Sentencia AL-143-17 — Registro 9310
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio que declaró con lugar excepción dilatoria de incompetencia de tribunal por razón de la materia opuesta por demandada en relación a demanda laboral promovida por recurrente contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, encuentra que el objeto de la controversia radica según alegatos del recurrente en que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la nulidad absoluta de actuaciones que fue objeto de alegato en el recurso de apelación interpuesto, validando la actuación de la abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA como apoderada legal de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS); quien compareció con un poder carente de vigencia y sin ningún valor legal por haber sido otorgado por la expresidente de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), Abogada VILMA CECILIA MORALES y no por la actual comisionada presidenta de dicha institución la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO..."..."del estudio de las diligencias se desprende que el ahora amparista planteo hasta el momento de la audiencia de alegaciones en segunda instancia el incidente de Nulidad de Actuaciones, al señalar que la Apoderada Legal de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, compareció con un poder otorgado por la ex presidenta de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), y no por la actual comisionada Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO..."este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por el censor..."..."no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia que llevan por intención demostrar que procede el error procesal de falta de legitimación y representación de la parte actora, alegatos que el ahora amparista planteo hasta el momento de la audiencia de alegaciones en segunda instancia , mediante un incidente de nulidad de actuaciones, sin embargo dicha nulidad debió ser previamente alegada en primera instancia, ya que siendo que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda mediante la revisión de la resolución recurrida, las alegaciones que ahora trae a estudio a este Alto Tribunal, volvió inasequible que el Ad Quem se pronunciara en relación a los mismos, ya que este se ve limitado a pronunciarse únicamente en relación a las pretensiones que fueron alegadas por las partes, razón de más para dejar bien claro que no se ha conculcado el derecho de defensa y más apropiadamente el derecho a la tutela judicial efectiva..."..."las argumentaciones expuestas por el censor no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera los derechos y las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, ya que se puede determinar que en el presente la resolución recurrida ha sido dictada de conformidad con la ley, por lo que se comparte el criterio esgrimido por el Ad-quem ya que su resolución es razonable, congruente y justa, y se encuentra jurídicamente fundada, por lo que en el presente caso no concurren las vulneraciones alegadas por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, a favor del señor JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda laboral promovida por el señor JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS, contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). (Folio 01 al 02 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio de fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, en el cual: FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la EXCEPCION DILATORIA DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL POR RAZON DE LA MATERIA, opuesta por la Apoderada Legal de la parte demandada. (Folios 54 al 58 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, en la cual: FALLA:I.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES ,en su condición de Representante Procesal demandante. II.- CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán.(Folios 11 al 14 de la segunda pieza de antecedentes) 4) EL recurrente Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del señor JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS, por considerar que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo formalizado en tiempo y forma su acción en fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete. 5) Que con fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, la Abogada SAGRARIOROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo2 y41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. - CONSIDERANDO TRES (3):Que se conoce en amparo la resolución interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES a favor del señor JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda laboral promovida por el señor JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). CONSIDERANDO CUATRO (4):Que de la interposición de la acción se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82 Y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Esta Sala, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, encuentra que el objeto de la controversia radica según alegatos del recurrente en que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la nulidad absoluta de actuaciones que fue objeto de alegato en el recurso de apelación interpuesto, validando la actuación de la abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA como apoderada legal de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS); quien compareció con un poder carente de vigencia y sin ningún valor legal por haber sido otorgado por la expresidente de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), Abogada VILMA CECILIA MORALES y no por la actual comisionada presidenta de dicha institución la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. CONSIDERANDO CINCO (5):Que del estudio de las diligencias se desprende que el ahora amparista planteo hasta el momento de la audiencia de alegaciones en segunda instancia el incidente de Nulidad de Actuaciones, al señalar que la Apoderada Legal de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, compareció con un poder otorgado por la ex presidenta de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), y no por la actual comisionada Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. CONSIDERANDO SEIS (6):Que este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por el censor. El artículo 64 constitucional contiene el principio denominado supremacía de la constitución, el cual no es en sí un derecho, sino el fundamento o piedra angular que da lugar a las garantías constitucionales, entre ellas el amparo[1] que se constituye como el medio idóneo para la defensa de los derechos contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno. Es por ello que la violación del artículo 64 constitucional no puede ser nunca de manera directa, sino que supone siempre la violación de un derecho humano o fundamental. En el caso de mérito para que resulte conculcado este artículo de la Constitución debe antes verificarse que hubo violación de los derechos de defensa y proceso debido legal, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90, también invocados por el amparista. Sobre la violación del artículo 82 constitucional, que contiene el derecho de defensa, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por el censor en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia que llevan por intención demostrar que procede el error procesal de falta de legitimación y representación de la parte actora, alegatos que el ahora amparista planteo hasta el momento de la audiencia de alegaciones en segunda instancia , mediante un incidente de nulidad de actuaciones, sin embargo dicha nulidad debió ser previamente alegada en primera instancia, ya que siendo que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda mediante la revisión de la resolución recurrida, las alegaciones que ahora trae a estudio a este Alto Tribunal, volvió inasequible que el Ad Quem se pronunciara en relación a los mismos, ya que este se ve limitado a pronunciarse únicamente en relación a las pretensiones que fueron alegadas por las partes, razón de más para dejar bien claro que no se ha conculcado el derecho de defensa y más apropiadamente el derecho a la tutela judicial efectiva .La garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por el censor no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. CONSIDERANDO SIETE (7):Que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista.En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias. CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera los derechos y las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, ya que se puede determinar que en el presente la resolución recurrida ha sido dictada de conformidad con la ley, por lo que se comparte el criterio esgrimido por el Ad-quem ya que su resolución es razonable, congruente y justa, y se encuentra jurídicamente fundada, por lo que en el presente caso no concurren las vulneraciones alegadas por el recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 64, 80, 82, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, a favor del señor JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda laboral promovida por el señor JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS, contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz.NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha catorce (14) marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal con el número 0143=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1]Otras garantías constitucionales son: la exhibición personal, la inconstitucionalidad, la revisión y el habeas data.