Sentencia AL-515-16 — Registro 9469
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que se declaró sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el juzgado de primera instancia, con relación al incidente alegado en el proceso de la demanda laboral. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación de los derechos contenidos en los artículos 64, 80 y 82 de la Constitución de la República. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por el censor. El artículo 64 constitucional contiene el principio denominado supremacía de la constitución, el cual no es en sí un derecho, sino el fundamento o piedra angular que da lugar a las garantías constitucionales, entre ellas el amparo que se constituye como el medio idóneo para la defensa de los derechos contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno. Es por ello que la violación del artículo 64 constitucional no puede ser nunca de manera directa, sino que supone siempre la violación de un derecho humano o fundamental. En el caso de mérito para que resulte conculcado este artículo de la Constitución debe antes verificarse que hubo violación de los derechos de defensa y proceso debido legal, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90, también invocados por el amparista. Sobre la violación del artículo 82 constitucional, que contiene el derecho de defensa, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por el censor en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia que llevan por intención demostrar que procede el error procesal de falta de legitimación y representación de la parte actora. Aparte de todo, este alto tribunal de justicia constata que la corte de apelaciones en la parte dispositiva de su fallo ha establecido que queda expedito a favor de la parte demandante, la oportunidad procesal para demostrar en el transcurso del proceso, que la parte demandada no tiene derecho a exigir las pretensiones deducidas en su demanda. Razón de más para dejar bien claro que no se ha conculcado el derecho de defensa y más apropiadamente el derecho a la tutela judicial efectiva. La garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por el censor no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. Por las mismas razones no existe vulneración del artículo 90 que contiene el derecho al debido proceso legal. Por todo lo anteriormente corresponde denegar el amparo de mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado OSCARORLANDO SEVILLA CASTRO a favor del COLEGIO PROFESIONAL DE SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada en fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis por el honorable Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación al incidente alegado en el proceso de la demanda laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ, contra el COLEGIO PROFESIONAL DE SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES.1. En fecha veintitrés de abril de dos mil quince, compareció ante el honorable Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSÉ LUIS GUERRA, actuando en su condición de apoderado legal del señor GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ, interponiendo demanda ordinaria laboral en contra del COLEGIO PROFESIONAL DE SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH). (Folios del 1 al 8 de la primera pieza de antecedentes).2. El honorable Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, dictó el auto interlocutorio de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, en el cual: FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR El DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR Y EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR Y EL DEFECTO DE FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDANTE opuesto por la representante procesal demandado; 2) SIN COSTAS en esta instancia.(Folios 208 al 210 de la primera pieza de antecedentes) 3. Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCARORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición antes indicada, la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, declarando lo siguiente: FALLA:1) Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCARORLANDO SEVILLA CASTRO, 2) CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán. (Folios 61 al 65 de la segunda pieza de antecedentes) 4. El abogado OSCARORLANDO SEVILLA CASTRO, compareció en fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciséis ante este alto tribunal de justicia, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del COLEGIO PROFESIONAL DE SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), por considerar que la decisión del ad quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo teniendo formalizado en tiempo y forma la presente garantía. 5. En fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, actuando en su condición de fiscal especial para la defensa de la Constitución, y por emitido su dictamen, en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Que el censor al formalizar la garantía constitucional de amparo, estima que la resolución impugnada, vulnera los artículos constitucionales 64, 82 y 90, argumentando lo que a continuación se expone y resume. El impetrante destaca el derecho que tienen las partes de que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se respeten sus derechos procesales establecidos en la Constitución y las leyes en condiciones de igualdad y sin dilaciones; asimismo el derecho a obtener una resolución justa y motivada por órganos jurisdiccionales competentes, independientes e imparciales. Por otra parte aclara que la economía procesal de ninguna manera supone la disminución de derechos. Luego señala que su poderdante ha quedado totalmente indefenso porque la resolución impugnada no se encuentra ajustada a derecho y se sustenta con fundamentos subjetivos. Después de circunloquios, el impetrante señala que desaprueba la decisión desestimatoria compartida por los órganos jurisdiccionales, mediante la cual fueron declaradas sin lugar las excepciones de falta de legitimación y representación del demandante, las cuales opuso el ahora amparista alegando que en ningún momento su poderdante suscribió contrato de servicios profesionales con el abogado Gustavo Adolfo Maldonado Gálvez, sino que el contrato fue suscrito con el abogado Alfonso Pastor Ocampo Orozco. El garantista asegura que su argumento fue acreditado en el juicio con las renovaciones de contratos de trabajo suscritos entre el abogado Alfonso Pastor Ocampo Orozco y el COLPROSUMAH, siendo el abogado demandante Gustavo Adolfo Maldonado Gálvez nada más que un sustituto del anterior. Por lo que a su juicio no existe una relación jurídica entre su poderdante y la parte que demanda, por lo que no existe derecho a pretender pago de prestaciones y demás derechos laborales. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dispuso en su resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, confirmar la decisión del a quo de desestimar los defectos procesales de falta de legitimación y representación de la parte demandante. En su resolución, el ad quem explica que en el proceso existe documentación con la que se estableció que ambas partes reconocen la existencia de una relación de trabajo, por lo que ambas se encuentran legitimadas para actuar en el proceso; y que será hasta sentencia definitiva en que el a quo deberá pronunciarse si le asiste o no el derecho a la parte demandante para que se le paguen sus prestaciones e indemnizaciones laborales. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA al emitir su dictamen fue de la opinión porque no se otorgue la garantía de amparo de mérito. La fiscal expone que en cuanto al estudio de los defectos procesales opuestos, como ser: falta de representación y legitimación, el ad quem señala en su resolución que existe documentación con la que se establece el reconocimiento por ambas partes de la existencia de una relación de trabajo; como ser el documento denominado acuerdos y resoluciones del acta número 698/2015 en el numeral 22, así como lo contenido en el acta 666/2014, numeral 14, entre otros documentos. Lo que da como resultado que tanto el demandante como el ahora amparista están legitimados para actuar en el proceso, debiendo dilucidarse en sentencia definitiva si al demandante le asiste el derecho de prestaciones laborales o no. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación de los derechos contenidos en los artículos 64, 80 y 82 de la Constitución de la República. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por el censor. El artículo 64 constitucional contiene el principio denominado supremacía de la constitución, el cual no es en sí un derecho, sino el fundamento o piedra angular que da lugar a las garantías constitucionales, entre ellas el amparo[4] que se constituye como el medio idóneo para la defensa de los derechos contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno. Es por ello que la violación del artículo 64 constitucional no puede ser nunca de manera directa, sino que supone siempre la violación de un derecho humano o fundamental. En el caso de mérito para que resulte conculcado este artículo de la Constitución debe antes verificarse que hubo violación de los derechos de defensa y proceso debido legal, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90, también invocados por el amparista. Sobre la violación del artículo 82 constitucional, que contiene el derecho de defensa, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por el censor en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia que llevan por intención demostrar que procede el error procesal de falta de legitimación y representación de la parte actora. Aparte de todo, este alto tribunal de justicia constata que la corte de apelaciones en la parte dispositiva de su fallo ha establecido que queda expedito a favor de la parte demandante, la oportunidad procesal para demostrar en el transcurso del proceso, que la parte demandada no tiene derecho a exigir las pretensiones deducidas en su demanda. Razón de más para dejar bien claro que no se ha conculcado el derecho de defensa y más apropiadamente el derecho a la tutela judicial efectiva. La garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por el censor no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. Por las mismas razones no existe vulneración del artículo 90 que contiene el derecho al debido proceso legal. Por todo lo anteriormente corresponde denegar el amparo de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 64, 80, 82, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor del COLEGIO PROFESIONAL DE SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), en contra de la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz.NOTIFÍQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. .-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0515=2016.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2]Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3]Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4]Otras garantías constitucionales son: la exhibición personal, la inconstitucionalidad, la revisión y el habeas data.