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Sentencia AL-411-16 — Registro 9803

Resumen

Se interpone recurso de amparo, contra la resolución contra que confirma el auto interlocutorio dictada por el Juzgado con relación a la tasación de costas alegadas . Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… ´´-CONSIDERANDO (6): Que se analiza el planteamiento del recurrente, en correlación con el estudio exhaustivo de la foliada, en el sentido de no encontrarse conforme al principio garante del debido proceso, al derecho de defensa y al de legalidad administrativa la resolución del Tribunal Ad-Quem que confirma el auto interlocutorio antes descrito y relacionado, el cual señala infundadamente que los honorarios devengados por el profesional del Derecho que comparece en la Alzada fueron proporcionados a las actuaciones que realizara en representación de los demandantes, a la luz del Arancel del Profesional del Derecho; el cual establece en su artículo 55, literal b), numeral 1, que en lo concerniente a la demanda del juicio ordinario laboral, por la presentación de la Demanda de Primera Instancia se fijaran como mínimo de honorarios L 2,000.00 por presentar la demanda, más el 30% de lo condenado, o de lo reclamado en caso de absolución. Asimismo, estableciendo en forma subsiguiente, en el artículo 56, como forma de pago de los honorarios, que éstos se cancelaran de acuerdo al avance efectuado, en forma acumulativa sobre la cuantía reclamada, sin perjuicio del ajuste de acuerdo a lo que resuelva el Tribunal en sentencia y liquidación para este caso, así como de la conclusión anticipada del proceso o de la separación del procurador; fijándose las siguientes etapas: a) Una tercera parte al presentar la demanda o la contestación de la misma; b) Una tercera parte al concluir la primera audiencia de trámite; y, c) Una tercera parte al dictarse sentencia definitiva en primera instancia. CONSIDERANDO(8): Que la Sala de lo Constitucional, vista que fue para sentencia, considera fundada en derecho la presente garantía constitucional, acreditándose la infracción en lo concerniente al debido proceso del solicitante, pues en la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), se observa ostensible discrepancia entre la afirmación del Ad Quem en cuanto a que, en el presente caso, no se habría citado ni emplazado al Estado de Honduras, como parte demandada, con respecto a las actuaciones que se desprenden efectivamente de la foliada; según se desprende de lo explicitado en el Considerando anterior; habiéndose citado pertinentemente, a su vez, en la formulación del presente recurso de amparo por el Abogado garantista.-CONSIDERANDO (9): Que en tal sentido, resulta claro que la resolución de la Alzada no fue acordada en compatibilidad de los derechos y garantías estatuidos, inter alia, en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 707 y 709 del Código del Trabajo; así como, en su recta inteligencia, respecto al postulado del artículo 303 de la Constitución de la República, dispositivo que asegura y garantiza el acceso a la justicia, el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual se tiene por bien cumplido cuando se ha resuelto con motivación suficiente y clara, exenta de error manifiesto y fundada en derecho congruente; lo cual no acaece, de manera ostensible, en el presente caso.- CONSIDERANDO (10): Que por todo lo anteriormente relacionado, debe otorgarse la presente acción constitucional de amparo para el solo efecto de reenvío al tribunal de jurisdicción ordinaria competente, a efecto se sirva emitir una nueva resolución que cumplimente los derechos, formalidades y garantías establecidos en Ley, en virtud de las falencias anteriormente relacionadas, según observadas en la sentencia que profiriera esa honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016); a manera que se sirva rectificarla, efectuando las valoraciones que en derecho correspondieren, conforme al principio de legalidad y demás estándares que integran el debido proceso; por todo lo cual se hace procedente dictar sentencia estimatoria a la presente garantía constitucional de amparo, para el efecto jurisdiccional precitado.-´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ERASMO ELVIR, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), que Confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de noviembre del dos mil quince (2015), con relación a la tasación de costas alegadas por el Abogado LUIS ERASMO ELVIR, por representación procesal en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por las señoras LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ PINEDA, GINA ANTONIETA CESTONI GONZALES, EMMA ALICIA CARIAS ZUNIGA, NIMIA AZUCENA VIOLANTE PAVON, OSCAR ALFREDO NUÑEZ y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA COMISION LIQUIDADORA DEL IHNFA. Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil catorce (2014), comparecieron ante Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los señores LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ PINEDA, GINA ANTONIETA CESTONI GONZALES, EMMA ALICIA CARIAS ZUNIGA, NIMIA AZUCENA VIOLANTE PAVON, OSCAR ALFREDO NUÑEZ y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de la terminación del contrato individual de trabajo por causa ajena a la voluntad del trabajador, pago de preaviso, auxilio de cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, bonificaciones por vacaciones, salarios adeudados, salarios dejados de percibir, pago de incremento salarial y costas del juicio, habilitación de días y horas inhábiles.- (Folio 01 al 06 de la primera pieza del Juzgado).-2) Que el referido Juzgado, en audiencia de Juzgamiento celebrada en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), FALLA: 1) Declarando Con Lugar la IMPUGNACION por excesivas en la cuestión incidental de TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, promovido por el Abogado LUIS ERASMO ELVIR, quien actual en causa propia.- SEGUNDO: SE TASAN los Honorarios profesionales a favor del Abogado LUIS ERASMO ELVIR, de primera instancia por la cantidad de OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS L. 8,000.00. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia por el principio de gratitud y justicia social que ilustra el proceso Laboral.(Folio 264 al 365 de la primera pieza del Juzgado).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS ERASMO ELVIR, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), FALLO: “Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; ll.- CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince; III.- SIN COSTAS EN AMBAS INSTANCIAS .-(Folio 180 al 181 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) El recurrente, abogado LUIS ERASMO ELVIR, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016).-5) Que con fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista para dictamen concedida a la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, fue de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta; en virtud de observarse que la parte demandada fue citada y emplazada, contestando la presente demanda, según corre agregado a folios 148 y 172 del tomo I de la pieza de primera instancia, que el Juzgado ordenó: “Mantener en suspenso el señalamiento de la Audiencia de Conciliación hasta que conste en autos que el Procurador General del Trabajo haya sido notificado de la presente demanda”; de lo cual se desprende que la tasación judicial de honorarios profesionales está de acuerdo a las actuaciones que, en representación legal de los demandantes, realizó la parte incidentista, la cual se limitó a la presentación de la demanda de mérito.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), que Confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de noviembre del dos mil quince (2015), con relación a la tasación de costas alegadas por el Abogado LUIS ERASMO ELVIR, por representación procesal en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por las señoras LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ PINEDA, GINA ANTONIETA CESTONI GONZALES, EMMA ALICIA CARIAS ZUNIGA, NIMIA AZUCENA VIOLANTE PAVON, OSCAR ALFREDO NUÑEZ y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA COMISION LIQUIDADORA DEL IHNFA, y declara SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, abogado LUIS ERASMO ELVIR, contra el auto interlocutorio en referencia; resolución que se fundamenta esencialmente en que se ha verificado que los honorarios devengados por el profesional del Derecho que comparece en la Alzada fueron proporcionados a las actuaciones que realizara, en representación de los demandantes, dado que el Arancel del Profesional del Derecho establece que en el caso de la demanda del juicio ordinario y en la presentación de la Demanda de Primera Instancia corresponde L 2, 000.00 por presentar la demanda, más el 30% de lo condenado, o de lo reclamado en caso de absolución; lo cual no sería el caso en el presente proceso, pues no se ha citado aun y emplazado al demandado, ni se ha dictado sentencia, habiendo llegado las partes a un acuerdo donde la parte demandada ha consignado título valor a favor de los demandantes; por lo cual se declara SIN LUGAR la pretensión del recurrente y CONFIRMA el auto interlocutorio dictado por Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, según relacionado en la presente sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que en sustanciación de la presente acción constitucional de amparo, ha manifestado el Abogado garantista, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, por las cuales tal resolución le vulneraría los derechos y garantías constitucionales que le asisten, particularmente las dispuestas en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 707 y 709 del Código del Trabajo; violentando las declaraciones y derechos allí contenidos, en especial el derecho a la igualdad ante la ley; pues constan en el expediente actuaciones judiciales no apegadas a derecho en su perjuicio, como son, la afirmación equivocada efectuada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que en el presente juicio “ni tan siquiera se ha citado y emplazado a la parte demandada”, afirmación carente de sustento y que coloca a los juzgadores por encima de la ley, pues omiten darle el debido cumplimiento; toda vez que consta en autos, a folios 138, 139 y 140 que acompaña, el señor Receptor del Despacho procedió a citar y emplazar en legal y debida forma al Estado de Honduras, por intermedio del Señor Procurador General de la República, con atinencia a lo que prescribe el artículo 707 del Código del Trabajo. Con su resolución, la Alzada pareciera indicar que tales actuaciones judiciales no le merecen ningún valor jurídico. Asimismo, que en subsiguiente acápite, detalla que en fecha 14 de abril del año 2015, la Procuraduría General de la República contestó la Demanda Laboral, según consta a folios 141 al 144 y 145, también adscritos a la foliada y en atinencia a lo que prescriben los artículos 707 y 709 del Código del Trabajo; por lo cual conceptúa la resolución de la cual se pide amparo, como una violación a la garantía constitucional del Debido Proceso y al derecho de defensa, según prescrito en el artículo 82 de la Constitución de la República, el cual no puede ser ultrajado por ningún Juzgado ni Tribunal de Alzada sin incurrir en responsabilidad; todo lo cual perjudica su condición de representante procesal de la parte demandante y, en particular, en su condición de acreedor a los honorarios legalmente establecidos en el Arancel del Profesional del Derecho, según se precisa y determina en el líbelo.-CONSIDERANDO (5): Que, en síntesis de su reclamación jurídica, manifiesta el amparista, que se ha transgredido el marco jurídico con la CONFIRMATORIA que realizara el Ad-Quem respecto al auto interlocutorio dictado por Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de noviembre del dos mil quince (2015); estimando que tal actuación judicial es antijurídica por no encontrarse de acuerdo a la realidad de las diligencias y hechos que obran en el juicio - las cuales precisa y señala por su correlativo foliado –, lo cual resulta aparentemente desconocido o soslayado en la motivación vertida por la Alzada al confirmar en apelaciones la tasación de costas realizada en instancia, con lo cual considera ultrajado el derecho a la defensa y al debido proceso el profesional del Derecho recurrente. Por todo lo cual solicita se otorgue amparo, en vista a la acreditación de los derechos constitucionales pertinentemente invocados.-CONSIDERANDO (6): Que se analiza el planteamiento del recurrente, en correlación con el estudio exhaustivo de la foliada, en el sentido de no encontrarse conforme al principio garante del debido proceso, al derecho de defensa y al de legalidad administrativa la resolución del Tribunal Ad-Quem que confirma el auto interlocutorio antes descrito y relacionado, el cual señala infundadamente que los honorarios devengados por el profesional del Derecho que comparece en la Alzada fueron proporcionados a las actuaciones que realizara en representación de los demandantes, a la luz del Arancel del Profesional del Derecho; el cual establece en su artículo 55, literal b), numeral 1, que en lo concerniente a la demanda del juicio ordinario laboral, por la presentación de la Demanda de Primera Instancia se fijaran como mínimo de honorarios L 2,000.00 por presentar la demanda, más el 30% de lo condenado, o de lo reclamado en caso de absolución. Asimismo, estableciendo en forma subsiguiente, en el artículo 56, como forma de pago de los honorarios, que éstos se cancelaran de acuerdo al avance efectuado, en forma acumulativa sobre la cuantía reclamada, sin perjuicio del ajuste de acuerdo a lo que resuelva el Tribunal en sentencia y liquidación para este caso, así como de la conclusión anticipada del proceso o de la separación del procurador; fijándose las siguientes etapas: a) Una tercera parte al presentar la demanda o la contestación de la misma; b) Una tercera parte al concluir la primera audiencia de trámite; y, c) Una tercera parte al dictarse sentencia definitiva en primera instancia.-CONSIDERANDO (7): Que observa esta Sala de lo Constitucional que, en motivación de la sentencia que es objeto del presente recurso de amparo, afirma el Tribunal Sentenciador que no se ha citado aun y emplazado al Estado de Honduras en su calidad de demandado, ni se ha dictado sentencia; habiendo inclusive llegado las partes a un acuerdo donde la parte demandada ha consignado título valor a favor de los demandantes. Sin embargo, tal aserto argumentativo no concuerda con las actuaciones que constan a folios ciento treinta y siete (137) al ciento treinta y nueve (139) de la primera pieza del expediente (Identificado como Expediente No. 2014-01472, Tomo I, J-4); de las cuales se infiere fácilmente lo contrario, visto que no sólo se citó y emplazó legalmente al Estado de Honduras, a través del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, sino que éste presentó contestación ante tal citación y emplazamiento, lo cual se refrenda en el presentado del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de abril del dos mil quince (2015), según consta a folio ciento cuarenta y cinco (145) del referido expediente de primera instancia.-CONSIDERANDO(8): Que la Sala de lo Constitucional, vista que fue para sentencia, considera fundada en derecho la presente garantía constitucional, acreditándose la infracción en lo concerniente al debido proceso del solicitante, pues en la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), se observa ostensible discrepancia entre la afirmación del Ad Quem en cuanto a que, en el presente caso, no se habría citado ni emplazado al Estado de Honduras, como parte demandada, con respecto a las actuaciones que se desprenden efectivamente de la foliada; según se desprende de lo explicitado en el Considerando anterior; habiéndose citado pertinentemente, a su vez, en la formulación del presente recurso de amparo por el Abogado garantista.-CONSIDERANDO (9): Que en tal sentido, resulta claro que la resolución de la Alzada no fue acordada en compatibilidad de los derechos y garantías estatuidos, inter alia, en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 707 y 709 del Código del Trabajo; así como, en su recta inteligencia, respecto al postulado del artículo 303 de la Constitución de la República, dispositivo que asegura y garantiza el acceso a la justicia, el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual se tiene por bien cumplido cuando se ha resuelto con motivación suficiente y clara, exenta de error manifiesto y fundada en derecho congruente;[1] lo cual no acaece, de manera ostensible, en el presente caso.- CONSIDERANDO (10): Que por todo lo anteriormente relacionado, debe otorgarse la presente acción constitucional de amparo para el solo efecto de reenvío al tribunal de jurisdicción ordinaria competente, a efecto se sirva emitir una nueva resolución que cumplimente los derechos, formalidades y garantías establecidos en Ley, en virtud de las falencias anteriormente relacionadas, según observadas en la sentencia que profiriera esa honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016); a manera que se sirva rectificarla, efectuando las valoraciones que en derecho correspondieren, conforme al principio de legalidad y demás estándares que integran el debido proceso; por todo lo cual se hace procedente dictar sentencia estimatoria a la presente garantía constitucional de amparo, para el efecto jurisdiccional precitado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de sus miembros y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, para el solo efecto que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán se sirva emitir nueva sentencia, debidamente fundamentada y motivada en derecho, en la cual consten en forma detallada las actuaciones profesionales realizadas efectivamente por el solicitante de costas, Abogado LUIS ERASMO ELVIR, en correlación proporcionada a lo que prescribe el Arancel del Profesional del Derecho, y demás normas jurídicas que resultaren general y pertinentemente aplicables; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 411-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] A modo ilustrativo, ver lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español a este respecto en las sentencias SSTC 334/2006, de 20 de noviembre y 180/2007, de 10 de septiembre, en: Garberí Llobregat, José, Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal, Cuadernos Civitas – Thomson Reuters, Pamplona, 2009, pp. 169-170. Asimismo, en lo pertinente, lo fundamentado en la sentencia STC 33/2002, f. 5, citado por De Diego Diez, L. Alfredo en su obra: El derecho a la tutela judicial efectiva, OIM, Tegucigalpa M.D.C., 2014, pp. 96-97.