Sentencia AL-190-18 — Registro 9340
Resumen
Acto emitido por Cooperativa de Ahorro y Crédito fue denunciado por recurrentes por haberlos despedido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."por mandato de nuestra Constitución,[1] la acción de amparo se deberá interponer de conformidad con lo que prevea la Ley, en este caso, se desarrolla el precepto fundamental por el ordenamiento adjetivo contenido en la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."la Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver los recursos de amparo por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por funcionarios con autoridad en toda la república, según lo dispuesto en el artículo 9 numeral 3) de la Ley sobre Justicia Constitucional..."..."al analizar el escrito de interposición del presente amparo, se desprende que el mismo va dirigido contra una actuación realizada por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ..."..."éste alto Tribunal observa que la resolución y/o actuación denunciada no se encuentra comprendida dentro de las resoluciones dictadas por autoridad o empleado público como expresamente lo señalan los artículos nueve, diez y once de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."ésta Sala estima que las resoluciones y/o actuaciones de autoridades de una autoridad diferente a las ya relacionadas no son susceptible de impugnación por la vía de amparo, por tal motivo es improcedente la acción de amparo intentada, al no configurarse el acto reclamado como objeto de la tutela que garantiza el artículo 183 de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFIACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de marzo del año dos mil dieciocho.-VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN MANUEL ULLOA, a favor de los señores RUBÉN JIMENEZ EUCEDA, JORGE ANTONIO ROMERO MENCIA, PEDRO DOMINGUEZ MENCIA, AGUINALDO ESTEBAN RODRIGUEZ DAMAS, OSCAR AMILCAR CASTAÑEDA ALVARADO, contra la actuación de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho, realizada por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ, ubicada en Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante lo cual refiere el recurrente fueron despedidos los señores RUBÉN JIMENEZ EUCEDA, JORGE ANTONIO ROMERO MENCIA, PEDRO DOMINGUEZ MENCIA, AGUINALDO ESTEBAN RODRIGUEZ DAMAS, OSCAR AMILCAR CASTAÑEDA ALVARADO.-CONSIDERANDO: Que es una atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, el conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en los artículos 313 numeral 5 y 316 numeral 1, en relación con lo establecido por el artículo 303 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que por mandato de nuestra Constitución,[1] la acción de amparo se deberá interponer de conformidad con lo que prevea la Ley, en este caso, se desarrolla el precepto fundamental por el ordenamiento adjetivo contenido en la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida”.-CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver los recursos de amparo por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por funcionarios con autoridad en toda la república, según lo dispuesto en el artículo 9 numeral 3) de la Ley sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: Que al analizar el escrito de interposición del presente amparo, se desprende que el mismo va dirigido contra una actuación realizada por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho.-CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que la resolución y/o actuación denunciada no se encuentra comprendida dentro de las resoluciones dictadas por autoridad o empleado público como expresamente lo señalan los artículos nueve, diez y once de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: Que ésta Sala entiende, que la acción de amparo como garantía específica, se constituye en un procedimiento preferente y sumario de defensa de los derechos individuales de la ciudadanía, mediante la cual se procura garantizar la efectiva tutela de sus derechos fundamentales, contra los posibles excesos de la autoridad pública nominada en el artículo 42 de la Ley sobre Justicia Constitucional, precitado, por la aplicación arbitraria, rigorista, irrazonable, o desproporcionada de la Ley.-CONSIDERANDO: Que por lo anterior, ésta Sala estima que las resoluciones y/o actuaciones de autoridades de una autoridad diferente a las ya relacionadas no son susceptible de impugnación por la vía de amparo, por tal motivo es improcedente la acción de amparo intentada, al no configurarse el acto reclamado como objeto de la tutela que garantiza el artículo 183 de la Constitución de la República.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 313 atribución 5ta y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 19, 39 y 48 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 41, 42, 44, 45 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: RECHAZAR LA ADMISIÓN POR NO SER PROCEDENTE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el Abogado JUAN MANUEL ULLOA, a favor de los señores RUBÉN JIMENEZ EUCEDA, JORGE ANTONIO ROMERO MENCIA, PEDRO DOMINGUEZ MENCIA, AGUINALDO ESTEBAN RODRIGUEZ DAMAS, OSCAR AMILCAR CASTAÑEDA ALVARADO, contra la actuación de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho, realizada por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ, ubicada en Siguatepeque, departamento de Comayagua, por no ser susceptible de impugnarse por la vía de amparo, como se ha dejado expuesto en la motivación de la presente resolución; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0190-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. Párrafo final del artículo 183 de la Constitución Hondureña.