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Sentencia AL-432-18 — Registro 8913

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación con relación a demanda ordinaria laboral contra el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración por considerar que la relación empleador y trabajador se encuentra regulada por contratos laborales y sus elementos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que del estudio del acto reclamado dictado por la Alzada se establece, que la motivación esgrimida por el Juez de Primera Instancia es correcta y se encuentra apegada a derecho, considerando que la relación entre empleador demandado y trabajadora demandante, se encuentra regulada por contratos de servicios profesionales; y que si bien es cierto que la demandada alega que la Jurisdicción del Trabajo no puede conocer de la presente acción, por tratarse de contratos administrativos pero más cierto es que dichos contratos son una simulación de nombre, puesto que en su contenido resaltan las cláusulas en que ponen de evidencia la existencia de un contrato de trabajo, caracterizada por los tres elementos que determina el artículo 20 del Código del Trabajo, como ser: la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono y un salario como atribución del servicio; evidenciando la existencia de una labor de naturaleza permanente, regida bajo una relación jurídico laboral; asimismo que la suscripción de contratos continuos dá lugar a que los demandantes sean considerados como empleados permanentes de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio del acto reclamado dictado por la Alzada se establece, que la motivación esgrimida por el Juez de Primera Instancia es correcta y se encuentra apegada a derecho, considerando que la relación entre empleador demandado y trabajadora demandante, se encuentra regulada por contratos de servicios profesionales; y que si bien es cierto que la demandada alega que la Jurisdicción del Trabajo no puede conocer de la presente acción, por tratarse de contratos administrativos pero más cierto es que dichos contratos son una simulación de nombre, puesto que en su contenido resaltan las cláusulas en que ponen de evidencia la existencia de un contrato de trabajo, caracterizada por los tres elementos que determina el artículo 20 del Código del Trabajo..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso..."..."en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre del año dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, con relación la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ALEXIS JAVIER PADILLA ZAMBRANO contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente considera que el Ad-quem al haber confirmado el auto interlocutorio de primera instancia ha violentado el artículo 872 numeral 2) del Código de Trabajo; violentándose de esta forma el debido proceso, apartándose de las garantías que la ley establece, así como también que en el preámbulo de la sentencia interlocutoria impugnada, además, se apreció que en dicha sentencia tanto en el preámbulo como en la parte resolutiva, que el recurrente actúa en su condición de apoderado legal del Instituto Nacional de Migración, evidenciando una falta de estudio de los antecedentes de hecho y una relación contradictoria, ya que la recurrente en todo el Juicio ha actuado como representante legal del Estado de Honduras. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se desprende que el quejoso estima como vulneradas las garantías enmarcadas en los artículos 64, 82 y 90, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado dictado por la Alzada se establece, que la motivación esgrimida por el Juez de Primera Instancia es correcta y se encuentra apegada a derecho, considerando que la relación entre empleador demandado y trabajadora demandante, se encuentra regulada por contratos de servicios profesionales; y que si bien es cierto que la demandada alega que la Jurisdicción del Trabajo no puede conocer de la presente acción, por tratarse de contratos administrativos pero más cierto es que dichos contratos son una simulación de nombre, puesto que en su contenido resaltan las cláusulas en que ponen de evidencia la existencia de un contrato de trabajo, caracterizada por los tres elementos que determina el artículo 20 del Código del Trabajo, como ser: la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono y un salario como atribución del servicio; evidenciando la existencia de una labor de naturaleza permanente, regida bajo una relación jurídico laboral; asimismo que la suscripción de contratos continuos dá lugar a que los demandantes sean considerados como empleados permanentes de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0432=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

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