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Sentencia AL-526-16 — Registro 9471

Resumen

Acto recurrido que deniega apelación y confirma el auto interlocutorio del a-quo, en relación a la demanda laboral de cumplimiento de una obligación de hacer promovida en contra del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, no observa, efectivamente, una ponderación motivada entre la preceptiva legal ordinaria para la ejecución de sentencias dimanantes del derecho social, particularmente en lo que se refiere a la tasación de costas de ejecución, por una parte, y el debido proceso que le asiste al Estado, por la otra; en observancia del principio de legalidad y en congruencia a lo establecido en la norma fundamental; lo cual concuerda con lo alegado, como atinente y vinculante al caso, por el representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), ahora amparista..." ..." Que lo anteriormente manifestado, se connota particularmente en que resolución de la jurisdicción ordinaria bajo examen, no explicita en debida forma, el criterio que le merece la existencia de una disposición legal que exonera de costas al Estado y sus entidades, entre las cuales se cuentan las instituciones descentralizadas como es contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), lo cual es parte toral del reclamo formulado por el garantista ante esta alta sede de justicia constitucional; estimándose omiso, por la Alzada, el emitir una resolución fundada en derecho congruente y de fondo ante todos y cada uno de los agravios, así como de la contestación a los mismos, según formulados en tiempo y forma por las partes procesales..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ a favor del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, en relación a la demanda laboral para el cumplimiento de una obligación de hacer promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE) contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP). Estimando el recurrente que tal resolución judicial le ha violentado al Estado de Honduras lo prescrito en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO actuando en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en la cual solicita el cumplimiento de una obligación de hacer, virtud de haber firmado el Registro Nacional de las Personas, un Acta con el Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (SITRARENAPE), para el pago de nivelación salarial que se ha ido produciendo hasta la fecha en que se emita el fallo condenatorio y demás derechos que pudieren corresponder. (Folios 01 y 02 del Tomo I la primera pieza de los antecedentes). 2) Que el referido Juzgado, en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: “…1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el cumplimiento de una Obligación de Hacer promovida por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), siendo actualmente apoderado legal de dicha Organización Sindical el Abogado FRANCISCO CARBAJAL GAHONA contra EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director Ejecutivo y Representante Legal señor JORGE ARTURO REINA GARCIA; 2) CONDENA a EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director Ejecutivo y Representante Legal señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, a lo siguiente: A) Nivelar y Reajustar el sueldo mensual de los 205 empleados que laboran en dicha Institución y que devengan un sueldo inferior a los Lps. 10,845.00 mensuales, siendo los siguientes…; B) NIVELAR Y RECLASIFICAR EN FORMA ESTANDARIZADA LOS CARGOS DE LOS EMPLEADOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO SUPERVISORES Y COORDINADORES DE SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN LOS REGISTROS MUNICIPALES DEL DISTRITO CENTRAL Y DE SAN PEDRO SULA…; C) PAGAR LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS, 1,233,817.67) SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDANTE…; D)…” (Folios 366 al 399 del tomo II de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), solicitando que se procediera a practicar la liquidación de la nivelación y reajuste de salario, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso C, de la sentencia dictada por ese Juzgado y relacionada en el numeral anterior; en consecuencia se ordenó se procediera a realizar la liquidación correspondiente. (Folio 430 del Folio del tomo II de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha uno (01) de diciembre de dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, procedió a realizar la liquidación correspondiente, concluyendo el referido Juzgado que se les adeudaba a los empleados a partir del “…1 de enero del 2011 al 30 de noviembre del 2014, un gran total de ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 11,055,006.48), más desde el mes de agosto del 2010 al mes de diciembre del 2010 que se encuentran comprendidos en la sentencia de mérito para cada uno de los empleados la cantidad de Un Millón Doscientos Treinta y Tres mil Ochocientos Diecisiete Lempiras Con Sesenta y Siete Centavos (L. 1,233,817.67), por lo que se le adeuda un gran total de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L. 12,288,824.15).-” 5) Que en fecha tres (03) de diciembre de dos mil quince (2015), el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, presentando un recibo por la cantidad de DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (L. 10,194,485.08), la que fuera embargada en las presentes diligencias, asimismo presentando como tasación de Costas de Ejecución la suma de UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS, que equivale al 10% de la suma ejecutada, solicitando se autorizase el recibo y se diera la vista a la parte demandada por el término de tres (3) días se pronunciara sobre las referidas costas de ejecución. En esa misma fecha el Juzgado tuvo por bien hecha la comparecencia y por tasadas las costas de tasación, ordenando el traslado a la parte demandada. (Folio 667 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha cinco (05) de enero de dos mil dieciséis (2016), el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición de Apoderado Legal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, impugnando el auto interlocutorio relacionado en el numeral anterior, y presentando oposición a la Tasación de Costas presentada, solicitando se declararan sin lugar las mismas. (Folios 677 al 680 del tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 7) En fecha veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en relación a la solicitud de Tasación de Costas de Ejecución, dictó resolución mediante la cual resolvió: “…Por lo que al practicar la respectiva operación aritmética sobre la cantidad de L. 10,194,485.08, resulta la cantidad de L. 1,019,448.50 A FAVOR DE LA DEMANDANTE, en consecuencia es procedente declarar CON LUGAR LA SOLICITUD DE TASACIÓN DE COSTAS DE EJECUCIÓN.…” (Folios 681 del Tomo II de la primera pieza de antecedentes). 8) Que conociendo del Recurso de Apelación presentado por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición indicada, contra la resolución dictada por el A-Quo en fecha veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), relacionada en el acápite anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán dictó, por mayoría de votos, sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandada.- 2) Confirmado el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 20 de enero del año 2016, …”; lo cual fundamentó, entre otras consideraciones, en que se realizó una ejecución forzosa siguiendo el decreto judicial, ante el incumplimiento de pago por la parte obligada, cuando fue requerida de pago por medio del órgano jurisdiccional competente; lo cual contrae indemnización de gastos a ser liquidados por el deudor, entre los cuales, las costas de ejecución de sentencia; por lo cual, es procedente la confirmatoria al auto interlocutorio dictado por el A Quo. (Folios 100 al 102 de la segunda pieza de los antecedentes). 9) Que el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), afirmando que la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Ad-Quem y a que se ha hecho referencia en el numeral que precede, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 10) Que en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Fiscal del Despacho Abogada SUSSY G. COELLO, quien fue de la opinión porque: “SE OTORGUE EL AMPARO en virtud de ser evidente la violación de los preceptos constitucionales invocados por el amparista”; lo cual fundamentó en que, de la interposición de la acción, se desprende que la parte ejecutada nunca se opuso al pago de la condena, pero debió agotar ciertos trámites administrativos previos a hacer efectivo dicho pago. Asimismo, que la resolución venida en amparo fue dictada al margen del artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno (Decreto No. 266-2013), que establece que el Estado o sus entidades, están exentas del pago de costas; lo cual fue omiso en la motivación de la sentencia bajo examen, en infracción al debido proceso, la cual debió pronunciarse al respecto, siendo uno de los agravios presentados por la parte recurrente en la Audiencia de Alegaciones. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de Alzada proferida, por mayoría de votos, por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016), misma que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición de Apoderado Legal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), con relación a la DEMANDA LABORAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE HACER promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE) contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP); resolución cuya motivación y fundamentación jurídica se recoge sintéticamente en el Antecedente 8) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que en sustanciación de la presente acción constitucional de amparo ha manifestado el garantista, Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición preindicada, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, que apoyarían la tesis de que tal resolución vulneraría los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al violentar las declaraciones y derechos allí contenidos en perjuicio de su representada, particularmente lo que refiere a su derecho a ser enjuiciada por Juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Lo anterior por la denuncia de las actuaciones procesales adoptadas por la vía ordinaria; cuando, a instancia de la defensa, se declarará con lugar la tasación de costas de ejecución al Estado, a través de la entidad representada por el amparista. CONSIDERANDO (5): Que sostiene el amparista en formalización de su recurso, que el proceder de la Corte de Apelaciones que se conoce en amparo, hace caso omiso, es decir, que no se refiere en absoluto a la norma jurídica que definiría la exoneración de costas a favor del Estado, como es el artículo 8 del Decreto No. 266-13, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la Ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, según publicado en la Gaceta No. 33, 336 del 23 de enero de 2014, el cual establece como Disposición General: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario responsable administrativa, civil y penalmente”; por lo cual se estaría transgrediendo el derecho de su representada a la inviolabilidad del derecho de defensa y al debido proceso, razón que fundaría el otorgamiento de la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (6): Que para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, no observa, efectivamente, una ponderación motivada entre la preceptiva legal ordinaria para la ejecución de sentencias dimanantes del derecho social, particularmente en lo que se refiere a la tasación de costas de ejecución, por una parte, y el debido proceso que le asiste al Estado, por la otra; en observancia del principio de legalidad y en congruencia a lo establecido en la norma fundamental; lo cual concuerda con lo alegado, como atinente y vinculante al caso, por el representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), ahora amparista. CONSIDERANDO (7): Que lo anteriormente manifestado, se connota particularmente en que resolución de la jurisdicción ordinaria bajo examen, no explicita en debida forma, el criterio que le merece la existencia de una disposición legal que exonera de costas al Estado y sus entidades, entre las cuales se cuentan las instituciones descentralizadas como es contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), lo cual es parte toral del reclamo formulado por el garantista ante esta alta sede de justicia constitucional; estimándose omiso, por la Alzada, el emitir una resolución fundada en derecho congruente y de fondo ante todos y cada uno de los agravios, así como de la contestación a los mismos, según formulados en tiempo y forma por las partes procesales. CONSIDERANDO (8): Que por lo anteriormente expuesto y motivado es parecer de la Sala de lo Constitucional, que la resolución judicial bajo estudio omitió darle el debido cumplimiento al artículos 90 de la Constitución de la República, en la medida que no se ha resuelto, con motivación suficiente y fundada en derecho congruente, lo planteado por el opositor a la tasación de Costas, ahora demandante de amparo, a favor de del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, en tanto Institución Descentralizada del Estado de Honduras. - Por ello, resulta como efecto útil de la presente garantía constitucional, se sirva la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, suplir la falencia de motivación y fundamentación jurídica que se ha manifestado, por incongruencia omisiva, en el tenor de la sentencia proferida en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016), de todo lo cual se ha hecho suficiente mérito; procediendo, en tal sentido, la estimatoria de la garantía constitucional de amparo vista para sentencia. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, para el solo efecto que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán emita nueva sentencia motivada y fundamentada jurídicamente, en la cual se explicite el juicio de valor que amerite la legalidad especial invocada por el garantista, supliendo así la relevante omisión señalada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo laboral registrada en este Tribunal con el número SCO-0526-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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