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Sentencia AL-166-15 — Registro 9337

Resumen

Sentencia que declara sin lugar apelación y Confirma el Auto Interlocutorio del a-quo anulando unicamente un informe, con relación a la demanda laboral promovida en contra del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Esta Sala aprecia de las actuaciones procesales que ciertamente el órgano jurisdiccional ordenó el embargo de sobre los bienes de la Empresa Demandada denominada Litografía López, S de R: L., como consecuencia de la Sentencia recaída en contra de dicha empresa, en la Demanda laboral promovida por la parte demandante, en ese orden de ideas el embargo constituye la individualización y afectación de determinados bienes a un proceso de conformidad con la decisión judicial que así lo ordena, en consecuencia tales actuaciones realizadas en el marco de la ley, no quebrantan el derecho a la propiedad de la empresa representada por la recurrente..." ..." Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, de acuerdo a la justicia constitucional que emana de esta Sala No Debe Otorgarse el amparo solicitado en virtud de no existir quebrantamiento al debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, y Derecho a la propiedad invocados por la impetrante, así mismo esta Sala dicta su fallo sobre la resolución impugnada, sin entrar a conocer el fondo del asunto sobre el que no puede pronunciarse, ni sobre otros aspectos que no sean contenidos en la resolución impugnada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LITOGRAFIA LOPEZ S. DE R.L, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil catorce, que Confirmó el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil catorce(2014), con relación a la demanda laboral promovida por la señora GUADALUPE HERNANDEZ BETANCOURTH, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LITOGRAFIA LOPEZ S. DE R.L. Estima la recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 82, 90, 103, 321, 323, 326 y 327 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, la Abogada GUADALUPE HERNANDEZ BETANCOURT, interponiendo demanda ordinaria laboral para el Pago en concepto de Preaviso, Auxilio de Cesantía, vacaciones, aguinaldo y del Décimo cuarto mes, los salarios dejados de percibir y las costas del juicio, todo en virtud de un despido ilegal e injusto que fuera promovido, contra la sociedad mercantil denominada LITOGRAFIA LOPEZ, S de R.L (Folio 01 al 03 de la primera pieza del Juzgado). 2) Que el referido Juzgado en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil catorce (2014), Resolvió: Declarar SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR VIOLENTAR NORMAS DEL DEBIDO PROCESO Y CON LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES UNICAMENTE DEL INFORME DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, presentado por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX...” (Folio 135 al 136 de la pieza del Juzgado). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada RAQUEL CACERES CALIX, dictó sentencia en fecha quince de diciembre del año dos mil catorce(2014), FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Apelación de que se ha hecho merito; 2.- CONFIRMAR el auto interlocutorio que se conoce en apelación de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en donde se Declaró Sin Lugar la nulidad absoluta de actuaciones únicamente del informe de fecha 18 de septiembre del año 2014, presentada por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX…” (Folios 11 al 12 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) La Recurrente abogada RAQUEL CACERES CALIX, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de febrero del año dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LITOGRAFIA LOPEZ S. DE R.L., por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha quince de diciembre (15) de diciembre del año dos mil catorce (2014), violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82,90,103,321,323,326, y 327 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015). (Folio 242 de la pieza de amparo). 5) Que con fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil quince, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria de fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, que CONFIRMÓ el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, en relación a la Demanda Laboral promovida por la Abogada GUADALUPE HERNANDEZ BETANCOURTH contra la sociedad mercantil denominada LITOGRAFÍAS LOPEZ S. DE R.L. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del Recurso la recurrente manifiesta: que “en fecha 22 de noviembre del año 2011 el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR mediante comparecencia renunció al mandato que le otorgara al señor JOSE EVARTISTO LOPEZ ROJAS en su condición de Gerente de la Sociedad LITOGRAFÍA LOPEZ, S. DE R.L., aduciendo falta de colaboración de su poderdante, misma que fue resuelta por el A quo, violentando el debido proceso y causando indefensión SE TRANSCRIBE textualmente LA RESOLUCIÓN:… “Y el JUZGADO RESUELVE: por hecha la anterior comparecencia y en vista de los manifestado por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON L. por falta de colaboración de su poderdante, como lo acredita con el correo electrónico de fecha 21 de noviembre del año 2011, mismo que se manda agregar a sus antecedentes en relación a lo anterior y en respeto a las garantías constitucionales por medio del Receptor del Despacho REQUIERASE PERSONALMENTE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA al señor JOSE EVARISTO LOPEZ ROJAS en su condición de gerente general de la EMPRESA LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L., para que en el plazo de 10 días a partir del requerimiento nombre apoderado legal que lo represente en el presente juicio, artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, artículo 90 párrafo segundo del Código Procesal Civil, en consecuencia suspéndase la audiencia de conciliación señalada para el día miércoles veintitrés de noviembre del año dos mil once a las diez de la mañana (F. 87 pieza de amparo). CONSIDERANDO (5): Que la recurrente ha manifestado, que la resolución que antecede no se había cumplimentado (F. 87 pieza de amparo), la parte demandada, es decir el señor JOSE EVARISTO LOPEZ en su condición de Gerente General de la SOCIEDAD LITOGRAFÍA LOPEZ S. DE R.L., no había sido requerida aun para que nombrara nuevo representante procesal. Sigue manifestando que en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil trece (2013) el Juzgado de Letras del Trabajo emitió sentencia en la cual declaraba CON LUGAR DICHA DEMANDA, la cual obtuvo el carácter de firme en fecha once (11) de marzo del año dos mil trece (2013), señala además que la A quo sin solicitud de la parte demandante ordenó de Oficio que se procediera a practicar la liquidación sin que la parte demandante lo solicitara y sin que la Secretaría del Juzgado pusiera la correspondiente constancia de haber transcurrido el tiempo sin que la parte demandada interpusiera el recurso de apelación así mismo en fecha 09 de abril el Juzgado de Letras del Trabajo de oficio ordenó el Requerimiento al señor JOSE EVARISTO LOPEZ ROJAS, indicándole que si no pagaba o consignaba previa denuncia jurada de bienes se embargarían y rematarían bienes suficientes para hacer efectivo el pago de la obligación. CONSIDERANDO (6): Que la recurrente expone que la juzgadora ya tenía conocimiento que en fecha 15 de diciembre del año 2011, se apertura pieza separada donde la apoderada legal demandante compareció solicitando tener a bien decretar medida cautelar de embargo sobre todos los bienes de la empresa Litografía López incluyendo cuentas bancarias y en fecha tres (03) de mayo del año dos mil once (2011), solicitó mediante comparecencia que en virtud de tener conocimiento que la empresa demandada se ha puesto en condición de iliquidez al no mantener efectivo en los bancos así como el hecho que el gerente del mismo se oculta, con el propósito de evadir ser requerido por la receptoría del despacho para el nombramiento de un nuevo apoderado y también que él apoderado legal abandonó el juicio por renuncia a la representación sin darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 86 numeral 2 del Código Procesal Civil. En los siguientes acápites sigue manifestando con detalle todas las actuaciones procesales realizadas en la demanda de mérito. CONSIDERRANDO (7): Que la impetrante expone el quebrantamiento de derechos y garantías constitucionales contenidas en la Constitución de la República en el Artículo 64, de la prohibición de aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. Artículo 82 del Derecho de Defensa; artículo 90 del Debido Proceso; artículo 103, 135, 321, y 323 en relación as la garantía de Seguridad Jurídica. Artículo 103 de la propiedad privada, Artículo 128 del Código del Trabajo. CONSIDERNADO (8): Que la resolución objeto de controversia es la dictada en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce por el Juzgado de Letras del Trabajo, en la demanda laboral de mérito, compareciendo la Abogada RAQUEL CACERES CALIX, en su condición de representante procesal de la parte demandada LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L, en la que el Juzgador expone los argumentos sobre los que basa su resolución en el numeral primero deja establecido que la parte demandante hizo comparecencia pero por un error involuntario consigno la frase “parte demandada” error que no es perjudicial para el proceso porque se entiende que quien comparece es la parte demandante, así como también en la parte final de la resolución se consigno la frase “se hace constar que hasta esta fecha se resuelve en virtud que el expediente se encontraba en la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial”; señala que dicha comparecencia fue presentada en fecha 27 de agosto del año 2014, fecha en dicho expediente había sido devuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo, tal y como consta en el recibido colocado por la Secretaria General del Despacho. CONSIDERANDO (9): Que la resolución dictada por la A-Quo, señala en el numeral Segundo que “la compareciente menciona que en fecha 22 de septiembre del 2014 la Secretaría General le puso a la vista un traslado, señalando que consta a folio 124 de la pieza separada de las diligencias, que la fecha en que se dio el traslado es el 18 de septiembre y no el 22 como lo dice la compareciente”, se desarrolla este motivo en el numeral cuarto cuando el A-Quo dice: “Que como ya se ha dicho anteriormente la Secretaría General en fecha 18 de septiembre del año 2014 pone a la vista el traslado concedido a la parte demandada consignado en el folio 37 de la pieza separada de los autos por el término de TRES DIAS hábiles a efecto de hacer uso de los derechos que la ley le confiere estampando al final del INFORME “YA ES VENCIDO”. CONSIDERNADO (10): Que Consta en la resolución que la compareciente manifestó al A-quo que “en fecha 04 de marzo del año 2014, se tiene por presentado un informe sobre la valoración de la maquinaria embargada en fecha 26 de noviembre del año 2013, alegando la compareciente que en dicho informe el Perito Valuador consignó la frase “AMPLIACIÓN DE AVALUO MAQUINA DE IMPRENTA” Señala la A-Quo que la parte demandada en esta fecha tenía su representante para hacer uso de los derechos que la ley le faculta en defensa de su representada por tal razón si ha habido actuaciones incorrectas ante el juzgado en el desempeño de sus funciones de defensa y representación Procesal, el artículo 84 del Código Procesal Civil estipula que el profesional del derecho queda obligado a realizar actos procesales en que consista el proceso previsto por la ley, por lo que en el presente caso no se ha violentado el Derecho a la Defensa ni al Debido Proceso. En el numeral quinto de la Resolución el A-Quo invoca el artículo 726 del Código del Trabajo en consonancia con el artículo 204 numeral 3 del Código Procesal Civil, que faculta al Juez a fin de que dirija el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento sin perjuicio de la defensa de las partes, así como también la norma supletoria faculta al Juez a subsanar errores involuntarios que se hayan observado en el proceso y en aplicación al artículo 204 numeral 3 del Código Procesal Civil, declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones por violentar normas del debido proceso y con lugar la nulidad de actuaciones únicamente del informe de fecha 18 de septiembre del año 2014…, que corre a folio 124 de la pieza separada de autos la que consiste en Evaluación del Perito Valuador traslado que contiene el auto de fecha 04 de marzo del 2014 de la pieza separada de las diligencias. Por lo tanto, que la Secretaría del Despacho ponga a la vista el traslado otorgado a la parte demandada a fin de que haga uso de los derechos que la ley le confiere sobre el auto de fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce de la pieza separada de las diligencias. (F.135 y 136, pieza de amparo). CONSIDERANDO (11): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido en el considerando tres (3), que al analizar los fundamentos de derecho y la motivación del auto interlocutorio venido en apelación a esta instancia se encuentra ajustado a derecho, en vista de que el Juzgado De Primera Instancia no ha violentado el debido proceso, así mismo el órgano jurisdiccional su intención es ordenar la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales anulables de las partes y los requisitos formales nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan en una trama insuperable para el acceso a la justicia del ciudadano. Deja establecido en su considerando cuatro (4), que el artículo 726 del código del Trabajo en relación con el 204 numeral 3 del Código Procesal Civil faculta al Juez a fin de que dirija el proceso en forma, para garantizar su rápido adelantamiento sin perjuicio de la defensa de las partes, así como también la norma supletoria faculta al juez a subsanar errores involuntarios que se hayan observado en el proceso, por sanidad procesal y la observancia del debido proceso. Por todo ello el Tribunal de alzada declaró sin lugar el recurso de apelación de que se hizo mérito. Confirma el auto interlocutorio conocido en apelación de fecha 30 de septiembre del 2014, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección judicial, que declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones y con lugar la nulidad de actuaciones únicamente del informe de fecha 18 de septiembre del año 2014 recurso de apelación. CONSIDERANDO (12): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el que debido proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, al cumplir con los requisitos, motivación y fundamentos que deben garantizarse en el proceso, así como los derechos de las partes de tal manera que reciban una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (13): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Carta Magna, como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno del Estado, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. De acuerdo a lo antes expuesto esta Sala encuentra que no se ha vulnerado el derecho a la Defensa, de la recurrente puesto que ha tenido las mismas oportunidades y ha intervenido en todos los momentos procesales en los que pudo oponerse si ese hubiera sido su interés, tal como lo señala la ley. CONSIDERANDO (14): El derecho a la tutela judicial tiene su base en la Constitución de la República en su artículo 1 que asegura a sus habitantes el goce de la justicia, es un valor supremo que compromete al legislador y a todos los poderes públicos, exigiéndoles establecer los cauces adecuados para proporcionar al justiciable una tutela judicial efectiva desde los órganos del Poder Judicial (art. 303, 304, y 305 constitucionales), por su parte el artículo 82 constitucional declara que el derecho de defensa es inviolable y, en consecuencia que “los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes[3]. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, también conocido como “derecho al Proceso”, es poliédrico. “En palabras de García Morillo “el derecho a la tutela judicial es un derecho complejo integrado por una diversidad de elementos o, si se prefiere, un conjunto global de los diferentes derechos que asisten a las personas ante los órganos judiciales[4]”. Es un Derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el derecho de acceder a la justicia, consignado en el artículo 82 párrafo 2 constitucional, derecho que además forma parte de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 referido a las garantías judiciales, que si bien es cierto no señala expresamente el acceso a la justicia deviene de la interpretación misma de la norma, en virtud de que si no se garantiza el derecho de acceso a la justicia, no hay sentido en garantizar que una persona sea oída con las debidas garantías por un Juez o Tribunal competente, por lo que tal derecho no puede excluirse de las garantías judiciales. Además, el Derecho de acceso a la justicia integra el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado. De acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución impugnada esta sala observa que no se ha quebrantado la tutela judicial que amerita la recurrente. CONSIDERANDO (15): Que la recurrente considera que existe un quebrantamiento al derecho a la propiedad, contenido en el artículo 103 de la Constitución de la República, señalando que la Sociedad que representa es una persona legalmente constituida con derecho a la propiedad, derecho a las garantías del debido proceso y a la defensa. Esta Sala aprecia de las actuaciones procesales que ciertamente el órgano jurisdiccional ordenó el embargo de sobre los bienes de la Empresa Demandada denominada Litografía López, S de R: L., como consecuencia de la Sentencia recaída en contra de dicha empresa, en la Demanda laboral promovida por la parte demandante, en ese orden de ideas el embargo constituye la individualización y afectación de determinados bienes a un proceso de conformidad con la decisión judicial que así lo ordena, en consecuencia tales actuaciones realizadas en el marco de la ley, no quebrantan el derecho a la propiedad de la empresa representada por la recurrente. CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, de acuerdo a la justicia constitucional que emana de esta Sala No Debe Otorgarse el amparo solicitado en virtud de no existir quebrantamiento al debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, y Derecho a la propiedad invocados por la impetrante, así mismo esta Sala dicta su fallo sobre la resolución impugnada, sin entrar a conocer el fondo del asunto sobre el que no puede pronunciarse, ni sobre otros aspectos que no sean contenidos en la resolución impugnada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX, a favor de la Sociedad mercantil denominada LITOGRAFÍA LOPEZ, S. DE R. L, contra la sentencia de fecha quince de diciembre del dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Laboral, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0166=15.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3] Díez Diego de Alfredo L. El derecho a la Tutela Judicial Efectiva. Pág. 29. Editorial OIM, S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. 5 de febrero 2014.

[4] Morillo García Joaquin, Derecho Constitucional (con López Guerra y otros), vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pág. 280, referido por Díez Diego de Alfredo L. El derecho a la Tutela Judicial Efectiva Pág. 35.