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Sentencia AL-223-18 — Registro 7742

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución emitida por juzgado de priemra instancia con relación a demanda ordinaria laboral promovida por demandantes contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada observó que la resolución dictada por el A-quo se encuentra apegada a derecho por considerar que lo alegado por la parte demandada es un asunto de fondo que debe resolverse al dictar sentencia definitiva y que el no agotamiento de los trámites administrativos por la parte demandante es un hecho falso por no estar evidenciada su indefensión, considerando que consta de autos que los demandantes cumplen con el mandato del artículo 691 del Código del Trabajo..."..."en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo..."..."este alto Tribunal después de observar que en la sentencia recurrida se hace referencia a que en la demanda laboral de mérito se agotó previamente la vía administrativa, situación que se constata en el expediente 0801-2016-01094-LTO con las actas de cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida, se concluye que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de junio de dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ERCILIA KARINA RODRIGUEZ ACOSTA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ, MANFREDO RENAN MORILLO SANCHEZ, MARTHA LIGIA ROJAS MERLO y MELVIN PENMAN WILLS contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, por medio de el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA en su condición de Gerente General y representante legal.- CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente es del criterio que con la sentencia recurrida se vulnera en perjuicio de su representado el derecho del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en el sentido que de conformidad con la relación de los artículos 691 y 101 del Código del Trabajo con el artículo 426 del Código Proceso Civil de aplicación supletoria, la demanda laboral que no acredite el requisito de haber agotado el procedimiento gubernativo ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social deberá ser declarada inadmisible.- CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada observó que la resolución dictada por el A-quo se encuentra apegada a derecho por considerar que lo alegado por la parte demandada es un asunto de fondo que debe resolverse al dictar sentencia definitiva y que el no agotamiento de los trámites administrativos por la parte demandante es un hecho falso por no estar evidenciada su indefensión, considerando que consta de autos que los demandantes cumplen con el mandato del artículo 691 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO (03): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO (04): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.- CONSIDERANDO (05): Que este alto Tribunal después de observar que en la sentencia recurrida se hace referencia a que en la demanda laboral de mérito se agotó previamente la vía administrativa, situación que se constata en el expediente 0801-2016-01094-LTO con las actas de cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida, se concluye que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (06): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.- CONSIDERANDO (07): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ERCILIA KARINA RODRIGUEZ ACOSTA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0223-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de junio de dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ERCILIA KARINA RODRIGUEZ ACOSTA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ, MANFREDO RENAN MORILLO SANCHEZ, MARTHA LIGIA ROJAS MERLO y MELVIN PENMAN WILLS contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, por medio de el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA en su condición de Gerente General y representante legal.- CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente es del criterio que con la sentencia recurrida se vulnera en perjuicio de su representado el derecho del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en el sentido que de conformidad con la relación de los artículos 691 y 101 del Código del Trabajo con el artículo 426 del Código Proceso Civil de aplicación supletoria, la demanda laboral que no acredite el requisito de haber agotado el procedimiento gubernativo ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social deberá ser declarada inadmisible.- CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada observó que la resolución dictada por el A-quo se encuentra apegada a derecho por considerar que lo alegado por la parte demandada es un asunto de fondo que debe resolverse al dictar sentencia definitiva y que el no agotamiento de los trámites administrativos por la parte demandante es un hecho falso por no estar evidenciada su indefensión, considerando que consta de autos que los demandantes cumplen con el mandato del artículo 691 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO (03): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO (04): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.- CONSIDERANDO (05): Que este alto Tribunal después de observar que en la sentencia recurrida se hace referencia a que en la demanda laboral de mérito se agotó previamente la vía administrativa, situación que se constata en el expediente 0801-2016-01094-LTO con las actas de cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida, se concluye que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (06): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.- CONSIDERANDO (07): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ERCILIA KARINA RODRIGUEZ ACOSTA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0223-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional