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Sentencia AL-301-18 — Registro 9343

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar apelación y confirmó el auto interlocutorio dictado por el a-quo, con relación a la demanda laboral promovida en contra del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto de dos mil dieciocho.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por el señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. -CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando el auto interlocutorio de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; estimando la recurrente que su representado al suscribir con el demandante, contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, perfeccionados mediante la emisión de acuerdos ministeriales del Poder Ejecutivo; apreciándose claramente el periodo de duración y estructura presupuestaria que se afectaría para el pago del salario pactado, situación que es típica en contratos administrativos celebrados por el gobierno central del Poder Ejecutivo para la contratación de servicios profesionales, ya que afectan partidas presupuestarias contempladas en las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la República para el año fiscal 2017, misma que rige los contratos de servicios profesionales suscritos por el ahora demandante. Asimismo, se aduce que, en caso de controversia, el demandante se sometería a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo es en realidad el juzgado que posee competencia para conocer del caso que se refiere y por lo tanto queda evidenciado, según la recurrente, que el actor eligió el tribunal equivocado para resolver su pretensión,, además de haber agotado previamente la vía administrativa ante el Instituto Nacional de Migración para presentar cualquier acción contra la hoy recurrente; por tanto, el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, no es competente para conocer dicho asunto.-CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que la recurrente estima como violentado los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en el fallo de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, y confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete; estableciendo que en incontables sentencias, el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial es el competente para conocer del presente asunto será improcedente verter otra opinión sobre la excepción de incompetencia planteada; ya que los contratos de servicios profesionales que suscribe el Estado de Honduras, reúnen los requisitos de los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo; ya que las funciones por las cuales son contratados siempre son las mismas durante la suscripción de dichos contratos de servicios profesionales, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Por lo que no cabe duda al Tribunal de Alzada que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado.-CONSIDERANDO (4): Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la incompetencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO (5): Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por la recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley.-CONSIDERANDO (6): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO (7): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (9): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0301-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL