Sentencia AL-36-17 — Registro 7219
Resumen
Acto recurrido que confirmó el auto Interlocutorio dictado por el a-quo con relación a la demanda Laboral promovida contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho..." ..." Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en los incidentes planteados alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que confirmo el auto Interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de octubre del dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda Laboral promovida por el señoras WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA contra EL ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80, Y 127 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los señores WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laboral como indemnización de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir por despido injusto e ilegal. , contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA. (Folio 01 al 06 de la primera pieza del juzgado)- 2) Que el referido Juzgado, dicto Auto Interlocutorio de fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) en el cual FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR los defectos procesales de DECLINATORIA POR IMCOMPETENCIA DE TRIBUNAL Y FALTA DE PERSONALIDAD DE DEMANDADO CONTRA QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA promovidos en audiencia primera de tramites por la abogada SONIA PATRICIA IZCANO representante de la parte demandada, en la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA DUBON. Contra EL ESTADO DE HONDURAS del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA; por las razones antes expuestas; en consecuencia, prosígase el trámite normal del proceso. …” (Folio 57 al 59 de la primera pieza del Juzgado)- 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016): FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de Representante Procesal de las partes demandadas .-II.- CONFIRMAR el auto interlocutoria proferido el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha once de octubre de dos mil diecisiete, en la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento promovida por las señora WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA DUBON contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio del Representante Legal el señor Procurador de la Republica , Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para el pago de prestaciones laborales y como indemnización de daños en perjuicio el pago de salarios dejados de percibir por despido injusto e ilegal.- III.-SIN COSTAS, en esta instancia por considerar que existieron motivos racionales para litigar.- …” Folios 54 al 56 de la segunda pieza de antecedentes)- 4) La recurrente abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de enero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno (21) de noviembre de año dos mil dieciséis, violenta en perjuicio de su representada, los artículos 80, Y127 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 39 de la pieza de los antecedentes)- 5) Que con fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la sentencia proferida en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, mediante el cual por unanimidad de votos declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, accionando como representante procesal de la parte demandada.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, entre sus argumentos la Amparista denuncia la vulneración del Derecho Constitucional de Supremacía de las Normas Constitucionales, Derechos de Igualdad, Defensa y del Debido Proceso, contenidos en los artículos 17,60,82 y 90 de la Constitución de la Republica, explicándolas de la siguiente manera: • Que las normas contenidas en la Constitución de la Republica priman en relación con el resto de normativa que se aplica en un país. • Al no admitir los incidentes referidos se irrespeta la obligación constitucional de igualdad, ya que no se le ha permitido al Estado realizar una defensa óptima, a pesar de que la de todos los habitantes de un país nos encontramos sometidos al imperio de la Ley. • Se irrespeta el Derecho de Defensa al no admitir los defectos procesales denunciados, ya que se ignoran la concurrencia de esos defectos. • Se infringe el Debido Proceso, ya que siendo que la jurisdicción debe de someterse a la observancia de la ley adjetiva, así como los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, no lo hace cuando, a pesar del señalamiento de la presencia de los defectos indicados, los ignora y no aplica las normas legales que obligan a declarar con lugar dichos incidentes, lesionando el Debido Proceso. Para ello relata que en ningún momento se suscribieron contratos de servicios profesionales y técnicos con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, y las señoras WENDY YISEL AVILA FLORES y TANIA MARIA ARITA, ya que lo que existió es un acto de buena fe de parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, brindándoles a las demandante un espacio físico, en el Cesamo de Villa Adela, para que prestaran sus servicios personales, en la atención a la población que requería de los servicios personales que ellas ofrecían como odontólogas, a través de un programa que era autofinanciable y del cual ellas ya tenían conocimientos, programa que las vinculaba a ellas y los pacientes que atendían por una cantidad que los pacientes pagaban misma que era depositada en una cuenta, de la cual ellas cobraban su salario cada mes y el resto era para los insumos que necesitaban para atender los servicios profesionales que ofrecían, por lo que la relación con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud no es de carácter laboral, sino más bien de naturaleza civil en todo su contenido y práctica, por lo que no pueden considerarse a las mismas como empleadas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud bajo ninguna modalidad. Concluye la recurrente que queda plenamente establecido que tanto el auto interlocutorio dictado por el a-quo, como la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones, al declarar el primero, no ha lugar la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se interpusiera la demanda y la falta de personalidad planteada, así como la decisión del segundo, esto es la Corte de Apelaciones del Trabajo, de declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto, vulneran en perjuicio de su representada la garantía constitucional del debido proceso, la igualdad y el derecho de defensa.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vínculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza civil, asimismo interpuso el defecto de falta de personalidad del demandado, ya que su representada no tiene ninguna relación laboral con las demandantes, ya que las mismas se encontraban bajo el régimen del sistema autofinanciable, en donde se les proporcionaba únicamente los instrumentos para su labor, que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación no deben ser conocidas y resueltas por la jurisdicción laboral tal y como se ha planteado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no las garantías constitucionales alegadas por la recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar los incidentes interpuestos por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda y la falta de personalidad alegada.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b)La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERNADO DOCE (12): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, entre sus consideraciones del fallo objeto de recurso ha dejado debidamente establecido el porqué considera competente la jurisdicción laboral para el presente asunto, así como por qué no se hace procedente la falta de personalidad invocada, ante esas circunstancias, el Ad-quem ha primado por los derechos sociales que el legislador protege, la comparecencia o reclamo de la intervención de los Tribunales del Trabajo en forma legal por parte de quien se dice trabajador, supone la existencia de una relación de trabajo, que lo que coloca el reclamo bajo la jurisdicción de los Juzgados de esta materia; salvo que no encontráramos ante los casos de excepción regulados en el citado Artículo 2 del Código de Trabajo; y, no es el caso; la negativa patronal sobre la naturaleza de la relación o contrato y su duración, se constituye en objeto de prueba en el curso del juicio, por lo que no se logra apreciar en la exposición de la acción constitucional de Amparo la manera en la cual el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán trasgredió el contenido del artículo 17 de la Constitución de la Republica, la aplicación normativa realizada por la Jurisdicción para resolver el planteamiento de los defectos procesales planteados por la parte demandada no vulnera la norma constitucional, asimismo con la emisión de la resolución en la que se declara sin lugar la denuncia de los defectos procesales que se han referido, es de resaltar que no encontramos la concurrencia de ningún irrespeto a la igualdad, el extremo de no haberse resuelto de manera favorable a las pretensiones de la parte demandada no significa desigualdad, no se crea una clase de privilegio si se estima que existe una relación laboral entre las demandantes y el Estado a través de la Secretaria de Salud, siempre se cuenta con el resto del proceso para determinar si dicha apreciación es o no correcta y con respecto a la vulneración del Derecho de Defensa debemos de indicar que la no admisión de lo pretendido no genera una indefensión del solicitante, no puede pretenderse que para gozar el derecho de Defensa deberá de otorgarse todo lo pedido, sería un contrasentido, ya que la defensa, en la integridad de su expresión, requiere de la existencia de un contradictorio, en la cual una de las pates no tendrá la razón, pero habrá defendido sus posiciones; no concurren una afrenta a la norma constitucional, consecuentemente no se vulnera el derecho de defensa referido con la decisión jurisdiccional y respecto a la denuncia de vulneración al Debido Proceso, la resolución cuestionada en ningún momento lo quebranta, en tanto que la decisión contraria a lo que se indica, constituye un ejercicio de la dinámica procesal que regula el accionar de la jurisdicción, al decidir que no es admisible las propuestas de concurrencia de los defectos procesales, no irrespeta el proceso, ya que la decisión se nutre en la prueba propuesta y el derecho aplicable.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en los incidentes planteados alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación a las normas constitucionales alegadas por la recurrente, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 321 de la Constitución de la República; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que confirmo el auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de octubre del dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda Laboral promovida por el señoras WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA contra EL ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redacto Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0036-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que confirmo el auto Interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de octubre del dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda Laboral promovida por el señoras WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA contra EL ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80, Y 127 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los señores WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laboral como indemnización de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir por despido injusto e ilegal. , contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA. (Folio 01 al 06 de la primera pieza del juzgado)- 2) Que el referido Juzgado, dicto Auto Interlocutorio de fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) en el cual FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR los defectos procesales de DECLINATORIA POR IMCOMPETENCIA DE TRIBUNAL Y FALTA DE PERSONALIDAD DE DEMANDADO CONTRA QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA promovidos en audiencia primera de tramites por la abogada SONIA PATRICIA IZCANO representante de la parte demandada, en la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA DUBON. Contra EL ESTADO DE HONDURAS del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA; por las razones antes expuestas; en consecuencia, prosígase el trámite normal del proceso. …” (Folio 57 al 59 de la primera pieza del Juzgado)- 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016): FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de Representante Procesal de las partes demandadas .-II.- CONFIRMAR el auto interlocutoria proferido el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha once de octubre de dos mil diecisiete, en la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento promovida por las señora WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA DUBON contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio del Representante Legal el señor Procurador de la Republica , Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para el pago de prestaciones laborales y como indemnización de daños en perjuicio el pago de salarios dejados de percibir por despido injusto e ilegal.- III.-SIN COSTAS, en esta instancia por considerar que existieron motivos racionales para litigar.- …” Folios 54 al 56 de la segunda pieza de antecedentes)- 4) La recurrente abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de enero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno (21) de noviembre de año dos mil dieciséis, violenta en perjuicio de su representada, los artículos 80, Y127 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 39 de la pieza de los antecedentes)- 5) Que con fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la sentencia proferida en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, mediante el cual por unanimidad de votos declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, accionando como representante procesal de la parte demandada.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, entre sus argumentos la Amparista denuncia la vulneración del Derecho Constitucional de Supremacía de las Normas Constitucionales, Derechos de Igualdad, Defensa y del Debido Proceso, contenidos en los artículos 17,60,82 y 90 de la Constitución de la Republica, explicándolas de la siguiente manera: • Que las normas contenidas en la Constitución de la Republica priman en relación con el resto de normativa que se aplica en un país. • Al no admitir los incidentes referidos se irrespeta la obligación constitucional de igualdad, ya que no se le ha permitido al Estado realizar una defensa óptima, a pesar de que la de todos los habitantes de un país nos encontramos sometidos al imperio de la Ley. • Se irrespeta el Derecho de Defensa al no admitir los defectos procesales denunciados, ya que se ignoran la concurrencia de esos defectos. • Se infringe el Debido Proceso, ya que siendo que la jurisdicción debe de someterse a la observancia de la ley adjetiva, así como los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, no lo hace cuando, a pesar del señalamiento de la presencia de los defectos indicados, los ignora y no aplica las normas legales que obligan a declarar con lugar dichos incidentes, lesionando el Debido Proceso. Para ello relata que en ningún momento se suscribieron contratos de servicios profesionales y técnicos con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, y las señoras WENDY YISEL AVILA FLORES y TANIA MARIA ARITA, ya que lo que existió es un acto de buena fe de parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, brindándoles a las demandante un espacio físico, en el Cesamo de Villa Adela, para que prestaran sus servicios personales, en la atención a la población que requería de los servicios personales que ellas ofrecían como odontólogas, a través de un programa que era autofinanciable y del cual ellas ya tenían conocimientos, programa que las vinculaba a ellas y los pacientes que atendían por una cantidad que los pacientes pagaban misma que era depositada en una cuenta, de la cual ellas cobraban su salario cada mes y el resto era para los insumos que necesitaban para atender los servicios profesionales que ofrecían, por lo que la relación con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud no es de carácter laboral, sino más bien de naturaleza civil en todo su contenido y práctica, por lo que no pueden considerarse a las mismas como empleadas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud bajo ninguna modalidad. Concluye la recurrente que queda plenamente establecido que tanto el auto interlocutorio dictado por el a-quo, como la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones, al declarar el primero, no ha lugar la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se interpusiera la demanda y la falta de personalidad planteada, así como la decisión del segundo, esto es la Corte de Apelaciones del Trabajo, de declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto, vulneran en perjuicio de su representada la garantía constitucional del debido proceso, la igualdad y el derecho de defensa.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vínculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza civil, asimismo interpuso el defecto de falta de personalidad del demandado, ya que su representada no tiene ninguna relación laboral con las demandantes, ya que las mismas se encontraban bajo el régimen del sistema autofinanciable, en donde se les proporcionaba únicamente los instrumentos para su labor, que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación no deben ser conocidas y resueltas por la jurisdicción laboral tal y como se ha planteado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no las garantías constitucionales alegadas por la recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar los incidentes interpuestos por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda y la falta de personalidad alegada.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[3]”.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b)La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[4]”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERNADO DOCE (12): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, entre sus consideraciones del fallo objeto de recurso ha dejado debidamente establecido el porqué considera competente la jurisdicción laboral para el presente asunto, así como por qué no se hace procedente la falta de personalidad invocada, ante esas circunstancias, el Ad-quem ha primado por los derechos sociales que el legislador protege, la comparecencia o reclamo de la intervención de los Tribunales del Trabajo en forma legal por parte de quien se dice trabajador, supone la existencia de una relación de trabajo, que lo que coloca el reclamo bajo la jurisdicción de los Juzgados de esta materia; salvo que no encontráramos ante los casos de excepción regulados en el citado Artículo 2 del Código de Trabajo; y, no es el caso; la negativa patronal sobre la naturaleza de la relación o contrato y su duración, se constituye en objeto de prueba en el curso del juicio, por lo que no se logra apreciar en la exposición de la acción constitucional de Amparo la manera en la cual el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán trasgredió el contenido del artículo 17 de la Constitución de la Republica, la aplicación normativa realizada por la Jurisdicción para resolver el planteamiento de los defectos procesales planteados por la parte demandada no vulnera la norma constitucional, asimismo con la emisión de la resolución en la que se declara sin lugar la denuncia de los defectos procesales que se han referido, es de resaltar que no encontramos la concurrencia de ningún irrespeto a la igualdad, el extremo de no haberse resuelto de manera favorable a las pretensiones de la parte demandada no significa desigualdad, no se crea una clase de privilegio si se estima que existe una relación laboral entre las demandantes y el Estado a través de la Secretaria de Salud, siempre se cuenta con el resto del proceso para determinar si dicha apreciación es o no correcta y con respecto a la vulneración del Derecho de Defensa debemos de indicar que la no admisión de lo pretendido no genera una indefensión del solicitante, no puede pretenderse que para gozar el derecho de Defensa deberá de otorgarse todo lo pedido, sería un contrasentido, ya que la defensa, en la integridad de su expresión, requiere de la existencia de un contradictorio, en la cual una de las pates no tendrá la razón, pero habrá defendido sus posiciones; no concurren una afrenta a la norma constitucional, consecuentemente no se vulnera el derecho de defensa referido con la decisión jurisdiccional y respecto a la denuncia de vulneración al Debido Proceso, la resolución cuestionada en ningún momento lo quebranta, en tanto que la decisión contraria a lo que se indica, constituye un ejercicio de la dinámica procesal que regula el accionar de la jurisdicción, al decidir que no es admisible las propuestas de concurrencia de los defectos procesales, no irrespeta el proceso, ya que la decisión se nutre en la prueba propuesta y el derecho aplicable.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en los incidentes planteados alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación a las normas constitucionales alegadas por la recurrente, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 321 de la Constitución de la República; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que confirmo el auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de octubre del dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda Laboral promovida por el señoras WENDY JISEL AVILA FLORES Y TANIA MARIA ARITA contra EL ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redacto Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0036-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Articulo 19 del Código del Trabajo.
[2] Articulo 20 del Código del Trabajo.
[3] Articulo 19 del Código del Trabajo.
[4] Articulo 20 del Código del Trabajo.