Sentencia AL-441-17 — Registro 9539
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó resolución interlocutoria apelada dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar incidente de incompentencia por razón de la materia planteado por parte demandada en demanda ordinaria laboral por despido directo, reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir contra la Secretaría del Estado en el Despacho de Salud; en apelación se indicó al juzgado declarar con lugar incidente planteado ya que la jurisdicción del trabajo carece de competencia objetiva al estar la relación vinculada a contrato de servicios profesionales y técnicos entre dicha Secretaría y parte recurrente, sometiéndose a los tribunales de lo contencioso administrativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Argumenta y motiva la sentencia de mérito que la parte Actora presentó la demanda ante la jurisdicción del Trabajo, la cual carecía de competencia objetiva para ello, puesto que tal relación estuvo vinculada mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos entre la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD y cada uno de los hoy demandantes, donde se establecían las actividades a realizar, los compromisos y salarios a devengar, la duración del contrato y lo relativo a la Jurisdicción Aplicable (Cláusulas Octava y Décima), donde se establece con meridiana claridad que para dirimir las controversias que surgen de la aplicación de los referidos Contratos, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso – Administrativo..."..."finaliza la resolución de Alzada, fundamentando su proveído en lo que disponen los artículos 858 del Código de Trabajo, relacionado con lo establecido en los artículos 1539 y 1552 del Código Civil, relativo a los requisitos de validez de los contratos, los cuales sirvieron de fundamento a la acción, de lo cual se colige que no siendo nulos los contratos, acorde al artículo 3 del referido Código de Trabajo, prevalece la voluntad de las partes para someterse a la competencia de un juzgado específico: “… así como es de voluntad expresa el sometimiento a cumplir fielmente lo estipulado en los contratos referidos”; a lo cual se aúna el fundamento normativo previsto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), el cual regula lo atinente a la sumisión expresa hecha por los interesados y a la renuncia de domicilio, lo cual sería el caso, al sujetarse voluntariamente las partes a someter sus controversias ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso – Administrativo, sito en la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; debiendo declararse por lo anteriormente expuesto, con lugar el denominado “Incidente por incompetencia de tribunal por razón de la materia ante quien se interpone la demanda”, estimando así la apelación interpuesta y revocando lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en sentencia incidental de fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017)..."..."la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia emitida por la Corte Ad-Quem ha hecho mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y los contratistas, en los cuales se establece el trabajo a ejecutar, el tiempo determinado para la vigencia del contrato y el monto total a cancelarse por su ejecución; estipulándose, asimismo, en las Cláusulas Octava y Décima del referido contrato, que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten en forma expresa a los tribunales de lo contencioso administrativo, comprometiéndose además ambas partes a darle fiel cumplimiento a lo pactado..."..."la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha dieciocho (18) de abril dos mil diecisiete (2017) y de la cual se ha hecho relación, no ha logrado fundamentar por qué habrían de prevalecer, en el presente caso, consideraciones genéricas sobre la validez de los contratos civiles y sobre la sumisión expresa a determinada jurisdicción, por sobre la vigencia irrestricta del aludido principio de primacía de la realidad, aceptado por la generalidad de la doctrina social laboral como principio sustantivo y según también consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, por resultar intrínseca a la consideración jurídica del contrato de trabajo. Se observa, además, que tal principio de protección de las garantías sociales fue invocado, por el ahora garantista, desde la sustanciación procesal del acto jurisdiccional, cuya resolución es ahora recurrida en amparo; el cual se sobrepondría - prima facie -, por el tenor social y garantista que le es propio al derecho del Trabajo y por su proyección constitucional, a cualquier regulación formalista de las relaciones laborales, sin importar cuál fuere su denominación o rango legal, en el Estado de Honduras..."..."a la luz de los argumentos ilustrados por esta Sala, resulta que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha dieciocho (18) de abril dos mil diecisiete (2017), ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente en defensa de sus representados, según contenidas en los artículos 82, 90, 127, 128, 129 y 134 de la Constitución de la República; por lo cual resulta procedente el otorgamiento del amparo del cual se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Argumenta y motiva la sentencia de mérito que la parte Actora presentó la demanda ante la jurisdicción del Trabajo, la cual carecía de competencia objetiva para ello, puesto que tal relación estuvo vinculada mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos entre la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD y cada uno de los hoy demandantes, donde se establecían las actividades a realizar, los compromisos y salarios a devengar, la duración del contrato y lo relativo a la Jurisdicción Aplicable (Cláusulas Octava y Décima), donde se establece con meridiana claridad que para dirimir las controversias que surgen de la aplicación de los referidos Contratos, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso – Administrativo..."..."finaliza la resolución de Alzada, fundamentando su proveído en lo que disponen los artículos 858 del Código de Trabajo, relacionado con lo establecido en los artículos 1539 y 1552 del Código Civil, relativo a los requisitos de validez de los contratos, los cuales sirvieron de fundamento a la acción, de lo cual se colige que no siendo nulos los contratos, acorde al artículo 3 del referido Código de Trabajo, prevalece la voluntad de las partes para someterse a la competencia de un juzgado específico: “… así como es de voluntad expresa el sometimiento a cumplir fielmente lo estipulado en los contratos referidos”; a lo cual se aúna el fundamento normativo previsto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), el cual regula lo atinente a la sumisión expresa hecha por los interesados y a la renuncia de domicilio, lo cual sería el caso, al sujetarse voluntariamente las partes a someter sus controversias ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso – Administrativo, sito en la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; debiendo declararse por lo anteriormente expuesto, con lugar el denominado “Incidente por incompetencia de tribunal por razón de la materia ante quien se interpone la demanda”, estimando así la apelación interpuesta y revocando lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en sentencia incidental de fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017)..."..."la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia emitida por la Corte Ad-Quem ha hecho mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y los contratistas, en los cuales se establece el trabajo a ejecutar, el tiempo determinado para la vigencia del contrato y el monto total a cancelarse por su ejecución; estipulándose, asimismo, en las Cláusulas Octava y Décima del referido contrato, que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten en forma expresa a los tribunales de lo contencioso administrativo, comprometiéndose además ambas partes a darle fiel cumplimiento a lo pactado..."..."la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha dieciocho (18) de abril dos mil diecisiete (2017) y de la cual se ha hecho relación, no ha logrado fundamentar por qué habrían de prevalecer, en el presente caso, consideraciones genéricas sobre la validez de los contratos civiles y sobre la sumisión expresa a determinada jurisdicción, por sobre la vigencia irrestricta del aludido principio de primacía de la realidad, aceptado por la generalidad de la doctrina social laboral como principio sustantivo y según también consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, por resultar intrínseca a la consideración jurídica del contrato de trabajo. Se observa, además, que tal principio de protección de las garantías sociales fue invocado, por el ahora garantista, desde la sustanciación procesal del acto jurisdiccional, cuya resolución es ahora recurrida en amparo; el cual se sobrepondría - prima facie -, por el tenor social y garantista que le es propio al derecho del Trabajo y por su proyección constitucional, a cualquier regulación formalista de las relaciones laborales, sin importar cuál fuere su denominación o rango legal, en el Estado de Honduras..."..."a la luz de los argumentos ilustrados por esta Sala, resulta que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha dieciocho (18) de abril dos mil diecisiete (2017), ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente en defensa de sus representados, según contenidas en los artículos 82, 90, 127, 128, 129 y 134 de la Constitución de la República; por lo cual resulta procedente el otorgamiento del amparo del cual se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ a favor de los señores JUAN RAMON ORDOÑEZ, CARLOS ANTONIO CORRALES MATAMOROS, KELYN YESSENIA OCHOA CENTENO Y MARYLIN CELESTE OCHOA CENTENO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha dieciocho de abril dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por los señores JUAN RAMON ORDOÑEZ, CARLOS ANTONIO CORRALES MATAMOROS, REYNA ISABEL CISNEROS MARADIAGA, KELYN YESSENIA OCHOA CENTENO Y MARYLIN CELESTE OCHOA CENTENO contra el ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se ha vulnerado, inter alia, en perjuicio de sus representados, el contenido esencial del artículo 129 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de los señores JUAN RAMON ORDOÑEZ, CARLOS ANTONIO CORRALES MATAMOROS, REYNA ISABEL CISNEROS MARADIAGA Y KELYN YESSENIA OCHOA CENTENO interponiendo demanda ordinaria laboral por despido directo, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, para que mediante sentencia definitiva, se reintegre a sus representados en mejores o iguales condiciones a su puesto de Trabajo, más pago de salarios adeudados, así como el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de despido hasta la fecha que quede firme la sentencia y el pago de los derechos adquiridos de la joven MARYLIN CELESTE OCHOA CENTENO, más las costas del juicio. (Folios 2 al 7 de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que en Audiencia Primera de Trámite celebrada en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Abogado LUIS ANTONIO CORDOVA SOLANO, actuando en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, interpuso la EXCEPCIÓN DILATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL POR RAZÓN DE LA MATERIA ANTE QUIEN SE INTERPONE LA DEMANDA. (Folios 131 al 133 de los antecedentes).-3) Que en la Continuación de la Audiencia Primera de Trámite celebrada en fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, dictó Sentencia Interlocutoria, mediante el cual se Falló: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL INCIDENTE POR INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL POR RAZON DE LA MATERIA ANTE QUIEN SE INTERPONE LA DEMANDA, opuesta por la parte demandada a través del Abogado LUIS ANTONIO CORDOVA en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS…”. (Folios 179 al 184 de la Primera Pieza de los antecedentes).-4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ANTONIO CORDOVA SOLANO, actuando en su condición indicada, contra la sentencia interlocutoria relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó Sentencia en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual se Falló: “PRIMERO DECLARAR CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ANTONIO CORDOVA SOLANO, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada, contra la resolución de fecha catorce (14 de Marzo del año de diecisiete (2017), proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y Valle y del Trabajo por el Ministerio de la Ley,….- SEGUNDO: REVOCAR lo resuelto por la Juez de Primera Instancia en su sentencia incidental de fecha catorce 14 de marzo del año dos mil diecisiete (2017); debiendo declarar con lugar el incidente planteado por la representación procesal de la parte demandada denominado INCIDENTE POR INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL POR RAZON DE LA METERIA ANTE QUIEN SE INTERPONE LA DEMANDA.-…”. (Folios 08 al 15 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-5) Que el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de los señores JUAN RAMON ORDOÑEZ, CARLOS ANTONIO CORRALES MATAMOROS, KELYN YESSENIA OCHOA CENTENO Y MARYLIN CELESTE OCHOA CENTENO, contra la Sentencia de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerarla violatoria de los artículos 82, 90, 127, 128, 129, 134 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–4 y 22-23 del presente Recurso).-6) Que en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales adscrito a la Sala, Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen, el cual fue de la opinión: “…QUE SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la amparista”, sobre la base de las siguientes apreciaciones jurídicas: Que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90, 127, 128, 129 y 134 de la Constitución de la República, por estimar que la Corte recurrida no se pronunció sobre el rango constitucional que tiene el derecho laboral; obviando, asimismo, que las sentencias tienen que ser claras, precisas y congruentes con los conceptos debatidos por las partes en el proceso, en el marco de la garantía genérica del Debido Proceso que establece el artículo 90 de la Constitución de la República, la cual sí fue vulnerada al privársele del derecho a obtener una respuesta motivada a sus pretensiones y el de poder impugnar las resoluciones judiciales, lo cual fue inobservado por la Alzada, al no pronunciarse sobre el particular. Adicionalmente, recapitula el Dictaminador, el parecer externado por la Sala de lo Constitucional, en cuanto a que la existencia de una relación laboral, no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en la que el trabajador se encuentre. En consecuencia, su relación laboral entra en la competencia de la Jurisdicción del Trabajo, que es la instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo, a diferencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es la competente para conocer de las cuestiones referentes a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado, aplicando las normas de la Ley de Contratación del Estado, lo cual acontece en el caso de autos. (Folio 28–31 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE en fecha dieciocho (18) de abril dos mil diecisiete (2017), misma que resolvió declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda laboral promovida por los señores JUAN RAMON ORDOÑEZ, CARLOS ANTONIO CORRALES MATAMOROS, KELYN YESSENIA OCHOA CENTENO, MARYLIN CELESTE OCHOA CENTENO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; y, por ende, revocando la referida sentencia. Argumenta y motiva la sentencia de mérito que la parte Actora presentó la demanda ante la jurisdicción del Trabajo, la cual carecía de competencia objetiva para ello, puesto que tal relación estuvo vinculada mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos entre la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD y cada uno de los hoy demandantes, donde se establecían las actividades a realizar, los compromisos y salarios a devengar, la duración del contrato y lo relativo a la Jurisdicción Aplicable (Cláusulas Octava y Décima), donde se establece con meridiana claridad que para dirimir las controversias que surgen de la aplicación de los referidos Contratos, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso – Administrativo.-CONSIDERANDO (4): Que finaliza la resolución de Alzada, fundamentando su proveído en lo que disponen los artículos 858 del Código de Trabajo, relacionado con lo establecido en los artículos 1539 y 1552 del Código Civil, relativo a los requisitos de validez de los contratos, los cuales sirvieron de fundamento a la acción, de lo cual se colige que no siendo nulos los contratos, acorde al artículo 3 del referido Código de Trabajo, prevalece la voluntad de las partes para someterse a la competencia de un juzgado específico: “… así como es de voluntad expresa el sometimiento a cumplir fielmente lo estipulado en los contratos referidos”; a lo cual se aúna el fundamento normativo previsto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), el cual regula lo atinente a la sumisión expresa hecha por los interesados y a la renuncia de domicilio, lo cual sería el caso, al sujetarse voluntariamente las partes a someter sus controversias ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso – Administrativo, sito en la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; debiendo declararse por lo anteriormente expuesto, con lugar el denominado “Incidente por incompetencia de tribunal por razón de la materia ante quien se interpone la demanda”, estimando así la apelación interpuesta y revocando lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en sentencia incidental de fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-CONSIDERANDO (5): Que ha manifestado el garantista, Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ, en formalización de su recurso, que tal resolución vulnera los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82, 90, 127, 128, 129 y 134 de la Constitución de la República, las cuales transcribe, en virtud de considerarlas violentadas con la resolución de la Alzada, la cual fue recurrida por los medios ordinarios que la ley le concede, sin resultado efectivo; agotándose así la vía previa para interponer el presente recurso de amparo; por lo cual solicita se dicte sentencia definitiva otorgando la presente garantía constitucional, por existir en el acto y resolución contra el cual se recurre, violación cierta a los derechos y garantías constitucionales preindicadas, en perjuicio del derecho constitucional que asiste a sus representados.-CONSIDERANDO (6): Que de lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia emitida por la Corte Ad-Quem ha hecho mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y los contratistas, en los cuales se establece el trabajo a ejecutar, el tiempo determinado para la vigencia del contrato y el monto total a cancelarse por su ejecución; estipulándose, asimismo, en las Cláusulas Octava y Décima del referido contrato, que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten en forma expresa a los tribunales de lo contencioso administrativo, comprometiéndose además ambas partes a darle fiel cumplimiento a lo pactado.-CONSIDERANDO (7): Que sin embargo, no se puede desconocer la existencia de las pautas jurisprudenciales que, como ha quedado expresado, interpretan la dogmática social de la Constitución de la República en forma congruente; por ejemplo, al caracterizar la relación laboral y la existencia real y material del contrato individual de trabajo; según relacionados en los artículos constitucionales invocados por el amparista, enmarcando derechos vigentes y principios operativos y directamente aplicables en el ordenamiento jurídico hondureño, los cuales se caracterizarían por orientar la aplicación e interpretación del derecho positivo a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales – tales como el principio de primacía de la realidad, aquí precitado -; recordando aquí que el derecho laboral no solo es un derecho regulador sino también un derecho tutelar, como remarcaba el tratadista Néstor del Buen L. en la parte general de su obra Derecho del Trabajo.[1]-CONSIDERANDO (8): Que de todo ello, se sigue que la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha dieciocho (18) de abril dos mil diecisiete (2017) y de la cual se ha hecho relación, no ha logrado fundamentar por qué habrían de prevalecer, en el presente caso, consideraciones genéricas sobre la validez de los contratos civiles y sobre la sumisión expresa a determinada jurisdicción, por sobre la vigencia irrestricta del aludido principio de primacía de la realidad, aceptado por la generalidad de la doctrina social laboral como principio sustantivo y según también consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, por resultar intrínseca a la consideración jurídica del contrato de trabajo. Se observa, además, que tal principio de protección de las garantías sociales fue invocado, por el ahora garantista, desde la sustanciación procesal del acto jurisdiccional, cuya resolución es ahora recurrida en amparo; el cual se sobrepondría - prima facie -, por el tenor social y garantista que le es propio al derecho del Trabajo y por su proyección constitucional, a cualquier regulación formalista de las relaciones laborales, sin importar cuál fuere su denominación o rango legal, en el Estado de Honduras.-CONSIDERANDO (9): Que concurre, además, a que se estime la presente acción de amparo, continuada y relevante jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional, referida a que resulta meritorio al debido proceso se le brinde argumentación suficiente, acordada y fundada en derecho, a los conceptos debatidos y a las pruebas vertidas por las partes en el cauce procesal previsto en las leyes; para el caso, a que se motive y fundamente adecuadamente, el por qué se excluye a una parte del acceso a la jurisdicción del trabajo, a efecto presentar sus acciones y recursos en procura de solución a los conflictos dimanantes de la relación de trabajo, sin dejar de salvaguardar la aplicación directa y concordante de los derechos constitucionales expresamente invocados por el Abogado amparista y, en especial, a lo determinado en forma garante por los artículos 128 primer párrafo y 134 de la Constitución de la República, los cuales establecen sanción de nulidad para aquellos actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías; y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores.- CONSIDERANDO (10): Que a la luz de los argumentos ilustrados por esta Sala, resulta que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha dieciocho (18) de abril dos mil diecisiete (2017), ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente en defensa de sus representados, según contenidas en los artículos 82, 90, 127, 128, 129 y 134 de la Constitución de la República; por lo cual resulta procedente el otorgamiento del amparo del cual se ha hecho mérito.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 127, 128, 129, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0441-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. Editorial Porrúa, 12ª edición revisada y actualizada, México, 1999. p. 30.