Sentencia AL-403-16 — Registro 8547
Resumen
Recurso de apelación que declaró con lugar incidente de excepción de Incompetencia por razón de la Materia interpuesto por parte demandada, considerando ésta que la jurisdicción competente de conocer en relación a demanda laboral para el pago de prestaciones interpuesta por impetrante es la de conciliación y arbitraje
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que la Sala de lo Constitucional, a la vista del caso, encuentra que el parecer motivado de la mayoría del colegiado en el presente caso, según plasmado en la sentencia dictada por el Ad-Quem, sí vulnera las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. Al respecto, cabe mencionar, en primer lugar, que la interpretación restrictiva contenida en dicho voto, respecto a los supuestos legales que rigen la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales en materia laboral, sujeta su reconocimiento a requisitos de orden material y fáctico, por lo cual no se ajusta estrictamente a las exigencias establecidas en Ley; la cual establece categorías y distinciones jurídicas para determinar cuando reconoce la concurrencia de los elementos del contrato o relación de trabajo, y particularmente, a lo establecido, en forma general y pertinente, por los artículos 3, 4, 5, 8, 25 y 665 párrafo primero del Código del Trabajo;[2] de lo cual se colige claramente la no compatibilidad de la resolución examinada con los deberes de protección y garantía que dimanan para el Estado de los derechos y garantías sociales estatuidas, inter alia, en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y el articulado legal secundario mencionado, a título enunciativo y no limitativo de los derechos y garantías sociales vigentes. CONSIDERANDO (9): Que estima la Sala y así lo ha proferido en anteriores pronunciamientos, que el tenor literal de lo pactado en un contrato laboral pierde eficacia cuando se trata de denunciar la falta de jurisdicción de los órganos jurisdiccionales laborales para conocer de este tipo de asuntos, pues resulta entonces aplicable, al tenor de lo preceptuado en el articulo 3 del Código del Trabajo, el principio laboral que señala: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”; así como la regla de competencia que dimana del articulo 8 del Código del Trabajo, según el cual: “En caso de conflicto entre las leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras…(…)”; de manera que se considera, que aun cuando se diera lugar a un conflicto de leyes entre la Legislación del Trabajo y la Legislación de Conciliación y Arbitraje, tendría preeminencia la primera, desde una perspectiva constitucional; por estar instituida precisamente la Jurisdicción del Trabajo para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo;[3] correspondiéndole a esa Jurisdicción conocer con competencia objetiva tales asuntos que la Ley somete a la esfera de sus atribuciones. CONSIDERANDO (10): Que, en ese orden de ideas, la autonomía de la voluntad se ve limitada y pierde validez y eficacia ante la norma adjetiva laboral, habiéndose considerado así por esta Sala de lo Constitucional, en anteriores pronunciamientos. Si bien la Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, lo cual refleja una distinción de carácter restrictivo en cuanto se refiere a la existencia de una relación jurídico-laboral: “… cuyos efectos se proyectan durante la vida de la misma, no existe sin la presencia previa del acuerdo de voluntades”.[4] Lo cual es reconocido además en la doctrina consultada, pues si la concepción civilista de contrato centraría su regulación en éste primer aspecto del contrato de trabajo (como acuerdo de voluntades); el Estatuto de los Trabajadores, mientras tanto, pondría ya el acento en la relación jurídica nacida del contrato de trabajo: “… a la que regula, desde su nacimiento, hasta su extinción”.[5] En tal sentido, lleva razón el comentarista Leodegario Fernández Marcos al decir, que es en la función reguladora o normativa del contrato de trabajo, donde la autonomía de la voluntad pierde terreno, ya que la función del contrato como regulador de la relación laboral viene, en sus aspectos más significativos, impuesta “desde fuera”, por los poderes estatal o colectivos;[6] y en el caso concreto para estatuir la defensa frente a los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de garantías,[7] sean éstas constitucionales y legales, las que se tienen como irrenunciables.CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual implica pleno reconocimiento de los derechos sociales reconocidos en la Constitución de la República y en sus leyes, en lo que resulten general y pertinentemente aplicables.CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expresado, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución que emite por voto mayoritario el Tribunal Ad Quem no se ajusta las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. - Por lo cual cabe otorgar la garantía de amparo interpuesta"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 690 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia elRecurso de Amparo interpuesto por la Abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, a favor del señor RENE TORRES HENRIQUEZ, contra la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió declarar sin lugar el recurso de Apelación contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, en su condición de representantes Procesales del señor RENE TORRES HENRIQUEZ, contra la EMPRESA MERCANTIL ISLA BONITA S.A.- Estima la recurrente que se le han violentado a la parte por ella representada los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha cinco (5) de agosto del año dos mil catorce (2014), compareció ante Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, la Abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, en su condición de representante Procesal del señor RENE TORRES HERNANDEZ, interponiendo demanda Ordinaria Laboral para que se acredite justa causa de despido y en su defecto se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto, a la Empresa Mercantil Isla Bonita S,A.- ((Folio 01 al 2 de la pieza del Juzgado).2) Que el referido Juzgado, en resolución de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil quince (2015) Resolvió: “…Tener por interpuesto el Recurso de Apelación por la parte demandada en contra de la Sentencia Interlocutoria, consecuentemente dicho recurso de apelación se tiene por admitido en el efecto devolutivo, como así lo establece el artículo35 al 36 del Código de Trabajo…” (Folio 35 al 36 de la pieza del Juzgado).3) Que la Corte Segunda Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba departamento de Atlántida, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) conociendo del recurso de apelación RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARCELA LIZZETH RODRIGUEZ PERDOMO, apoderada legal la Empresa Mercantil Isla Bonita S,A; SEGUNDO: REVOCANDO la resolución de fecha dos (02) de diciembre del dos mil quince (2015) (f.35v), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de las Islas de la Bahía, conocida en apelación, debiendo declarar con lugar la excepción de Incompetencia por Materia.” (Folio 04 al 15 de la pieza de Corte de Apelaciones antecedentes).4) La recurrente Abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de RENE TORRES HENRIQUEZ, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en el artículo 82 y 90, de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil diecisiete (2017).5) Que con fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta, por no existir la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista, en virtud de lo estipulado en los artículos 37 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, con incumbencia al presente caso por lo regulado en la cláusula decimo segunda de la lectura del Contrato de Servicios Profesionales, respecto a la Solución de Controversias; y lo prescrito en los artículos 1348, 1539 y 1550 del Código Civil, por lo que del contenido de los artículos citados deduce la Fiscal Dictaminadora, que no existe vulneración de los preceptos constitucionales que esgrime la recurrente en el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vías de justicia constitucional el recurso de amparo promovido por la Abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, a favor del señor RENE TORRES HENRIQUEZ, contra la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), misma que resolvió, por mayoría de votos de sus miembros, declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación promovido contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil quince (2015), con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, en su condición de representante Procesal del señor RENE TORRES HENRIQUEZ, contra la EMPRESA MERCANTIL ISLA BONITA S.A.; Considerando el voto mayoritario que, en virtud del principio la Primacía de la Realidad, aunque el contrato disponga una clase de prestación, si la ejecución contractual fue de otra naturaleza, se tendría que estar a lo realmente ocurrido; no constando que la parte Demandante aportara los elementos materiales para acreditar dicho extremo, en virtud de no haberse presentado a la Audiencia respectiva que fijara el Ad-Quem. Manifiesta el voto mayoritario, que, en tal circunstancia omisa de elementos probatorios, queda como único elemento a valorar, el Contrato de Servicios Profesionales; del cual se desprenden únicamente los elementos de una relación civil de servicios profesionales y no laboral, como alegó la parte Demandante; y no la subordinación en el desarrollo de la labor. Considerando el voto particular disidente, inter alia, que, tal elemento de subordinación asiste efectivamente a la conformación de la relación laboral en el presente caso, donde se declaró Sin Lugar el Incidente de Incompetencia de Tribunal, que es recurrida en apelación por la Apoderada Demandada; pues como se desprende de antecedentes doctrinales,[1] se ha superado el concepto clásico de la materia, que parte de la base que el contrato de trabajo solo comprende a trabajadores subordinados, mientras que en la actualidad predomina una concepción esencialmente jurídico-económica, prevaleciendo una u otra, según las características que presente cada caso; estimando la disidencia, por tanto, que la subordinación estaría integrada fundamentalmente por la ajenidad de riesgos. Fundamenta, asimismo, que la subordinación técnica, estaría excluida de la definición de trabajador que tipifica el artículo 4 del Código del Trabajo, lo cual se ve reflejado en la cláusula segunda del contrato identificado como de “Servicios Profesionales” (Ver folio 18), el cual limita las actividades del contratista a obligaciones de carácter genérico, dejando al patrono la facultad de dirigir la realización del proyecto, determinar en que momentos se ejecutará la coordinación o asesoría, cuando ésta pausará o continuará, etc.; lo cual no requiere de mayor probanza material, sino de una interpretación jurídica de la condición de dependencia, como uno de los elementos del contrato; por todo lo cual vota por que se declare Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Apoderada Demandada contra la sentencia interlocutoria que se hace mérito. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, en la formalización del recurso, manifiesta que el Tribunal Ad-Quem, ha actuado en perjuicio de su representado, violentado el contenido de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional ha concitado las invocadas vulneraciones constitucionales; a) En lo que respecta al derecho de defensa que este derecho fue violentado por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, puesto que el artículo 690 del Código del Trabajo preceptúa que la Competencia se determina por el lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandando a elección del actor”, por lo cual al resolver el Ad-Quem que el caso debía someterse a un Tribunal de Arbitraje en Tegucigalpa, Francisco Morazán, se violentó el derecho de defensa y, en particular, el derecho de acción que asiste al trabajador. b) En lo que respecta al derecho al debido proceso que este derecho fue violentado por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, al obviar darle cumplimiento al artículo 665 del Código del Trabajo que establece precisamente la Jurisdicción del Trabajo, instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo; por lo cual, existiendo un contrato que una parte alega es de trabajo, mientras que la otra aduce es un contrato civil, se debió de abstener de dictar resolución sumaria, sino que reservar el asunto para dictar una resolución de fondo, en sentencia definitiva; por todo lo cual, estima que la Corte Ad Quem violentó el derecho constitucional del demandante a ser juzgado por juez competente, con las formalidades, derechos y garantías que le asisten, atendiendo los principios de favorabilidad (pro operario), que en este caso favorecen la jurisdicción del trabajo como competente para conocer del caso, en la ciudad de Roatán, además, por ser el lugar de prestación del servicio, que era a la vez su domicilio. Por todo lo cual, solicita se otorgue la presente garantía de amparo, una vez seguido el trámite de Ley, indicando en la sentencia de la jurisdicción constitucional, que la sentencia ordinaria de la cual se recurre en amparo, no puede ser aplicada a su representado por contravenir, disminuir y tergiversar sus derechos constitucionales. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (6): Que por ende, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les haya atribuido, lo cual compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto en concreto. CONSIDERNADO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos; asegurando que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, por lo tanto; el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, con base a derecho. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional, a la vista del caso, encuentra que el parecer motivado de la mayoría del colegiado en el presente caso, según plasmado en la sentencia dictada por el Ad-Quem, sí vulnera las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. Al respecto, cabe mencionar, en primer lugar, que la interpretación restrictiva contenida en dicho voto, respecto a los supuestos legales que rigen la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales en materia laboral, sujeta su reconocimiento a requisitos de orden material y fáctico, por lo cual no se ajusta estrictamente a las exigencias establecidas en Ley; la cual establece categorías y distinciones jurídicas para determinar cuando reconoce la concurrencia de los elementos del contrato o relación de trabajo, y particularmente, a lo establecido, en forma general y pertinente, por los artículos 3, 4, 5, 8, 25 y 665 párrafo primero del Código del Trabajo;[2] de lo cual se colige claramente la no compatibilidad de la resolución examinada con los deberes de protección y garantía que dimanan para el Estado de los derechos y garantías sociales estatuidas, inter alia, en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y el articulado legal secundario mencionado, a título enunciativo y no limitativo de los derechos y garantías sociales vigentes. CONSIDERANDO (9): Que estima la Sala y así lo ha proferido en anteriores pronunciamientos, que el tenor literal de lo pactado en un contrato laboral pierde eficacia cuando se trata de denunciar la falta de jurisdicción de los órganos jurisdiccionales laborales para conocer de este tipo de asuntos, pues resulta entonces aplicable, al tenor de lo preceptuado en el articulo 3 del Código del Trabajo, el principio laboral que señala: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”; así como la regla de competencia que dimana del articulo 8 del Código del Trabajo, según el cual: “En caso de conflicto entre las leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras…(…)”; de manera que se considera, que aun cuando se diera lugar a un conflicto de leyes entre la Legislación del Trabajo y la Legislación de Conciliación y Arbitraje, tendría preeminencia la primera, desde una perspectiva constitucional; por estar instituida precisamente la Jurisdicción del Trabajo para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo;[3] correspondiéndole a esa Jurisdicción conocer con competencia objetiva tales asuntos que la Ley somete a la esfera de sus atribuciones. CONSIDERANDO (10): Que, en ese orden de ideas, la autonomía de la voluntad se ve limitada y pierde validez y eficacia ante la norma adjetiva laboral, habiéndose considerado así por esta Sala de lo Constitucional, en anteriores pronunciamientos. Si bien la Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, lo cual refleja una distinción de carácter restrictivo en cuanto se refiere a la existencia de una relación jurídico-laboral: “… cuyos efectos se proyectan durante la vida de la misma, no existe sin la presencia previa del acuerdo de voluntades”.[4] Lo cual es reconocido además en la doctrina consultada, pues si la concepción civilista de contrato centraría su regulación en éste primer aspecto del contrato de trabajo (como acuerdo de voluntades); el Estatuto de los Trabajadores, mientras tanto, pondría ya el acento en la relación jurídica nacida del contrato de trabajo: “… a la que regula, desde su nacimiento, hasta su extinción”.[5] En tal sentido, lleva razón el comentarista Leodegario Fernández Marcos al decir, que es en la función reguladora o normativa del contrato de trabajo, donde la autonomía de la voluntad pierde terreno, ya que la función del contrato como regulador de la relación laboral viene, en sus aspectos más significativos, impuesta “desde fuera”, por los poderes estatal o colectivos;[6] y en el caso concreto para estatuir la defensa frente a los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de garantías,[7] sean éstas constitucionales y legales, las que se tienen como irrenunciables.CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual implica pleno reconocimiento de los derechos sociales reconocidos en la Constitución de la República y en sus leyes, en lo que resulten general y pertinentemente aplicables.CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expresado, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución que emite por voto mayoritario el Tribunal Ad Quem no se ajusta las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. - Por lo cual cabe otorgar la garantía de amparo interpuesta.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 1 y 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 64, 82, 90, 110, 127, 129, 134, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada PATRICIA VERONICA ORDOÑEZ ESCOTO, a favor del señor RENE TORRES HENRIQUEZ, contra la Sentencia dictada en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, de lo cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-403-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Cita de la obra: “Estudios Sobre Derecho Individual del Trabajo” de Juan A. ENSINCK, pp. 51-66.
[2] En forma genérica conviene recordar que, aun ante el proceso civil, el recurso de amparo está concebido para tutelar a los ciudadanos ante las vulneraciones de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos: “…. No obstante, se considera que desde el momento en que el tribunal juzgador asume “una tesis o postura restrictiva o negadora del derecho fundamental invocado, se configura como un acto del poder público susceptible de amparo constitucional”. GARCÍMARTIN MONTERO, R. El proceso civil de tutela de los derechos fundamentales. Thomson Reuters.- Aranzadi, Pamplona, 2016. p. 126.
[3] Ver el articulo 665 párrafo primero del Código del Trabajo.
[4] FERNÁNDEZ MARCOS, L. Derecho Individual del Trabajo. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1993. p. 20.
[5] Ídem.
[6] Ibídem.
[7] Ver, asimismo, lo estipulado en el artículo 3 con relación al artículo 25 del Código del Trabajo.