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Sentencia AL-528-17 — Registro 9473

Resumen

Se declaró sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el juzgado, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, cuando en el caso de autos la Corte Recurrida no caduca la demanda, por haber sido abandonada por la parte demandante por más de un año sin haber mostrado el más mínimo interés en continuar con el asunto, a pesar de tener conocimiento de ella. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, basa su sentencia concretamente en que la continuación del proceso es responsabilidad del órgano jurisdiccional; y, no de la parte demandante, quien si bien es cierto ha mostrado desinterés en la continuación del proceso, al no agilizar la práctica del acto de comunicación indicado, por las disposiciones contenidas en la ley laboral vigente y supraindicadas, no es procedente declarar el abandono de la instancia, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso. ONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.CONSIDERANDO CATORCE (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO a favor de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A. DE C.V., contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, promovida por los Señores ELMER VALENTIN MEJIA REYES, FERNANDO ALBERTO SOLIS VALLE y JORGE ALBERTO MARTINEZ JIMENEZ, en contra de la Sociedad Mercantil OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART) y en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A. DE C.V., como intermediaria. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de los Señores ELMER VALENTIN MEJIA REYES, FERNANDO ALBERTO SOLIS VALLE y JORGE ALBERTO MARTINEZ JIMENEZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, en contra de la Sociedad Mercantil OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART) y en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A. DE C.V., como intermediaria, solicitando que se declare CON LUGAR la demanda, condenando a las empresas demandadas al reconocimiento y al pago de los conceptos señalados en la demanda. (Folios 1–23 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Resolvió: (SIC) “Por personada en las presente diligencias La Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO en su condición de Apoderada Judicial de la Empresa Construcciones Nabla HONDURAS S.A., con las facultades conferidas, condición acreditada con el Testimonio de la Escritura Pública número 14 de fecha 01 de Marzo de 2012, autorizada por el Notario Público José Franklin Barahona, Mario de la Cruz Melgar Portillo, la cual contiene Poder General Para Pleitos otorgado a favor de la Peticionaria, cuyo original se ordena sea devuelto al interesado una vez cotejado con la copia simple acompañada; No Ha Lugar lo solicitado por la peticionaria por improcedente, en atención al derecho de defensa e impulso procesal que rige en materia laboral, y al Artículo 726 del Código del Trabajo, lo procedente es darle cumplimiento al auto que antecede, una vez notificado en legal y debida forma al abogado Oscar Rolando Figueroa, apoderado legal de la parte demandante, ya que consta en autos que no está firme dicha actuación, visible a folio 24 del expediente de mérito.-” (Folio 25 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A. DE C.V., la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, en su condición de apoderada demandada-apelante contra el Auto Interlocutorio de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete dictado por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- SEGUNDO: CONFIRMAR el Auto Interlocutorio dictado en audiencia de fecha de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTO, promovida por el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, en su condición de Apoderado Judicial de los señores ELMER VALENTIN MEJIA REYES, FERNANDO ALBERTO SOLIS VALLE Y JORGE ALBERTO MARTINEZ JIMENEZ, contra la Empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V., también conocida como WALMART representada por la señora REINA OFELIA LEON GOMEZ MARINI como Patrono y CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A. DE C.V., representada por el señor CESAR ROLANDO CABALLERO GARCIA como Intermediaria, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso procediendo al cumplimiento del acto de comunicación ordenado en auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis que obra agregado a folio 24 de la pieza principal.- TERCERO: Sin costas en esta instancia por las razones de hecho y de derecho supraindicadas.-” (Folios 13–16 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, compareció ante este Tribunal en fecha veinte (20) de julio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A. DE C.V., contra la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–10 y 44 del presente Recurso) 5) Que en fecha trece (13) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista.”. (Folios 47–51 del presente Recurso).CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, promovida por los Señores ELMER VALENTIN MEJIA REYES, FERNANDO ALBERTO SOLIS VALLE y JORGE ALBERTO MARTINEZ JIMENEZ, en contra de la Sociedad Mercantil OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART) y en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A. DE C.V., como intermediaria. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, cuando en el caso de autos la Corte Recurrida no caduca la demanda, por haber sido abandonada por la parte demandante por más de un año sin haber mostrado el más mínimo interés en continuar con el asunto, a pesar de tener conocimiento de ella. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciándose en el sentido de que el desarrollo del proceso no depende necesariamente del accionar de las partes; y, debe de impulsarse hasta su terminación por el órgano jurisdiccional. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que, en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, basa su sentencia concretamente en que la continuación del proceso es responsabilidad del órgano jurisdiccional; y, no de la parte demandante, quien si bien es cierto ha mostrado desinterés en la continuación del proceso, al no agilizar la práctica del acto de comunicación indicado, por las disposiciones contenidas en la ley laboral vigente y supraindicadas, no es procedente declarar el abandono de la instancia, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el profesional del derecho que se hace cargo de determinada tarea o trabajo propio de su carrera, asume responsabilidad ante quien le hace la encomienda. Debe tratarlo con el cuidado que le impone su dignidad de profesional, estudiarlo con dedicación, tratarlo con interés técnico y resolverlo conforme a los medios y conocimientos que su real saber y entender le dictan. Sin embargo, puede darse el caso de que se tenga dudas respecto al resultado del problema planteado en el asunto, razón suficiente para que, por el mismo sentido de responsabilidad profesional, recurra a la consulta y a cualquier fuente orientadora para darle la adecuada terminación; pues lo censurable sería dar al cliente una respuesta descabellada, sin fundamento o en forma errada, por falta de diligencia o dedicación al caso. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha uno (01) de febrero de dos mil dieciocho recaídas en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0528=2017

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL