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Sentencia AL-377-17 — Registro 9535

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia que no admitió la totalidad de medios de prueba de parte demandada en demanda ordinaria laboral de reintegro promovida contra recurrente; en apelación se consideró que la nulidad planteada no se encuentra dentro de los actos procesales nulos que señala la normativa procesal civil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando que se colige de los antecedentes que el Apoderado Legal de la parte demandada propuso diferentes medios de prueba para sustentar el incidente de nulidad planteado, de los cuales el A-quo estimó admitir el medio de prueba denominado 1.- Documental vía oficio para lo cual la Secretaria del Despacho libre el oficio solicitado. 2.- Reconocimiento Judicial admitida parcialmente en el sentido de que el reconocimiento se practicará únicamente en 3 expedientes nominados y sobre 2 de los expedientes que se encuentran en el Juzgado del Trabajo; no se admitió la prueba testifical por considerar que la nulidad de actuaciones es de mero derecho; actuación confirmada por el Ad-quem quien estima en su resolución que la nulidad planteada no se encuentra dentro de los actos procesales nulos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Código Procesal Civil, por lo que se aprecia de las diligencias que si bien el recurrente al proponer sus medios de prueba no le fueron admitidos en su totalidad, ello no vulnera el Derecho de Defensa ni el Debido Proceso, en virtud que es una facultad del Juez admitir los medios probatorios que considera pertinentes para la sustanciación del referido incidente, así como la desestimación de los elementos probatorios que considere inútiles o desproporcionales, tal como sucedió en el caso de autos, en donde admitió parcialmente la inspección solicitada en relación al número de expedientes ofertados sobre el mismo asunto y desestimó la prueba testifical propuesta por considerar que la nulidad de actuaciones es de mero derecho; actuación que se enmarca dentro de las facultades de su cargo y dentro de los límites que la Ley le permite; asimismo se colige que el impetrante tuvo la oportunidad de hacer uso de los recursos legales correspondientes, asegurándose la igualdad de las partes procesales como resultado justo, equitativo e imparcial de un proceso, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. .."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ a favor del REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que confirmó un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de febrero del dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por la señora ZOILA MIREYA MARTINEZ VALERIANO contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el artículo 82, 90, 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora ZOILA MIREYA MARTINEZ VALERIANO, interponiendo demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido en caso que no pruebe, el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones al momento de despido, contra el Registro Nacional de las Personas. (Folios 01–06 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado celebró Audiencia Primera de Trámite en fecha quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en donde dictó Sentencia Interlocutoria, mediante la cual Falló: “I.- Tener por contestado el INCIDENTE DE NULIDAD por el representante procesal de la parte demandada…” (Folios 78 -83 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de Apoderado Legal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ….- 2) CONFIRMANDO el auto interlocutorio apelado y dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANSCICO MORAZAN en fecha quince de febrero del 2017….-” (Folios 59-60 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; declarando esta Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), y a la vez dispone que se siga con el procedimiento del presente recurso. (Folios 1–8 y 22 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista.” (Folios 25-31 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que confirmó un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de febrero del dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por la señora ZOILA MIREYA MARTINEZ VALERIANO contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP). CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente, Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ , muestra su disconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que se ha violentado en perjuicio de sus representados los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, aduce el impetrante en su escrito de interposición de la Acción de Amparo que estas vulneraciones se han producido al considerar que los medios de prueba propuestos son de vital importancia para su representada, y al ser rechazados se le priva de utilizar los medios legales para su defensa, asegurar la igualdad de las partes en el proceso y garantizar a los litigantes en el procedimiento judicial un proceso contradictorio y de amplia defensa, lo cual no ocurrió, razón por la cual considera que concurre una violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO GUTIERREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista” (Folio 25–31 del presente Recurso). CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda laboral, promovida por la señora ZOILA MIREYA MARTINEZ VALERIANO en contra del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P) esta concluye en su fundamentos de derechos que conforma la resolución objeto de recurso que “CONSIDERANDO (4): Que en la continuación de la audiencia primera de trámite del miércoles quince de febrero del dos ml diecisiete el Representante Procesal de la parte demandada contestó el Incidente de Nulidad rechazándolo citando en el mismo que ya existe otras demandas similares y contestadas con el mismo poder que se le otorgó donde se le daban las facultades del artículo 8 del Código de Procedimientos Comunes, pero al entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Civil el 14 de mayo del 2009 era necesario se le otorgara un nuevo poder con las facultades conferidas en los Artículos 81 y 82 del citado Código y para probar los hechos de la contestación del Incidente de Nulidad, propuso los medios de prueba documental, documental vía oficio, testifical y reconocimiento judicial, mismos que fueron admitidos por la Juez A-quo y evacuado el documental a excepción del testifical y parcialmente el reconocimiento judicial, tal como se explica en el considerando uno de esta sentencia.- CONSIDERANDO (5): Que de conformidad a lo establecido en el Articulo 82 numeral 1) del Código Procesal Civil que dice: “Salvo disposición expresa del Poderdante el Poder Notarial se entenderá general y alcanzará a todos los procesos en que intervenga el poderdante, incluidas, en su caso, las diversas instancias y recursos, facultando al profesional del derecho para realizar válidamente en nombre de su poderdante todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de los procesos desde los actos preliminares hasta la ejecución” y que de conformidad al artículo 212 del mismo Código Procesal Civil, taxativamente ya expresa cuando los actos procesales son nulos, como lo es “cuando se produzca por o ante Tribunal con falta de Jurisdicción, o de competencia objetiva o funcional, cuando se produzca con falta de competencia territorial, cuando se realice bajo violencia o intimidación, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre, que por esta causa se haya producido indefensión, hechos que no han sucedido en el presente juicio.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Sala estima, que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, por lo que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.

Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[1], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando que se colige de los antecedentes que el Apoderado Legal de la parte demandada propuso diferentes medios de prueba para sustentar el incidente de nulidad planteado, de los cuales el A-quo estimó admitir el medio de prueba denominado 1.- Documental vía oficio para lo cual la Secretaria del Despacho libre el oficio solicitado. 2.- Reconocimiento Judicial admitida parcialmente en el sentido de que el reconocimiento se practicará únicamente en 3 expedientes nominados y sobre 2 de los expedientes que se encuentran en el Juzgado del Trabajo; no se admitió la prueba testifical por considerar que la nulidad de actuaciones es de mero derecho; actuación confirmada por el Ad-quem quien estima en su resolución que la nulidad planteada no se encuentra dentro de los actos procesales nulos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Código Procesal Civil, por lo que se aprecia de las diligencias que si bien el recurrente al proponer sus medios de prueba no le fueron admitidos en su totalidad, ello no vulnera el Derecho de Defensa ni el Debido Proceso, en virtud que es una facultad del Juez admitir los medios probatorios que considera pertinentes para la sustanciación del referido incidente, así como la desestimación de los elementos probatorios que considere inútiles o desproporcionales, tal como sucedió en el caso de autos, en donde admitió parcialmente la inspección solicitada en relación al número de expedientes ofertados sobre el mismo asunto y desestimó la prueba testifical propuesta por considerar que la nulidad de actuaciones es de mero derecho; actuación que se enmarca dentro de las facultades de su cargo y dentro de los límites que la Ley le permite; asimismo se colige que el impetrante tuvo la oportunidad de hacer uso de los recursos legales correspondientes, asegurándose la igualdad de las partes procesales como resultado justo, equitativo e imparcial de un proceso, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0377-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[2] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA