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Sentencia AL-473-18 — Registro 8106

Resumen

Resolución que resolvió recurso de apelación contra auto interlocutorio con relación a demanda laboral promovida contra recurrente,donde éste argumenta que ad-quem fundamentó el auto apelado en artículos derogados,ademas que Alzada lo restringió en su exposición de agravios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala aprecia después de revisados el acto reclamado y los antecedentes que de tales alegatos no se desprende la vulneración al derecho de defensa o al debido proceso, toda vez que las variaciones que relaciona el quejoso, devienen de meras copias entre sí, de manera que dicha problemática resulta inexistente, pues no implican, por sí solas, la nulidad automática del acto procesal en cuestión, toda vez que carecen de la fe pública judicial, bastando con la expedición de una nueva copia del Acta original si así lo estima necesario el reclamante para su conformidad. De igual forma, en cuanto al alegato relacionado por el quejoso que la Alzada lo restringió en su exposición de agravios, esta Sala estima que los Magistrados o Jueces tienen la dirección procesal de las audiencias y están llamados a tomar las medidas necesarias para mantener el orden y evitar dilaciones innecesarias sin mermar el derecho de las partes de hacer valer su planteamiento y al no indicar el peticionario sobre que asuntos le fue imposible desarrollar sus argumentos, no se logra advertir la existencia real de la afectación al recurrente, apreciando que el pronunciamiento de la Alzada durante su tramitación y posterior decisión fueron resueltas respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO VETASA MELECSA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha once (11) de mayo del año dos mil diecisiete, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la demanda laboral promovida por los señores HENRY MAURICIO CHINCHILLA BANEGAS, WILFREDO PADILLA RAMIREZ, MARIO ALBERTO VASQUEZ LOPEZ, JOSÉ ALEXANDER CASTRO MARIN y OTROS, contra de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO VETASA MELECSA.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que en opinión del Quejoso, la Alzada restringió su exposición de agravios a quince minutos, conminándolo a no hacer uso de documentos ni referencias doctrinarias sin los cuales refiere el peticionario le fue imposible desarrollar sus argumentos de defensa contra el auto apelado, por otro lado indica el recurrente que el Ad-quem omite apreciar la falla cometida por el A-quo en lo que respecta a que fundamentó el auto apelado en artículos derogados, asimismo, indica el reclamante la Alzada no se pronunció en cuanto a la discrepancia existente entre las copias que le fueron extendidas, en razón a la fecha y la hora en que se registro el auto interlocutorio apelado.- CONSIDERANDO: Que el recurrente invoca como quebrantados con el acto contra el cual reclama, las garantías reconocidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada señaló que analizó el auto dictado por el A-quo, para determinar si ha incurrido en infracción alguna al aplicar o interpretar alguna norma al proferir la decisión apelada, determinando que la normativa en mención carece de trascendencia a los efectos a la decisión que fue tomada, razón por la que confirmó la misma.- CONSIDERANDO: Que si bien no consta en el acta, que el reclamante haya alegado como agravio lo referente a la discrepancia entre las copias así como que la Alzada restringió su exposición de agravios, esta Sala aprecia después de revisados el acto reclamado y los antecedentes que de tales alegatos no se desprende la vulneración al derecho de defensa o al debido proceso, toda vez que las variaciones que relaciona el quejoso, devienen de meras copias entre sí, de manera que dicha problemática resulta inexistente, pues no implican, por sí solas, la nulidad automática del acto procesal en cuestión, toda vez que carecen de la fe pública judicial, bastando con la expedición de una nueva copia del Acta original si así lo estima necesario el reclamante para su conformidad. De igual forma, en cuanto al alegato relacionado por el quejoso que la Alzada lo restringió en su exposición de agravios, esta Sala estima que los Magistrados o Jueces tienen la dirección procesal de las audiencias y están llamados a tomar las medidas necesarias para mantener el orden y evitar dilaciones innecesarias sin mermar el derecho de las partes de hacer valer su planteamiento y al no indicar el peticionario sobre que asuntos le fue imposible desarrollar sus argumentos, no se logra advertir la existencia real de la afectación al recurrente, apreciando que el pronunciamiento de la Alzada durante su tramitación y posterior decisión fueron resueltas respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO VETASA MELECSA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0473-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO VETASA MELECSA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha once (11) de mayo del año dos mil diecisiete, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la demanda laboral promovida por los señores HENRY MAURICIO CHINCHILLA BANEGAS, WILFREDO PADILLA RAMIREZ, MARIO ALBERTO VASQUEZ LOPEZ, JOSÉ ALEXANDER CASTRO MARIN y OTROS, contra de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO VETASA MELECSA.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que en opinión del Quejoso, la Alzada restringió su exposición de agravios a quince minutos, conminándolo a no hacer uso de documentos ni referencias doctrinarias sin los cuales refiere el peticionario le fue imposible desarrollar sus argumentos de defensa contra el auto apelado, por otro lado indica el recurrente que el Ad-quem omite apreciar la falla cometida por el A-quo en lo que respecta a que fundamentó el auto apelado en artículos derogados, asimismo, indica el reclamante la Alzada no se pronunció en cuanto a la discrepancia existente entre las copias que le fueron extendidas, en razón a la fecha y la hora en que se registro el auto interlocutorio apelado.- CONSIDERANDO: Que el recurrente invoca como quebrantados con el acto contra el cual reclama, las garantías reconocidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada señaló que analizó el auto dictado por el A-quo, para determinar si ha incurrido en infracción alguna al aplicar o interpretar alguna norma al proferir la decisión apelada, determinando que la normativa en mención carece de trascendencia a los efectos a la decisión que fue tomada, razón por la que confirmó la misma.- CONSIDERANDO: Que si bien no consta en el acta, que el reclamante haya alegado como agravio lo referente a la discrepancia entre las copias así como que la Alzada restringió su exposición de agravios, esta Sala aprecia después de revisados el acto reclamado y los antecedentes que de tales alegatos no se desprende la vulneración al derecho de defensa o al debido proceso, toda vez que las variaciones que relaciona el quejoso, devienen de meras copias entre sí, de manera que dicha problemática resulta inexistente, pues no implican, por sí solas, la nulidad automática del acto procesal en cuestión, toda vez que carecen de la fe pública judicial, bastando con la expedición de una nueva copia del Acta original si así lo estima necesario el reclamante para su conformidad. De igual forma, en cuanto al alegato relacionado por el quejoso que la Alzada lo restringió en su exposición de agravios, esta Sala estima que los Magistrados o Jueces tienen la dirección procesal de las audiencias y están llamados a tomar las medidas necesarias para mantener el orden y evitar dilaciones innecesarias sin mermar el derecho de las partes de hacer valer su planteamiento y al no indicar el peticionario sobre que asuntos le fue imposible desarrollar sus argumentos, no se logra advertir la existencia real de la afectación al recurrente, apreciando que el pronunciamiento de la Alzada durante su tramitación y posterior decisión fueron resueltas respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO VETASA MELECSA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0473-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional