Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-394-18 — Registro 9914

Resumen

Se interpuso recurso de amparo en la resolución emitida que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el juzgado con relación a la demanda ordinaria laboral.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (03): Que esta Sala, luego de hacer un análisis de los argumentos expuesto, encuentra que los razonamientos esgrimidos en la resolución se encuentran apegados a derecho y suficientemente abordados y motivados, es por ello que no advierte de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. ´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., treinta de mayo del año dos mil dieciocho.VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALES ELVIR a favor de la sociedad mercantil denominada MEDICARD S.A., contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora CARLA PAOLA MIRANDA RESTREPO contra la sociedad mercantil denominada MEDICARD S.A. CONSIDERANDO (01): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado el debido proceso a su representado, al no apreciar la Alzada el hecho de que la demandante fue contratada mediante la suscripción de contratos de suministros médicos, habiendo convenido las partes una cláusula arbitral y que la obligación contraída a raíz de los mismos, a juicio de la recurrente, deberían dirimirse en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y al amparo del reglamento de la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa que para tal efecto se ha establecido. CONSIDERANDO (02): Que el recurrente invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, el derecho al debido proceso y el derecho a ser escuchado, reconocidos en los artículos 90 y 94 de la Constitución de la República. Asimismo los artículos 64, 110, 312 del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO (03): Que del examen de los antecedentes y en especifico de la resolución censurada por el accionante, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el Recurso de Apelación, en virtud de que apreció que en el presente caso se cumplen los tres elementos esenciales del contrato de trabajo establecido en el artículo 20 del Código de Trabajo, de forma ininterrumpida entre la señora CARLA PAOLA MIRANDA RESTREPO con la sociedad mercantil denominada MEDICARD S.A., encontrándose dicha demanda comprendida en la esfera jurisdiccional y de competencia laboral. CONSIDERANDO (04): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO (05): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (06): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara a la quejosa. CONSIDERANDO (07): Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (08): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALES ELVIR a favor de la sociedad mercantil denominada MEDICARD S.A., contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR contra la resolución dictada por esta Sala el treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual se resolvió sobreseer la presente acción de Amparo interpuesta por el hoy recurrente a favor de la sociedad mercantil denominada MEDICARD, S.A., con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora CARLA PAOLA MIRANDA RESTREPO contra la sociedad mercantil denominada MEDICARD, S.A. CONSIDERANDO (01): Que esta Sala, mediante resolución de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, declaró sobreseído el presente recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, pronunciando en forma motivada las razones por la que consideró procedente declarar inadmisible el presente recurso, siendo que de los antecedentes se aplicó la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 1) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (02): Que el recurrente alega en su escrito de reposición, que ésta Sala no garantizó el derecho del debido proceso por haber realizado una aplicación incorrecta de la Ley al sobreseer el recurso interpuesto, en virtud de considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán en fecha once (11) de Mayo del año dos mil diecisiete vulneró dicho derecho, por ser el criterio esbozado en su resolución incongruente a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (03): Que esta Sala, luego de hacer un análisis de los argumentos expuesto, encuentra que los razonamientos esgrimidos en la resolución se encuentran apegados a derecho y suficientemente abordados y motivados, es por ello que no advierte de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR contra la resolución dictada por esta Sala el treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual se resolvió sobreseer la presente acción de Amparo interpuesta por el hoy recurrente a favor de la sociedad mercantil denominada MEDICARD, S.A., por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de las resoluciones de fechas treinta de mayo de dos mil dieciocho y treinta de julio de dos mil dieciocho, recaídas en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 0394-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.