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Sentencia AL-300-17 — Registro 8546

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revoca resolución dictada por juzgado de primera instancia que suspendió requerimiento de pago contra recurrente, en apelación se ordena dar cumplimiento a requerimiento en relación a demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones por despido directo e injustificado promovida por empleados contra empresa de transporte como deudora ejecutada siendo el recurrente el acreedor ejecutante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el fallo que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, promovida por los Señores MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBON y ROBERTO ORTIZ, en contra de la Sociedad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTES TORITO S. DE R.L.. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA, actuando en su condición de Apoderado Legal de los Señores MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBON y ROBERTO ORTIZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, en contra de la Sociedad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTES TORITO S. DE R.L., a través de su Representante Legal JOSE NEPTALY ZALDIVAR CHACON, solicitando que se dicte Sentencia Definitiva que declare CON LUGAR la demanda y se le pague a sus representados sus prestaciones laborales por despido directo e injustificado, decimocuarto mes de salario, salarios adeudados y devengados y sus respectivos reajuste salarial. (Folios 1–12 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil doce (2012), mediante la cual Falló: “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, promovida por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA, en su condición de Apoderado Legal de los señores MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBON Y ROBERTO ORTIZ, contra la Empresa de Transportes Terrestres Torito S. de R. L., representada por el señor JOSE NEPTALY ZALDIVAR CHACON, en su condición de Gerente General y representante legal, todos de generales conocidas en autos.- SEGUNDO: CONDENAR A LA EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES TORITO, S. DE R. L., LA CUAL ES LA PARTE DEMANDADA AL PAGO DE LAS CANTIDADES DE: Al señor MAXIMILIANO HERNANDEZ, la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS L.153,296.26,… al señor WILMER EDGARDO DUBON la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS L.174,049.54…, al señor ROBERTO ORTIZ la cantidad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS L.61,750.00….- Más los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la fecha en que quede firme dicha sentencia…”. (Folios 51–53 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., actuando en su condición de Representante Procesal de los Señores MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBON TORRES y ROBERTO ORTIZ, presentó una Solicitud de Requerimiento de Pago, en donde adjunta una copia de la Certificación de la Sentencia de la Demanda de Tercería de Preferencia, dictada por el Juzgado ya citado, en fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015), en la cual se Falló: (SIC) “1.- DECLARAR CON LUGAR la demanda de TERCERIA DE PREFERENCIA presentada por el Abogado Adalberto Aquiles Reyes como apoderado judicial y representante de los señores JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO COREA RAMIREZ, ANGEL ANTONIO SANCHEZ, LOURDES SUYAPA VILLEDA y otros contra BANCO DEL PAIS en su condición de acreedora ejecutante representada por la Licenciada MARIA DEL ROSARIO SELMA HOUSEIN LOPEZ, y como deudor ejecutado el señor JOSE NEPTALY ZALDIVER CHACON en su condición de representante legal de la empresa ejecutada TRANSPORTE TERRESTRE TORITO S. de R.L. Cabrera, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. 2. en ese sentido se decide reconocer la existencia del privilegio que tienen los trabajadores para ser pagados preferentemente, como un derecho ineludible, mismo que se hará en el orden que corresponda en la medida que se les pueda cancelar sus derechos laborales.- 3.- Atendiendo el principio de vencimiento que es condenada la parte que ve fracasadas sus intenciones, en este caso la parte demandante al ser vencida en juicio se declara CON COSTAS.”. (Folios 79–82 de la Primera Pieza de los antecedentes) 4) Que en fecha seis (6) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., presentó una Manifestación, en la que solicita la inmediata suspensión de las presentes actuaciones, por lo cual el Juzgado antes citado, dictó Resolución en fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Resolvió: (SIC) “Admítase el escrito que antecede junto con el documento que se acompaña, y tal como se estipula en la parte dispositiva de la comunicación enviada a este Juzgado por la Honorable Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la cual declaran a lugar la suspensión del acto reclamado de forma provisional sobre los expedientes 107-2016 y 454-2016 mismas que tienen relación directa con las presentes diligencias, declárense suspendidas las actuaciones en contra de Banco del País S. A.”. (Folios 124 y 127 de la Primera Pieza de los antecedentes) 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de Apoderado Legal de los Señores MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBON y ROBERTO ORTIZ, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dictó Resolución en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Oídos los alegatos de ambas partes, es de observar que esta Corte, en resolución de fecha 07 de febrero del presente año (2017) dictada en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por CESAR IVAN PESQUERA Y OTROS, contra LA EMPRESA DE TRANSPORTES TORITO, S. DE R. L., estimo un recurso de apelación, en virtud de no constar en autos que se haya interpuesto recurso de Amparo contra resolución alguna (con suspensión o no del acto reclamado, ya que de haberse interpuesto el referido recurso, debería haberse remitido el expediente juntamente con sus antecedentes, o, si no se hubiera remitido, debería constar en la primera pieza de autos el envío del informe circunstanciado en relación con los mismos, al tenor de lo preceptuado, en el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; lo mismo ocurre en el presente caso, en que no se ha acreditado que se haya interpuesto recurso de amparo alguno, en contra de la resolución que se recurre en la presente causa; siguiendo dicho antecedente se declara Con Lugar el Recurso de Apelación; SEGUNDO: Por lo anteriormente expuesto SE REVOCA la resolución impugnada mediante la cual el Juez A-quo suspendió el requerimiento de pago solicitado, debiendo proceder a darle cumplimiento al Requerimiento de Pago.”. (Folios 6–13 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 6) Que el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017). (Folio 1–17 y 44 de la presente Recurso) 7) Que en fecha siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso de mérito, el Ministerio Público opina que SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida, en virtud de violentarse los preceptos constitucionales señalados por el amparista.” (Folio 51–58 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, promovida por los Señores MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBON y ROBERTO ORTIZ, en contra de la Sociedad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTES TORITO S. DE R.L.. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente, Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, muestra su disconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, cuando la Honorable Corte de Apelaciones lejos de aplicar la ley, declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal demandante quien recurrió el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Juzgado del Trabajo por Ministerio de la Ley, de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciséis, en un acto erróneo no obstante en este fallo dictado la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, ordena que el A-Quo continúe las diligencias la demanda laboral, induciendo al despacho A-Quo a que cometa la arbitrariedad, la ilegalidad de mandar a requerir de pago a BANCO DEL PAÍS S.A.; que no es parte en ese proceso laboral, actuación de la Corte de Apelaciones que la considera violatoria de los derechos constitucionales, del debido proceso, que genera indefensión, que produce violación del debido proceso, que genera indefensión, que produce violación del Principio de Legalidad de su representada, consignados y establecidos en la Constitución de la República y Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual fue del parecer que SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, en virtud de violentarse los preceptos señalados por el empirista; en cuanto a cuando se considera que una resolución es firme y a la admisión de la demanda de amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, esta concluye que no se ha acreditado que se haya interpuesto recurso de amparo alguno, en contra de la resolución que se recurre en la presenta causa, debiéndose proceder a darle cumplimiento al Requerimiento de pago. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .-LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) Certificación de del fallo de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0300=2017

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL