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Sentencia AL-1208-14 — Registro 8257

Resumen

Incidentista demandado fundamentó su posición en la nulidad que acarrea la falta de agotamiento de la vía contencioso – administrativa,por esa misma razón, el reclamo formulado por el trabajador adquirió firmeza, al no haberse recurrido ante la instancia administrativa contenciosa; pero que consta de autos que el demandante agotó el procedimiento reglamentario interno, al haber presentado en tiempo y forma el reclamo laboral ante las autoridades de la UNAH, habiendo obtenido una resolución denegatoria de la misma; Promoviendo demanda laboral para el cumplimiento de los acuerdos números 057 y 058-CUO-2001 emitidos por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Pago del reajuste salarial correspondiente contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(7): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo y escuchada la opinión del Fiscal, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, además de aparentes contradicciones en su argumentación jurídica, pues por una parte niega la existencia de reglamento de trabajo, mientras que, por la otra, afirma que existe el procedimiento reglamentario interno, manifestando a continuación, textualmente: “…lo que se discute es que el demandante no agotó ninguna de las dos vías”. -CONSIDERANDO (8): Que tales consideraciones, para esta Sala de lo Constitucional, constituyen un argumento jurídico contradictorio e incurso en alegaciones de mera legalidad, por las siguientes razones: a) Carece de trascendencia constitucional y no hace sino repetir el contenido de causa petendi ya conocida y resuelta con anterioridad por la autoridad judicial competente, lo cual es justamente el caso; b) Aduce que su representada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) carece de reglamento de trabajo, el cual estaría llamado a determinar la forma y modalidades del agotamiento de la vía reglamentaria interna y que no obra en el expediente de primera instancia documento alguno que acredite que compareció ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para agotar el procedimiento; obviando que en materia social y del trabajo en particular, la omisión convencional, constitucional y/o legal del patrono es su obligación propia y que no puede transferirse a la esfera jurídica del trabajador, quien privado de un Reglamento Interno – como prescribe la ley del trabajo – procuró sin embargo paliar la procedibilidad de su reclamo, mediante el agotamiento de la vía administrativa, la cual se llevó hasta resolución definitiva, como consta a folios treinta y cuatro (34) y treinta y cinco (35) de la pieza de apelaciones; c) Que en continencia a lo anterior, la argumentación jurídica del postulante denota su discrepancia en cuanto al ámbito y alcance hermenéutico que otorgara el pronunciamiento de la instancia al artículo 691 del Código del Trabajo, con respecto a la interpretación que le es propia del garantista; pero sin lograr trascender en su discurso jurídico impugnativo, hacia el esclarecimiento de una infracción real al debido proceso; pues no expresa si la petición de nulidad denegada por la instancia ordinaria contraería perjuicio efectivo a su representada, o si se trata más bien de una nulidad en interés de ley; lo cual tiene interés constitucional desde el punto de vista del bien jurídico protegido en el derecho social y del trabajo hondureño. -CONSIDERANDO (9): Que considera la Sala, en definitiva, que las argumentaciones promovidas por el garantista no inciden en detrimento alguno de la razonabilidad sustancial del fallo de la Alzada, puesto que éste no hace sino interpretar - de conformidad a pautas jurisprudenciales consistentes y racionales - en qué radicaría el significado normativo del artículo 691 del Código del Trabajo, en tanto requisito de procedibilidad para acceder a la tutela judicial efectiva; concluyéndose de los argumentos hasta aquí expuestos, que no se ha demostrado que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo hubiere causado agravios al debido proceso de la parte representada por el amparista, como es el Estado de Honduras, así como al principio de legalidad; aseveraciones plausibles quizá desde una consideración estrictamente formal o formalista del procedimiento administrativo, mas carentes de soporte jurídico constitucional desde una perspectiva material, en concordancia con el principio de primacía de la realidad que informa este sector del ordenamiento jurídico.[1]-CONSIDERANDO (10): Que la fundamentación expresada en la sentencia que se conoce en amparo resulta conforme con una interpretación in dubio pro operario, pauta valida de la interpretación constitucional del debido proceso; mientras que la decisión subyacente de brindarle procedibilidad a la demanda laboral se muestra dotada de razonabilidad, en tanto pone de manifiesto que la representante legal de la entidad demandada conoció en vías de reclamación interna – aun y cuando sin agotarse formalmente el recurso de reposición - del asunto e interés social debatido; constatándose, por lo tanto, que la denegatoria formulada al ahora demandante de amparo se efectuó en compatibilidad con los principios constitucionales que informan del derecho del trabajo, así como con la pauta jurisprudencial pro sentencia, que sitúa el acceso a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental del trabajador y/o del administrado.[2] - Por todo ello, habiéndose constatado la ausencia de mérito para el otorgamiento de la presente acción de amparo, díctese de consiguiente su denegatoria conforme a derecho."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
  • Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, art. 16 (Reglamentos)

Sentencia

Certificación de la Sentencia de fecha 7 de noviembre del año 2018, recaída en el AL 1208-2014

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LUIS PEREZ BURGOS a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) representada por la señora Rectora, Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. Estima el recurrente que se consideran violados en perjuicio de su representada los derechos y garantías constitucionales contenidos en el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez (10) de mayo de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, ahora Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN GUILLERMO CÁLIX AGUILAR, promoviendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el cumplimiento de los acuerdos números 057 y 058-CUO-2001 emitidos por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Pago del reajuste salarial correspondiente, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (en adelante UNAH), representada por la señora Rectora, Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ.-2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado referido en fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014), celebró audiencia de CONTINUACION DE LA PRIMERA DE TRAMITE, en la cual falló: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Incidente de Nulidad de Actuaciones, propuesto por el Abogado JORGE LUIS PEREZ BURGOS, en su condición de apoderado de la UNAH.- SEGUNDO: SIN COSTAS por ser la materia del Derecho del Trabajo eminentemente social. (Ver folios sesenta y tres (63) y sesenta y cuatro (64) de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó providencia en el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS PEREZ BURGOS, en su condición indicada, contra el auto interlocutorio emitido por el A-Quo, relacionado en el numeral que precede, en la cual resolvió: “1.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS PEREZ BURGOS, accionando como Representante procesal apelante. 2.- CONFIRMANDO el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de ese departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de julio del año dos mil catorce, que corre agregada a (folio 28 y 29) frente y vuelto de la pieza compulsada, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR, contra la Sociedad la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Rectora y Representante Legal señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, para el cumplimiento de los Acuerdos No 057 y 058 emitido por el Consejo Universitario de la UNAH. 3.- SIN COSTAS en esta instancia.”. (Ver folios cuarenta y siete (47) al cuarenta y nueve (49) de la pieza de segunda instancia).-4) Que en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), compareció ante este alto Tribunal el Abogado JORGE LUIS PEREZ BURGOS, interponiendo recurso de amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones en referencia, en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), por estimar que la misma viola los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 92, 183 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015), por formalizado en tiempo y forma el recurso, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de las diligencias por el término de cuarenta y ocho (48) horas a fin de que emitiera su dictamen. -5) Que con fecha cuatro (4) de marzo de dos mil quince (2015), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, en virtud de haberse acreditado que el empleado realizó y agotó el trámite administrativo para obtener su reclasificación a la categoría de Profesor Titular III, ante su empleador; reclamo que resultó denegado, habilitándole para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes a solicitar la tutela de sus derechos; por lo cual se tiene por agotado el trámite a que hace referencia el artículo 691 del Código del Trabajo, a elección del trabajador, no teniendo derecho el patrono a exigir o indicar que vía administrativa deberá utilizar el demandante, siendo este un derecho potestativo que le asiste al Actor. (Ver folios treinta y cinco (35) treinta y ocho (38) de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), deniega el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014), en el cual se declara SIN LUGAR el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES propuesto por el Abogado JORGE LUIS PEREZ BURGOS, en su condición de apoderado de la UNAH, con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL que promoviera el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR para el cumplimiento de los Acuerdos Números 057 y 058-CUO-2001 que emitiera el Consejo Universitario de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), así como para el Pago del reajuste salarial respetivo; lo cual tuvo como fundamento, entre otras consideraciones, que el empleado dio debido cumplimiento al trámite estipulado en el artículo 691 del Código del Trabajo, dado que este precepto legal le otorga al trabajador la opción de agotar bien el procedimiento administrativo o el reglamentario interno, por lo que resulta una decisión propia del trabajador acudir al Ministerio del Trabajo, o bien, proceder al agotamiento de la vía interna en la misma institución reclamada, que fue precisamente la opción a la que el trabajador dio cumplimiento; no existiendo, por tanto, la omisión señalada por el incidentista como lesiva al debido proceso de su representada.-CONSIDERANDO (4): Que la formalización del recurso promovido por el recurrente, Abogado JORGE LUIS PÉREZ BURGOS a favor del ESTADO DE HONDURAS, se reconduce a expresar inconformidad del recurrente respecto a la indebida aplicación que la instancia ha efectuado del artículo 691 del Código del Trabajo; infracción que se denota no se ha seguido en forma correcta el procedimiento legal, agotando el trámite gubernativo-administrativo que estipula el antes referido artículo por la parte demandante; lo cual dio lugar, al no acreditarse la realización completa del mismo, a que el acto reclamado quedaré firme sin acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a presentar su reclamación, en virtud de la aceptación tácita del mismo por el agraviado; acorde a lo preceptuado en los artículos 16 y 64 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, la cual estipula es la Secretaría del Trabajo la entidad encargada de conocer los reclamos en materia laboral.-CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, el fallo que es venido en amparo, motiva que el incidentista demandado fundamentó su posición procesal en la nulidad que acarrea la falta de agotamiento de la vía contencioso – administrativa y que, por esa misma razón, el reclamo formulado por el trabajador adquirió firmeza, al no haberse recurrido ante la instancia administrativa contenciosa; pero que consta de autos que el demandante agotó el procedimiento reglamentario interno, al haber presentado en tiempo y forma el reclamo laboral ante las autoridades de la UNAH, habiendo obtenido una resolución denegatoria de la misma.- Considera el recurrente, que tal argumentación jurídica del Ad-Quem en motivación de su sentencia comporta una interpretación errónea del precitado artículo 691 del Código del Trabajo, pues resulta que su representada carece de reglamento de trabajo que determine el agotamiento de la vía reglamentaria interna y tampoco obra en el expediente de primera instancia algún documento que acredite que compareció ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social con el fin de agotar el mismo. -CONSIDERANDO (6): Que se considera por la parte garantista, en tal sentido, que el objeto o teleología del antes citado artículo radica en que la autoridad respectiva reconsidere la decisión que ha provocado la demanda laboral, lo cual es completamente claro y no cabe más que la interpretación gramatical, por lo que el A-Quo debió ceñirse estrictamente a lo establecido en dicho artículo, pues de lo contrario se daría lugar a una interpretación falta de razonabilidad, en el sentido que el trabajador puede dar por agotado el procedimiento “reglamentario” simplemente con enviar una nota o comunicación en que informe su disconformidad ante el órgano que estime responsable de la obligación solicitada, para que este reconsidere su decisión, lo cual se desprende de la resolución judicial reclamada, en desacato a lo dispuesto en el artículo 691 del Código del Trabajo. Señala finalmente que, no se discute la opción del trabajador para acudir a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social o agotar el procedimiento reglamentario interno, lo que se discute es que el demandante no agotó ninguna de las dos vías, pues lo que existió fue un reclamo enmarcado en la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual ni siquiera se agotó dentro de la institución, dado que no consta fehacientemente dicho aspecto en la foliada; no obstante lo cual, se aceptó por la instancia ordinaria el argumento presentado por el empleado demandante en sede judicial. En definitiva, si bien el trabajador tiene la opción de escoger el procedimiento a seguir, siendo el reglamento que se establezca en el Reglamento Interno de Trabajo de la institución demandada y el gubernativo se entiende que es el agotamiento del procedimiento que se sigue ante las dependencias competentes de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por lo que al no existir un Reglamento Interno de Trabajo debió haberse agotado la vía gubernativa la cual no fue recurrida y por lo tanto no consta en ningún documento. Por todo lo cual se solicita de la Sala de lo Constitucional que, en aras de restituir el debido proceso infringido a su representada, se otorgue la presente garantía de amparo.- CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo y escuchada la opinión del Fiscal, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, además de aparentes contradicciones en su argumentación jurídica, pues por una parte niega la existencia de reglamento de trabajo, mientras que, por la otra, afirma que existe el procedimiento reglamentario interno, manifestando a continuación, textualmente: “…lo que se discute es que el demandante no agotó ninguna de las dos vías”. -CONSIDERANDO (8): Que tales consideraciones, para esta Sala de lo Constitucional, constituyen un argumento jurídico contradictorio e incurso en alegaciones de mera legalidad, por las siguientes razones: a) Carece de trascendencia constitucional y no hace sino repetir el contenido de causa petendi ya conocida y resuelta con anterioridad por la autoridad judicial competente, lo cual es justamente el caso; b) Aduce que su representada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) carece de reglamento de trabajo, el cual estaría llamado a determinar la forma y modalidades del agotamiento de la vía reglamentaria interna y que no obra en el expediente de primera instancia documento alguno que acredite que compareció ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para agotar el procedimiento; obviando que en materia social y del trabajo en particular, la omisión convencional, constitucional y/o legal del patrono es su obligación propia y que no puede transferirse a la esfera jurídica del trabajador, quien privado de un Reglamento Interno – como prescribe la ley del trabajo – procuró sin embargo paliar la procedibilidad de su reclamo, mediante el agotamiento de la vía administrativa, la cual se llevó hasta resolución definitiva, como consta a folios treinta y cuatro (34) y treinta y cinco (35) de la pieza de apelaciones; c) Que en continencia a lo anterior, la argumentación jurídica del postulante denota su discrepancia en cuanto al ámbito y alcance hermenéutico que otorgara el pronunciamiento de la instancia al artículo 691 del Código del Trabajo, con respecto a la interpretación que le es propia del garantista; pero sin lograr trascender en su discurso jurídico impugnativo, hacia el esclarecimiento de una infracción real al debido proceso; pues no expresa si la petición de nulidad denegada por la instancia ordinaria contraería perjuicio efectivo a su representada, o si se trata más bien de una nulidad en interés de ley; lo cual tiene interés constitucional desde el punto de vista del bien jurídico protegido en el derecho social y del trabajo hondureño. -CONSIDERANDO (9): Que considera la Sala, en definitiva, que las argumentaciones promovidas por el garantista no inciden en detrimento alguno de la razonabilidad sustancial del fallo de la Alzada, puesto que éste no hace sino interpretar - de conformidad a pautas jurisprudenciales consistentes y racionales - en qué radicaría el significado normativo del artículo 691 del Código del Trabajo, en tanto requisito de procedibilidad para acceder a la tutela judicial efectiva; concluyéndose de los argumentos hasta aquí expuestos, que no se ha demostrado que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo hubiere causado agravios al debido proceso de la parte representada por el amparista, como es el Estado de Honduras, así como al principio de legalidad; aseveraciones plausibles quizá desde una consideración estrictamente formal o formalista del procedimiento administrativo, mas carentes de soporte jurídico constitucional desde una perspectiva material, en concordancia con el principio de primacía de la realidad que informa este sector del ordenamiento jurídico.[1]-CONSIDERANDO (10): Que la fundamentación expresada en la sentencia que se conoce en amparo resulta conforme con una interpretación in dubio pro operario, pauta valida de la interpretación constitucional del debido proceso; mientras que la decisión subyacente de brindarle procedibilidad a la demanda laboral se muestra dotada de razonabilidad, en tanto pone de manifiesto que la representante legal de la entidad demandada conoció en vías de reclamación interna – aun y cuando sin agotarse formalmente el recurso de reposición - del asunto e interés social debatido; constatándose, por lo tanto, que la denegatoria formulada al ahora demandante de amparo se efectuó en compatibilidad con los principios constitucionales que informan del derecho del trabajo, así como con la pauta jurisprudencial pro sentencia, que sitúa el acceso a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental del trabajador y/o del administrado.[2] - Por todo ello, habiéndose constatado la ausencia de mérito para el otorgamiento de la presente acción de amparo, díctese de consiguiente su denegatoria conforme a derecho. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 135, 183 numeral 2), 313 atribución 5ª, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 25, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-

Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- WILFREDO MENDEZ ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral , registrado en este Tribunal bajo el número 1208-2014 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

JMML

[1] Principio que se traduce en la prevalencia del principio sustantivo del derecho social sobre otros principios concurrentes, en las controversias que se suscitaren sobre la competencia objetiva para conocer en materia de relación de trabajo.

[2] Ver: Garzón Valdez, Ernesto, Propuestas, Valencia, Editorial Trotta, 2011, donde fundamenta que los derechos humanos o fundamentales (civiles, políticos, sociales), se incluyen en el denominado “coto vedado” a las decisiones mayoritarias, puesto que forman parte esencial de un diseño constitucional adecuado para lograr la concreción de las exigencias del respeto a la dignidad humana. – En igual o similar sentido: Klûg, Ülrich. Problemas de la Filosofía y de la Pragmática del Derecho. México D.F., Fontamara, 2ª edición, 1996.