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Sentencia AL-302-18 — Registro 9314

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó fallo en incidente de declinatoria por incompetencia de Tribunal opuesto en demanda ordinaria laboral promovida contra el Estado de Honduras; en apelación se estableció que se pudo probar la relación laboral que existió entre empleador demandado y trabajador demandante regulada por contratos de servicios profesionales y técnicos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la incompetencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley...."..."del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado YOVANY MISAEL MONCADA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a in incidente de declinatoria por incompetencia de Tribunal opuesto en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ALVARO SAID GALINDO BUSTILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando el auto interlocutorio de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; estimando el recurrente que el Juzgado de Letras del Trabajo no es competente para conocer de la causa, en virtud de que no es su jurisdicción por ser competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ya que la relación contractual se encuentra enmarcada den contratos administrativos de servicios profesionales y técnicos suscritos entre el demandante y la Secretaría de Salud. CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado el Artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en el fallo de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, y confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete; estableciendo que de la revisión de dicho auto se pudo probar la relación laboral que existió entre el empleador demandado y trabajador demandante regulada por contratos de servicios profesionales y técnicos, fundamentada en los artículos 35 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 321 y 324 de la Constitución de la República, razón por la cual el contrato no puede considerarse como no ininterrumpido, en virtud de que la Administración Pública para la suscripción de contratos debe contar con disponibilidad presupuestaria. Asimismo, se observa que la parte demandada fundamenta su defensa en la cláusula octava del contrato de trabajo en la que se refiere únicamente al sometimiento a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en caso de conflicto lo que determina un asunto de fondo de la demanda, pero el caso concreto y especifico del debate es la competencia por asunto de la materia y del análisis del contrato en referencia se concluye que contiene los elementos que determina el artículo 20 del Código del Trabajo como ser la actividad desempeñada por el trabajador, la subordinación a un jefe y el salario como pago a la compensación a la actividad realizada. Todo lo anterior, evidencia la existencia de una labor de naturaleza permanente y regida bajo una relación jurídica laboral. CONSIDERANDO (4): Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la incompetencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO (5): Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO (6): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (7): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (9): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado YOVANY MISAEL MONCADA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de febrero de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0302=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.