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Sentencia AL-282-18 — Registro 8912

Resumen

Sentencia confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar excepción de incompetencia del tribunal en demanda ordinaria laboral de reintegro promovida contra el Congreso Nacional de Honduras por considerar que recurrente no aportó prueba del acuerdo de nombramiento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vínculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la Laboral..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la Jurisdicción Laboral es o no competente para conocer del mismo..."..."la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho..."..."la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en la existencia de una relación jurídica laboral y no la de un acuerdo de nombramiento, y en este caso no se aportó como prueba el acuerdo a que hace referencia, lo cual, imposibilita al tribunal pronunciarse y poder establecer sobre si efectivamente la demanda debía interponerse ante el Juzgado de Letras del Trabajo o en lo Contencioso-Administrativo; y, en consecuencia el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo está apegado a derecho..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Jerarquía: Reiterativa

..."Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este Artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada ZOILA EVELINA BONILLA PORTILLO a favor del Estado de Honduras contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por la señora Norbeliza Calix contra el Estado de Honduras a través del Congreso Nacional de la República. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince de diciembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la señora Norbeliza Calix promoviendo demanda ordinaria laboral de reintegro en contra el Estado de Honduras a través del Congreso Nacional de la República. (Folios 1-7 del expediente del A-quo) 2) Mediante auto interlocutorio de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falló: Primero: Declarar Sin Lugar el defecto procesal de excepción por error en el procedimiento con el que se pretende tramitar la acción incoada interpuesta en audiencia primera de trámite por el abogado Rubén Darío Núñez Sierra representante de la parte demandada en aquel entonces, en el proceso laboral promovido por la señora Norbeliza Calix, contra el Estado de Honduras por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado Abraham Alvarenga Urbina.- Segundo: Sin Costas en esta instancia por el Principio de Gratuidad y Justicia Social que ilustra el proceso laboral….(Folios 72-73 del expediente del A-quo) 3) La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Zoila Evelina Bonilla Portillo, contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, dictó sentencia en donde falló: 1° Confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete; 2° Sin Costas en esta instancia….(Folios 26-28 del expediente del A-quem) 4) Que la Abogada Zoila Evelina Bonilla Portillo, compareció ante este Tribunal en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor del Estado de Honduras a través del Congreso Nacional de la República, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito al Abogado Juan Carlos Lagos Barahona, en consecuencia se dispuso continuar con el procedimiento de ley, dando vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-7/32 de la pieza de amparo) 5) Que esta Sala, en fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Que la amparista ha basado sus alegatos en cuanto a considerar que el Tribunal de Alzada erró en la interpretación y aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a quien le compete conocer del presente caso y no al Juzgado del Trabajo, en vista que la relación de trabajo entre su representado y la demandante era bajo la modalidad de acuerdo de nombramiento, la cual, no está sometida al régimen laboral, ni protegida por el Código del Trabajo, sino que la controversia debe dirimirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Explicando la recurrente, que lo resuelto por el Ad-quem vulneró el derecho del debido proceso, al inobservar lo dispuesto en los Artículos 3, 6, 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tanto que el acuerdo de nombramiento es un acto particular emitido por las entidades de derecho público, contrario a la jurisdicción del trabajo que está instituida para decidir los conflictos que se originan de los contratos de trabajo, por lo tanto la ausencia de estos requisitos constituye una violación evidente al debido proceso. Que el Ad-quem al emitir su decisión se apoya en lo dispuesto en el Código Procesal Civil, el cual, señala taxativamente cuáles son los defectos procesales, y de aplicación supletoria por disposición del Artículo 858 del Código del Trabajo, por lo qué, el defecto procesal planteado por el representante procesal de la parte demandada no se encuentra dentro de los comprendidos en el Artículo 449 de la norma procesal civil; aunado a lo anterior señala el Ad-quem que la recurrente no aportó como prueba el acuerdo a que hace referencia, lo cual, imposibilita al tribunal pronunciarse y poder establecer sobre si efectivamente la demanda debía interponerse ante el Juzgado de Letras del Trabajo o en lo Contencioso Administrativo. De lo expuesto, esta representación fiscal, comparte lo señalado por el Ad-quem en cuanto a estimar que si bien la amparista cuestiona la competencia de la jurisdicción laboral, para conocer de la presente causa, fundamentando su postura en las disposiciones contenidas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la cual, establece que solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo, los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una ley especial o hayan sido nombrados para periodos determinados; de los autos se aprecia que éste no aportó como prueba el acuerdo al que hace referencia, en ese sentido el Ad-quem al no poder examinar dicho documento, no le permitió determinar si efectivamente la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la competencia para conocer del asunto… Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los Artículos constitucionales denunciados por la amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por la señora Norbeliza Calix contra el Estado de Honduras a través del Congreso Nacional de la República. CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente la Abogada ZOILA EVELINA BONILLA PORTILLO, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, pues se colige que la vulneración por parte de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo al emanar la Sentencia objeto de este Tutelar Amparo, lo constituye el hecho, que su representado, el Estado de Honduras, mantuvo una relación laboral con su demandante bajo la modalidad de acuerdo de nombramiento, en tal sentido, no está sometida al régimen laboral ni protegida por el Código de Trabajo, consecuentemente la demanda no debe ser del conocimiento del Juzgado de Letras del Trabajo, sino que la controversia debe dirimirse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, no obstante que la Corte de Apelaciones del Trabajo, ha considerado que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de mérito, al confirmar el fallo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vínculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la Laboral tal y como se ha planteado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por la recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar, resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda. CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la Jurisdicción Laboral es o no competente para conocer del mismo. CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que, de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este Artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y no de la Laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual está referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. CONSIDERANDO DOCE (12): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO DIECISIETE (17): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en la existencia de una relación jurídica laboral y no la de un acuerdo de nombramiento, y en este caso no se aportó como prueba el acuerdo a que hace referencia, lo cual, imposibilita al tribunal pronunciarse y poder establecer sobre si efectivamente la demanda debía interponerse ante el Juzgado de Letras del Trabajo o en lo Contencioso-Administrativo; y, en consecuencia el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo está apegado a derecho. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ZOILA EVELINA BONILLA PORTILLO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis de febrero de dos mil dieciocho.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0282=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 19 del Código del Trabajo.

[2] Artículo 20 del Código del Trabajo.