Sentencia AL-140-17 — Registro 8228
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar nulidad sobre embargo de presuntos créditos que podría recibir Alcaldía Municipal de La Ceiba para hacer efectiva la ejecución del fallo firme contra la misma
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió revocar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante el cual el referido Juzgado, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de actuaciones sobre el embargo de presuntos créditos que podría recibir la Alcaldía Municipal de La Ceiba..."..."los impuestos y contribuciones que recaudan las Alcaldías Municipales, forman parte del Tesoro Municipal una vez que hayan ingresado a éste como lo dispone el Artículo 301 constitucional, por lo cual la ejecución de embargos por expectativa de impuestos o contribuciones que aún no han ingresado a la Municipalidad, violenta las garantías y derechos alegados por el amparista, consagrados en el derecho de defensa y el debido proceso..."..."Esta Sala de lo Constitucional reconoce que el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacer efectiva la ejecución de sentencias firmes, pero cuando el ejecutado sea una municipalidad o el Estado el Juez deberá ceñirse a ciertas reglas especiales preestablecidas tanto en la Constitución de la República, como en la ley, tendientes a cumplir efectivamente la función pública bajo la responsabilidad del Estado extensiva a las municipalidades en beneficio del interés público y la estabilidad económica del país..."..."bajo los argumentos ilustrados por la Sala, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015), objeto de la presente acción de amparo; resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente, por lo cual procede otorgar la acción de amparo impetrada..."..."analizada que ha sido la resolución de fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el Artículo 301 de la Constitución de la República..."..."franca vulneración al principio constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo; esta Sala de lo Constitucional mantiene el criterio vertido en el juzgamiento constitucional de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, registrado bajo el número de expediente AL 0322-2015[4], ello porque la ejecución de embargos por expectativa de impuestos y contribuciones que aún no han ingresado a la Alcaldía Municipal, vulnera las garantías y derechos invocados por el impetrante en amparo; aunado al precepto constitucional apuntado, el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto es claro al prohibir el embargo de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública, por ello previamente al mandamiento de ejecución o providencia de embargo contra bienes del Estado y las Municipalidades deben agotarse los procedimientos propios concernientes a la administración del erario público, pudiendo únicamente darles otros destinos a los impuestos y contribuciones municipales por razones de conveniencia nacional; situación ésta, que no se aplica en el caso sub júdice, pues la resolución se fundamenta en la posibilidad de decretar embargos sobre derechos de créditos u otros bienes del deudor en posesión de terceros[5], obviando que se trata de bienes que pertenecen a la Hacienda Pública y que deben ser enterados al Tesoro Municipal, en el caso específico en concepto de impuestos, tasas por servicios municipales entre otros..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma el embargo de dineros que no han sido enterados al Tesoro Municipal; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 301 (Rango Constitucional)
- Ley Orgánica de Presupuesto, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ALBERTO HERNANDEZ RUIZ, a favor de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra la Sentencia, que según el recurrente fue dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), sin embargo, revisados que han sido los antecedentes del presente recurso, esta Sala constata que el Acto Reclamado en Amparo lo constituye la sentencia de fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución, que según el recurrente fue dictada en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, sin embargo, revisados que han sido los antecedentes del presente recurso, esta Sala constata que la Resolución contra la cual se interpuso el recurso de apelación, es de fecha uno (1) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), con relación a la Demanda Ejecutiva Laboral, promovida por el Señor DAVID ENRIQUE MEZA RODRIGUEZ, en contra de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los Artículos 82, 301, 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Señor DAVID ENRIQUE MEZA RODRIGUEZ, actuando en su condición personal, interponiendo Demanda Ejecutiva Laboral, en contra de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, solicitando que el demandante pague o consigne a la orden la cantidad adeudada, más las costas de la ejecución, y confiere poder de representación en el presente proceso al Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID. (Folios 1–4 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado declara caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino concedido a la parte demandada para el pago o la consignación de la deuda, objeto de la presente demanda, por lo que decreta el embargo en forma de retención, sobre los impuestos de industria y comercio, bienes inmuebles, tasa vehicular, impuesto vecinal, impuesto de publicidad y cualquier otro que se pague a la Municipalidad. (Folio 8 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que el Apoderado Legal de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, no estando conforme con el Auto antes relacionado, compareció en fecha uno (1) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) interponiendo Nulidad de Actuaciones, por lo que el citado Juzgado, dictó Resolución en la cual se Resolvió: (SIC) “PRIMERO: … SEGUNDO: … TERCERO: …; por lo que lo manifestado por la Representante Procesal de la Parte Demandada en el sentido que no procede el embargo de los valores que los contribuyentes de este término municipal adeudan a la Parte Demandada sino hasta que esos valores hayan ingresado al patrimonio de la Municipalidad de La Ceiba, carece de fundamento, puesto que si así fuera no tendría sentido la existencia de la figura del embargo en la forma de retención que permite el artículo 364 del Código Procesal Civil. Por otro lado, la Ley de Municipalidades y su Reglamento ya señalan qué tributos, tasas y contribuciones corresponden a las Municipalidades, pudiéndose constatar que los valores sobre los cuales la Parte Demandante y Ejecutante ha solicitado embargo en la forma de retención, son créditos que según la Ley de Municipalidades y su Reglamento, efectivamente corresponden a la Parte Demandada y Ejecutada, por lo que resulta innecesario que exista documento firmado entre el Contribuyente y la Municipalidad de La Ceiba, como alega la Representante Procesal de la Parte Demandada, puesto que las tasas, tributos y contribuciones embargadas, son obligaciones que los contribuyentes tiene frente a la Entidad Demandada nacidas de la Ley de Municipalidades y su Reglamento. CUARTO: …, tal argumento carece de fundamento puesto que ya los Artículos 818.2 del Código Procesal Civil y 1430 del Código Civil señalan que una vez ordenada la retención, el pago hecho al ejecutado no se tiene por válido, por lo que cualquier acción de cobro que se entable contras las personas que por orden de este Tribunal hayan retenido valores que correspondan a la Parte Demandada y Ejecutada y entregado a la Parte Ejecutante, seguramente será desestimada con imposición de las costas que correspondan dado el principio de vencimiento que rige en materia civil, puesto que los valores embargados a la Parte Demandante y Ejecutante, son rebajados de la obligación que la Parte Demandada y Ejecutada tiene frente a la Parte Ejecutante, de donde desprende que ingresan al patrimonio de la parte demandada y ejecutada, sin que se le ocasione prejuicio alguno. QUINTO: La Apoderada Legal de la Parte Demandada funda la nulidad alegada afirmando que los valores embargados no perteneces a la Parte que Representa, caso que de ser así indicaría que no está legitimado para pedir nulidades por embargos decretados sobre bienes que no son propiedad de la parte que representa, puesto que para tener legitimación ordinaria en un proceso judicial se requiere ser titular de la relación jurídica u objetos litigiosos, según señala el Artículo 64.1 del Código Procesal Civil. SEXTO: … SEPTIMO: …; por lo que resulta improcedente fundar su pretensión de nulidad en una sentencia de amparo dictada en un proceso en el que las Partes que intervienen en el presente proceso no participaron; debiendo tenerse presente que el crédito que reclaman los Demandantes es un crédito constitucionalmente privilegiado de conformidad con el Artículo 128.3 de la Constitución de la República y 374 del Código del Trabajo. OCTAVO: …; por lo que levantar un embargo decretado conforme a Derecho sin que la Parte Ejecutada cumpla con la obligación que le impone el Artículo 805.1 del Código Procesal Civil de señalar bienes distintos que puedan hacer frente a la ejecución, puede implicar que el órgano jurisdiccional no estaría dándole cumplimiento al contenido del título ejecutivo que la Parte Ejecutante tiene a su favor. NOVENO: …”. (Folios 16–20 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ALBERTO HERNANDEZ, en su condición de apoderado legal de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó Sentencia en fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló (SIC) “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ALBERTO HERNANDEZ RUIZ.- SEGUNDO: CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha uno de Noviembre de dos mil dieciséis.- TERCERO: Sin Costas en esta instancia.” (Folios 12–18 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 5) Que el Abogado OSCAR ALBERTO HERNANDEZ RUIZ, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra la Sentencia, que según el recurrente fue dictada, en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), sin embargo, revisados que han sido los antecedentes del presente recurso, esta Sala constata que el Acto Reclamado en Amparo lo constituye la sentencia de fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución, que según el recurrente fue dictada en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, sin embargo, revisados que han sido los antecedentes del presente recurso, esta Sala constata que la Resolución contra la cual se interpuso el recurso de apelación, es de fecha uno (1) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en los numerales anteriores, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 301, 304 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–16 y 35 del presente Recurso)- 6) Que en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, es del parecer que se Deniegue la presente acción de amparo en vista de no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios 39–43 del presente Recurso).- CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la solicitud de nulidad de actuaciones –Embargos decretados–, promovida por la parte demandada, en relación a la Demanda Ejecutiva Laboral, promovida por el Señor DAVID ENRIQUE MEZA RODRIGUEZ, en contra de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ALBERTO HERNANDEZ RUIZ; y, confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha uno de Noviembre de dos mil dieciséis; al estimar que no son recibo los agravios esgrimidos por la apelante, siendo procedente declarar no ha lugar la apelación de mérito y confirmar el auto interlocutorio de fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado OSCAR ALBERTO HERNANDEZ RUIZ, muestra su descontento con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 301, 304 y 321 de la Constitución de la República, en relación con lo establecido en los Artículos 12.3 de la Ley de Municipalidades y Artículo 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto; señala el recurrente que la Corte de Apelaciones vulnera el debido proceso al decretar embargos sobre presuntos créditos que podría recibir la Alcaldía Municipal; se pregunta ¿Cómo puede aquel jugador probar que ese dinero es propiedad de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, Atlántida?, y responde, que no se puede, sino hasta que este pasa a formar parte del peculio de su representada, porque no se tiene certeza de la cosa, hasta cuando está en manos del acreedor. Aduce el impetrante que lo que se está embargando es supuestamente cantidades de dinero que según el juzgado las empresas particulares que no son parte directa ni indirecta del juicio los debe en calidad de impuesto a la Alcaldía Municipal, por ello es que dicha acción causa la nulidad, ya que dicho Tribunal deja indefensa a su representada, porque se está embargando algo que no es propiedad de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, y que ese Tribunal sin ningún fundamento los acredita como créditos a la empresa tanto naturales como jurídicas.- CONSIDERANDO(4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no el derecho al debido proceso y consecuencia de ello el derecho de defensa y principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió revocar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante el cual el referido Juzgado, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de actuaciones sobre el embargo de presuntos créditos que podría recibir la Alcaldía Municipal de La Ceiba.- CONSIDERANDO (5): Que en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, es del parecer que se Deniegue la presente acción de amparo en vista de no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.”.- CONSIDERANDO (6): Que en la presente acción de amparo se aprecia la coincidencia con el juzgamiento constitucional dictado en fecha once (11) de enero del año dos mil dieciséis (2016), por los Magistrados y Magistradas de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; en virtud de constituir precisamente el objeto de examen constitucional, en ambos expedientes, la solicitud de nulidad de embargos que fueron ejecutados por la jurisdicción laboral contra supuestos créditos que podrían percibir las Alcaldías Municipales; tanto de las empresas de carácter privado, como de las entidades públicas del Estado. Se observa, asimismo, que se peticiona en ambas acciones, inter alia, la supuesta confrontación de la norma legal contenida en el Artículo 301 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (7): Que en la motivación del antes referido fallo que OTORGA el Recurso de Amparo[3] promovido, mismo que fuera dictado por esta honorable Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de enero del año dos mil dieciséis (2016) (Expediente número AL 0322-2015, se establece en su parte conducente: “….CONSIDERANDO (8): Que para la Sala de lo Constitucional, resulta en forma primaria la prevalente aplicación de los derechos y garantías estatuidos, por el Artículo 128 cuarto párrafo de la Constitución de la República; según el cual: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. 2. 3. 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad a ley”. La estipulación en el sentido de que los créditos a favor de los trabajadores son singularmente privilegiados, significa que el trabajador podrá cobrar su crédito preferentemente en el caso de existir otros acreedores del ejecutado, circunstancia que no se discute en el caso de mérito, ni se desconocen para esta Sala los derechos y créditos sociales a favor de los trabajadores.- CONSIDERANDO (9): Que los impuestos y contribuciones que recaudan las Alcaldías Municipales, forman parte del Tesoro Municipal una vez que hayan ingresado a éste como lo dispone el Artículo 301 constitucional, por lo cual la ejecución de embargos por expectativa de impuestos o contribuciones que aún no han ingresado a la Municipalidad, violenta las garantías y derechos alegados por el amparista, consagrados en el derecho de defensa y el debido proceso.- CONSIDERANDO (10): Que en esta línea, la Ley Orgánica del Presupuesto en el Artículo 127 dispone: “Inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública. Ningún Tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra las rentas y caudales de Hacienda Pública”. La disposición aquí referida, presume que previamente al embargo de bienes del Estado y las Municipalidades deben agotarse procedimientos propios concernientes a la administración del erario público, atinentes al bien común.- CONSIDERANDO (11): Esta Sala de lo Constitucional reconoce que el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacer efectiva la ejecución de sentencias firmes, pero cuando el ejecutado sea una municipalidad o el Estado el Juez deberá ceñirse a ciertas reglas especiales preestablecidas tanto en la Constitución de la República, como en la ley, tendientes a cumplir efectivamente la función pública bajo la responsabilidad del Estado extensiva a las municipalidades en beneficio del interés público y la estabilidad económica del país.- CONSIDERANDO (12): Que se considera finalmente, bajo los argumentos ilustrados por la Sala, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015), objeto de la presente acción de amparo; resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente, por lo cual procede otorgar la acción de amparo impetrada.- CONSIDERANDO (8): Que como ha quedado relacionado en la presente sentencia, se ha presentado de nuevo, por parte de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, Departamento de Atlántida, acción constitucional de Amparo, a efecto de declarar que el acto reclamado y emitido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida vulnera el debido proceso, como consecuencia de la vulneración al Artículo 301 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que el objeto de la justicia constitucional, es el desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico internacional; por ello las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO (10): Que el recurrente plantea la vulneración al derecho Debido Proceso, por la inobservancia, según sus argumentos, de varios preceptos constitucionales, entre ellos el 90, en la resolución de fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Ad-quem. El precepto constitucional indicado señala: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”.- CONSIDERANDO (11): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO (12): Que analizada que ha sido la resolución de fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el Artículo 301 de la Constitución de la República, la que textualmente establece: “Deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos provenientes de inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo que la participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional obliguen a darles otros destinos.”; lo que constituye una franca vulneración al principio constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo; esta Sala de lo Constitucional mantiene el criterio vertido en el juzgamiento constitucional de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, registrado bajo el número de expediente AL 0322-2015[4], ello porque la ejecución de embargos por expectativa de impuestos y contribuciones que aún no han ingresado a la Alcaldía Municipal, vulnera las garantías y derechos invocados por el impetrante en amparo; aunado al precepto constitucional apuntado, el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto es claro al prohibir el embargo de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública, por ello previamente al mandamiento de ejecución o providencia de embargo contra bienes del Estado y las Municipalidades deben agotarse los procedimientos propios concernientes a la administración del erario público, pudiendo únicamente darles otros destinos a los impuestos y contribuciones municipales por razones de conveniencia nacional; situación ésta, que no se aplica en el caso sub júdice, pues la resolución se fundamenta en la posibilidad de decretar embargos sobre derechos de créditos u otros bienes del deudor en posesión de terceros[5], obviando que se trata de bienes que pertenecen a la Hacienda Pública y que deben ser enterados al Tesoro Municipal, en el caso específico en concepto de impuestos, tasas por servicios municipales entre otros.- CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.- CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.- CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma el embargo de dineros que no han sido enterados al Tesoro Municipal; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 814 del Código Procesal Civil. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado OSCAR ALBERTO HERNANDEZ RUIZ, a favor de la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra la Sentencia, que según el recurrente fue dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), sin embargo, revisados que han sido los antecedentes del presente recurso, esta Sala constata que el Acto Reclamado en Amparo lo constituye la sentencia de fecha diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017). 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0140-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
CEDV
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Ver considerandos 8, 9, 10, 11 y 12.
[4] Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Oscar Doñas Chávez, a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito central, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha 26 de febrero del año 2015.
[5] Artículo 364 del Código Procesal Civil.