debido proceso, señalando que el monto indicado en la primera liquidación ya fue honrada por su representada.

CONSIDERANDO (5): Que conforme a los argumentos esgrimidos por la recurrente, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en el artículo 90 párrafo primero, de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió conceder en forma total el recurso invocado y revocar la resolución dictada por el A-quo, de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual el referido Juzgado, declara que en la liquidación practicada el 21 de junio de 2016, se cometió un error en relación a la fecha de despido, puesto que el mismo se suscitó el 8 de junio de 2012, y procedió a continuación hacer la corrección del mismo y a recalcular el pago de salarios caídos, resultando el mismo en la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,384,150.95).CONSIDERANDO (6): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), fue emitido por Mayoría de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: 1) Que si bien es cierto el Código Procesal Civil de aplicación supletoria por disposición del artículo 858 del Código del Trabajo establece, que los Juzgados y Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero si podrán aclarar algún concepto obscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. También señala el Código antes señalado, que los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, incluso de oficio. 2) Que al hacer la Juez A-Quo la corrección del error material manifiesto y el aritmético, no hizo otra cosa más que hacer uso de las facultades que le confiere la ley y como garante que es de los derechos de los trabajadores. CONSIDERANDO (7): Que en ese orden de ideas analizada la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por la recurrente, esta Sala de lo Constitucional, examinados los antecedentes de la causa determina que efectivamente el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, dictó una sentencia definitiva en fecha 04 de junio del 2013, decretando la existencia de una relación laboral permanente entre el demandado y el demandante, ordenando en ella el pago de salarios caídos y las indemnizaciones de rigor, misma que al ser sometida a los cálculos de liquidación de la etapa de ejecución del procedimiento, por un error en la determinación de las fecha de despido, generó un monto de liquidación erróneo, siendo necesario que, a través de una rectificación de la liquidación, se corrigieran los cálculos e indefectiblemente variara el monto a liquidar.CONSIDERANDO (8): Que el artículo 858 del Código de Trabajo (legislación aplicable al caso en estudio) establece que de manera análoga se aplicará las normas del Código Procesal Civil en aquellas tramitaciones del proceso laboral que no tengan señalado un procedimiento, asimismo el artículo 203 del Código Procesal Civil, señala, que por regla general, las resoluciones son invariables, y solamente se tolera su variación en caso de aclaraciones y rectificación de errores materiales., en consonancia con ello el artículo 204 del mismo cuerpo legal, establece el procedimiento de variación, indicando que no puede pasar de tres días para realizarlo, pero también indica que los errores materiales y aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento.CONSIDERANDO (9): Que en el presente asunto se estableció, con la sentencia definitiva, el reconocimiento del derecho del demandante y se indicó los parámetros mediante los cuales debería de realizarse la liquidación, indicando entre ellos que los cálculos se efectuarían desde el momento del despido, es por ello que al momento de la liquidación debía de utilizarse esa variante para realizar el cálculo, situación que en la primera de las liquidaciones no se consideró, lo que generó la necesidad en la judicatura de realizar una corrección de ese cálculo de liquidación, mismo que así hizo y que ahora se cuestiona, pero como se aprecia de las normas legales que se han aludido, dicha actividad se encuentra dentro de las facultades que cuentan los Juzgadores, indicando esta Sala de lo Constitucional, que el error material se manifiesta cuando el cálculo se realiza por el uso de un dato incorrecto, lo cual deriva en un error aritmético.CONSIDERANDO (10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; por lo que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca de respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes.CONSIDERANDO (11): Que la Sala aprecia que la decisión y alcance del fallo pronunciado por el Tribunal de Alzada está suficientemente motivado, que durante la tramitación se observa el respeto a los derechos procesales establecidos en la Constitución y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin ninguna restricción al acceso de justicia a las partes involucradas, comprobando con las piezas del proceso, que no se han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante, y como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, cuya finalidad es velar porque se protejan los derechos laborales y humanos la Sala concluye, que se deniegue el amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 59, 60, 61, 64, 82, 90, 127, 128, 135, 183, 303, 313 No.5., 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 132, 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 9 No.2, 41, 54, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 113 del Código Laboral. Tratados Internacionales: Articulo 8de la Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 14 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el presente Recurso de Amparo recurrido por la abogada GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda promovida por el señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal con el número 0531=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.