Sentencia AL-176-17 — Registro 9338
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto interlocutorio que inadmitió medio de prueba como hecho nuevo a favor de recurrente, en relación a demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado contra recurrente; por considerar que no se propuso en el momento procesal oportuno
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por la censora. Sobre la violación de los artículos señalados como infringidos por la recurrente, se observa que dichos motivos de amparo no ha sido explicado o desarrollados por la recurrente en su escrito de formalización..."..."Es decir es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, la garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia..."..."este alto tribunal de justicia constata que mediante comparecencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil quince (2015) la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA Apoderada Legal de la parte demandada, presentó como Hecho Nuevo una certificación del fallo recaído en el Amparo No.1234-14 DE FECHA 24 DE Septiembre y 20 de Octubre de 2015, mediante el cual se anula de pleno derecho, el VII Contrato Colectivo alegado por la demandante en la demanda de mérito; sin embargo, se desprende de la foliada que dicho documento no fue presentado en el momento procesal oportuno como lo es la audiencia Primera de Tramite, la cual fue celebrada en fecha veinticinco de Febrero del año 2016, a la cual no compareció la Apoderada Judicial del Estado de Honduras, en representación de la parte demandada, en virtud de lo cual el A-quo le precluyó el derecho en cuanto a interponer incidentes o defectos procesales, así como a interponer sus medios de prueba..."..."se aprecia que ante la incomparecencia a dicha audiencia por la Representante de la parte demandada, el documento que se pretendía incorporar al proceso, no fue introducido en el momento procesal oportuno..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que si bien es cierto, la apoderada Legal de la parte demandada interpuso una Nulidad de Actuaciones contra la audiencia de Conciliación y Primera de Tramite donde se le declaró precluido su derecho a interponer incidentes debido a su incomparecencia, dicha solicitud le fue declarada sin lugar por el A-quo, resolución que fue recurrida en estrados por dicha Representante Legal, sin embargo, se aprecia a folio 92 de la causa, que posteriormente desistió de dicho recurso, en tal sentido al consentir el acto, aceptó por ende las consecuencias jurídicas que se derivan del mismo, como ser la preclusión del termino para presentar sus incidentes y medios de prueba..."..."se aprecia que ante la incomparecencia a dicha audiencia por la Representante de la parte demandada, el documento que se pretendía incorporar al proceso, no fue introducido en el momento procesal oportuno..."..."es evidente que el hecho nuevo alegado por el amparista no reúne las condiciones para ser considerado como tal, ya que la sentencia que se pretendía introducir no fue presentada en la audiencia señalada para tal efecto, por lo que la resolución esgrimida por el Ad-quem se encuentra conforme a derecho. Asimismo la garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales...por lo que las argumentaciones expuestas por la censora no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por la señora ELENA MILDRED GOMEZ VILLANUEVA, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Considera el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 82, 90, 303, 316 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (09) de marzo del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora ELENA MILDRED GOMEZ VILLANUEVA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado, vacaciones causadas y proporcionales, décimo cuarto, salarios adeudados y reajuste salarial, salarios caídos, contra el ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 07 de la pieza del Juzgado) 2) Que el Juzgado de Letras citado, habiendo seguido el trámite correspondiente, dictó auto resolutivo en fecha once (11) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en el cual: “FALLA: PRIMERO: SE RECHAZA la admisión de hecho nuevo solicitud presentada por la parte demandada a favor del ESTADO DE HONDURAS….” (Folio 95 AL 97 pieza del Juzgado). 3) Que la Corte de Apelaciones de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, dictó auto resolutivo en fecha dos (02) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) mediante la cual se pronuncia de la siguiente manera: “FALLA: 1.-DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada AURORA ZAVALA ACOSTA a favor del ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. …” (Folios 60 al 62 pieza de antecedentes Corte) 4) La recurrente abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dos (02) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República. Y habiendo formalizado el mismo en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 70 al 77 de la pieza de amparo). ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 303 y 316 de la Constitución de la República. Que la censora al formalizar la garantía constitucional de amparo, estima que la resolución impugnada, vulnera los artículos constitucionales 82, 90, 303 y 316 de la Constitución de la República argumentando lo que a continuación se expone y resume. La recurrente destaca el hecho de que el ad-quem al declarar sin lugar el recurso interpuesto, respecto al rechazo del hecho nuevo presentado consistente en la aportación de una certificación de fallo y resolución recaída en el Amparo Administrativo 1234-14 de fecha 24 de Septiembre y 20 de Octubre de 2015, mediante el cual se anula de pleno derecho, el VII Contrato Colectivo, dicha sentencia fue dictada antes de la audiencia primera de trámite, por lo que lo que se presentó fue un hecho nuevo y no un incidente para que fuera decidido en una sentencia interlocutoria, es decir dicho documento fue presentado con el objetivo de ser apreciado por el Juez en el momento oportuno, por lo que el Ad-quem hizo caso omiso a la referida sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dispuso en su resolución de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, confirmar la decisión del a quo de fecha once (11) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en el cual: “FALLA: PRIMERO: SE RECHAZA la admisión de hecho nuevo solicitud presentada por la parte demandada a favor del ESTADO DE HONDURAS….” (Folio 95 AL 97 pieza del Juzgado). En su resolución, el ad quem explica que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 858 del Código de Trabajo, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo se aplicaran las normas análogas de este Código, y en su defecto, las del Código Procesal Civil; es decir, que existiendo disposiciones expresas en el Código del Trabajo son las que deberán en primer lugar aplicarse y en ultima ratio las del Código Procesal Civil; y si bien en la audiencia de recibimiento de prueba fueron propuestos los medios probatorios, únicamente por la parte procesal demandante y se le precluyó el plazo legal a la Representante Procesal de la Parte demandada, el Juez A-quo aprecia de forma correcta que no debe admitirse el medio de prueba que se ha querido introducir con incidente de Nuevo Hecho, y que según la aplicación supletoria del articulo 240 numero 3, del Código Procesal Civil que establece: “la admisión de un medio de prueba será irrecurrible” la Juzgadora debió haber rechazado los recursos por no tener ningún sustento legal para admitirlos. Asimismo el Ad-quem señala que los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite, por lo que el nuevo hecho que se promueve a través de incidente está planteado fuera de los pasos que manda el debido proceso, por otra parte el nuevo hecho deberá ser de noticia nueva y de acuerdo a la fecha de la sentencia que se hace alusión es del año 2015, por lo que no resulta ser un nuevo hecho, como pretende hacer ver la Representante Procesal demandada, y que correctamente se ha declarado sin lugar la admisión de este medio probatorio por no haberse propuesto en el momento procesal oportuno.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO al emitir su dictamen fue de la opinión porque no se otorgue la garantía de amparo de mérito. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación de los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 303 y 316 de la Constitución de la República. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por la censora. Sobre la violación de los artículos señalados como infringidos por la recurrente, se observa que dichos motivos de amparo no ha sido explicado o desarrollados por la recurrente en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, la garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia. Aparte de todo, este alto tribunal de justicia constata que mediante comparecencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil quince (2015) la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA Apoderada Legal de la parte demandada, presentó como Hecho Nuevo una certificación del fallo recaído en el Amparo No.1234-14 DE FECHA 24 DE Septiembre y 20 de Octubre de 2015, mediante el cual se anula de pleno derecho, el VII Contrato Colectivo alegado por la demandante en la demanda de mérito; sin embargo, se desprende de la foliada que dicho documento no fue presentado en el momento procesal oportuno como lo es la audiencia Primera de Tramite, la cual fue celebrada en fecha veinticinco de Febrero del año 2016, a la cual no compareció la Apoderada Judicial del Estado de Honduras, en representación de la parte demandada, en virtud de lo cual el A-quo le precluyó el derecho en cuanto a interponer incidentes o defectos procesales, así como a interponer sus medios de prueba. Asimismo esta Sala de lo Constitucional aprecia que si bien es cierto, la apoderada Legal de la parte demandada interpuso una Nulidad de Actuaciones contra la audiencia de Conciliación y Primera de Tramite donde se le declaró precluido su derecho a interponer incidentes debido a su incomparecencia, dicha solicitud le fue declarada sin lugar por el A-quo, resolución que fue recurrida en estrados por dicha Representante Legal, sin embargo, se aprecia a folio 92 de la causa, que posteriormente desistió de dicho recurso, en tal sentido al consentir el acto, aceptó por ende las consecuencias jurídicas que se derivan del mismo, como ser la preclusión del termino para presentar sus incidentes y medios de prueba.
De lo antes expuesto, se aprecia que ante la incomparecencia a dicha audiencia por la Representante de la parte demandada, el documento que se pretendía incorporar al proceso, no fue introducido en el momento procesal oportuno; lo anterior en consonancia a lo dispuesto en el Código del Trabajo, que en lo referente a la Audiencia de Tramite y Admisión de Pruebas, según art.757, señala: “En cualquier momento en que las partes manifiesten o el juez considere que el acuerdo no es posible, declarará clausurado la conciliación. Acto seguido y en audiencia de tramite decretará la admisión de las pruebas que fueren conducentes y necesarias, y señalará día y hora para nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse dentro de los cinco (5) días siguientes,,,”; Asimismo es evidente que el hecho nuevo alegado por el amparista no reúne las condiciones para ser considerado como tal, ya que la sentencia que se pretendía introducir no fue presentada en la audiencia señalada para tal efecto, por lo que la resolución esgrimida por el Ad-quem se encuentra conforme a derecho. Asimismo la garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por la censora no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. La Sala estima, que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, por lo que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[4], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5] Por último, esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 64, 80, 82, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por la señora ELENA MILDRED GOMEZ VILLANUEVA, contra el ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0176=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[5] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA