Sentencia AL-527-16 — Registro 9472
Resumen
Con relación a la demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por impetrante contra Sociedad Mercantil en forma principal y otra sociedad en forma solidaria que argumenta que primeramente debió seguirse la ejecución contra la empresa condenada como principal; Apreciando esta Sala, que la liquidación la practicó el Juzgado tal como ordena la sentencia condenatoria en apego a lo que instituye la normativa vigente, tomando como base el salario promedio de los últimos seis meses devengados por el trabajador, como consecuencia, que la Corte de Apelaciones del Trabajo ratifique EL AUTO INTERLOCUTORIO relativo a la liquidación de la sentencia condenatoria y firme que castigó al pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios practicada por el Juzgado de Letras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(15): Que, al analizar los antecedentes del caso, así como las argumentaciones jurídicas de las partes y de juzgadores al motivar sus decisiones, la Sala concluye, que el tema a desagraviar es si los salarios dejados de percibir deben ser calculados en base al salario promedio ordinario mensual de los doce meses más los salarios de decimo cuarto, decimo tercero y vacaciones, o en base al salario promedio de los últimos seis meses trabajados. La ley establece en cuanto al salario, que lo constituye no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extra, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones, señala la norma sustantiva en el artículo 113 del Código de Trabajo : “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior (112), surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) el ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este articulo; y, b) si el juez declara en su fallo el pago de las prestaciones e indemnizaciones,” tal y como quedó ordenado en la sentencia condenatoria aludida, éste tiene derecho a las indemnizaciones que según la ley le pudieren corresponder, por el despido injustificado de que fue objeto, y a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, debe concebirse entonces, que al no haberse probado la justa causa del despido, la legislación dispone que el trabajador escoja entre : a) El reclamo a que se le liquiden sus prestaciones e indemnizaciones o, b) El reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones. Cualquier decisión por la que opte el trabajador, la ley impone una sanción a aquél que lo despidió injustamente, obligándolo a pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria en caso de pago de prestaciones, o hasta la fecha de reinstalación al puesto en igual o mejor condición que aquel que tenía, en caso de reintegro. CONSIDERANDO (16): Que el Artículo 123 del Código del Trabajo, a la letra expresa que “El preaviso, auxilio de cesantía o indemnización de que tratan los artículos anteriores se regirán por las siguientes reglas: a)…; b) la indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos (6) meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término…. La norma laboral va encaminada a proteger estos derechos privilegiados entendiéndose que las indemnizaciones incluyen los salarios que hubiere dejado de percibir el trabajador cuando se condena al pago de prestaciones o al reintegro, se trata de una norma impositiva cuando manda la forma de calcular estas indemnizaciones, manifestando que se hará en base al promedio del salario devengado por el trabajador por los últimos seis meses, debido a que el espíritu de la legislación en esta materia, es imponer una sanción al patrono, por haberse vulnerado los derechos al trabajador cuando se consuma un despido en plena transgresión a las causas que enumera taxativamente la ley, lo que implica desobediencia a la ley, como ha quedado evidenciado en las piezas del presente caso, y en aplicación al principio real o protectorio procede interpretar la norma de la manera más favorable para el trabajador restituyéndole en el goce de los derechos y garantías vulneradas ejecutando la sentencia condenatoria de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (17): Que se aprecia de autos que la Corte de Apelaciones recurrida pecó en una interpretación errónea de los artículos 113 y 123 del Código del Trabajo, esta decisión de la Alzada, al revocar el auto interlocutorio dictado por el A-Quo ordenando en la sentencia enmendar el cálculo de los salarios dejados de percibir, vulnera los derechos y garantías del trabajador, causándole grave perjuicio en su patrimonio, pretendiendo que se aplique un concepto contradictorio a lo que establece la ley, intentando invalidar la liquidación que practicó de forma correcta sin restricción alguna el Juzgado que conoce de la causa en primera instancia, apreciando esta Sala, que la liquidación la practicó tal como ordena la sentencia condenatoria en apego a lo que instituye la normativa vigente, tomando como base el salario promedio de los últimos seis meses devengados por el trabajador que asciende a la cantidad de Lps.22,275.00, por lo que la Sala estima que es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto por el suplicante CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO y como consecuencia, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Choluteca y Valle ratifique EL AUTO INTERLOCUTORIO relativo a la liquidación de la sentencia condenatoria y firme que castigó al pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios practicada por el Juzgado de Letras del Trabajo Primero Departamental de Choluteca, cuya finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la violación
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 196 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 779 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar Sentencia los Recursos de Amparo Laborales acumulados interpuestos I.- Por el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V.(Registro No. 0527-2016) y II.- Por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO (Registro No. 0700-2016), ambos contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, que declaró ha lugar los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero departamental de Choluteca, en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DEL SUR S.A DE C.V. en forma principal y contra la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO, en su condición personal, presentando demanda ordinaria laboral para el pago de indemnizaciones laborales, contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DEL SUR S.A DE C.V. (Folio 01 al 05 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, el referido Juzgado de Letras, dictó sentencia en la cual FALLA: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LAS IMPUGNACIONES FORMULADAS en fechas 17 de noviembre del 2015, por las empresas demandadas SERVICIOS DEL SUR S.A DE C.V. (SERVICIOS DEL SUR S.A DE C.V.) Y AZUCARERA LA GRECIA S.A, representados procesalmente por los abogados LENAR ADALID AGUILERA PINEDA y KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA IMPUGNACION FORMULADA, en fecha 19 de noviembre de 2015, por el abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su condición de representante procesal del trabajador SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO. TERCERO: REFORMAR LA LIQUIDACION PRACTICADA POR ESTE JUZGADO PRIMERO DE LETRAS EN FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2015, la cual quedara de la forma siguiente: LIQUIDACION DEL SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIO: Nombre: SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO…” CUARTO: CONDENA EN COSTAS A LAS EMPRESAS SERVICIOS DEL SUR S.A de C.V., (SERVISUR S.A de C.V.) Y AZUCARERA LA GRECIA S.A de C.V, representados procesalmente por los abogados LENAR ADALID AGUILERA PINEDA y KEVIN JAVIER AGUILERA, por haber visto rechazadas las pretensiones de su impugnación.- QUINTO: DESPACHA EL MANDAMIENTO DE EJECUCION, ordenando que por medio del receptor del despacho se requiera en legal y debida forma a las empresas SERVICIOS DEL SUR S.A de C.V., (SERVISUR S.A de C.V.) Y AZUCARERA LA GRECIA S.A de C.V, representados procesalmente por los abogados LENAR ADALID AGUILERA PINEDA y KEVIN JAVIER AGUILERA.- para que en el acto del requerimiento pague o consigne a favor del trabajador la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS.- LPS.-2,833,694.19)…” (Folio 342 al 347 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ y KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó sentencia en fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, mediante la cual: FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR los recursos de Apelación interpuestos por los abogados JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ y KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO, en su condición supra indicada, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de Ley…” SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCION APELADA, debiendo el a-quo, ajustar el cálculo de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios en los salarios dejados de percibir en los términos señalados en las consideraciones supra indicadas. TERCERO: SIN COSTAS. (Folios 15 al 20 de la segunda pieza de antecedentes) 4) Que el recurrente el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V., por considerar que la decisión del Ad-Quem de veinte de mayo del año dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que el recurrente Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de Amparo a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO, por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional presentada I.- Por el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V. (Registro No. 527-2016). 7) Que con fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo interpuesto por el por el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V. por no vulnerar las garantías constitucionales invocadas. (Folio 22 del Recurso)
8)Que en fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional presentada por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO (Registro No. 0700-2016), y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. 9) Que con fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión de QUE SE OTORGUE el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO (Registro No. 0700-2016), por vulnerar las garantías constitucionales invocadas. 68 de la pieza de amparo) 10) Que en fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, en virtud de apreciar que los Recursos de Amparo interpuestos I.- Por el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V.(Registro No. 0527-2016) y II.- Por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO (Registro No. 0700-2016), se dirigen contra una misma resolución y relacionan los mismos hechos, y para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, ordenó acumular los amparos descritos para dictar una sola sentencia en su oportunidad. (Folio 79 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional mediante proveído de fecha seis de junio del dos mil diecisiete, una vez visto los antecedentes contentivos de los Recursos de Amparo promovidos por los abogados KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de la empresa AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V. (Exp.0527-2016) y CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO (Exp.0700-2016, ambos contra la resolución de fecha veinte (20) de mayo del dos mil dieciséis (2016) emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle que declaró con lugar el recurso de apelación contra el auto interlocutorio emitido por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca en fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, dispuso para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, acumular los amparos y dictar una sola resolución, en lo relativo a las partes del proceso en ejecución. CONSIDERANDO (4): Que los motivos para recurrir en amparo expone el abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO en favor de la empresa AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V. se remiten a que la decisión adoptada por la Corte Primera de Apelaciones de Choluteca y Valle en la sentencia de fecha 20 de mayo del 2016, y que resolvió la apelación contra el auto interlocutorio emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo Primero Departamental de Choluteca de fecha 22 de abril del 2016, vulnera lo dispuesto en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por cuanto el cálculo de la liquidación practicada por el A-Quo erróneamente indexó por separado los conceptos de vacaciones, decimo tercer mes y decimo cuarto mes, por lo que se estaría aplicando en dicho juicio una doble condena en una misma causa, contraviniendo la Constitución de la República en su artículo 95, que establece que nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa, y que además el Ad-Quem no se pronunció en la sentencia en lo concerniente a que debía primeramente seguirse la ejecución contra la empresa SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V. condenada como principal, quien tiene su propia personalidad y patrimonio propio como quedo acreditado en el juicio y en donde su representada fue condenada de manera solidaria, por lo que debe otorgarse el Amparo. Por su parte el suplicante abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO en favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO arguye que la decisión adoptada vulnera lo dispuesto en los artículos 128 No.4), 129 y 321 de la Constitución de la República. Se violenta el principio constitucional de privilegio especial sobre el salario y prestaciones sociales, el artículo “128. 1….2… 3….4) los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones sociales serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley…..” mismo que está relacionado con el artículo 3 del Código de Trabajo y los decretos No.112 de fecha 28 de octubre 1982, que reconocen el pago del séptimo día y decimo tercer mes en concepto de aguinaldo, conceptos que según el decreto integran los salarios para todos los efectos legales, igualmente lo relaciona directamente con el decreto 02-95 del 6 de febrero de 1985, sobre pago del decimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, el que integrará para todos los efectos legales el concepto de salario, y que se pagará en el mes de junio de cada año. Se vulnera la Garantía Constitucional de Protección al trabajador, contra el despido injustificado, articulo 129 de la Constitución, sobre la garantía de estabilidad que goza el trabajador en sus empleos, de lo que resulta cuando se despide de forma injustificada, “….Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en conceptos de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios”, teniendo intima relación con el 113 del Código de Trabajo, “Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le pueden corresponder y, a titulo de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. Igualmente esta vulnerada la garantía constitucional del principio de legalidad contenida en el artículo 321 constitucional, que los funcionarios no tienen mas facultades que las que expresamente le confiere la ley, la Corte de Apelaciones aún y cuanto el artículo 123 del Código de Trabajo ordena que el preaviso, auxilio de cesantía o indemnizaciones de que tratan los artículos anteriores se regirán por las siguientes reglas: a) El importe de los mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser embargado, salvo en la mitad, por concepto de pensiones alimenticias; b)la indemnización que corresponda se calculara tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis (6) meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho termino… c) … obsérvese que estas reglas se aplicaran a los conceptos que tratan los artículos anteriores. No dice el artículo anterior, dice de que tratan los artículos anteriores, se presume a favor del trabajador, haciendo aplicación al principio real o protectorio interpretando esta norma de la manera más favorable para el trabajador solicitando que se le restituyan al trabajador el goce de los derechos y garantías vulneradas, que se revoque la resolución recurrida y se confirme la dictada por el juez de primera instancia por estar apegada a derecho. CONSIDERANDO (5): Que se desprende de autos que el Juzgado de Letras Primero Departamental y del Trabajo por Ministerio de la Ley en Choluteca, en fecha diecisiete de marzo del dos mil diez, dictó sentencia definitiva en la que falló CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA, promovida por el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO contra la Empres SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal y de manera solidaria a AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. condenando a pagar al trabajador (demandante) la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUE LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (Lps.242,729.19) por los siguientes conceptos PREAVISO dos meses, L.44,550.00) AUXILIO DE CESANTIA siete meses(210 días) L.155,925.00,AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL 355 días (29.58) L.21,963.15 AGUINALDO PROPORCIONAL (295) días (24.58) L.14,600.52. DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (115) días (9.58) Lps. 5,690.52 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del Contrato de Trabajo hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia. CONSIDERANDO (6): Que una vez agotada la vía recursiva y estando firme la sentencia condenatoria, la parte demandante compareció ante el Juzgado que conoce del juicio y solicitó que la Secretaria de Despacho procediera a tasar la liquidación de la sentencia laboral firme y de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido ilegal e injustificado hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, que una vez tasada la liquidación tanto de la sentencia como de los salarios dejados de percibir se ponga a la vista de las partes a fin de que se pronuncien impugnando o aprobando. CONSIDERANDO (7): Que en fecha seis (6) de Octubre del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, procedió a practicar la LIQUIDACIÓN de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios estableciendo para efectos de la liquidación la fecha de despido del trabajador el 25 de octubre del 2007 así como la fecha en que quedo firme la sentencia condenatoria el 24 de septiembre del 2015, habiendo transcurrido siete (7) años, diez (10) meses, veintiocho (28) días, con un sueldo base mensual de Lps.22,275.00, a razón de Lps.742.50 diarios; correspondiéndole Lps.2,114,640.00 en concepto de salarios dejados de percibir, más Lps.17,820.00 en concepto de vacaciones del año 2008; Lps.17,820.00 Vacaciones año 2009; Lps.17,820.00 vacaciones del año 2010; Lps.17,820.00 vacaciones año 2011;Lps.17,820.00 vacaciones año 2012.00;Lps.17, 820.00 vacaciones año 2013; Lps.17,820.00 vacaciones año 2014; Lps. 17,820.00 año 2015; haciendo un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,239,380.00), en concepto de sentencia de juzgamiento le corresponde un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (Lps.242,729.19)resultando un gran total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (Lps.2,482,109.19). CONSIDERANDO (8): Que no estando conforme las partes tanto la demandada SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V. (SERVISUR) y de forma solidaria AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. en su condición de ejecutadas, así como la parte ejecutante, presentaron oposición a la liquidación practicada y celebrada la audiencia en tiempo y forma para que las partes ratifiquen la oposición y contestación conforme a los procedimientos señalados las partes por el orden, expresaron, el Representante Procesal de SERVISUR S.A. DE C.V. ratifica la oposición alegando que no procede en la liquidación el pago de decimo tercer mes, decimo cuarto mes y vacaciones, porque no se trata de un reintegro, que la demanda es para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, que el cálculo se realiza con el salario promedio mensual según el artículo 123 literal b) del Código de Trabajo, que estos ya van implícitos en el cálculo y hacerlo en la liquidación se estaría aplicando una doble condena al ejecutado en un misma causa contraviniendo lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República y que las sentencias acreditadas por la parte ejecutante emitidas por la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia como antecedentes así como las emitidas por los juzgados de letras de lo Contencioso Administrativo, no deben ser consideradas para efectos de la decisión del juez, proponiendo medio de prueba documental público consistente en un fallo emitido por el Juzgado de Letras de Francisco Morazán como antecedente para que se proceda a revocar los conceptos por los que fue condenada la ejecutada por ser improcedentes; 2) De otro lado el representante procesal de la AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. ratifica la oposición y se fundamenta en los mismos motivos de la demandada SERVISUR S.A. DE C.V. invocando como fundamento jurídico el mismo artículo 123 literal b) del Código de Trabajo, acreditando como prueba el documento público señalado en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en Expediente 1087-12-2.- En cuanto a la contestación de la impugnación de la parte demandante se refirió en los mismos términos que los fallos acreditados no deben ser usados como referentes para la decisión del señor juez por tratarse de otra materia totalmente distinta, al mismo tiempo solicitó que se siga la ejecución primeramente contra la Sociedad SERVISUR S.A. DE C.V., por ser la condenada de manera principal, que se admita el medio de prueba y se evacue de la forma solicitada y que se proceda a revocar los conceptos por los cuales fue condenada su representada.- CONSIDERANDO (9): Que la parte demandante (ejecutante) ratifica todos y cada uno de los conceptos de la impugnación planteada contra la liquidación practicada en fecha 6 de octubre del 2015, por considerar que en la misma se restringe, disminuye y tergiversan los derechos que la Constitución de la República y el Código de Trabajo y demás leyes estipulan a favor de los trabajadores, por lo que las remuneraciones en concepto de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales previstas como decimo tercer mes y decimo cuarto mes, ya sabidas en la ley como Código de Trabajo Convenios Internacionales y demás leyes hondureñas reconocen que forman parte integral del salario, igualmente el artículo 113 del Código de Trabajo ya estipula que al no probar la justa causa de un despido el patrono deberá pagar al trabajador las indemnizaciones y a titulo de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria, por lo que no hay ninguna duda de esta norma, que es claro su contenido, quedando plenamente establecido con las pruebas pertinentes el salario promedio que devengaba el trabajador durante la secuela del juicio, por lo que tanto el articulo 123 b) relacionado con el 361 del Código de Trabajo dejan claramente establecido que constituye salario no solo la remuneración fija ordinaria sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios sea cualquiera la forma o denominación que se adopte como las primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario, inclusive de las horas extras valor de trabajo en día de descanso obligatorio etc, en el caso de la liquidación practicada no se incluyeron los salarios promedios dejados de percibir desde los últimos seis meses, y que como consecuencia de ello no se incluyeron el treceavo y catorceavo mes, por lo que precisa practicar una nueva liquidación por no encontrarse la misma conforme a lo que dispone la ley y al contenido de la circular emitida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia No. 638-2014 tomando en cuenta que la sentencia ya constituye titulo ejecutivo, solicitando que se tenga por bien hecha la impugnación, que se practique nueva liquidación en la que se incluyan los conceptos ya señalados de conformidad con lo que dispone la ley. De otro lado en la audiencia no se alegan hechos sino derechos, por lo que no procede práctica de pruebas que resultan innecesarias que no contribuyan a esclarecer hechos controvertidos, que se declare sin lugar la práctica de la prueba solicitada por las partes demandadas. Por su parte los demandantes SERVISUR S.A. DE C.V. Y AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. se manifestaron que harán uso del recurso de apelación por considerar que es un derecho al no admitírseles la prueba propuesta consistente en el documento público sobre una liquidación contenida en un expediente en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán para su reconocimiento judicial. El Demandante (ejecutante) por su parte expresa que se trata de una audiencia cuya actividad procesal se refiere a un auto de sustanciación en el cual se evacuaron las impugnaciones por lo que no procede el Recurso de Apelación, resolviendo el Juzgado otorgar el recurso de apelación en base al Artículo 740 y 743 del Código de Trabajo. CONSIDERANDO (10): Que la sentencia interlocutoria de fecha 22 de abril del 2016, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Choluteca, falló declarando SIN LUGAR las impugnaciones formuladas por la parte demandada SERVICIOS DEL SUR., S.A. DE C.V. (SERVISUR) y por AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. estimando para dicho fallo lo dispuesto en la Circular 638 de fecha 5 de junio del 2014 de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa de la Corte suprema de Justicia, que se refiere al criterio unificado por todos los tribuales de la República que para efectos de liquidar los salarios dejados de percibir donde la pretensión del demandante es el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales los salarios dejados de percibir se calcularan desde la fecha en que ocurrió el despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria, en cambio cuando la pretensión del demandante es el reintegro al puesto de trabajo, los salarios se calcularan igualmente desde la fecha del despido, pero hasta la fecha en que efectivamente se reinstale al demandando y para el cálculo deberá utilizarse siempre la fórmula del Salario Promedio Mensual. Asimismo en el fallo declara CON LUGAR la impugnación formulada por la parte Demandante a favor de SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO a través de su Representante Procesal, reformando la liquidación practicada el 6 de octubre del 2015 en los siguientes términos LIQUIDACION DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS desde la fecha del despido el 25 de octubre del 2007, fecha en que quedó firme la sentencia condenatoria 24 septiembre del 2015, transcurridos 7 años, 10 meses, 28 días con base a un salario de Lps.22,275.00 mensuales, a razón de Lp.742.50 diarios, mas en concepto de treceavo mes y catorceavo mes, quince salarios correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015 y treceavo mes proporcional con base a Lps.22,275.00 mensuales a razón de Lps.742.50 diarios; correspondiente Lps.334,125.00 (hacer calculo promedio del aguinaldo 2015 y sumarlo), corresponde Lps.2,448,765.00 de salarios dejados de percibir, mas Lps.17,820.00 de vacaciones por cada año, desde el año 2008 hasta el año 2015 inclusive, corresponden Lps.142,560.00 lo que suma un subtotal de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (Lps.2,591,235.00); en concepto de sentencia de juzgamiento le corresponde un total de Lps.242,729.19 por lo que le corresponde un total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (Lps.2,833,964.19) según sentencia y por ultimo condena en Costas a las empresas (ejecutadas) ordenando se requiera en legal y debida forma a las ejecutadas SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V. Y AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. para que en el acto del requerimiento paguen o consignen a favor del trabajador LPS.2,883,964.19 en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios mas por liquidarse las costas del juicio y costas de ejecución, sentencia que fue apelada por la parte demandada. CONSIDERANDO (11): Que el Tribunal de Alzada una vez estudiados los argumentos de los apelantes y apelado resolvió declarar CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por los abogados JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ Y KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO representantes procesales de las empresas SERVISUR S. DE R.L. DE C.V. Y AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V., cuya motivación fáctica la establece relacionando el artículo 123 inciso b) del Código de Trabajo relativo al preaviso, auxilio de cesantía o indemnización de que tratan los artículos anteriores se regirán por las siguientes reglas: “a…; b)la indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis meses que tenga la vigencia del contrato o fracción de tiempo menor sino se hubiere ajustado dicho termino”. Interpretando que solo es aplicable para el preaviso, auxilio de cesantía o indemnización relacionada a tales conceptos determinados en el capitulo IX del Código de Trabajo, y que haberse aplicado para el cálculo de salarios dejados de percibir, tomando como base el salario promedio mensual, lleva implícito lo que es la suma del salario ordinario mensual por la cantidad de Lps.17,820.00 mas el concepto de decimo tercer mes, decimo cuarto mes, y vacaciones, por lo que no es correcto incluir nuevamente en dicho calculo y por separados dichos conceptos, pues se estaría incurriendo en un doble cobro. CONSIDERANDO (12): Que la Alzada hace suyos los argumentos esgrimidos por los apelantes, en cuanto que para el cálculo de los salarios dejados de percibir se debe considerar como tales los salarios mensuales ordinarios, 12 salarios del año, debiendo calcular 15 salarios ordinarios, en los que se incluye el decimo tercer mes, decimo cuarto mes y vacaciones en base al salario ordinario de Lps. 17,820.00; que si el cálculo se hizo en base a Lps.22,275.00 seria por los doce meses porque lleva implícito los conceptos ya señalados, que calcularlos por aparte determina doble cobro de los mismos, mandando que el Juzgado de Letras que efectuó el cálculo realice la corrección indicada en el auto interlocutorio apelado, estimando que el cálculo de la liquidación de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, vacaciones, decimo cuarto y decimo tercero de salarios no fueron calculados por el Juez A-Quo de forma correcta, duplicando la condena a las empresas demandadas, vulnerando el artículo 95 de la Constitución de la República; que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Basado en estos argumentos revoca el auto apelado sin condena en costas, y declara sin lugar los recursos de reposición interpuestos contra la resolución por los abogados KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO Apoderado Legal de Azucarera La Grecia S.A. de C.V. y CESAR ERNESTO BAQUEDADO en su condición de Representante Procesal del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO por considerar que la sentencia está ajustada a derecho. CONSIDERANDO (13): Que la Sala aprecia en el caso sub-judice que la sentencia recurrida de fecha 20 de mayo del 2016, se remite como antecedente a una sentencia en etapa de ejecución, y que de conformidad a lo establecido en el artículo 196 del Código Procesal Civil, la resolución goza del efecto de cosa juzgada formal, por lo que no podrá variarse después de firmada, esto hace que el motivo esgrimido por el amparista a favor de AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. relativo a que se persiga primeramente en la ejecución al condenado principal SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V. no cabe como actuación procesal oportuna, omisión por parte de la alzada que no invalida la decisión final adoptada y mucho menos vulnera los precitados artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en perjuicio del recurrente, tampoco le ha causado indefensión alguna, y por lo cual recurre en amparo lo que no constituye agravio alguno, por tanto, según sentencia firme AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. fue condenada de manera solidaria a pagar al trabajador (demandante) la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (Lps.242,729.19) y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del Contrato de Trabajo hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia. CONSIDERANDO (14): Que la Alzada declaró con lugar los recursos presentados por los apoderados legales apelantes (ejecutadas) y revocó la resolución apelada, motivando su decisión en que para el cálculo de los salarios dejados de percibir se debe de considerar como tales todos los salarios mensuales ordinarios correspondiendo para efectos del cálculo la suma de Lps.17,820.00, tomando como salarios los doce meses del año, más el decimo tercer y decimo cuarto mes y vacaciones, o sea que anualmente se deben calcular el pago de quince salarios mensuales ordinarios, o si bien se toma como base el salario promedio mensual de Lps.22,275.00 este valor debe multiplicarse únicamente por doce meses, ya que implícitamente lleva los conceptos ya señalados, ordenando que el A-quo tenga que realizar la corrección indicada en la sentencia interlocutoria objeto de la impugnación, considerando que los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, vacaciones, decimo cuarto, decimo tercero de salarios no fueron calculados por el A-Quo de manera correcta ya que duplican la condena a las empresas demandadas, lo que viola lo dispuesto en el artículo 95 de la constitución de la República. Se deduce de autos que la sentencia definitiva en ejecución, condenó a las demandadas al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud del despido directo ilegal e injusto y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia. CONSIDERANDO (15): Que, al analizar los antecedentes del caso, así como las argumentaciones jurídicas de las partes y de juzgadores al motivar sus decisiones, la Sala concluye, que el tema a desagraviar es si los salarios dejados de percibir deben ser calculados en base al salario promedio ordinario mensual de los doce meses más los salarios de decimo cuarto, decimo tercero y vacaciones, o en base al salario promedio de los últimos seis meses trabajados. La ley establece en cuanto al salario, que lo constituye no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extra, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones, señala la norma sustantiva en el artículo 113 del Código de Trabajo : “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior (112), surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) el ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este articulo; y, b) si el juez declara en su fallo el pago de las prestaciones e indemnizaciones,” tal y como quedó ordenado en la sentencia condenatoria aludida, éste tiene derecho a las indemnizaciones que según la ley le pudieren corresponder, por el despido injustificado de que fue objeto, y a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, debe concebirse entonces, que al no haberse probado la justa causa del despido, la legislación dispone que el trabajador escoja entre : a) El reclamo a que se le liquiden sus prestaciones e indemnizaciones o, b) El reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones. Cualquier decisión por la que opte el trabajador, la ley impone una sanción a aquél que lo despidió injustamente, obligándolo a pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria en caso de pago de prestaciones, o hasta la fecha de reinstalación al puesto en igual o mejor condición que aquel que tenía, en caso de reintegro. CONSIDERANDO (16): Que el Artículo 123 del Código del Trabajo, a la letra expresa que “El preaviso, auxilio de cesantía o indemnización de que tratan los artículos anteriores se regirán por las siguientes reglas: a)…; b) la indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos (6) meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término…. La norma laboral va encaminada a proteger estos derechos privilegiados entendiéndose que las indemnizaciones incluyen los salarios que hubiere dejado de percibir el trabajador cuando se condena al pago de prestaciones o al reintegro, se trata de una norma impositiva cuando manda la forma de calcular estas indemnizaciones, manifestando que se hará en base al promedio del salario devengado por el trabajador por los últimos seis meses, debido a que el espíritu de la legislación en esta materia, es imponer una sanción al patrono, por haberse vulnerado los derechos al trabajador cuando se consuma un despido en plena transgresión a las causas que enumera taxativamente la ley, lo que implica desobediencia a la ley, como ha quedado evidenciado en las piezas del presente caso, y en aplicación al principio real o protectorio procede interpretar la norma de la manera más favorable para el trabajador restituyéndole en el goce de los derechos y garantías vulneradas ejecutando la sentencia condenatoria de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (17): Que se aprecia de autos que la Corte de Apelaciones recurrida pecó en una interpretación errónea de los artículos 113 y 123 del Código del Trabajo, esta decisión de la Alzada, al revocar el auto interlocutorio dictado por el A-Quo ordenando en la sentencia enmendar el cálculo de los salarios dejados de percibir, vulnera los derechos y garantías del trabajador, causándole grave perjuicio en su patrimonio, pretendiendo que se aplique un concepto contradictorio a lo que establece la ley, intentando invalidar la liquidación que practicó de forma correcta sin restricción alguna el Juzgado que conoce de la causa en primera instancia, apreciando esta Sala, que la liquidación la practicó tal como ordena la sentencia condenatoria en apego a lo que instituye la normativa vigente, tomando como base el salario promedio de los últimos seis meses devengados por el trabajador que asciende a la cantidad de Lps.22,275.00, por lo que la Sala estima que es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto por el suplicante CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO y como consecuencia, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Choluteca y Valle ratifique EL AUTO INTERLOCUTORIO relativo a la liquidación de la sentencia condenatoria y firme que castigó al pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios practicada por el Juzgado de Letras del Trabajo Primero Departamental de Choluteca, cuya finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la violación POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos Números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 183, 303, 304 y 313 numeral 5 de la Constitución de la República; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 No.2, 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 196 del Código Procesal Civil; 113, 123 y 779 del Código del Trabajo, FALLA: 1)DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. según Expediente No.527-2016, 2)OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO promovido por el abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor LEONIDAS ESTRADA CARCAMO y registrado bajo Expediente No.700-2016 ambos acumulados y; 3)REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley en fecha veinte de mayo del dos mil dieciséis, y como derivación del fallo proferido por esta Sala para su debida ejecución, deberá confirmar el auto interlocutorio de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca por estar ajustado a derecho, Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que surta los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha siete (07) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recaído en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo los números SCO 527 y 700-16.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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