Sentencia AL-459-17 — Registro 9542
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia que precluyó la práctica de medio de prueba admitida, en demanda ordinaria laboral para el pago de incremento salarial promovida por un grupo de trabajadores de la Universidad Pedagogíca Nacional Francisco Morazán contra recurrente; en apelación se considera que es correcto precluir la evacuación del medio de prueba admitido ya que la parte demandada tuvo tiempo suficiente para que la documentación estuviera a la vista del juez de primera instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el Código de Trabajo no establece la forma en como se realizará una audiencia de evacuación de prueba, por ello tendrá que auxiliarse del procedimiento civil; de la foliada de las piezas formadas en primera instancia y en el tribunal de Alzada, se advierte que se negó la posibilidad a la parte demandada de evacuar la prueba de Reconocimiento Judicial 1 y 2 que fue propuesta y admitida en la Audiencia Primera de Trámite, al igual que el A-quo, el Ad-quem arguye que la parte demandada tuvo tiempo suficiente para que la documentación que iba a ser objeto de Reconocimiento Judicial estuviera a la vista del Juez de primera instancia, por ello considera que lo actuado por la Juez A-quo es lo correcto al precluir la evacuación de dicho medio de prueba..."..."siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso; que consta en autos que el recurrente presentó certificación médica,[9] con la que acreditó que el señor Raúl Octavio Turcios Barahona, persona encargada de la custodia de los documentos a los cuales se practicaría reconocimiento judicial, se encontraba incapacitado en fecha 30 de enero del año 2017, fecha señalada por el A-quo a fin de evacuar el medio de prueba presentado y admitido por la parte demandada en la Audiencia Primera de Trámite. Al respecto el artículo 345.1 del Código Procesal Civil, utilizado en forma supletoria en las disposiciones de trámites procedimentales no establecidos en forma concreta o específica por el Código de Trabajo, señala que el Tribunal podrá acordar cualesquiera medidas que sean necesarias para lograr la efectividad del reconocimiento, incluida la de ordenar la entrada en el lugar que deba reconocerse. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por el Tribunal ad-quem a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo no tiene sustento legal, pues basado en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con la evacuación del medio de prueba admitido conforme a ley, sacrificando con ello el derecho a la defensa que invoca el recurrente, le niega a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, en un proceso en igualdad de condiciones..."..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución carente de sustento legal, obviando las razones que justificaron el porque no se encontraba en el lugar y fecha indicada, la persona que custodia los documentos a los que se practicaría el reconocimiento judicial; prueba presentada y admitida por la parte demandada, en la Audiencia Primera de Trámite, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que precluye la evacuación del medio de prueba Reconocimiento Judicial 1 y 2; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 345, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Orlando Sevilla Castro, en su condición de Apoderado judicial de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), que precluye la practica del medio de prueba Reconocimiento Judicial 1 y 2, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de incremento salarial a favor de un grupo de trabajadores, promovida por el Abogado José Francisco Carbajal Gahona, en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO DE TRABADORES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM).- Estima el recurrente que el acto reclamado, violenta y amenaza los derechos contenidos en los artículos 64, 82 y 90, de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM), interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para que el pago de incremento salarial a favor de un grupo de trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Amparado en Convenio suscrito entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANDEPH). (Folios del 01 al 03 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que el referido Juzgado en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), Resolvió: (Sic) “Tener por hecha la manifestación por parte de los Representantes Procesales de ambas partes; y este juzgado procede a resolver de la siguiente manera: Estando constituida la Suscrita Juez para la práctica del medio de prueba Reconocimiento Judicial admitido al Representante Procesal de la parte demandada, y no constando las planillas originales, ni los documentos para el cotejo; y habiendo esperado un tiempo prudencial desde el señalamiento de la presente audiencia, así como la práctica, en consecuencia PRECLUIR al Representante Procesal de la parte demandada la práctica del medio de prueba Reconocimiento Judicial 1 y 2, admitidos en la audiencia primera de trámite….” (Folios del 166fv de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, dictó sentencia interlocutoria en fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual falló: (Sic) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL CABRERA GARCIA; 2.- CONFIRMANDO la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial, de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia….” (Folios del 38 al 42 de la pieza de antecedentes de Alzada) 4) EL Recurrente abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folio 22 de la pieza de autos) 5) Que con fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de incremento salarial a favor de un grupo de trabajadores, promovida por el Abogado José Francisco Carbajal Gahona, en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO DE TRABADORES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM); resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la resolución dictada en fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, muestra su descontento con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada las garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; arguye el impetrante que el auto interlocutorio de fecha 30 de enero del año 2017, que se conoció en apelación y por extensión la sentencia interlocutoria de fecha 02 de mayo del año 2017, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, no se ajustan a derecho, violentándose el derecho a la defensa y el debido proceso, porque tanto el Juzgado de Primera Instancia y la Corte de Apelaciones como segunda instancia no han valorado la importancia de la prueba de Reconocimiento Judicial de la cual decidieron su preclusión, la que es necesaria y pertinente para la decisión del fondo del juicio, mediante la sentencia definitiva que recaiga en el mismo, en donde el Juez esta en la obligación de exponer los razonamientos que lo condujeron basado en ello en la apreciación y valoración de las pruebas, por lo que en el caso de autos al dejar de evaluar la prueba relacionada no podrá hacer su convencimiento para la decisión del fondo del asunto sin tener las pruebas de la parte demandada con las que pueda fundarse para declarar improcedente la demanda laboral planteada. CONSIDERANDO (4): Que continuando con la exposición de su tesis, el recurrente sostiene que el señor Raúl Octavio Turcios, que es la única persona que mantiene en su custodia los documentos a inspeccionar, no asistió a sus labores en fecha 30 de enero del 2017, por encontrarse delicado de salud, al extremo que el médico le diagnosticó reposo e incapacidad por tres días. En refuerzo de sus argumentos, el impetrante aduce que la prueba fue admitida y el hecho que no se haya podido evacuar en su primer intento como ocurrió en el presente caso, ello no lo ininterrumpira, sino que el juez continuará hasta su evacuación, es decir que debió señalar una nueva fecha para la práctica de dicha prueba, sin olvidar y bajo el respeto que es el Juez quien dirige el proceso, pero en la forma que garantice su rápido adelantamiento sin perjuicio de la defensa de las partes y tomando en consideración que las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, por lo que considera que la decisión del Juez A-quo de precluir la practica del medido de prueba reconocimiento judicial a la parte demandada no fue el apropiado y procedente; procede a continuación el recurrente a transcribir lo dispuesto en los artículos 3, 7.3, 8 y 12.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había resuelto precluir al representante procesal de la parte demandada la práctica del medio de prueba Reconocimiento Judicial 1 y 2 admitidos en la Audiencia Primera de Trámite. CONSIDERANDO (6): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente los derechos constitucionales contenidos en los artículos que a continuación se exponen contenidos en la Constitución de la República: Artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”; Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; y lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los ordenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO(8): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[3]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[4]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[5] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[6] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (9): Que en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas , se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[7]; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).[8] CONSIDERANDO (10): Que el Código de Trabajo establece en el articulo 858, que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas del mismo Código de Trabajo, y, en su defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. En ese orden de ideas el Código de Trabajo no establece la forma en como se realizará una audiencia de evacuación de prueba, por ello tendrá que auxiliarse del procedimiento civil; de la foliada de las piezas formadas en primera instancia y en el tribunal de Alzada, se advierte que se negó la posibilidad a la parte demandada de evacuar la prueba de Reconocimiento Judicial 1 y 2 que fue propuesta y admitida en la Audiencia Primera de Trámite, al igual que el A-quo, el Ad-quem arguye que la parte demandada tuvo tiempo suficiente para que la documentación que iba a ser objeto de Reconocimiento Judicial estuviera a la vista del Juez de primera instancia, por ello considera que lo actuado por la Juez A-quo es lo correcto al precluir la evacuación de dicho medio de prueba. CONSIDERANDO(11): Que siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso; que consta en autos que el recurrente presentó certificación médica,[9] con la que acreditó que el señor Raúl Octavio Turcios Barahona, persona encargada de la custodia de los documentos a los cuales se practicaría reconocimiento judicial, se encontraba incapacitado en fecha 30 de enero del año 2017, fecha señalada por el A-quo a fin de evacuar el medio de prueba presentado y admitido por la parte demandada en la Audiencia Primera de Trámite. Al respecto el artículo 345.1 del Código Procesal Civil, utilizado en forma supletoria en las disposiciones de trámites procedimentales no establecidos en forma concreta o específica por el Código de Trabajo, señala que el Tribunal podrá acordar cualesquiera medidas que sean necesarias para lograr la efectividad del reconocimiento, incluida la de ordenar la entrada en el lugar que deba reconocerse. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por el Tribunal ad-quem a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo no tiene sustento legal, pues basado en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con la evacuación del medio de prueba admitido conforme a ley, sacrificando con ello el derecho a la defensa que invoca el recurrente, le niega a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, en un proceso en igualdad de condiciones. CONSIDERANDO(12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución carente de sustento legal, obviando las razones que justificaron el porque no se encontraba en el lugar y fecha indicada, la persona que custodia los documentos a los que se practicaría el reconocimiento judicial; prueba presentada y admitida por la parte demandada, en la Audiencia Primera de Trámite, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que precluye la evacuación del medio de prueba Reconocimiento Judicial 1 y 2; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 858 del Código de Trabajo; 1, 3, 7, 22, 344 y 345.1 del Código Procesal Civil. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM), contra la Resolución de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0459=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.
[4] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.
[5] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[6] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.
[7] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.
[8] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 40 y 41.
[9] Ver folio 29 de la pieza de antecedentes de Alzada.