Sentencia AL-523-16 — Registro 8264
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que ordenó requerimiento de pago a demandada tomando como título ejecutivo un convenio privado de adelanto de auxilio de cesantía en relación a demanda ejecutiva laboral promovida contra el Servicio Autónomo Nacional de Acuedúctos y Alcantarillados (SANAA)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala al analizar las piezas del proceso, específicamente en los relativo a la suscripción del Acuerdo para el pago de Prestaciones y Derechos Laborales de fecha 16 de abril del año 2014, como elemento principal del que emana la controversia reclamada, sobre si el acuerdo suscrito entre las partes es o no un titulo ejecutivo, estima lo siguiente: 1) El acuerdo fue suscrito como resultado de una relación laboral pre existente entre las partes, estableciéndose en el documento estipulaciones claras a las que se obligaban las partes (empleador y empleado) es así, que nuestra legislación laboral instituye claramente cuándo será exigible ejecutivamente el cumplimiento de una obligación como resultado de una relación de trabajo, constituyendo la norma que ésta (la obligación) debe constar en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme...; 2) La fuerza ejecutiva del acuerdo o titulo ejecutivo, en materia laboral se contrae a que el juzgador para efectos de emitir un fallo, se vea comprometido como parte de sus actuaciones jurisdiccionales al análisis de todos los elementos del proceso allegados a su conocimiento y valorar de forma conjunta para efectos de un fallo justo considerando los principios como fuente del derecho laboral entre éstos el principio protector “In dubio pro operario” y el carácter tuitivo...pronunciarse en el caso de la parte actora (trabajador) a satisfacción en cuanto a la pretensión incoada así como al pago oportuno, quien insta de forma ejecutiva el cumplimiento de una obligación ya estipulada y conciliada con el empleador como está negociada en el convenio.., 3) De otro lado, el acto con el se formaliza la actuación convencional intrínsecamente reconoce la existencia de la relación laboral así como la obligación de pago frente al trabajador, consistente en una suma de dinero para cancelar sus prestaciones y derechos laborales así como otras estipulaciones pactadas y por ende la no renuncia de los derechos adquiridos, acto que se ratifica y adquiere fuerza de ley por el mero hecho de que el empleador hace efectivo el primer pago al momento de suscribir el convenio, sin que mediara autoridad del trabajo, como se desprende de autos, esto hace que el juzgador procure en su actividad procesal proteger a una de las partes para lograr mediante ese hecho el alcance de una igualdad sustantiva, de otro lado, el obligado (patrono) dispondrá de los fondos comprometidos con el aprovisionamiento en el renglón del pasivo laboral en las partidas presupuestarias anuales de manera, tal y como lo conforman las empresas constituidas como parte de su responsabilidad social y a la que están sometidas en la relación obrero-patronales, cuyo propósito fundamental es darle cumplimiento a los obligaciones contraídos con los trabajadores, esto implica que la pretensión jdemandada por la vía ejecutiva se vuelva actualmente vencida en su totalidad y por consiguiente exigible, en los términos presentados por el recurrente a través de la vía jurisdiccional...,"..."esta Sala no comparte el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y concluye: Que el convenio suscrito entre las partes y presentado como título que lleva aparejada ejecución, es un titulo que posee fuerza ejecutiva, de conformidad a lo prescrito en el artículo 779 del Código de Trabajo que establece que será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme, aunado a ello, se puntualiza en materia laboral, que los actos o documentos indubitados son aquellos en lo que no se tiene ninguna duda con respecto a la obligación emanada del empleador o del trabajador como es el caso sub-judice, de lo que resulta direccionar en la aplicación del principio protectorio laboral en relación a la aplicación de la norma más favorable al trabajador en cuanto a los artículos 779 y 379 del Código de Trabajo invocados en la sentencia recurrida..."..."es evidente, como resultado del estudio de las piezas que conforman el proceso, que la Corte de Apelaciones recurrida vulnera las garantías invocadas por el impetrante, tocantes al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; por lo que es procedente OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE a favor del señor FRANCISCO MENJIVAR SUAREZ contra la Resolución pronunciada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) que declaró con lugar el Recurso de Apelación y revocó el auto interlocutorio de fecha 18 de enero del 2016 dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo que admitió la Demanda Ejecutiva Laboral contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 779 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE, a favor del señor FRANCISCO MENJIVAR SUAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), que revocó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ejecutiva Laboral, Promovida por el señor FRANCISCO MENJIVAR SUAREZ, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA).-Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE, interponiendo demanda Ejecutiva Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) (Folios 01 al 03 de la primera pieza del Juzgado).2) Que el referido Juzgado, en Auto Interlocutorio de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016) Resolvió: Que por medio del Receptor del despacho se REQUIERA de pago personalmente, en legal y debida forma a la señora NIVIDA HERNANDEZ AGURCIA, en su condición de Presidenta de la Junta Interventora, para que en el acto del Requerimiento pague o consigne a nombre del señor FRANCISCO MENJIVAR o de este tribunal, la cantidad de NOVECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L900,000.00). Haciéndole la prevención que si no paga o consigna la suma antes indicada en el acto del requerimiento, se le embargaran y remataran bienes suficientes hasta hacer efectiva la obligación. Habilítense días y horas inhábiles a fin de que el funcionario correspondiente haga de oficio dicho requerimiento ordenado por este tribunal; téngase por conferido el poder en el Abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE, de generales ya expresadas e inscrita en el colegio de Abogados de Honduras bajo el N° 6361, con las facultades legales a ella conferidas por la parte actora…” (Folio 55 de la pieza del Juzgado)3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO; dictó su sentencia en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis (2016),en la cual entre otros falló: “… 2.- revocando el auto interlocutorio de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, debiendo el A- quo proceder de conformidad a los considerandos de esta sentencia.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia…”(Folio 14 al 16 de la segunda pieza de antecedentes)4) El recurrente abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del señor FRANCISCO MENJIVAR SUAREZ, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en el artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016). 5) Que con fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución otorga. Igualmente, el artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no se obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que la Sala conoce la Acción de Amparo presentada por el abogado NECTALY RODEZNO IZAGUIRRE, a favor del señor FRANCISCO MENJIVAR SUAREZ, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán, Departamento de Cortes, en fecha treinta y uno (31) de Marzo del dos mil dieciséis (2016), que resolvió declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO y REVOCA el auto interlocutorio de fecha dieciocho (18) de enero del dos mil dieciséis (2016), proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, ordenado al Juez A-Quo proceder conforme los considerandos del fallo emitido. CONSIDERANDO (3): Que el suplicante motiva su acción de amparo en que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada ha inobservado completamente el debido proceso así como la falta de valoración de todos los elementos de prueba en la demanda presentada, estimando que se vulneró la garantía consignada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República relacionado con el artículo 786 del Código de Trabajo, al debido proceso que impone un estudio justo e imparcial que defina el contenido técnico jurídico donde se determinen las reglas para poder llegar a la verdad real de las partes en el proceso y obtener respuesta mediante una resolución judicial motivada y razonada que sea congruente con las pretensiones demandadas, que los tribunales se ven obligados a garantizar una tutela judicial efectiva, ajustada a un sistema de garantías a favor de las partes, señalando concretamente violación al debido proceso, al no valorar cada uno de los documentos presentados en la demanda; la falta de aplicación de normas laborales sustantivas y la aplicación indebida de normas laborales adjetivas lesionando el principio de legalidad que como resultado debió darse una resolución motivada y fundada en derecho como lo contempla el artículo 82 de la Constitución de la República, sobre el derecho a la defensa que es inviolable. CONSIDERANDO (4): Que el auto interlocutorio Apelado y emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que corre a folio 55 de la primera pieza de autos, admite la Demanda Ejecutiva Laboral contra el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y ordena REQUIERIR de pago a la demandada a través de la Presidenta de la Junta Interventora, señora NIVIA HERNANDEZ AGURCIA, para que en el acto del requerimiento pague o consigne a nombre del demandante o ante el Tribunal la cantidad de Novecientos Mil Lempiras (L.900,000.00) con las prevenciones previstas en la ley. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada celebró audiencia de alegaciones en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciséis para que las partes expresaron sus alegatos, compareciendo únicamente la parte apelante como se deduce de autos, sustentando el representante procesal de la parte ejecutada, que la resolución apelada representa una infracción al ordenamiento jurídico contenida en los artículos 769, 779 numeral 4) de Código de Trabajo que estipula que “será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”. Que en el mandamiento de ejecución, el Juzgado determinó que el documento indubitado o titulo ejecutivo es un convenio privado de adelanto de Auxilio de cesantía, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 779 del Código de Trabajo que señala cuales son los títulos de ejecución; que se requirió a su representada sin que dicho mandamiento adquiriera firmeza, que jamás se pactó el pago de alguna cuota por tal cantidad de novecientos mil lempiras (L.900,000.00), lo pactado es una cuota de L.2,448,995.10 y 10 cuotas de 807,425.85, y no la que se pretende ejecutar, acto que no es subsanable sino que la demanda debió rechazarse; que el documento privado sin legitimar no constituye titulo ejecutivo, las características de un titulo que trae aparejada ejecución, lo constituyen la autonomía y exigibilidad por la cantidad consignada, convenio en el cual no aparece que su representada haya convenido pago alguno por esa cantidad reclamada. Por otro lado, al demandar se expresa que el título ejecutivo es una acta unilateral de comparecencia ante el Ministerio de Trabajo, y luego resulta que el documento privado es un titulo ejecutivo y que la condición de indubitado la adquiere por haberlo autenticado, tratándose de un convenio privado para el pago anticipado del auxilio de cesantía, al que la ley no le confiere fuerza de ley. Es así, que el Juzgado en fecha 14 de diciembre del 2015, anuló las actuaciones previas y su defecto, ordenando subsanación de la demanda y que el ejecutante presentara titulo ejecutivo, concluyendo el apelante, que debe ordenarse la adecuación del juicio a un proceso ordinario. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de Alzada al valorar las alegaciones de la parte ejecutada (apelante) y los antecedentes de la apelación, decidió su fallo amparado en que, el acuerdo de pago no consta que se haya convalidado ante la autoridad del Trabajo para que surta los efectos legales lo pactado en dicho documento, y que, el proceso ejecutivo tiene su fundamento en determinada actuación, sea esta judicial o convencional, y que adquiere la categoría o naturaleza de titulo ejecutivo del que emerge la obligación de reconocer o pagar una suma de dinero o cosa. Que el proceso ejecutivo se caracteriza porque tiene una etapa de conocimiento muy limitada, en la que el juzgador examina la existencia o validez del mismo, salvo las excepciones legales reconocidas interpuestas, a proceder previa sentencia, al reconocimiento de la obligación de pago o entrega de la suma o cosa contra el patrimonio del demandado o ejecutado. Que el proceso ejecutivo laboral descansa en un titulo ejecutivo cuyo objetivo es que se haga cumplir un derecho reconocido al trabajador mediante medios compulsivos o de apremio, ya que la prueba es pre constituida, limitándose el juez únicamente a examinar si el titulo presta merito ejecutivo y resolver negando o librando mandamiento de pago. Además para que proceda la demanda ejecutiva deberá surgir de una obligación que surja de una relación de trabajo, y que la misma se encuentre vencida, exigible y liquida o susceptible de liquidación; y de la revisión de los autos se desprende que la obligación que se reclama no se encuentra vencida y por tanto exigible ya que el acuerdo de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales no ha sido ratificado ante autoridad competente y por ende carece de fuerza legal para considerarlo título ejecutivo. CONSIDERANDO (7): Que la Sala al analizar las piezas del proceso, específicamente en los relativo a la suscripción del Acuerdo para el pago de Prestaciones y Derechos Laborales de fecha 16 de abril del año 2014, como elemento principal del que emana la controversia reclamada, sobre si el acuerdo suscrito entre las partes es o no un titulo ejecutivo, estima lo siguiente: 1) El acuerdo fue suscrito como resultado de una relación laboral pre existente entre las partes, estableciéndose en el documento estipulaciones claras a las que se obligaban las partes (empleador y empleado) es así, que nuestra legislación laboral instituye claramente cuándo será exigible ejecutivamente el cumplimiento de una obligación como resultado de una relación de trabajo, constituyendo la norma que ésta (la obligación) debe constar en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme; vemos entonces, que las partes están legitimadas para suscribir el acuerdo, uno como empleador con facultades amplias en su condición de Gerente General del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) para el acto mismo y por otro, el trabajador, actuación convencional suscrita que la hace un documento indubitado del que no hay ninguna duda en cuanto a las partes firmantes y obligadas de conformidad a la ley; 2) La fuerza ejecutiva del acuerdo o titulo ejecutivo, en materia laboral se contrae a que el juzgador para efectos de emitir un fallo, se vea comprometido como parte de sus actuaciones jurisdiccionales al análisis de todos los elementos del proceso allegados a su conocimiento y valorar de forma conjunta para efectos de un fallo justo considerando los principios como fuente del derecho laboral entre éstos el principio protector “In dubio pro operario” y el carácter tuitivo, sin dejar de estimar los elementos en conexión con la normativa vigente, razonando en cuanto a los beneficios que mas favorezcan al trabajador como parte de una verdadera tutela judicial efectiva, reconciliada a un sistema de garantías a favor de las partes, pronunciarse en el caso de la parte actora (trabajador) a satisfacción en cuanto a la pretensión incoada así como al pago oportuno, quien insta de forma ejecutiva el cumplimiento de una obligación ya estipulada y conciliada con el empleador como está negociada en el convenio, es entonces que el juzgador como parte de su dinamismo procesal deviene en el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo de direccionar la parte interpretativa de donde pende el “principio in dubio pro operario el que es conectable con el In dubio pro reo, donde ambos obedecen al deseo de amparar al débil”, en el caso de las relaciones laborales precisa entonces, que la situación de debilidad del trabajador lo constituye el básico del derecho laboral, por lo que estimar el principio protector a favor del trabajador como elemento recurrente y otras circunstancias, se vuelve preponderante en caso de duda al momento de emitir una resolución judicial motivada y fundada en derecho y que además sea congruente con las pretensiones demandadas, esto conduce remediar jurídicamente en una aplicación justa que no vulnere y tampoco desconozca la normativa laboral como postulado de la seguridad jurídica encaminada a la aplicación de la norma más favorable al caso concreto; 3) De otro lado, el acto con el se formaliza la actuación convencional intrínsecamente reconoce la existencia de la relación laboral así como la obligación de pago frente al trabajador, consistente en una suma de dinero para cancelar sus prestaciones y derechos laborales así como otras estipulaciones pactadas y por ende la no renuncia de los derechos adquiridos, acto que se ratifica y adquiere fuerza de ley por el mero hecho de que el empleador hace efectivo el primer pago al momento de suscribir el convenio, sin que mediara autoridad del trabajo, como se desprende de autos, esto hace que el juzgador procure en su actividad procesal proteger a una de las partes para lograr mediante ese hecho el alcance de una igualdad sustantiva, de otro lado, el obligado (patrono) dispondrá de los fondos comprometidos con el aprovisionamiento en el renglón del pasivo laboral en las partidas presupuestarias anuales de manera, tal y como lo conforman las empresas constituidas como parte de su responsabilidad social y a la que están sometidas en la relación obrero-patronales, cuyo propósito fundamental es darle cumplimiento a los obligaciones contraídos con los trabajadores, esto implica que la pretensión jdemandada por la vía ejecutiva se vuelva actualmente vencida en su totalidad y por consiguiente exigible, en los términos presentados por el recurrente a través de la vía jurisdiccional. CONSIDERANDO (8): Por las razones y consideraciones anteriormente expresadas, esta Sala no comparte el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y concluye: Que el convenio suscrito entre las partes y presentado como título que lleva aparejada ejecución, es un titulo que posee fuerza ejecutiva, de conformidad a lo prescrito en el artículo 779 del Código de Trabajo que establece que será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme, aunado a ello, se puntualiza en materia laboral, que los actos o documentos indubitados son aquellos en lo que no se tiene ninguna duda con respecto a la obligación emanada del empleador o del trabajador como es el caso sub-judice, de lo que resulta direccionar en la aplicación del principio protectorio laboral en relación a la aplicación de la norma más favorable al trabajador en cuanto a los artículos 779 y 379 del Código de Trabajo invocados en la sentencia recurrida.
CONSIDERANDO (9): Que es evidente, como resultado del estudio de las piezas que conforman el proceso, que la Corte de Apelaciones recurrida vulnera las garantías invocadas por el impetrante, tocantes al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; por lo que es procedente OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE a favor del señor FRANCISCO MENJIVAR SUAREZ contra la Resolución pronunciada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) que declaró con lugar el Recurso de Apelación y revocó el auto interlocutorio de fecha 18 de enero del 2016 dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo que admitió la Demanda Ejecutiva Laboral contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos Números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 183, 303, 304 y 313 numeral 5 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 No.2, 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 379 Y 779 del Código del Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE a favor del señor FRANCISCO MENJIVAR SUAREZ, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciséis (2016); 2) ) REVOCA la sentencia recurrida en amparo y como consecuencia que proceda a dictar nueva sentencia considerando los razonamientos y fundamentos invocados en el presente fallo. Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece de febrero del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-523-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL