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Sentencia AL-425-18 — Registro 9804

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el auto interlocutorio con relación a la demanda laboral promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, repetitivas de argumentos ya considerados y valorados en su momento por la jurisdicción ordinaria, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe declararse inadmisible la presente acción de amparo. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la causa de mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil dieciocho. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco (05) de abril del año dos mil dieciocho, que resolvió el auto interlocutorio de fecha uno (01) de febrero del año dos mil dieciocho, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la demanda laboral promovida por la señora LORENA DEL CARMEN MORALES CÁCERES, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que el recurrente estima que el acto reclamado no es aplicable a su representada por contravenir, disminuir y tergiversar los derechos y garantías de su representada, quien además indica el reclamante, ha acreditado la buena fe y conducta procesal observada durante el proceso, estimando también el reclamante que la Alzada no ponderó que su representada no constituye un riesgo por insolvencia económica o de cierre o cese en sus operaciones. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con la emisión del acto reclamado se han quebrantado en perjuicio de su representada los derechos y garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio de la sentencia interlocutoria de fecha cinco (05) de abril del año dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado se desprende que el Ad-quem refiere que la dilación injustificada en honrar los conceptos a que fue condenada la parte vencida y el haber sido decretado y ejecutado un embargo a efecto de dar cumplimiento a la indemnización decretada que debió ser honrada sin dilación alguna, le indica a esa Alzada que la parte demandada en el presente juicio no quería pagar procediendo por tal motivo el pago de las costas de ejecución. CONSIDERANDO: Que ésta Sala estima que el acto reclamado ha sido emitido respetando el procedimiento regulado por la ley, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el reclamante solicita a esta sala asuntos que deben dilucidarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente, toda vez que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que en cuanto a la violación al derecho de defensa alegado es evidente, de la actividad recursiva y el acceso concedido por la autoridad recurrida a la parte recurrente, que ésta, no obstante no haber obtenido respuesta favorable a sus peticiones, ha tenido cabal contestación a los recursos intentados y que la ley franquea; obteniendo la misma en los plazos de tiempo razonables, con las formalidades y fundamentos previstos en la normativa aplicable. Por lo cual, no se evidencia la existencia de una violación al derecho de defensa del recurrente. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo denunciada, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso de mérito. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, repetitivas de argumentos ya considerados y valorados en su momento por la jurisdicción ordinaria, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe declararse inadmisible la presente acción de amparo. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la causa de mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco (05) de abril del año dos mil dieciocho; en virtud de apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la causa de mérito; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 0425-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.