Sentencia AL-496-18 — Registro 9467
Resumen
Acto recurrido que declara sin luga apelación y confirma el auto interlocutorio del a-quo, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida contra el impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la incompetencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..." ..." Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.."
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OMAR KARIN REYES MONCADA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ALEX OMAR CANALES GALLO, contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando el auto interlocutorio de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; estimando el recurrente que en los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos se establecen claramente en las cláusulas décimo primera en relación con la cláusula décimo segunda y décimo tercera que la solución de controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo, regidos únicamente por las disposiciones del derecho administrativo en virtud de que el goce de sus derechos se estará exclusivamente a lo pactado en el mismo. CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado los Artículos 1, 80, 82 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en el fallo de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, y confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha trece de febrero de dos mil dieciocho; estableciendo que de la revisión de dicho auto se pudo probar la relación laboral iniciada con la suscripción de contratos de servicios profesionales de nombre, ya que el contenido de las clausulas segunda, cuarta y séptima se refiere a actividades que realizó el demandado, la autoridad a la que está subordinado, el salario que se pagó por compensación al trabajo realizado, la jornada de trabajo; todas esas condiciones hacen que prevalezca la naturaleza de la actividad de carácter permanente y con las que se materializan los requisitos determinados por el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista un contrato de trabajo. Lo que indica que por su naturaleza las labores son de condición continua y permanente, por lo que los contratos celebrados se consideran por tiempo indeterminado como lo establece los artículos 47 y 52 último párrafo del Código del Trabajo. CONSIDERANDO (4): Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la incompetencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO (5): Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO (6): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (7): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (9): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OMAR KARIN REYES MONCADA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. VISTO: el escrito de reposición presentado por el Abogado OMAR KARIN REYES MONCADA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) y por la cual se SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto, conforme lo establece el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual se interpuso contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de febrero de dos mil dieciocho; con relación a la demanda laboral promovida por el señor ALEX OMAR CANALES GALLO contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que el recurrente OMAR KARIN REYES MONCADA en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018), eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por apreciar que no se consideraron las alegaciones que planteara en su momento, al haber sobreseído la Garantía de Amparo de mérito. CONSIDERANDO (2): Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado OMAR KARIN REYES MONCADA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de las resoluciones de fechas veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho y ocho de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente, recaídas en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0496-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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